En la reclamación se detalla que el pasado 20 de abril la SMA ordenó archivar una denuncia interpuesta en noviembre de 2017 por el municipio y otra efectuada por Silvia Núñez Araya en enero de 2020, ambas en contra de la minera por el no cumplimiento de exigencias establecidas en su Resolución de Calificación Ambiental, RCA, del proyecto de ampliación, en especial aquellos relacionados con la calidad del aire y reasentamientos humanos.
La causa, interpuesta en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, por un vecino de la ciudad, se basa en la no respuesta de observaciones ciudadanas efectuadas por el reclamante durante el proceso de participación ciudadana y por la eventual falta de antecedentes técnicos suficientes y adecuados para evaluar el eventual riesgo para la salud de la población, al mar y al sitio prioritario “Quebrada de Peralillo” que podría provocar el proyecto minero.
Con una ceremonia en la que se reconoció la labor y características humanas del ministro titular en ciencias del Primer Tribunal Ambiental, Marcelo Hernández Rojas culminó, el pasado lunes, su período de trabajo en el organismo colegiado.
La doctora Castro fue la encargada de iniciar el curso con la charla denominada “Cosmovisión y valoración del territorio de los pueblos indígenas frente a los proyectos de inversión” y dictar el primer módulo del curso, en el que se refirió a la caracterización socioeconómica, geográfica y demográfica de los pueblos indígenas, su relación con el Estado, el proceso de re-indigenización, la globalización, la interculturalidad crítica y derechos indígenas.
Con 19 medidas de gestión, compensación y reparación, el Primer Tribunal Ambiental, aprobó, ayer, el Acuerdo de Conciliación entre el Consejo de Defensa del Estado, la Comunidad Indígena Atacameña de Peine, el Consejo de Pueblos Atacameños y Minera Escondida en el marco de la demanda de reparación por daño ambiental en el Salar de Punta Negra interpuesta en contra de la empresa privada.
La decisión, dada a conocer en la audiencia desarrollada hoy se fundamenta en la importancia de revisar cada una de las 19 medidas presentadas en el acuerdo con el fin de velar por la indemnidad del daño causado, establecido en el artículo 44 de la Ley 20.600 y que obliga al tribunal velar para que las medidas propuestas se hagan cargo de manera efectiva del daño causado.
