Para el Viernes 18 de Enero se encuentra programada la Cuenta Pública Anual 2018 del Primer Tribunal Ambiental, la que se realizará a partir de las 11:00 hrs en la Sala de Audiencias del Tribunal ubicado en la comuna de Antofagasta. Al encuentro están invitadas autoridades del mundo público, privado, académico y comunitario de toda la Zona Norte donde opera el Tribunal, a quienes se les expondrá sobre las actividades jurisdiccionales, administrativas y de relaciones comunitarias realizadas durante el año 2018, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 inciso tercero de la Ley 20.600, que crea los Tribunales Ambientales.

Cabe resaltar la labor realizada por el organismo durante el último año, en el cual se vio un despliegue territorial del Tribunal para dar a conocer sus funciones y atribuciones en materia de justicia ambiental. Además, se destaca que las funciones realizadas por el Tribunal se han centrado en elementos como la consolidación del equipo de personas, y de la metodología de trabajo que se ha visto reflejada en la dictación de sus sólidas sentencias.

El Tribunal Ambiental es un órgano jurisdiccional especial, autónomo e independiente, adscrito al Poder Judicial, cuya misión es resolver las controversias medioambientales de su competencia y ocuparse de los demás asuntos que la ley somete a su conocimiento. Está compuesto por Ministros Abogados y Científicos, cualidad que le permite incorporar al análisis jurídico de cada caso una mirada técnica y especializada para resolver de manera más eficiente la alta complejidad de los temas tratados, dictando sentencias sólidamente fundamentadas, generando certidumbre y confianza entre las partes. De esta forma, se encuentra destinado a dar garantía de justicia a la sociedad, a través de un trabajo colaborativo que realiza con otras instituciones públicas y privadas, y de la investigación científica que va de la mano con las causas, lo que ha permitido que avance como una organización de confianza ante los ciudadanos.

Los Tribunales Ambientales se crean a partir de la Ley 20.600 y son concebidos con un criterio descentralizador que los distribuye en el norte, centro y sur del país a fin de dar mayor acceso a la justicia ambiental.