Fotografía de clausura de la Tercera reunión de la Conferencia

El 15 de abril el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó el Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú (PIPE), el cual cuenta con 56 acciones concretas que buscan poner en marcha dicho tratado regional en materias de acceso a la información, participación ciudadana y a la justicia en asuntos ambientales.

Durante los años 2023 y 2024 se desarrolló un proceso participativo que permitió la co-construcción del referido Plan con la opinión de la ciudadanía, servicios públicos y otras instituciones colaboradoras, entre ellos el Primer Tribunal Ambiental.

El PIPE está organizado en torno a cinco líneas estratégicas: (I) acceso a la información ambiental, (II) participación pública en la toma de decisiones ambientales, (III) acceso a la justicia ambiental, (IV) defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales; y (V) fortalecimiento de capacidades y cooperación. Además, considera un sistema de gobernanza y mecanismos de ejecución y control.

En este contexto, el Primer Tribunal Ambiental identificó, en el marco de sus competencias, ocho acciones específicas, en distintos estados de ejecución, que aportan a la consecución de los objetivos que se han establecido en el Plan y que se enmarcan en los lineamientos estratégicos que este órgano especializado se ha trazado, todas consideradas ex ante el en Plan Anual de trabajo.

En síntesis las medidas comprometidas por el tribunal tienen como objetivo:

• Reforzar los derechos de acceso a la información ambiental, a través de la implementación y actualización continua del Buscador Ambiental y de la plataforma de Estadísticas 1TA; de la puesta en funcionamiento de un Atlas de la Justicia Ambiental y la elaboración de un Glosario Ambiental científico-legal.
• Con el objeto de aportar en la concreción del derecho de acceso a la justicia ambiental, el tribunal comprometió tres medidas consistentes en realizar un diagnóstico de la implementación Ley N° 20.600, dar vida a un Manual de Acceso a la Justicia Ambiental y continuar con la difusión periódica de su actividad jurisdiccional e institucional, como la generación de contenido educativo en materia ambiental.
• A fin de fortalecer las capacidades en derecho ambiental, el Tribunal se comprometió a desarrollar e impartir un Curso sobre Acceso a la Justicia Ambiental para dar a conocer el Manual de Acceso a la Justicia.

En relación con el sistema de gobernanza, el Primer Tribunal Ambiental integrará el Consejo Nacional Estratégico Público-Privado, encargado de hacer seguimiento a la implementación del Plan Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú.

COP 3 del Acuerdo de Escazú

Este plan fue presentado por el Estado de Chile durante la Tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 3) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, efectuada los días 22, 23 y 24 de abril en la sede central de la CEPAL, en Santiago de Chile.