Resultados jurisdiccionales: más decisiones, en menos tiempo y confirmadas en instancias de revisión
Durante 2025, el Tribunal dictó 22 sentencias definitivas, superando las 20 de 2024 y alcanzando el mayor registro desde su creación. En perspectiva histórica, esta cifra casi triplica el promedio de 2017–2023, con un promedio cercano a 8 sentencias por año, confirmando una significativa alza en la capacidad resolutiva de esta judicatura. Este incremento se produce en un escenario de mayor demanda. En 2025 se ingresaron 40 causas, en comparación con 25 ingresos en 2024, lo que representa un alza de 60% en la carga de trabajo, reflejando una capacidad institucional para absorber una mayor carga y para adoptar decisiones efectivas y oportunas. En materia de oportunidad, uno de los avances más relevantes fue la reducción del tiempo promedio de dictación de sentencia en reclamaciones, que disminuyó desde 278,5 días en 2024 a 177,7 días en 2025, esto es, 100 días menos (aprox. -36%), reduciendo con ello la incertidumbre asociada a la judicialización para las partes. A estos resultados se suma la solidez de las decisiones judiciales. En 2025, el 87% de las sentencias del Tribunal fueron confirmadas por los tribunales superiores, y en el 100% de los asuntos revisados por la Excma. Corte Suprema se ratificaron los fallos del Primer Tribunal Ambiental, lo que respalda la calidad jurídica y técnica del trabajo realizado.
Gestión jurisdiccional: medidas para sostener productividad con calidad
La Cuenta Pública releva un conjunto de herramientas implementadas para fortalecer la gestión jurisdiccional, destacando:
- Planificación coordinada de audiencias, para optimizar la programación y reducir cuellos de botella.
- Plan piloto de trabajo en borradores de sentencias, con programación colaborativa y metas de entrega para revisión, orientado a mejorar coherencia y previsibilidad en los tiempos.
- Comité de Asignación de Causas, para distribuir la carga de manera más transparente y trazable, considerando complejidad, especialidad y carga vigente.
Fortalecimiento del soporte técnico–científico y económico al trabajo jurisdiccional La Cuenta Pública 2025 releva el aporte de la Unidad de Ciencias como soporte especializado para el quehacer del Tribunal, mediante un equipo multidisciplinario de cuatro profesionales (ingeniería en acuicultura, ingeniería comercial, geografía y biología marina), que durante apoyó el trabajo jurisdiccional. En el período, la unidad consolidó avances concretos: incorporó en julio a un profesional con perfil económico —ingeniero comercial, mención Economía, y magíster en análisis económico—, fortaleciendo el soporte en materias económicas y ambientales para la resolución de controversias; además, contó con una pasantía de tres meses que apoyó activamente las labores propias de la unidad; y su jefatura participó en el Summit de Medio Ambiente de la PDI, abriendo líneas de cooperación interinstitucional con BIDEMA proyectadas para 2026.
Ejecución presupuestaria y modernización institucional En 2025, el Tribunal alcanzó una ejecución presupuestaria del 99%, asociada a una planificación rigurosa y una gestión eficiente del gasto. En paralelo, se avanzó en iniciativas de modernización, incluyendo el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Documental, orientado a centralizar documentos, automatizar flujos de trabajo y reforzar la seguridad de la información.
Clima laboral y fortalecimiento institucional Estos resultados se sustentan también en una estrategia de fortalecimiento del clima laboral y de la organización interna. Durante 2025 se continuó con la implementación de las medidas del Comité de Aplicación de la Encuesta CEAL-SM, impulsando un plan con 13 medidas, 6 de las cuales fueron ya implementadas, 6 se encuentra con avance parcial y 1 está programada para el primer trimestre de 2026. Dentro de las medidas implementadas se incluye, entre otras, la actualización del organigrama, la creación de un Comité de Bienestar, la realización de jornadas de team building, así como actividades de reconocimiento al equipo del Tribunal.
Vinculación con el medio y gestión del conocimiento Durante 2025, la Unidad de Estudios, impulsó iniciativas de transferencia de conocimiento y acceso a la justicia ambiental, entre ellas la publicación anual de la Revista Ambiental de Derecho y Ciencia (edición 2025 con nueve trabajos), la participación del Tribunal en el Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú (PIPE 2024–2030) mediante el seguimiento de herramientas de acceso a información y justicia (estadísticas, Atlas de Justicia Ambiental, Buscador Ambiental, Glosario y Manual de Acceso a la Justicia Ambiental), y acciones formativas y de extensión como su participación en el programa “Encuentro de Saberes: Mujeres que Promueven y Defienden el Medio Ambiente” y la realización del IV Ciclo de Coloquios sobre acceso a la justicia ambiental en cuatro jornadas telemáticas.
Difusión y comunicaciones En 2025 se reforzó la estrategia de comunicación institucional mediante nuevos formatos y productos. Entre ellos, el lanzamiento del podcast oficial “Ambiente y Jurisdicción” en Spotify, orientado a aumentar accesibilidad y cercanía con ciudadanía, academia y actores del sector ambiental. Asimismo, se desarrollaron ciclos de infografías para difusión científica y educación ambiental en el territorio bajo jurisdicción del Tribunal. En el ámbito interno, se impulsó la comunicación institucional mediante el Boletín de Comunicaciones Interno y la implementación de la nueva Intranet Institucional para centralizar herramientas críticas de gestión.
Para conocer en detalle el trabajo realizado en el período informado, la Cuenta Pública 2025 puede ser descargada aquí
