La acción presentada por la comunidad fue acogida a trámite por el Primer Tribunal Ambiental, con lo que se da inicio al proceso de revisión judicial de la aprobación ambiental del proyecto “Proyecto de Explotación y Procesamiento de Minerales La Farola”, presentado por Minera Altair S.A.
La reclamación se dirige en contra de la decisión de la Comisión de Evaluación de la Región de Atacama (COEVA), que rechazó la solicitud de invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que calificó favorablemente el proyecto minero.
El recurso solicita dejar sin efecto dicha resolución y, en consecuencia, también la RCA del proyecto, fundada en la existencia de diversos vicios de legalidad que se habrían cometido durante la evaluación ambiental.
La reclamación plantea la existencia de supuestas ilegalidades en la evaluación del transporte y sus impactos, la contaminación del aire y eventual afectación a la salud de la población, la omisión de información relacionada con los grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, la falta de realización de un proceso de consulta indígena, la omisión de las reuniones del artículo 86 del Reglamento del SEIA, entre otros aspectos.
En lo particular, sobre el componente aire, se afirma en la acción que la evaluación del proyecto La Farola no incorporó adecuadamente los impactos acumulados del proyecto “Optimización y Continuidad Operacional Minera Candelaria”, pese a que Tierra Amarilla se encuentra declarada zona saturada por MP10 y que, según se expone, existen antecedentes de superación de MP10 y MP2,5 en el sector, lo que habría impedido contar con una línea de base adecuada y descartar los efectos del artículo 11 de la Ley N° 19.300.
El proyecto
El proyecto se desarrollará en la Región de Atacama, en la comuna de Tierra Amarilla, aproximadamente a 10 km al suroeste de la localidad de Nantoco.
Contempla la explotación de minerales mediante un rajo abierto, una planta de procesamiento y un depósito de relaves filtrados (DRF), en una superficie de 353 hectáreas. Se producirán 90.000 toneladas anuales de concentrados de cobre con contenido de oro durante 15 años de operación, procesando 15.000 toneladas secas diarias.
El rajo abarcará 72 hectáreas, con un diámetro máximo de 1.550 metros y una profundidad de 340 metros. La planta procesará minerales en tres pasos: chancado, molienda y flotación.
Se proyecta una vida útil de 17 años y contempla una inversión de 260 millones de dólares.
El tribunal acogió a trámite la causa y solicitó al organismo pertinente la entrega de los informes que sustentaron la resolución reclamada.
