La audiencia se enmarca en el proceso de cumplimiento de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Ambiental en agosto de 2024, mediante la cual se condenó a la empresa Engie Energía Chile S.A. (Engie) a reparar el daño ambiental existente en el Lote 92-A, en el cual funcionaba la ex Central Diesel Iquique, terreno ubicado en las dependencias de Zofri, en la comuna de Iquique. La sentencia ordenó diversas acciones tendientes a desmantelar y retirar todas las infraestructuras existentes asociadas a la sala de maquinas y turbinas, estanques de almacenamiento de combustibles, así como en toda la superficie del predio.
A propósito del cumplimiento de dichas medidas, en agosto de 2025, Zofri solicitó la ejecución forzada ante el tribunal, dando lugar a un procedimiento de cumplimiento, en el cual Engie alegó haber cumplido con las acciones ordenadas en la sentencia.
Para respaldar su alegación, Engie presentó diversos testigos quienes entregaron antecedentes para respaldar el cumplimiento en las medidas establecidas en la sentencia dictada por el Primer Tribunal Ambiental.
El primero de los testigos fue el Sr. Francisco Jímenez, ingeniero civil industrial, quien declaró estar a cargo del proceso de desmantelamiento por parte de Engie de la infraestructura existente en el Lote 92A, quien explicó cómo se han ido ejecutando las medidas, su estado de avance y las dificultades que enfrentaron en el proceso.
Al respecto, afirmó que, en lo general, la ejecución presenta actualmente un 99.6% de avance, restando solamente el retiro de tuberías de cemento que contienen asbesto, por lo que resulta necesario contar con procedimiento especial y autorización de diversas autoridades.
“Todo fue demolido, todo el subterráneo fue demolido y retirado. En el sitio uno en conjunto con esta limpieza se realizó un testeo de los hormigones y todo fue retirado junto a la loza superior, entre otros. Hay un subterráneo en el menos dos y eso también fue removido y enviado a disposición final como residuo contaminado”, expuso.
Sobre el Sitio 2, explicó que los estanques de almacenamiento de combustible fueron trozados y cortados para disponerlos en sitios autorizados, habiendo sido retirada toda la infraestructura del sitio. Detalló que las obras presentaron desafíos asociados a la antigüedad de las instalaciones, la ausencia de planos precisos y la necesidad de adoptar decisiones técnicas durante la ejecución de los trabajos.
Argumentó que existieron algunos retrasos por dificultades en la comunicación con Zofri, esto a pesar de contar con una matriz de comunicaciones. “Debíamos hacer preguntas más técnicas o resolver, y no teníamos respuestas de Zofri como dueño, he insistido en varias de ellas y en algunas aún no tengo respuestas”, concluyó.
En la audiencia declaró también la abogada Sra. María Bernardita Reyes, quien entregó antecedentes que corroboraron lo expuesto por Francisco Jímenez, principalmente apuntando en la demora en la entrega de respuesta por parte del dueño del recinto.
Relató que, durante los procesos de gestión de los permisos de demolición, se encontraron con retrasos de parte de la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Iquique.
“Para realizar ese ingreso, necesitábamos un poder especial del dueño del terreno. Realizamos el borrador con el mandato y luego de enviar la propuesta tuvimos retraso con las respuestas. Nos solicitaron además ciertos documentos en relación con el predio, que son documentos que maneja el dueño lo cual también fue solicitados, pero solo podíamos enviar correos para solicitar, a veces nos respondían y otras dos o tres semanas después”, testificó.
El testigo Sr. Raúl Víctor, ingeniero en biorecursos, explicó pertenecer a la consultora ambiental WSP, entidad que asumió la labor de efectuar muestreos y caracterización ambiental para la preparación de la Declaración de Impacto Ambiental para la remediación del Lote 92A. En su declaración, explicó que las investigaciones ambientales requieren procesos sucesivos de evaluación, incluyendo toma de muestras, perforaciones, análisis de laboratorio y estudios complementarios para determinar la existencia y extensión de eventuales impactos.
Los próximos pasos
Finalmente, la testigo Anna Llenas Font, ingeniera ambiental y consultora con amplia experiencia en investigación de sitios contaminados, declaró que estos estudios requieren fases sucesivas de identificación, muestreo, análisis, evaluación de riesgo y diseño de remediación, pudiendo tomar al menos seis meses y, en condiciones ideales, cerca de un año. Señaló que al revisar el trabajo previo detectaron atrasos, debilidades metodológicas, problemas en el manejo de muestras y calicatas insuficientemente profundas, por lo que fue necesario realizar nuevas campañas de muestreo de suelo y agua para contar con antecedentes técnicamente válidos.
Tras la audiencia, los ministros deberán examinar todos los antecedentes presentados y la prueba rendida para resolver las excepciones presentadas por Engie respecto del cumplimiento efectivo de la sentencia dictada por el tribunal en 2024.
