Un total de 18 testigos, entre expertos y comunes, prestaron declaración en el marco de la audiencia correspondiente a la demanda de reparación de daño ambiental presentada por diversas organizaciones sociales de Calama en contra del Estado de Chile. La acción se funda en lo que consideran una afectación al medio ambiente, a la salud de la población, a los recursos naturales renovables, a los sistemas de vida y costumbres, así como al valor paisajístico y cultural de la zona.
Según la parte demandante, la exposición permanente y acumulativa a un entorno afectado por material particulado respirable (MP10) habría generado un grave deterioro del ecosistema del oasis del río Loa.
La jornada comenzó con la declaración del testigo experto Jorge Bermúdez, abogado y ex Contralor General de la República, quien explicó que “el plan de descontaminación tiene como objetivo restablecer la situación de normalidad ambiental. Cuando existen medidas inidóneas —es decir, que no son suficientes—, cuando se excluyen estaciones de monitoreo para mostrar una condición más favorable o cuando las proyecciones de emisiones no son correctas, en el fondo el plan no cumple su finalidad”.
El abogado Jorge Bermúdez, presentado por la I. Municipalidad de Calama, que actúa como tercero coadyuvante de la parte demandada, agregó que “me parece que existe una omisión por parte del Estado, una omisión ilegal, porque incumple la normativa ambiental. Estamos más cerca de una responsabilidad por daño ambiental que por falta de servicio. El Ministerio del Medio Ambiente tiene la obligación de dictar un plan de descontaminación”..
Entre los testigos presentados por la parte demandante se contó con gestores culturales, facilitadores interculturales y diversos especialistas. Reinaldo Díaz, técnico de nivel superior en medio ambiente, declaró que “no haber contado con un plan de descontaminación ni haber gestionado esta herramienta ha hecho que sigamos en la misma situación. Las medidas provisorias son equivalentes a los antiguos planes de gestión”.
Asimismo, Pía Cortés, directora de Salud de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama (COMDES), señaló, desde su experiencia, que “la contaminación ambiental constituye un problema de salud pública que afecta directamente a las personas. Está comprobado que la presencia de material particulado genera alteraciones en las vías respiratorias, exacerbando cuadros de asma. Mitigar estos riesgos requiere la implementación de un plan de descontaminación”.
La prueba del Consejo de Defensa del Estado
El Consejo de Defensa del Estado (CDE), presentó la declaración de seis testigos comunes y expertos.
La testigo María de los Ángeles Hanne, Ingeniera en Geografía y funcionaria de la Superintendencia del Medio Ambiente, declaró que “hubo un plan de descontaminación, el cual actualmente está en proceso de elaboración. Las medidas definidas se están implementando y fiscalizando, al igual que los demás instrumentos de carácter ambiental en la zona. Hubo una sentencia que determinó la anulación del plan anterior y ordenó elaborar uno nuevo”.
En tanto, el testigo Cristian Tolvett, Jefe de la División de la calidad del aire del Ministerio del Medio Ambiente, explicó que “existen grandes pilares de instrumentos de gestión ambiental en materia de calidad del aire. Desde 2014 o 2015 se aplicó una norma sobre fundiciones que tuvo un impacto importante en la División Chuquicamata. Posteriormente, se elaboró un plan de descontaminación en 2017 que fue rechazado, por lo que se inició un nuevo proceso”.
Tolvett añadió que “se ha implementado una batería de acciones que han tenido efectos positivos en Calama, como medidas de control en las divisiones de Codelco, educación ambiental y la primera revisión de la red de monitoreo de la ciudad”
ALEGATOS FINALES
El ministro presidente, Alamiro Alfaro Zepeda, explicó que “Durante estas jornadas se realizó el llamado a conciliación, el cual se tuvo por frustrado, luego de lo cual correspondió la declaración de los diversos testigos presentados por las agrupaciones demandantes, la I. Municipalidad de Calama y el Estado de Chile representado por el Consejo de Defensa del Estado. Fueron jornadas de un intenso trabajo en que el Tribunal pudo recibir importantes testimonios tanto de habitantes de territorio como de expertos y funcionarios públicos vinculados con el tema”. El ministro detalló que “próximamente citaremos a una audiencia para que las partes efectúen sus alegatos finales con sus apreciaciones sobre la prueba rendida en el juicio”.
Los próximos pasos
Posterior a la audiencia de conciliación, prueba y alegatos finales corresponde al Tribunal analizar la prueba rendida presentados para determinar si es necesario recabar mayores antecedentes, constituirse en terreno o si bien se encuentra en condiciones para adoptar acuerdo y comenzar con el proceso de redacción de la sentencia.
