Los alegatos de la reclamación por la aprobación ambiental del proyecto de conversión a gas natural de la central a carbón de Engie en Mejillones fueron escuchados, el pasado miércoles, por el Primer Tribunal Ambiental.

El reclamo fue presentado por dos vecinos de la comuna en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por lo que aseguran fue una evaluación que no consideró elementos relevantes y efectos adversos que pudiese generar el proyecto sobre la salud de la población y la biodiversidad de la zona.

Es así como Ezio Costa, abogado de la parte reclamante, dijo que hubo una evaluación inadecuada porque hay variables que no han sido observadas como la falta de consideración de la variable cambio climático y los pasivos ambientales que va a producir el pasar de una termoeléctrica a carbón a una central a gas.

Por una parte, sobre el cambio climático el abogado reclamante aseguró que existen dos problemas: uno que dice relación con el metano ya que no se evaluó que existen fugas de metano y es este gas uno de los que más aporta al calentamiento global al ser 80 veces más poderoso que el dióxido de carbono. Y el otro, el combustible diésel que se ocuparía en caso de emergencia para el funcionamiento de la planta.  “No se hizo una evaluación efectiva de las fugas de metano que podría haber en la planta y los efectos que tiene”, afirmó Costa y agregó que “la evaluación no toma en cuenta el uso de 365 días de diésel y esa falta de evaluación y tener más claro cuál es el riesgo real y el plazo máximo que la institucionalidad le permite actuar con diésel.

Por otra parte, sobre lo que serán los pasivos ambientales, Costa enfatizó la necesidad de tener presente que la central se emplaza en una zona de sacrificio y en que al no considerarlos en la evaluación no se podría hablar de una “transición justa”. “Cuando pensamos en pasar de una central de carbón u otro combustible en una zona de sacrificio tenemos que pensar que ese lugar tiene daños y esos daños provienen de centrales termoeléctricas como esta”, afirmó el abogado.

Los argumentos de los reclamantes fueron refutados por el SEA para lo cual el abogado Raúl Herrera hizo énfasis en el proyecto y su relación con los compromisos ambientales que el país ha asumido; así como al objeto de la Evaluación de Impacto Ambiental y el descarte de impactos.

Respecto a la evaluación efectuada por el Servicio, el abogado indicó que se evaluaron y descartaron impactos con relación a las potenciales emisiones de gas metano; al área de influencia de calidad de aire y al gaviotín chico.

“Este proyecto viene a disminuir en términos generales ciertos contaminantes y en ese sentido lo que es relevante considerar es que este proyecto se enmarca en varios de los instrumentos internacionales que ha ratificado el país”, dijo el abogado Herrera.

Además, explicó que la principal obra sería la implementación de quemadores y obras complementarias que van a permitir el reemplazo y la conversión a gas. El abogado dijo que no es controvertido que el proyecto significa una mejora.

En la misma línea de los argumentos presentados por el SEA, el abogado de la empresa Engie, Agustín Martorell se refirió al contexto del proyecto como política pública y su contribución a la disminución de los gases de efecto invernadero. Además, aseguró que lo que se discute en el tribunal “tiene relación con la legalidad de la resolución que evaluó ambientalmente favorable el proyecto”.

Otro punto abordado por Martorell fue relativo a las emisiones y entregó datos respecto a un estudio encargado por la empresa para saber cómo se traduce la conversión de la termoeléctrica a gas natural. “el proyecto que está llevando a cabo Engie significa reemplazar el 100 por ciento del parque vehicular por vehículos cero emisiones de gases”.

<em><strong>Proyecto</strong></em>
El proyecto consiste en un proceso de transición energética que tiene por objeto cambiar la generación eléctrica en base a carbón por generación eléctrica en base a gas natural y como respaldo, a petróleo diésel. Contempla una inversión estimada de US$50 millones y dos fases: la construcción, que comenzaría en octubre del año 2023 y la operación que comenzaría en julio de 2025.

*Causa R-92-2023