La reclamación tiene como objetivo que se anule la resolución que aprobó dicho PdC y se ordene la apertura y continuidad del procedimiento sancionatorio contra la empresa por los tres cargos que se le impusieron a la empresa y que tienen relación con la contratación de una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental sin autorización para la realización del monitoreo de material particulado MP-10, concentración de plomo en el aire y monóxido de carbono. También, por no haber remitido los resultados asociados al programa de muestreo de suelo en sectores aledaños a su emplazamiento y por las deficiencias en la infraestructura de almacenamiento.