INSERT INTO `NxC_posts` (`ID`, `post_author`, `post_date`, `post_date_gmt`, `post_content`, `post_title`, `post_excerpt`, `post_status`, `comment_status`, `ping_status`, `post_password`, `post_name`, `to_ping`, `pinged`, `post_modified`, `post_modified_gmt`, `post_content_filtered`, `post_parent`, `guid`, `menu_order`, `post_type`, `post_mime_type`, `comment_count`) VALUES
(13856, 1, '2021-03-11 15:57:14', '2021-03-11 18:57:14', '<img class=\"aligncenter wp-image-13858 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Captura-de-pantalla-1861.png\" alt=\"\" width=\"989\" height=\"556\" />\n\nLas Bases de Conciliación con 19 medidas relacionadas con la gestión socioambiental y de compensación presentó, hoy, el Primer Tribunal Ambiental en la audiencia realizada por la demanda del Consejo de Defensa del Estado, CDE, contra Minera Escondida por los presuntos efectos asociados al descenso del acuífero del Salar de Punta Negra.\n\nLas parte demandante, demandada y terceros coadyuvantes, que en este caso son el CDE, la compañía minera, además, de la Comunidad de Peine y Consejo de Pueblos Atacameños, manifestaron su intención de avanzar en el proceso de conciliación.\n\nEn la audiencia, el ministro en ciencias, Marcelo Hernández, detalló el trabajo realizado por el tribunal y explicó cada una de las medidas consideradas, las que ahora deben ser analizadas por las partes.\n\nPrimero se efectuó una descripción territorial del área de influencia y se detalló el marco teórico de las bases el que se sustenta, entre otros, por el marco jurídico ambiental, y los principios jurídicos ambientales como el Principio de la Responsabilidad; Principio “El que contamina paga”; Principio Precautorio, Principio Pro Natura, entre otros.\n\nTambién, dentro del marco teórico, el ministro en ciencias explicó los principios territoriales y el valor e importancia de la biodiversidad sobre la base del Convenio sobre Diversidad Biológica suscrito y ratificado por el Estado de Chile, así como la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030 del Ministerio de Medio Ambiente.\n\nEl trabajo realizado por el tribunal busca dar cumplimiento al mandato del artículo 44 de la Ley 20.600 respecto a la indemnidad del daño ambiental con el fin de que las medidas que se lleven a cabo se hagan cargo de manera efectiva del daño causado.\n\nLa sala del tribunal está conformada por los ministros Mauricio Oviedo (presidente), Marcelo Hernández y Óscar Clavería y en la audiencia participaron abogados del Consejo de Defensa del Estado, Minera Escondida y de la Comunidad de Peine y Consejo de Pueblos Atacameños. Estos últimos como terceros coadyuvantes del CDE.\n\n<em><strong>Demanda\n</strong></em>En la demanda, que fue acogida a trámite en abril del año pasado, el CDE estableció que el daño ambiental causado por la minera se funda en siete aspectos: disminución severa de los niveles del acuífero del salar, lo que compromete su regeneración; el deterioro o menoscabo del sustrato salino; la pérdida total o parcial de los bofedales y su vegetación; la pérdida del ecosistema particular del salar; la modificación o pérdida del hábitat lo que afecta a la fauna; la pérdida de servicios ecosistémicos y la pérdida de biodiversidad.\n\nEntre los argumentos entregados por el organismo de defensa fiscal está en que se sustenta “por la conducta de la empresa al mantener una extracción permanente y continua de agua fresca subterránea proveniente del acuífero del salar para satisfacer las necesidades de sus faenas mineras entre los años 1990 a 2017”.\n\n<em><strong>Salar</strong></em>\nEl Salar de Punta Negra se ubica a 170 km. al sureste de Antofagasta y tiene una superficie de 250 km2. Se trata de una cuenca del tipo endorreica que se caracteriza por tener grandes variaciones morfológicas, climatológicas y geológicas.\n\nEstá compuesto por vegas, canales y lagunas y se han registrado 47 especies de aves, 51 especies de plantas, 13 especies de mamíferos y 7 especies de reptiles, mientras que en las vegas, canales y lagunas existen microcrustáceos, nematodos, insectos y algas.\n\nLa fauna incluye, entre otros, distintas especies de patos, aguiluchos, halcones, tórtolas, lechuzas, perdicitas, zorros, vicuñas, roedores de distintas especies, lagartijas e insectos.\n\n&nbsp;', 'Tribunal presenta bases de conciliación en causa de demanda por daño ambiental del Consejo de Defensa del Estado contra Minera Escondida', 'Las parte demandante, demandada y terceros coadyuvantes, que en este caso son el CDE, la compañía minera, además, de la Comunidad de Peine y Consejo de Pueblos Atacameños, manifestaron su intención de avanzar en el proceso de conciliación.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'tribunal-presenta-bases-de-conciliacion-en-causa-de-demanda-por-dano-ambiental-del-consejo-de-defensa-del-estado-contra-minera-escondida', '', '', '2021-03-11 15:57:14', '2021-03-11 18:57:14', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=13856', 0, 'post', '', 0),
(13927, 1, '2021-03-23 13:13:42', '2021-03-23 16:13:42', '<img class=\"aligncenter wp-image-13929 size-full\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Captura-de-pantalla-1941.png\" alt=\"\" width=\"796\" height=\"448\" />\n\nUn 65 por ciento de las causas del Primer Tribunal Ambiental han estado asociadas a problemáticas de agua. Así se dio a conocer, ayer, en el Seminario “Dialogando por el agua” organizado por el Centro de Derechos y Gestión de Aguas de la Universidad Católica.\n\nLa mayoría de las causas, que tienen relación con reclamaciones contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por evaluaciones favorables de proyectos o contra la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por aprobaciones de Programas de Cumplimiento (PdC), tienen en su origen directa o indirectamente alguna problemática hídrica. Sin embargo, esto no significa que la controversia tenga relación directa con el agua.\n\nEn la actividad, el ministro en ciencias del tribunal, Marcelo Hernández y la asesora Valentina Astudillo, analizaron en detalle cuatro causas de relevancia en la macrozona norte, como son las reclamaciones en contra de los programas de cumplimiento de SQM Salar y Minera Collahuasi en las regiones de Antofagasta y Tarapacá, respectivamente, y las demandas por daño ambiental en contra de Minera Candelaria y Codelco Salvador en la Región de Atacama.\n\nEn el análisis, el ministro en ciencias dio a conocer que en el origen de las reclamaciones y demandas se identificó como problemática la extracción de aguas y salmueras en zona con déficit hídrico, la que tiene relación con los derechos de aguas y descensos en los niveles freáticos;  deficiencias en la gestión del agua y la alteración de ecosistemas que tiene como resultado cambios en la red hidrológica, desecación de especies vegetales, cambios en superficies lagunares,  deficiencias en la gestión y gobernanza del agua, entre otros.\n\nRespecto al trabajo que lleva a cabo el tribunal en cada causa en lo que respecta a los aspectos científicos, Hernández y Astudillo indicaron que “ha sido fundamental considerar las cuencas como unidad de análisis relevante, ya que es donde se desarrolla el ciclo hidrológico y donde están las distintas industrias y comunidades”. También, aseguraron que “se analizan los acuíferos y rutas de trashumancia que pueden sobrepasar los límites de las cuencas, así como los diversos servicios ecosistémicos asociados al agua, entre los que destacan el almacenamiento, purificación, regulación climática, mitigación de peligros naturales, entre otros. Así como los aspectos que tienen relación con el aprovisionamiento de agua dulce, salada y aspectos culturales como los valores estéticos, recreación y turismo, y valores espirituales”.\n\nEn el ámbito jurídico, se consideran los principios precautorio y preventivo; pro natura; difusión, información y participación; coordinación administrativa; jerarquía de los impactos; responsabilidad ambiental, entre otros.\n\nPara el ministro en ciencias es importante vincular el territorio, actores claves, los servicios ecosistémicos y las diversas dimensiones del agua para lograr un desarrollo sostenible, apostando a una buena gobernanza, que considere la participación, transparencia, justicia social, rendición de cuentas.', 'Ministro y Asesora en ciencias analizaron los conflictos ambientales en torno al agua en la macrozona norte', 'Un 65 por ciento de las causas del Primer Tribunal Ambiental han estado asociadas a problemáticas de agua. Así se dio a conocer, ayer, en el Seminario “Dialogando por el agua” organizado por el Centro de Derechos y Gestión de Aguas de la Universidad Católica.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'ministro-y-asesora-en-ciencias-analizaron-los-conflictos-ambientales-en-torno-al-agua-en-la-macrozona-norte', '', '', '2021-03-23 13:13:42', '2021-03-23 16:13:42', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=13927', 0, 'post', '', 0),
(13940, 1, '2021-03-24 12:51:04', '2021-03-24 15:51:04', '<img class=\"alignnone size-full wp-image-13942\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/fe400229-96cb-46dd-b765-26aeb46c8df5.jpg\" alt=\"\" width=\"1280\" height=\"958\" />\n\nCon la voluntad de avanzar hacia una propuesta de Bases de Conciliación culminó ayer la diligencia en terreno realizada por el Primer Tribunal Ambiental en el marco de la demanda por daño ambiental, realizada por pescadores y buzos mariscadores de La Serena y Coquimbo, en contra de la empresa GTD Teleductos.\n\nLa demanda se da en el contexto de la instalación de un cable submarino para red de fibra óptica y las posteriores varazones de moluscos en el sector de Playa El Lápiz en La Serena, lo que para los sindicatos de pescadores y buzos mariscadores es producto del cable. Situación que ha afectado los recursos marinos, ecología y sus fuentes de trabajo e ingresos familiares, aseguran.\n\nLa diligencia, que fue encabezada por el ministro en ciencias del tribunal, Marcelo Hernández, se llevó a cabo durante todo el día de ayer y contempló un recorrido marítimo y terrestre por el sector del área de manejo de recursos bentónicos que tienen los pescadores en la zona y todo el borde costero de playa El Lápiz, Peñuelas y la zona contigua a la desembocadura del Río Elqui.\n\nLa diligencia en terreno tuvo como objetivo recabar antecedentes relevantes respecto al contexto de los hechos, las aplicaciones normativas y actuaciones de los servicios, así como las dinámicas locales. Todo ello para la elaboración de una propuesta de bases de conciliación sólidas, razonables y que cumplan con los principios de indemnidad y de sustentabilidad del socio ecosistema en controversia”, explicó el ministro Hernández.\n\nEn el recorrido, estuvieron presentes los abogados y dirigentes de las tres organizaciones de pescadores y mariscadores demandantes, de la empresa GTD y contó con el apoyo del Servicio Nacional de Pesca, Sernapesca y la Gobernación Marítima de Coquimbo.\n\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-13946\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/26922581-3e57-4ce2-a4f3-00469c33d002.jpg\" alt=\"\" width=\"1280\" height=\"720\" />', 'Con recorrido marítimo y terrestre por playa El Lápiz, Primer Tribunal Ambiental realiza diligencia en terreno por demanda contra GTD', '', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'con-recorrido-maritimo-y-terrestre-por-playa-el-lapiz-primer-tribunal-ambiental-realiza-diligencia-en-terreno-por-demanda-contra-gtd', '', '', '2021-03-24 12:51:04', '2021-03-24 15:51:04', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=13940', 0, 'post', '', 0),
(13965, 1, '2021-03-31 11:14:04', '2021-03-31 14:14:04', '<img class=\"alignnone size-full wp-image-13967\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Captura-de-pantalla-2203.png\" alt=\"\" width=\"1913\" height=\"1024\" />\n<ul>\n 	<li><em>El abogado,  profesor de la Universidad de Costa Rica, Mario Peña analizó esta nueva mirada.</em></li>\n 	<li><em>Justicia ecológica y los posibles retos que tienen los fallos de la justicia ambiental fue la temática que dio inicio al ciclo de charlas magistrales 2021 que organiza el Primer Tribunal Ambiental para ministros y asesores.</em></li>\n</ul>\nUn profundo análisis de la justicia ambiental y el tránsito hacia una justicia ecológica, así como la efectividad de los fallos de los entes jurisdiccionales, realizó el abogado y profesor de la Universidad de Costa Rica Mario Peña Chacón, en lo que fue la primera charla magistral 2021 que organiza el Primer Tribunal Ambiental para ministros y asesores.\n\nLa charla tuvo como análisis la llamada justicia ecológica, que es un nuevo enfoque del derecho ambiental, “que no solo tiene como destinatarios a los seres humanos, sino también la protección de la naturaleza y a los demás seres que habitan el planeta”, explicó Peña.\n\nTambién, se reflexionó respecto a las sentencias de la justicia ambiental y cómo la influencia de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tratados internacionales como Escazú, han ido y deben ir delineando la efectividad de este tipo de derecho. “El derecho como tal no está hecho para los efectos simbólicos, sino que tiene que tener efectos jurídicos reales y prácticos para modificar las conductas y las omisiones de la administración pública y los particulares que afectan al ambiente”, dijo.\n\nLo anterior reforzado por un estudio de los desafíos que se deben tener presentes para los fallos de estos tribunales y sus características, entre ellas que sean claras, vinculantes, oportunas, transparentes, imparciales, justas e inclusivas y estar fundamentadas tanto en derecho como en el mejor conocimiento científico disponible.\n\nAdemás, Peña Chacón explicó que otros factores que favorecen el cumplimiento efectivo de las sentencias son por ejemplo, los mecanismos de reparación, de recopilación y sistematización de sentencias para facilitar la difusión entre los operadores jurídicos y contar con un registro de procesos ambientales de acceso público.\n\n<strong><em>Justicia ecológica</em></strong>\n\nLa principal temática planteada por Peña fue en torno de la importancia de aplicar la justicia ecológica en el marco del contexto actual y los estándares que debe tener. “La justicia ecológica en el siglo XXI es sinónimo de justicia para el planeta. El siglo XXI será el siglo de la justicia ecológica o no será”, aseguró y explicó que, hoy, ya no solo tiene una mirada desde el ser humano.\n\nEn este contexto, Peña Chacón dijo que “un estado de derecho en materia ambiental deberá asegurar y garantizar una justicia ecológicamente efectiva, que será tal cuando logre restablecer los nexos sociales y ambientales entre miembros de la sociedad y entre éstos y la naturaleza”.\n\nPara el presidente del Primer Tribunal Ambiental, Mauricio Oviedo, la reflexión efectuada por Peña Chacón, tiene mucho valor ya que “las decisiones que se tomen en las jurisdicciones ambientales, sin duda, en la medida que sean buenas decisiones, van a ir permeando esta mirada sistémica y global que debe tener la justicia ambiental a nivel planetario”, afirmó.\n\nAdemás, Oviedo invitó al equipo del tribunal a reflexionar ya que dijo “las decisiones que nosotros estamos tomando en el presente están siendo miradas de una u otra manera por distintos actores, tanto a nivel local como global”.\n\nDurante su presentación Peña hizo un recorrido y analizó cómo se ha llegado a establecer una justicia ecológica en el marco de la realidad actual en la que converge una triple crisis: climática, biodiversidad y Covid-19. También, detalló cómo el derecho ha ido dando respuesta a estas problemáticas y estableció las dimensiones de la justicia ecológica: espacial, temporal y biocéntrica.\n\n&nbsp;\n\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-13969\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Captura-de-pantalla-2201.png\" alt=\"\" width=\"1866\" height=\"892\" />', 'Justicia ecológica, el nuevo enfoque del derecho ambiental', 'Justicia ecológica y los posibles retos que tienen los fallos de la justicia ambiental fue la temática que dio inicio al ciclo de charlas magistrales 2021 que organiza el Primer Tribunal Ambiental para ministros y asesores.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'justicia-ecologica-el-nuevo-enfoque-del-derecho-ambiental', '', '', '2021-03-31 11:14:04', '2021-03-31 14:14:04', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=13965', 0, 'post', '', 0),
(13993, 1, '2021-04-06 19:40:59', '2021-04-06 22:40:59', '<img class=\"aligncenter wp-image-13996 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/VisitaInspectivaR-37_3-2.jpg\" alt=\"\" width=\"732\" height=\"549\" />\n<ul>\n 	<li><em>En el fallo se estipula que existe un nivel de incertidumbre y riesgo en la evaluación ambiental, con evidentes anomalías en la definición del área de influencia del proyecto, la emisión de contaminantes y modelación de la calidad del aire, lo que atenta con la salud de la población.</em></li>\n</ul>\nDe forma unánime el Primer Tribunal Ambiental, acogió la reclamación de la ONG Atacama Limpia y determinó invalidar la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, que calificó de manera favorable el proyecto de acopio y embarque de concentrado de cobre por el muelle Punta Caleta de Caldera en la Región de Atacama.\n\nEl tribunal, además, ordenó a la empresa Puerto Caldera S.A. ingresarlo a través de un Estudio de Impacto Ambiental, EIA, y no mediante una de Declaración de Impacto Ambiental, DIA, como lo había presentado. “A juicio de este Tribunal, no existe evidencia suficiente y razonable para justificar que el proyecto no requiere la presentación de un EIA”, establece el fallo.\n\nEntre las falencias detectadas por los ministros Mauricio Oviedo, Eric Sepúlveda y Marcelo Hernández – este último redactor del fallo- está que no hubo una correcta evaluación de las emisiones atmosféricas; tampoco una debida consideración de los efectos de otras fuentes productivas en la evaluación del proyecto y el estudio para justificar la no afectación a la salud de la población por las emisiones de ruido, fue insuficiente.\n\nEl primer punto analizado fue la calidad del aire, respecto a lo cual los ministros determinaron que “no existe total claridad que la RCA (Resolución de Calificación Ambiental) impugnada cuente con el debido fundamento y estándar técnico-científico como resultado del proceso de evaluación ambiental (…) como para validar que las estaciones utilizadas para representar la calidad del aire como línea base sean las idóneas y que permitan resguardar la salud de la población”.\n\nLos jueces establecieron reparos en la caracterización y uso de información de las estaciones de calidad de aire, ya que no cumplen con los estándares mínimos. “Llama poderosamente la atención la falta de prolijidad en la revisión de los escasos y erróneos reportes técnicos presentados por el titular, limitándose solo a algunas referencias de la guía, pero sin obrar un análisis completo, riguroso y objetivo por parte de los OAECAs (Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental)  y el SEA, a fin de garantizar a la sociedad que se cumplan los estándares mínimos y básicos exigidos respecto de esta componente vital”, aseguró el ministro redactor.\n\n“La empresa y el SEA asumieron que, tanto la operación del concentrado de cobre en el galpón de acopio, como el embarque en los buques graneleros, tiene emisiones cero, cuestión que escapa a la realidad”, argumentó el ministro Hernández.\n\nEl otro punto analizado, tiene relación con las fuentes de ruido y las falencias de los antecedentes presentados por la empresa ya que -según explica el ministro Hernández- “hubo aspectos que no se consideraron por lo que no queda claro si existe evaluación de ruidos potenciales generados por otros proyectos en la zona que pueden estar aprobados, al margen que al momento de la evaluación del proyecto no estuviesen en operación”, haciendo clara alusión al transporte y embarque de hierro.\n\nAsimismo, lo que dice relación con la consideración en la evaluación del resto de las actividades que se desarrollan en la zona de influencia, en la sentencia se detalla que en la visita inspectiva realizada por el órgano colegiado, se evidenciaron operaciones de concentrado de hierro tanto de transporte y acopio.\n\n“Hay una clara evidencia de las deficiencias que presenta la evaluación ambiental, donde la falta de rigurosidad analítica y preventiva no advirtió la inclusión de otras actividades productivas como el transporte de concentrado de minerales en camiones no herméticos, canchas de acopio abiertas sin protección contra el viento imperante en la zona costera y sin un debido manejo del concentrado de hierro en el acopio, ni en el embarque. Al no ser considerado en el modelo predictivo como fuente aportante de material particulado, genera un nivel de incertidumbre en la evaluación y no se logran sopesar los riesgos para la salud de la población de Caldera”, se estipula en la sentencia.\n\nEl otro punto controvertido relacionado con el fraccionamiento del proyecto y la justificación dada por el organismo evaluador sobre la atribución privativa de la Superintendencia del Medio Ambiente, SMA, para referirse a ello, el tribunal, determinó que el SEA debe tener una mirada sistémica e integral de la evaluación ambiental con el fin de descartar el fraccionamiento. “Debe considerar un análisis de los efectos sinérgicos y con ello orientar a las empresas respecto a cómo velar por la debida protección de la salud de la población”, remarcó Hernández.\n\nPor último, en el fallo, también se hace alusión al transporte de concentrados y aseguran que “en función de los antecedentes revisados y analizados no se advierte que se esté utilizando la mejor tecnología disponible para el transporte.\n\n<strong><em>Reclamación\n</em></strong>La reclamación fue presentada por la ONG Atacama Limpia luego que el SEA no acogiera las observaciones realizadas en el proceso de participación ciudadana llevado en el marco de la evaluación ambiental del proyecto.\n\nPara el reclamante, el SEA debió haber considerado los aspectos referentes a los efectos en la salud de las personas que podría generar el material particulado y los gases generados por el acopio y embarque de concentrado de cobre; así como las emisiones acústicas, entre otras.\n\n&nbsp;\n\n<strong><em>Proyecto\n</em></strong>El proyecto tiene por objetivo recepcionar, almacenar y embarcar concentrado de cobre en un galpón de acopio cercano al muelle Punta Caleta de propiedad de Puerto Caldera S.A., como una alternativa de negocios a la actividad de exportación de fruta que actualmente se desarrolla en el muelle durante la temporada estival.\n\nConsidera la habilitación de un galpón de almacenamiento y sus respectivas unidades de apoyo. Se prevé un embarque máximo de 600.000 toneladas anuales de concentrado de cobre y no se modifican las actividades actuales de Puerto Caldera S.A. de embarque de frutas.\n\nDentro de las operaciones consideradas están: recepción de camiones con concentrado de cobre desde potenciales clientes, almacenamiento, acopio y el embarque del concentrado de cobre mediante el uso de contenedores open-top y spreader volteables en un máximo de siete días al mes.\n\nRevisa la sentencia en el siguiente enlace <a href=\"https://causas.1ta.cl/causes/167/expedient/4102/books/109/?attachmentId=6708\">https://causas.1ta.cl/causes/167/expedient/4102/books/109/?attachmentId=6708</a>\n\n&nbsp;', 'Primer Tribunal Ambiental acoge reclamación de ONG Atacama Limpia y ordena ingresar proyecto de acopio y embarque de concentrado de cobre a través de un Estudio de Impacto Ambiental', 'En el fallo se estipula que existe un nivel de incertidumbre y riesgo en la evaluación ambiental, con evidentes anomalías en la definición del área de influencia del proyecto, la emisión de contaminantes y modelación de la calidad del aire, lo que atenta con la salud de la población.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'primer-tribunal-ambiental-acoge-reclamacion-de-ong-atacama-limpia-y-ordena-ingresar-proyecto-de-acopio-y-embarque-de-concentrado-de-cobre-a-traves-de-un-estudio-de-impacto-ambiental', '', '', '2026-03-08 21:00:04', '2026-03-08 21:00:04', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=13993', 0, 'post', '', 0),
(14004, 1, '2021-04-08 10:28:14', '2021-04-08 13:28:14', '<h6><img class=\"aligncenter wp-image-14006 size-full\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Planta-Recimat-Calama-1.jpg\" alt=\"\" width=\"1000\" height=\"600\" /></h6>\nEl Primer Tribunal Ambiental admitió a trámite, el pasado martes, una reclamación interpuesta por la junta de vecinos de la población Kamac Mayu de Calama en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente, SMA, por la aprobación del Programa de Cumplimiento, PdC, y suspensión del procedimiento sancionatorio en contra de Procesadora de Residuos Industriales, Ltda., Recimat por su proyecto “Fábrica de ánodos insolubles de plomo”.\n\nLa reclamación tiene como objetivo que se anule la resolución que aprobó dicho PdC y se ordene la apertura y continuidad del procedimiento sancionatorio contra la empresa por los tres cargos que se le impusieron a la empresa y que tienen relación con la contratación de una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental sin autorización para la realización del monitoreo de material particulado MP-10, concentración de plomo en el aire y monóxido de carbono. También, por no haber remitido los resultados asociados al programa de muestreo de suelo en sectores aledaños a su emplazamiento y por las deficiencias en la infraestructura de almacenamiento.\n\nLos reclamantes cuestionan la legalidad del procedimiento sancionatorio llevado adelante por la SMA debido a que la ciudad se ha declarado como saturada por material particulado MP10 y porque no se solicitaron informes de otros servicios públicos relevante, como la Conadi, además de que no se contempló la consulta indígena.\n\nAhora que la causa fue admitida a trámite, el órgano reclamado deberá remitir un informe al tribunal. Luego de eso, el tribunal citará a audiencia de vista de la causa, que es la instancia donde los jueces que integrarán la sala (3 ministros: dos abogados y uno en ciencias) escucharán los alegatos tanto del reclamado (junta de vecinos) como del reclamado (Superintendencia del Medio Ambiente), organismo que dictó la Resolución Exenta N°09 que aprobó el programa de cumplimiento de la empresa.\n\nEs importante tener presente que es la Superintendencia del Medio Ambiente, la institución encargada de realizar la fiscalización del cumplimiento ambiental a los que las empresas se han comprometido a través de las Resoluciones de Calificación Ambiental, RCA, entre otras funciones.\n<h6>*Crédito fotografía: www.recimat.cl</h6>\n&nbsp;', 'Vecinos de Calama interponen reclamación por suspensión de procedimiento sancionatorio en contra de empresa Recimat', 'La reclamación tiene como objetivo que se anule la resolución que aprobó dicho PdC y se ordene la apertura y continuidad del procedimiento sancionatorio contra la empresa por los tres cargos que se le impusieron a la empresa y que tienen relación con la contratación de una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental sin autorización para la realización del monitoreo de material particulado MP-10, concentración de plomo en el aire y monóxido de carbono. También, por no haber remitido los resultados asociados al programa de muestreo de suelo en sectores aledaños a su emplazamiento y por las deficiencias en la infraestructura de almacenamiento.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'vecinos-de-calama-interponen-reclamacion-por-suspension-de-procedimiento-sancionatorio-en-contra-de-empresa-recimat', '', '', '2021-04-08 10:28:14', '2021-04-08 13:28:14', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14004', 0, 'post', '', 0),
(14009, 1, '2021-04-09 11:19:35', '2021-04-09 14:19:35', '<img class=\"aligncenter wp-image-14012 size-full\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/nuestra.operacion-768x576-2.jpg\" alt=\"\" width=\"768\" height=\"576\" />\n\nPara el miércoles 05 de mayo a las 10 horas fue fijada la audiencia de la reclamación interpuesta por la Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó y diversas comunidades de aguas subterráneas, contra la Superintendencia de Medio Ambiente, SMA, por la aprobación del Programa de Cumplimiento, PdC, de Minera Caserones de Lumina Copper.\n\nLa reclamación se basa en que el organismo fiscalizador no debió haber aprobado un PdC que no se pronuncia sobre la totalidad de los cargos que fueron formulados en contra de la empresa minera. Esto porque la SMA formuló18 cargos por infracciones a normativas ambientales, sin embargo, dejó fuera dos cargos considerados graves, al considerar que el programa de cumplimiento no es un instrumento idóneo para hacerse cargos de las infracciones causantes de un daño ambiental.\n\nRespecto al PdC presentado por la empresa, se proponen 51 acciones que abordan 16 hechos constitutivos de infracción y no se consideran los cargos 11 y 12 que dicen relación con la construcción de zanja contrafuga ubicada aguas abajo del Depósito de Lamas (relaves) y del Depósito de Arenas, las que no cumplieron con las condiciones constructivas establecidas durante la evaluación ambiental.\n\nLos reclamantes indican que existe un evidente vicio de legalidad porque no hay una habilitación legal expresa que le permita a la SMA desagregar el procedimiento administrativo sancionador.\n\nEn la reclamación también se establece que la “aprobación del PdC genera una serie de aspectos perjudiciales al medioambiente, especialmente en lo que dice relación con el ecosistema asociado al proyecto y sobre el recurso hídrico”.\n\nEn el documento, los reclamantes también hacen presente que la tramitación del PdC se demoró dos años, tiempo en el que la empresa “continuó, en ese período, utilizando sus pozos de remediación, fuera de lo establecido en su RCA, es decir, perpetuó esta infracción, entre otras más”.\n\nEn tanto, la SMA remitó su informe al tribunal en el que detalla el análisis efectuado para la aprobación del PdC. En lo referente a la exclusión de los dos cargos asegura que “la desagregación del procedimiento sancionatorio respecto de los cargos N°11 y N°12 no genera ningún perjuicio para las reclamantes; y la decisión de la SMA ha sido plenamente consistente con la práctica de este servicio al determinar la improcedencia del PdC ante hipótesis de daño ambiental, debiendo entonces ser desestimadas las alegaciones de las reclamantes”.\n\nAhora, el tribunal deberá revisar los aspectos jurídicos y científicos planteados en la reclamación y establecer si corresponde o no anular la resolución que aprobó dicho programa de cumplimiento. Por lo pronto, el próximo 05 de mayo en la audiencia de alegatos escuchará los fundamentos de las partes respecto a los puntos en controversia.\n\nInfracciones\n\nEntre las faltas en las que incurrió la empresa están una serie de incumplimientos, entre ellos, la extracción de aguas subterráneas en un caudal mayor al autorizado durante la activación de los planes de remediación de las operaciones del Depósito de Lamas en Quebrada La Brea y al Depósito de Arenas en Quebrada Caserones.\n\nTambién, se formularon cargos por la omisión de dar aviso a la autoridad competente y ejecutar las acciones necesarias para hacerse cargo de los impactos ambientales no previstos, consistentes en la alteración progresiva del medio acuífero aguas abajo del depósito de lastre en los parámetros conductividad eléctrica, sólidos suspendidos totales, sulfatos.\n\nProgramas de Cumplimiento\n\nLos programas de cumplimiento son un plan de acciones y metas que presenta un infractor ante la SMA para cumplir nuevamente con la normativa ambiental, ya que es función de este organismo garantizar el cumplimiento de la regulación ambiental.\n\nEl PdC debe tener a lo menos una descripción de los hechos que constituyen la infracción, un plan de acciones y metas; el plan de seguimiento, indicadores y remisión de informes.\n\n&nbsp;', 'Agricultores del Valle de Copiapó presentan reclamación por aprobación de Programa de Cumplimiento de Minera Caserones', 'Para el miércoles 05 de mayo a las 10 horas fue fijada la audiencia de la reclamación interpuesta por la Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó y diversas comunidades de aguas subterráneas, contra la Superintendencia de Medio Ambiente, SMA, por la aprobación del Programa de Cumplimiento, PdC, de Minera Caserones de Lumina Copper.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'agricultores-del-valle-de-copiapo-presentan-reclamacion-por-aprobacion-de-programa-de-cumplimiento-de-minera-caserones', '', '', '2021-04-09 11:19:35', '2021-04-09 14:19:35', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14009', 0, 'post', '', 0),
(14031, 1, '2021-04-16 15:34:59', '2021-04-16 18:34:59', '<img class=\"alignnone size-full wp-image-14035\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/IMG_3399.jpg\" alt=\"\" width=\"3120\" height=\"2080\" />\n<ul>\n 	<li><strong><em>Por unanimidad los ministros que conformaron la sala del Primer Tribunal Ambiental se pronunciaron a favor de lo solicitado por la empresa respecto a anular la resolución que determinó el rechazo del proyecto.</em></strong></li>\n 	<li><strong><em>En la sentencia se entregan una serie de consideraciones que podrían tomarse en cuenta en una etapa revisión del proyecto.</em></strong></li>\n</ul>\nPor unanimidad la sala del Primer Tribunal Ambiental, conformada por los ministros Juan Opazo, Fabrizio Queirolo y Jasna Plavich, resolvió acoger la reclamación judicial interpuesta por la empresa Andes Iron en contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por el rechazo del proyecto minero Dominga.\n\nLa sentencia anula la resolución del Comité de Ministros y de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Coquimbo que calificó de manera desfavorable el Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del proyecto y ordena retrotraerlo a la etapa de votación por parte de la Coeva.\n\nLa decisión tomada por los ministros se fundamenta en el análisis exhaustivo que se efectuó respecto a los puntos en controversia que tuvieron relación con los antecedentes y evaluación del proyecto; y la revisión de los argumentos técnicos que fundaron su rechazo en la evaluación ambiental.\n\n“Los antecedentes aportados por la empresa en el proceso de evaluación ambiental son completos, según los estándares existentes a la época de su evaluación y, si bien existen puntos que la empresa debe complementar, éstos pueden realizarse en el marco del proceso de evaluación. El rechazo del proyecto por el Comité de Ministros contradice el Informe Consolidado de Evaluación, ICE, al refutar los cuestionamientos técnicos por lo que se acoge la reclamación del titular del proyecto”, establece el fallo.\n\nUno de los puntos ampliamente analizados en la sentencia fue la línea base del medio marino, los efectos sinérgicos, el desequilibrio entre impactos y medidas, y cada una de las inquietudes manifestadas en el proceso de Participación Ciudadana (PAC) que fueron presentadas ante el Comité de Ministros.\n\nEn lo relativo a la línea base, los ministros dijeron que los jueces no comparten el razonamiento del Comité de Ministros sobre su insuficiencia, ya que luego del análisis científico técnico no se acreditó y por lo tanto no se evidenció un desequilibrio entre los impactos y medidas.\n\n“Existen los argumentos fácticos y se proporciona la adecuada fundamentación científico-técnica en el expediente de evaluación ambiental (Estudio de Evaluación Ambiental (EIA), Adendas y el Informe Consolidado de Evaluación, (ICE) del Servicio de Evaluación Ambiental) que permitieron definir y abordar adecuadamente los impactos sinérgicos en el presente proyecto, en los términos expuestos por el titular”, se argumenta.\n\nAdemás, los sentenciadores afirman que “teniendo en cuenta que la línea de base de las rutas de navegación ha sido considerada como suficiente para definir los impactos y medidas adecuadas, resulta por consiguiente, en este caso idónea para justificar adecuadamente la significancia o no de los impactos sinérgicos, particularmente, aquellos asociados a la fauna marina protegida”.\n\nEl análisis se enmarca en que una de las principales controversias tiene relación con la suficiencia de la línea base del medio marino respecto a las rutas de navegación, es decir, si existió o no una descripción detallada del área de influencia del proyecto o la extensión geográfica y de territorio marítimo que potencialmente puede ser afectado por el proyecto.\n\nTambién, los ministros Opazo, Queirolo y Pavlich, pusieron a la vista la serie de antecedentes presentados en el proceso de calificación ambiental, por lo que para ellos, resulta infundado el rechazo del Comité de Ministros.\n\nOtra de las aristas detalladas en el fallo dice relación con las inquietudes planteadas en la PAC, las que para los ministros, a la luz de lo observado por Sernapesca y la autoridad marítima, fueron debidamente resueltas.\n\nEs importante recordar que hubo ocho reclamaciones PAC presentadas al Comité de Ministros que tenían relación con diversos impactos ambientales, tales como: el impacto al recurso hídrico luego del cierre del sistema de captación y devolución de aguas del rajo de la mina; los que cuestionaban la claridad de la información para descartar impactos adversos al mar; los que se podrían producir por el material particulado sedimentable; al Pingüino de Humboldt; el de barreras eólicas en la avifauna, el de la suficiencia de las áreas de exclusión, entre otros.\n\nEn la sentencia se releva también el hecho que salvo actividades de subsistencia, “toda actividad productiva genera impacto en el medioambiente por lo que la normativa nacional e internacional ha diseñado procesos de evaluación que permite determinar las externalidades negativas para que en base a las mismas, el titular del proyecto adopte medidas de mitigación, compensación o reparación apropiadas”.\n\nAdemás, se deja claro que al no poderse prever todas las externalidades negativas de los eventuales proyectos, el legislador no ha establecido un estándar fijo de evaluación, sino que su diseño se entrega a los órganos evaluadores y a los tribunales especiales. “El sistema debe tender a una estabilidad que dé certeza, en términos de permitir planificar adecuadamente los nuevos proyectos de inversión”.\n\n<em><strong>Directrices entregadas por los ministros\n</strong></em>Entre los aspectos destacados por los jueces están, además, los lineamientos y observaciones que entrega el tribunal con el fin ampliar y/o relevar elementos complementarios que puedan tener un espacio de discusión en sede administrativa.\n\nUna de las directrices más importantes entregadas dice relación con la creación del Centro de Estudios Científicos, que en un primer momento se llamó “Casa de Mar” y que a juicio de los ministros debiera tener un mayor alcance como “Centro de Investigación y Estudios Socioambientales Aplicados de la comuna de La Higuera” que sea integrado por un equipo multidisciplinario de expertos del área de las ciencias naturales, socioeconómicas y ambientales.\n\n“A juicio de este tribunal existe una instancia o ámbito de acción interesante para que se ejecuten líneas de investigación científica de excelencia que permitan incrementar el conocimiento de los ecosistemas marinos costeros y los factores que podrían afectar su funcionamiento, teniendo como eje central el Pingüino de Humboldt, “Pato Yunco”, cetáceos mayores o menores”, dice la sentencia.\n\nTambién, se establece que este centro debiera estudiar los ecosistemas del medio biótico marino y terrestre; el medio humano y el paisaje presente en la comuna de La Higuera y en el Sistema de Bahías de Coquimbo. Además, se plantea que este centro desarrolle líneas de trabajo en cuatro ámbitos: investigación, educación ambiental, protección y manejo y difusión y comunicación\n\nOtro punto, es la incorporación de medidas de mitigación más innovadoras como medida de compensación en el proceso de nidificación del Pingüino de Humboldt como el manejo de especies en cautiverio y la evaluación del efecto atrayente de las luminarias de las barreras eólicas y de la infraestructura portuaria sobre la avifauna marina, ya que esta materia no fue relevada por la empresa durante la evaluación ambiental, por lo que los ministros advierten que existe una oportunidad de complementar la información técnica y evaluar adecuadamente los potenciales impactos.\n\nLos jueces establecieron que se deberá determinar con total claridad el mecanismo vinculante que tengan las decisiones del centro de investigación. Esto, pretende que “si la situación lo amerita”, se materialicen las medidas de mitigación, restauración y/o compensación ambiental de tal manera que ellas formen parte integral de los compromisos asumidos en la Resolución de Calificación Ambiental, RCA, del proyecto.\n\n<em><strong>Proyecto</strong></em>\nEl proyecto minero portuario Dominga se ubica en la comuna de La Higuera en la Región de Coquimbo y contempla la extracción y procesamiento de hierro y cobre con una inversión de 2.500 millones de dólares.\n\n<em><strong>Evaluación ambiental del proyecto\n</strong></em>La evaluación ambiental del proyecto duró cuatro años y contó con tres procesos de participación ciudadana con 24 actividades y con una asistencia promedio de más de 700 personas.\n\nSe presentaron cuatro Adendas. Se hicieron más de 1.200 observaciones ciudadanas: 345 al EIA; 34 observaciones a la Adenda N°1 y 852 a la Adenda N°3.\n\n<strong>Antecedentes</strong>\n<ul>\n 	<li>Septiembre de 2013: El proyecto Dominga de la empresa Andes Iron ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.</li>\n 	<li>9 de marzo 2017: votación regional que determinó el rechazo del proyecto Dominga. Entre las razones estaban que se argumentó que el proyecto ponía en riesgo las reservas marinas de la zona, no daba certeza si el proyecto impactaría al medioambiente de manera significativa y por presentar medidas de mitigación insuficientes, entre otras razones.</li>\n 	<li>La empresa Andes Iron anunció que recurriría al Comité de Ministros.</li>\n 	<li>21 de agosto de 2017: El Comité de Ministros concluyó que la iniciativa no era viable y en votación dividida confirmó el rechazo.</li>\n 	<li>Terminó así la fase administrativa de la evaluación ambiental.</li>\n 	<li>1 de diciembre de 2017: Comienza la etapa jurisdiccional con la presentación de Andes Iron de un recurso de reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental, alegando que el rechazo había sido ilegal.</li>\n 	<li>Entre el 23 y 25 de enero de 2018 en Antofagasta se llevaron a cabo 3 jornadas de audiencias por la reclamación caratulada como R-1-2017 en la que participaron el reclamante Andes Iron y el reclamado SEA, además de 3 terceros coadyuvantes por la parte reclamante y 4 terceros coadyuvantes por la parte reclamada y 2 terceros independientes. En total 11 abogados representantes.</li>\n 	<li>Entre el 7 y 9 de febrero de 2018: el Primer Tribunal Ambiental realiza visita inspectiva como medida para mejor resolver. La diligencia contempló un recorrido terrestre y marítimo por la comuna de La Higuera.</li>\n 	<li>Abril de 2018: el Primer Tribunal Ambiental dicta sentencia en la que se ordena que el proyecto vuelva a votarse en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, por estimar que el rechazo en dicha instancia no cumplió con las formalidades y debe “ajustarse a derecho”.</li>\n 	<li>Las organizaciones de pescadores, medioambientales y personas particulares presentaron un recurso de casación ante la Corte Suprema con el fin de anular la sentencia del Primer Tribunal Ambiental.</li>\n 	<li>Septiembre de 2019: Corte Suprema acoge tres recursos de casación y ordena al tribunal que con ministros no inhabilitados vea la causa. Además, indica que deben pronunciarse sobre el “fondo”, es decir sobre los aspectos ambientales y técnicos.</li>\n 	<li>3 y 4 de marzo de 2020 se efectuó la audiencia de alegatos. La causa queda en estudio.</li>\n 	<li>23 de julio de 2020 la causa queda en Acuerdo y la causa comienza a ser redactada por el ministro Juan Opazo.</li>\n</ul>\nAquí puedes leer la sentencia completa <a href=\"https://causas.1ta.cl/causes/4/expedient/4148/books/10/?attachmentId=6758\">https://causas.1ta.cl/causes/4/expedient/4148/books/10/?attachmentId=6758</a>\n\n&nbsp;', 'Ministros del Tribunal Ambiental acogen reclamación a favor del proyecto minero Dominga', '', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'ministros-del-tribunal-ambiental-acogen-reclamacion-a-favor-de-proyecto-minero-dominga', '', '', '2026-03-08 20:59:46', '2026-03-08 20:59:46', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14031', 0, 'post', '', 0),
(14049, 1, '2021-04-17 12:55:58', '2021-04-17 15:55:58', '<img class=\"alignnone size-full wp-image-14050\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Adhesi%C3%B3n-Red.jpg\" alt=\"\" width=\"1280\" height=\"800\" />\n<ul>\n 	<li><em><strong>“Queremos cumplir una mejor función pública y jurisdiccional con un lenguaje que permita que toda la ciudadanía entienda nuestros actos”, dijo el ministro presidente del Primer Tribunal Ambiental, Mauricio Oviedo.</strong></em></li>\n 	<li><em><strong>Con esta adhesión el Primer Tribunal Ambiental se suma al trabajo iniciado por el Tercer Tribunal Ambiental el año 2018.</strong></em></li>\n</ul>\nCon el fin de avanzar en un mejor entendimiento por parte de la ciudadanía de las sentencias, así como del rol y funciones, el Primer Tribunal Ambiental se sumó a la Red de Lenguaje Claro Chile, instancia que promueve, difunde y facilita el uso del lenguaje claro en distintas instituciones.\n\nLa incorporación del tribunal a la red se efectuó en la actividad “Buenas Prácticas en Lenguaje Claro”, organizada por los miembros plenos de la agrupación, que estuvo dirigida a dar la bienvenida a los nuevos asociados y compartir experiencia respecto al uso del lenguaje claro en las instituciones.\n\nEn la ocasión, el ministro presidente del Primer Tribunal Ambiental valoró ser parte de la red y dijo que es primordial “acercar a la ciudadanía, fortalecer la democracia, disminuir las desigualdades y fortalecer el acceso a la justicia ambiental”.\n\nTambién, destacó el doble desafío de los tribunales ambientales en no sólo adaptar el lenguaje jurídico, sino también el lenguaje técnico científico, al ser órganos jurisdiccionales conformados por ministros abogados y licenciados en ciencias.\n\n“Es prioritario trabajar para que la justicia ambiental esté al alcance de todos los ciudadanos y para ello el lenguaje claro es la mejor herramienta para incentivar la participación, el entendimiento y la democracia ambiental”, aseguró.\n\nRespecto al trabajo que desarrollará el tribunal, el ministro presidente explicó que ya se están efectuando acciones en el ámbito interno y comunicacional para que “todas las sentencias, actos, resoluciones, funciones y todos nuestros mensajes sean entendidos por toda la comunidad”.\n\nAl terminar sus palabras Oviedo agradeció a la doctora Claudia Poblete, quien sensibilizó al equipo en la importancia del lenguaje claro y el derecho de las personas a entender la ley y la justicia.\n\nCon esta adhesión el Primer Tribunal Ambiental se suma al trabajo iniciado por el Tercer Tribunal Ambiental el año 2018.\n\nLa actividad contó además con la presencia del fiscal nacional, Jorge Abbott Charme; la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente; el defensor nacional (s) Marco Montero Cid; el superintendente de Salud, Patricio Fernández; el director de la Biblioteca del Congreso Nacional, Alfonso Pérez Guíñez; el director general de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, Gastón Gauché y la decana de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, María Graciela Brantt.\n\n&nbsp;', 'Primer Tribunal Ambiental se une a la Red de Lenguaje Claro', '', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'primer-tribunal-ambiental-se-une-a-la-red-de-lenguaje-claro', '', '', '2021-04-17 12:55:58', '2021-04-17 15:55:58', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14049', 0, 'post', '', 0);
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(14054, 1, '2021-04-18 22:47:19', '2021-04-19 01:47:19', '<img class=\"aligncenter wp-image-14056 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/IMG_8878.jpg\" alt=\"\" width=\"1093\" height=\"820\" />\n\nUn proceso inédito como “amigable componedor” llevará a cabo el Primer Tribunal Ambiental, desde mañana y hasta el miércoles, en la conciliación que se inició en el marco de la causa de demanda por reparación de daño ambiental en contra de Minera Escondida.\n\nEl rol solicitado al tribunal por el Consejo de Defensa del Estado, CDE, la compañía minera y las comunidades atacameñas que se hicieron parte en la causa, tiene como fin dar legitimidad al proceso de negociación y llegar con una propuesta acordada a la audiencia del próximo 27 de abril.\n\nLa actuación del tribunal comenzará mañana, lunes19 de abril, en San Pedro de Atacama, hasta donde llegará el ministro en ciencias Marcelo Hernández quien va a liderar y facilitar la instancia de conversación entre el Consejo de Defensa del Estado, como ente demandante; la empresa minera, como demandado y la Comunidad Indígena Atacameña de Peine y la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños.\n\nEn este proceso, que tendrá una mirada multicultural, se van a revisar las medidas presentadas por el tribunal en las bases de conciliación, como las contrapropuestas de los actores con el fin de que las partes avancen en la resolución de la controversia que se originó por la demanda interpuesta por el CDE, debido a los efectos asociados al descenso del acuífero del Salar de Punta Negra, resultado de la extracción de agua que efectuó la minera para sus procesos productivos desde 1990 hasta el 2017.\n\nEl documento, en el que ya estuvieron trabajando los involucrados en el proceso, cuenta con 19 medidas relacionadas con la gestión socioambiental que contempla temas de gobernanza, gestión ambiental y puesta en valor. Además, las relacionadas con la compensación y reparación del daño ambiental, que involucran el diagnóstico territorial, estudios técnicos, ejecución compensatoria y recuperación del medioambiente.\n\n<em><strong>Amigable componedor\n</strong></em>El rol de “amigable componedor” en las instancias de demandas por reparación de daño ambiental tiene relación con ser el facilitador de la controversia. En esta causa, son las partes las que le solicitan el tribunal actuar con el fin de acercar las posiciones que permitan llegar a la conciliación.\n\nRespecto a las conciliaciones, el tribunal ya ha propuesto bases en causas tan importantes como la en contra de Codelco Salvador, Pascua Lama, entre otras. Este es un trabajo exhaustivo que realiza el órgano colegiado con el fin de resguardar el daño ocasionado.\n\n<em><strong>Demanda</strong></em>\nEn la demanda, que fue acogida a trámite en abril del año pasado el Consejo de Defensa del Estado estableció que el daño ambiental causado por la minera se funda en siete aspectos: disminución severa de los niveles del acuífero del salar, lo que compromete su regeneración; el deterioro o menoscabo de sustrato salino; la pérdida total o parcial de los bofedales y su vegetación; la pérdida del ecosistema particular del salar; la modificación o pérdida  del hábitat lo que afecta la fauna; la pérdida de servicios ecosistémicos y la pérdida de biodiversidad.\n\n<em><strong>Salar</strong></em>\nEl Salar de Punta Negra se ubica a 170 km. al sureste de Antofagasta y tiene una superficie de 250 km2. Se trata de una cuenca del tipo endorreica que se caracteriza por tener grandes variaciones morfológicas, climatológicas y geológicas, que albergan una delicada y única riqueza de biodiversidad, como también ha sido espacio de trashumancia de comunidades indígenas atacameñas.\n\nEstá compuesto por vegas, canales y lagunas (VCL), donde se han registrado 47 especies de aves, 51 especies de plantas, 13 especies de mamíferos y 7 especies de reptiles, mientras que en los VCL se albergan micro crustáceos, nemátodos, insectos y algas. La fauna incluye, entre otros, distintas especies de flamencos, patos, aguiluchos, halcones, tórtolas, lechuzas, perdicitas, zorros, vicuñas, roedores de distintas especies, lagartijas e insectos.\n\n&nbsp;', 'Primer Tribunal Ambiental actuará como amigable componedor en demanda de daño ambiental en contra de Minera Escondida', '', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'primer-tribunal-ambiental-actuara-como-amigable-componedor-en-causa-de-demanda-por-reparacion-de-dano-ambiental-en-contra-de-minera-escondida', '', '', '2021-04-18 22:47:19', '2021-04-19 01:47:19', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14054', 0, 'post', '', 0),
(14062, 1, '2021-04-20 14:16:08', '2021-04-20 17:16:08', '<img class=\"alignnone size-full wp-image-14065\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/IMG_4153.jpg\" alt=\"\" width=\"3120\" height=\"2080\" />\n<ul>\n 	<li><em><strong>El trabajo se realiza sobre las bases de conciliación entregadas por el tribunal y la instancia es encabezada por el ministro en ciencias del tribunal, Marcelo Hernández Rojas.</strong></em></li>\n</ul>\nCon una ceremonia de agradecimiento a la tierra comenzó, ayer, en San Pedro de Atacama, el proceso de “amigable componedor” que lleva adelante el Primer Tribunal Ambiental en el marco de la demanda de reparación por daño ambiental en contra de Minera Escondida.\n\nLa actuación del tribunal fue convocada por el Consejo de Defensa del Estado, como ente demandante; la empresa minera, como demandado;  la Comunidad Indígena Atacameña de Peine y la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños, quienes se han hecho parte para apoyar la demanda del ente estatal.\n\n“Se trata de un proceso inédito, ya que es primera vez que un tribunal ambiental es convocado para trabajar con las partes involucradas con el fin de avanzar en el proceso de conciliación antes de la audiencia que se efectuará el próximo 27 de abril”, explicó el ministro que encabeza la instancia, Marcelo Hernández Rojas.\n\nEn este proceso, que tiene una mirada multicultural, los involucrados comenzaron a revisar cada una de las 19 medidas presentadas por el tribunal en las bases de conciliación.  En la primera jornada se analizaron las medidas de gestión socioambiental que tienen relación con la gobernanza y gestión ambiental.\n\nEl ministro valoró la voluntad de las partes para avanzar en una conciliación y el diálogo que se ha ido estableciendo. “Ha habido un clima participativo, inclusivo y de co-construcción que permitirán avanzar en medidas de restauración del medioambiente y de construcción de una nueva gobernanza del Salar de Punta Negra”, concluyó el ministro.\n\nPara la jornada de este martes está programada la revisión de las medias de compensación del daño ambiental y la instancia finaliza el miércoles, jornada en la que se van a consensuar las medidas de reparación.\n\nEl documento, en el que ya estuvieron trabajando los involucrados en el proceso, cuenta con 19 medidas relacionadas con la gestión socioambiental que contempla temas de gobernanza, gestión ambiental y puesta en valor. Además, las relacionadas con la compensación y reparación del daño ambiental, que involucran el diagnóstico territorial, estudios técnicos, ejecución compensatoria y recuperación del medioambiente.\n\n<em><strong>Amigable componedor\n</strong></em>El rol de “amigable componedor” en las instancias de demandas por reparación de daño ambiental tiene relación con ser el facilitador de la controversia. En esta causa, son las partes las que le solicitan el tribunal actuar con el fin de acercar las posiciones que permitan llegar a la conciliación.\n\nRespecto a las conciliaciones, el tribunal ya ha propuesto bases en causas tan importantes como la en contra de Codelco Salvador, Pascua Lama, entre otras. Este es un trabajo exhaustivo que realiza el órgano colegiado con el fin de resguardar el daño ocasionado.\n\n<em><strong>Demanda</strong></em>\nRecordemos que la instancia se enmarca en la demanda interpuesta por el CDE, debido a los efectos asociados al descenso del acuífero del Salar de Punta Negra, resultado de la extracción de agua que efectuó la minera para sus procesos productivos desde 1990 hasta el 2017.\n\nEn la demanda, que fue acogida a trámite en abril del año pasado el Consejo de Defensa del Estado estableció que el daño ambiental causado por la minera se funda en siete aspectos: disminución severa de los niveles del acuífero del salar, lo que compromete su regeneración; el deterioro o menoscabo de sustrato salino; la pérdida total o parcial de los bofedales y su vegetación; la pérdida del ecosistema particular del salar; la modificación o pérdida  del hábitat lo que afecta la fauna; la pérdida de servicios ecosistémicos y la pérdida de biodiversidad.\n\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-14063\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/IMG_4045.jpg\" alt=\"\" width=\"3120\" height=\"2080\" />\n\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-14067\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/IMG_4321.jpg\" alt=\"\" width=\"3120\" height=\"2080\" />\n\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-14068\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/IMG_4294.jpg\" alt=\"\" width=\"3120\" height=\"2080\" /><img class=\"alignnone size-full wp-image-14073\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/IMG_4210.jpg\" alt=\"\" width=\"3120\" height=\"2080\" />\n\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-14069\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/IMG_4264.jpg\" alt=\"\" width=\"3120\" height=\"2080\" />\n\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-14071\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/IMG_4140.jpg\" alt=\"\" width=\"3120\" height=\"2080\" />\n\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-14066\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/IMG_4271.jpg\" alt=\"\" width=\"3120\" height=\"2080\" />\n\n&nbsp;', 'Primer Tribunal Ambiental inicia proceso como amigable componedor en demanda de daño ambiental en contra de Minera Escondida', '', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'primer-tribunal-ambiental-inicia-proceso-como-amigable-componedor-en-demanda-de-dano-ambiental-en-contra-de-minera-escondida', '', '', '2021-04-20 14:16:08', '2021-04-20 17:16:08', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14062', 0, 'post', '', 0),
(14075, 1, '2021-04-21 14:21:23', '2021-04-21 17:21:23', '<img class=\"aligncenter wp-image-14076\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Ri%CC%81o-Jorquera-territorio.jpeg\" alt=\"\" width=\"758\" height=\"568\" />\n<ul>\n 	<li><strong><em>Se acoge reclamación de comunidad indígena Colla y ordena una nueva evaluación del proyecto, esta vez a través de un Estudio de Impacto Ambiental, EIA.</em></strong></li>\n</ul>\nPor la alteración significativa que el proyecto “Prospección Minera Norte Abierto sector Caspiche” podría provocar en el sistema de vida y costumbres de los miembros de la comunidad indígena Colla Río Jorquera y sus Afluentes, el Primer Tribunal Ambiental determinó, la realización de un proceso de consulta indígena y una nueva evaluación ambiental.\n\nPor unanimidad, los ministros Mauricio Oviedo (presidente), Marcelo Hernández y Jasna Pavlich acogieron, hoy,  la reclamación de Roberto Salinas Cortés y la comunidad indígena Colla Río Jorquera y sus Afluentes, en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, por la calificación favorable del proyecto de prospección minera.\n\nLa determinación tiene como fundamento la susceptibilidad de afectación que representan las diversas actividades y obras del proyecto sobre la comunidad indígena y su sistema de vida y costumbres en función de la ubicación del campamento de la minera, la perforación de 334 pozos de sondaje y las rutas y caminos a utilizar, todo lo cual se emplaza en el territorio habitado ancestralmente por la comunidad.\n\n“El solo hecho de una susceptibilidad de afectación hace que proceda la consulta indígena en un proceso de evaluación ambiental porque existe una evidente interacción entre el proyecto y las tierras y actividades de la comunidad Colla”, detalló el ministro redactor Mauricio Oviedo, y agregó que “es la diversidad cultural o, para otros, el multiculturalismo, el objeto de protección final del Convenio 169 y de toda la normativa interna desplegada que exige una protección no restrictiva de nuestro derecho”.\n\nTambién, en la sentencia los jueces determinaron que  el proyecto debe ingresar nuevamente a evaluación, esta vez, a través de un Estudio de Impacto Ambiental, EIA, ya que el tráfico permanente de vehículos de la empresa minera por las mismas rutas ancestrales de los comuneros podría generar impactos.\n\nRespecto a la consulta indígena, el ministro Mauricio Oviedo, explicó que “analizados los antecedentes de la evaluación ambiental es posible advertir que existe evidencia irrefutable de susceptibilidad de afectación directa a un grupo humano perteneciente a un pueblo indígena, razón por la cual es necesario implementar el procedimiento de consulta indígena bajo los estándares previstos en el Convenio Nº169 de la OIT”.\n\nAdemás, aseguró que “es indudable la alta probabilidad de perturbación que el proyecto podría provocar a la comunidad indígena ya que se emplaza en sus territorios, en el lugar donde efectúan actividades de trashumancia, recolección de hierbas medicinales, pastoreo, entre otras”.\n\nPara los jueces que analizaron la causa, la alteración al estilo de vida trashumante de la comunidad indígena no fue correctamete evaluada por el SEA, ya que entre las costumbres de este pueblo está el traslado de su ganado hacia distintos sectores de vegas, veranadas e invernadas, lo que se verá afectado por el tráfico permanente y continuo de vehículos motorizados de distinta magnitud durante cuatro años.\n\n<strong><em>Proyecto</em></strong><strong><em>\n</em></strong>El proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, mediante una Declaración de Impacto Ambiental, DIA, el 3 de julio de 2018, y fue calificado ambientalmente favorable a través de la Resolución Exenta N°009 de fecha 6 de febrero de 2019 de la Comisión de Evaluación de la Región de Atacama.\n\nSe localiza en la Región de Atacama, comuna de Tierra Amarilla y el objetivo general es la realización de campañas de prospección minera en el sector Caspiche a través de sondajes del tipo aire reverso y/o diamantina. El Proyecto, además, considera la construcción de un campamento con capacidad para 200 personas.\n\nLas principales obras, partes y acciones se ejecutarán en 3 áreas: plataformas, campamento y sector de exclusión ambiental.Considera una vida útil de 4 años y 2 meses (1 mes fase de construcción, 4 años fase de operación y 1 mes fase de cierre).\n\nLe invitamos a leer la sentencia en el siguiente enlace <a href=\"https://causas.1ta.cl/causes/172/expedient/4153/books/114/?attachmentId=6764\">https://causas.1ta.cl/causes/172/expedient/4153/books/114/?attachmentId=6764</a>\n\n&nbsp;\n\n&nbsp;', 'Primer Tribunal Ambiental ordena realización de consulta indígena y nueva evaluación de proyecto de prospección de Minera Norte Abierto', 'La determinación tiene como fundamento la susceptibilidad de afectación que representan las diversas actividades y obras del proyecto sobre la comunidad indígena y su sistema de vida y costumbres en función de la ubicación del campamento de la minera, la perforación de 334 pozos de sondaje y las rutas y caminos a utilizar, todo lo cual se emplaza en el territorio habitado ancestralmente por la comunidad.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'primer-tribunal-ambiental-ordena-realizacion-de-consulta-indigena-y-nueva-evaluacion-de-proyecto-de-prospeccion-de-minera-norte-abierto', '', '', '2021-04-21 14:21:23', '2021-04-21 17:21:23', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14075', 0, 'post', '', 0),
(14096, 1, '2021-04-29 10:43:28', '2021-04-29 13:43:28', '<img class=\"aligncenter wp-image-14097 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Captura-de-pantalla-1706.png\" alt=\"\" width=\"1200\" height=\"646\" />\n<ul>\n 	<li><em><strong>El Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Pontificia Universidad Católica de Chile; la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad de La Serena han sido las instituciones con las cuales el Tribunal ha renovado convenios de colaboración.</strong></em></li>\n</ul>\nLa renovación y firma de importantes convenios con destacadas universidades ha llevado a cabo el Primer Tribunal Ambiental, con el fin de fortalecer el trabajo y colaboración interinstitucional.\n\nLos convenios firmados con el Centro de Derecho y Gestión de Aguas, CDGA, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad de La Serena permitirán, tanto a las casas de estudio como al Tribunal, la realización de diversas actividades conjuntas, entre ellas capacitaciones, estudios, proyectos, investigaciones y desarrollo de acciones que permitan fortalecer la justicia ambiental.\n\nEl ministro presidente del Primer Tribunal Ambiental, Mauricio Oviedo, resaltó el trabajo que se viene realizando con las universidades como una pieza central en la colaboración interinstitucional. “Es fundamental intercambiar visiones y fortalecer el desarrollo institucional.  Para el Tribunal es de primera necesidad ir a la vanguardia en el conocimiento de las distintas temáticas ambientales que se van discutiendo en universidades y una visión más integradora, así como también para las casas de estudio resulta muy enriquecedor conocer de primera fuente la forma en que realizamos nuestro trabajo”, aseguró.\n\nEl primer acuerdo se firmó con el CDGA y permitirá a ambas instituciones potenciar el conocimiento respecto de las problemáticas medioambientales que se generan en torno a uno de los bienes más preciados en la macrozona norte como lo es el agua, y de esa manera conocer las mejores técnicas disponibles para su adecuada gestión y conservación.\n\nAsimismo, el convenio con las universidades Alberto Hurtado y de La Serena, también promoverá el desarrollo mutuo en torno a temáticas y programas ambientales que desarrollan dichas casas de estudio.\n\nAdemás, estos convenios contemplan la incorporación de estudiantes de las universidades para la realización de tesis y pasantías en el órgano colegiado.\n\n&nbsp;\n\n&nbsp;', 'Primer Tribunal Ambiental renueva trabajo interinstitucional con Universidades', 'El Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Pontificia Universidad Católica de Chile; la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad de La Serena han sido las instituciones con las cuales el Tribunal ha renovado convenios de colaboración.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'primer-tribunal-ambiental-renueva-trabajo-interinstitucional-con-universidades', '', '', '2021-04-29 10:43:28', '2021-04-29 13:43:28', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14096', 0, 'post', '', 0),
(14164, 1, '2021-05-07 10:52:03', '2021-05-07 13:52:03', '<img class=\"aligncenter wp-image-14165 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Captura-de-pantalla-3128.png\" alt=\"\" width=\"1173\" height=\"643\" />\n\nLuego de la audiencia de alegatos, el Primer Tribunal Ambiental determinó, el pasado miércoles, dejar en estudio la reclamación interpuesta por agricultores del valle de Copiapó en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente, SMA, por la aprobación del Programa de Cumplimiento, PdC, de minera Caserones de Lumina Copper.\n\nEl PdC se presentó luego de la formulación a la minera, de 18 cargos por infracciones a normativas ambientales que fueron comprometidas cuando se aprobó el proyecto.\n\nEn la audiencia, los abogados tanto de los agricultores como parte reclamante; de la Superintendencia de Medio Ambiente, SMA, como reclamada y de la empresa minera, expusieron sus fundamentos ante la sala conformada por los ministros Mauricio Oviedo (presidente), Marcelo Hernández y Juan Opazo.\n\nRespecto al análisis de la controversia, ésta se basa en que el organismo fiscalizador dejó fuera del programa de cumplimiento dos cargos graves causantes de daño ambiental y lo aprobó solo con las medidas referentes a 16 infracciones.\n\nPara el abogado de los agricultores, Sebastián Leiva, el actuar de la SMA no es legítimo ya que no existe una norma que autorice a la SMA a desagregar un PdC, además, de ser un instrumento que busca que el infractor vuelva a cumplimiento y luego se haga responsable de los daños.\n\n“Se le está permitiendo a la empresa obtener una nueva Resolución de Calificación Ambiental, RCA, que le de legalidad para operar de manera permanente con su plan de remediación. Se le permite remediar y regularizar a través de un Estudio de Impacto Ambiental, EIA, su mal funcionamiento”, aseguró.\n\nRespecto a lo anterior, la abogada de la Superintendencia del Medio Ambiente, Pamela Torres, dijo que “no se trata de un alegato contra la evaluación ambiental, sino que se está revisando si la aprobación del programa de cumplimiento cumplió o no con los requisitos legales y se ajusta a la normativa vigente”.\n\nLa abogada justificó la decisión de la SMA porque explicó que el PdC es improcedente respecto de infracciones que contemplen daño ambiental. “La institucionalidad ambiental contempla otros mecanismos para la adecuada reparación del medioambiente dañado”, aseguró.\n\nEn su alegato, Torres dio a conocer los detalles de un programa de cumplimiento y la diferencia con lo que es el plan de reparación y explicó que la reparación va más allá de lo previsto en una Resolución de Calificación Ambiental, RCA.\n\n“Lo que nos entrega el sancionatorio es una claridad de la reparabilidad o irreparabilidad del daño”, afirmó la abogada y explicó que el PdC es voluntario y tiene como objetivo proteger al medioambiente y el plan de cumplimiento reparar el daño causado. “El estándar probatorio de cada una de las infracciones es distinto y determina la procedencia de uno u otro”, enfatizó.\n\nNo obstante, lo indicado por la SMA, el abogado reclamante acusó a la empresa de operar de forma contumaz al efectuar una extracción ilegal de agua de los pozos de forma constante y les solicitó el cumplimiento de su calificación ambiental “para que se puedan realizar las actividades de asentamiento humano y las actividades agrícolas en armonía”.\n\nLa abogada de la empresa  Cecilia Urbina, aseguró que la compañía ha presentado un programa de cumplimiento robusto que aborda los 16 cargos, con 51 acciones y 211 verificadores, cuyo costo asciende a los 46 millones de dólares.\n\nReconoció los incumplimientos y explicó que se debieron a que efectivamente hubo infiltraciones de relaves a los acuíferos, pero que el PdC se hace cargo de ello y salvaguardan el recurso hídrico.\n\nUrbina detalló que efectivamente para controlar la contaminación hubo un incumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental, a través de la operación de 4 pozos que permitieron recuperar el material contaminado antes de su avance.\n\nExplicó que los pozos son necesarios para el control de las infiltraciones y dijo que aun así, la empresa no están utilizando todos su derechos de agua. Además, aseguró que se busca hacerse cargo de los impactos no previstos por lo que comenzó a trabajar en el EIA que busca evaluar el nuevo sistema de infiltración.\n\nProgramas de Cumplimiento\n\nLos programas de cumplimiento son un plan de acciones y metas que presenta un infractor ante la SMA para cumplir nuevamente con la normativa ambiental, ya que es función de este organismo garantizar el cumplimiento de la regulación ambiental.\n\nEl PdC debe tener a lo menos una descripción de los hechos que constituyen la infracción, un plan de acciones y metas; el plan de seguimiento, indicadores y remisión de informes.\n\n<em><strong>Caserones</strong></em>\nEl proyecto se emplaza en la comuna de Tierra Amarilla, provincia de Copiapó en la Región de Atacama, a aproximadamente 160 km. Al sureste de Copiapó, a una altura media de 4.300 metros sobre el nivel del mar.\n\nSe trata de un proyecto minero de Sociedad Minera Lumina Copper Chile de rajo abierto de producción de concentrado de cobre y molibdeno, cuya vida operativa es de 28 años.\n\n&nbsp;\n\n<iframe title=\"YouTube video player\" src=\"https://www.youtube.com/embed/4P5sWLJC5NA\" width=\"560\" height=\"315\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"></iframe>\n\n&nbsp;', 'En estudio quedó reclamación en contra de aprobación de Programa de Cumplimiento de Minera Caserones', 'Respecto al análisis de la controversia, ésta se basa en que el organismo fiscalizador dejó fuera del programa de cumplimiento dos cargos graves causantes de daño ambiental y lo aprobó solo con las medidas referentes a 16 infracciones.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'en-estudio-quedo-reclamacion-en-contra-de-aprobacion-de-programa-de-cumplimiento-de-minera-caserones', '', '', '2021-05-07 10:52:03', '2021-05-07 13:52:03', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14164', 0, 'post', '', 0),
(14204, 1, '2021-05-11 01:22:51', '2021-05-11 04:22:51', '<img class=\"aligncenter wp-image-14212 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Crema-Rosa-D%C3%ADa-de-la-Madre-Acuarela-Publicaci%C3%B3n-de-Instagram.png\" alt=\"\" width=\"783\" height=\"783\" />\n<ul>\n 	<li><em><strong>Las postulaciones se pueden realizar hasta el viernes 28 de mayo.</strong></em></li>\n</ul>\nUna nueva convocatoria a pasantías que se efectuarán el segundo semestre, está realizando el Primer Tribunal Ambiental para las áreas judicial, ciencias y Unida de Estudio.\n\nLas pasantías se ofrecen a estudiantes de cuarto y quinto año egresados o licenciados de las carreras de derecho, ciencias de la ingeniería, ambientales, sociología, antropología u otras afines.\n\nDebido a la situación sanitaria producto de la pandemia, los pasantes realizarán la labor de manera remota desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2021 con una duración máxima de tres meses en modalidad de tiempo completo o parcial.\n\nPara facilitar la presentación de antecedentes, se ha puesto a disposición de los interesados un link de postulación: <a href=\"https://forms.gle/dgT4XebLHC7hDUqB6\">https://forms.gle/dgT4XebLHC7hDUqB6</a> en el cual deben llenar los datos indicados y cargar los documentos requeridos en un solo archivo PDF.\n\nEntre los documentos que se deberán presentar está el currículo vitae actualizado, una carta de interés indicando las motivaciones para participar en el proceso, certificados de nacimiento, de antecedentes y de alumno regular, así como una carta de patrocinio de la universidad.\n\nTe invitamos a conocer cada una de las áreas:\n\n<strong>Área Judicial</strong>\nA esta área integrada por abogados que desempeñan la función de relatores, le corresponde la administración y gestión del expediente judicial, proponiendo resoluciones judiciales y apoyando la redacción de sentencias. Dentro de sus funciones, además de las establecidas por el Código Orgánico de Tribunales, está la de asesorar a los ministros y realizar análisis de las causas que debe resolver el tribunal, elaborando distinto tipo de productos.\n\n<strong>Área de Ciencias</strong>\nEs un área encargada de asesorar a los Ministros y equipo jurídico en general, desde el punto de vista científico- técnico ambiental, en las materias que les son consultadas. En el marco de dicha función, se elaboran reportes técnicos, informes, minutas asociados a estudios científico-técnicos, en el ámbito de las ciencias ambientales, entre otras funciones.\n\n<strong>Unidad de Estudios</strong>\nLa Unidad de Estudios es un área de soporte encargada de desarrollar investigación jurídica en materias vinculadas a la justicia ambiental y su regulación, en el marco de las competencias de los tribunales ambientales. Además de ello, gestiona el conocimiento, a través del desarrollo de procesos de levantamiento, análisis, almacenamiento y difusión de información, con el objetivo de contribuir en la toma de decisiones, entre otras diversas funciones.\n\nRevise el reglamento de pasantía <a href=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Reglamento-Pasanti%CC%81as-1TA.pdf\">https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Reglamento-Pasanti%CC%81as-1TA.pdf</a>\n\nRevise la convocatoria:\n\n<a href=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Convocatoria-a-pasant%C3%ADas_-Segundo-llamado-a%C3%B1o-2021-2.pdf\">Convocatoria a pasantías_ Segundo llamado año 2021 (2)</a>\n\n&nbsp;\n\n&nbsp;', 'Primer Tribunal Ambiental realiza segundo llamado a pasantías', '', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'primer-tribunal-ambiental-realiza-segundo-llamado-a-pasantias', '', '', '2021-05-11 01:22:51', '2021-05-11 04:22:51', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14204', 0, 'post', '', 0),
(14240, 1, '2021-05-13 10:45:18', '2021-05-13 13:45:18', '<img class=\"aligncenter wp-image-14241 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/DSC_0527.jpg\" alt=\"\" width=\"748\" height=\"498\" />\n<ul>\n 	<li><em><strong>El máximo tribunal estableció que está acreditado que la iniciativa fotovoltaica no afectará el humedal Parrasía Encon en los términos previstos en la ley 19.300 de Bases Generales de Medio Ambiente.</strong></em></li>\n</ul>\nPor unanimidad la Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó, el pasado martes, el recurso de casación presentado por la Municipalidad de San Felipe en contra de la sentencia del Primer Tribunal Ambiental que rechazó la reclamación contra el proyecto fotovoltaico Encon Solar.\n\nCon esta decisión del máximo tribunal queda a firme el fallo del tribunal ambiental con sede en Antofagasta el que estableció que el proyecto no genera efectos significativos sobre los recursos naturales renovables y no afecta al humedal Parrasía Encon.\n\n“Esta Corte Suprema no tuvo por demostrado en esa ocasión, como sostiene el recurrente, que el proyecto de que se trata fuera a causar impactos o efectos negativos en el humedal de que se trata, sino, únicamente, que la Municipalidad de San Felipe se hallaba legitimada para interponer la reclamación de marras”, dice la sentencia.\n\nEs importante mencionar que en el fallo que dictó el tribunal ambiental en octubre de 2019 se dictan una serie de acciones que deben ejecutar coordinadamente el Municipio, la empresa y los Órganos del Estado con competencia ambiental. Lo que se explica porque en visita inspectiva el tribunal evidenció que el humedal se encuentra en una condición de degradación y abandono por causas anteriores no imputables al proyecto.\n\n<em><strong>Proyecto\n</strong></em>El proyecto fotovoltaico Encon Solar se ubica en la comuna de San Felipe, Región de Valparaíso, específicamente en el sector rural ubicado en Encon y sector Punta del Olivo, donde se encuentra emplazado el humedal Parrasía-Encon.\n\nEl objetivo del proyecto es la generación de energía eléctrica a partir de energía solar para lo cual se instaló una planta solar fotovoltaica de 33.600 paneles que tendrán en conjunto un potencial de 9 mega watts que serán conectados al Sistema Interconectado Central.\n\nIngresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, mediante Declaración de Impacto Ambiental, DIA. Fue calificado favorablemente mediante la Resolución de Calificación Ambiental, RCA.\n\n&nbsp;\n\n&nbsp;', 'Corte Suprema confirma fallo de Primer Tribunal Ambiental que rechazó reclamación de Municipalidad de San Felipe por proyecto Encon Solar', 'Con esta decisión del máximo tribunal queda a firme el fallo del tribunal ambiental con sede en Antofagasta el que estableció que el proyecto no genera efectos significativos sobre los recursos naturales renovables y no afecta al humedal Parrasía Encon.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'corte-suprema-confirma-fallo-de-primer-tribunal-ambiental-que-rechazo-reclamacion-de-municipalidad-de-san-felipe-por-proyecto-encon-solar', '', '', '2026-03-08 20:59:46', '2026-03-08 20:59:46', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14240', 0, 'post', '', 0),
(14251, 1, '2021-05-14 17:34:09', '2021-05-14 20:34:09', '<img class=\"aligncenter wp-image-14252 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/IMG_4757.jpg\" alt=\"\" width=\"1035\" height=\"690\" />\n\nUna diligencia en terreno como “amigable componedor” realizó, el miércoles, el Primer Tribunal Ambiental en el marco del proceso de conciliación en la demanda de reparación por daño ambiental en contra de minera Maricunga.\n\nLa causa, fue interpuesta por la Comunidad Indígena Colla del Río Jorquera y sus Afluentes luego del derrame de hidrocarburos en el sector de Rancho Gallo donde la empresa ubica su campamento.\n\nLa actuación del tribunal fue encabezada por el ministro en ciencias, Marcelo Hernández Rojas, y tuvo como fin facilitar el diálogo entre la comunidad Colla y la empresa minera y avanzar en las bases de conciliación entregadas.\n\n“Lo que busca este proceso es la voluntad de las partes para avanzar en forma colaborativa y buen dialogo en hacerse cargo del problema ambiental y su reparación ecosistémica a través de las medidas de la Conciliación”, explicó el ministro a cargo de la diligencia.\n\nTambién, el ministro Hernández recordó que no se puede perder de vista que hubo una afectación ambiental producto del derrame de petróleo y que el rol del tribunal es resguardar la indemnidad de la reparación ambiental, tal como lo establece la ley.\n\nLa abogada de la comunidad Nancy Yáñez, explicó que para sus representados es muy relevante avanzar en la conciliación con las bases entregadas por el tribunal y relevó que la comunidad tiene un objetivo claro que es la restauración del medioambiente.\n\nAsimismo, el abogado de la empresa, Juan José Eyzaguirre, relevó la posibilidad de alcanzar una conciliación y para eso seguir avanzando en el protocolo metodológico en el que ya están trabajando y contempla una mesa de diálogo y la ejecución de estudios de línea base del área de influencia.\n\nLa actividad comenzó con una ceremonia de agradecimiento a la tierra y con ello se dio inicio simbólico a la reparación del medioambiente dañado. Luego, el equipo del tribunal realizó un recorrido por el lugar donde ocurrió el derrame.\n\n<em><strong>Protocolo Metodológico\n</strong></em>El Protocolo Metodológico considera dos etapas sucesivas. La primera destinada a la constitución de una mesa de diálogo entre las partes, avanzar en una gobernanza conjunta y la ejecución de estudios de línea base del área de influencia. La mesa de diálogo está integrada por dos representantes de cada una de las partes y con la participación de la Casa de la Paz como facilitador.\n\nLa segunda tiene por objeto identificar y consensuar las medidas de reparación y/o compensación que puedan resultar aplicables a la luz de los estudios de línea base científica que se desarrollarán en la etapa anterior. Para esto, en primera instancia está el consenso de las medidas de restauración, remediación y compensación que sean necesarias de acuerdo a los resultados de los estudios de línea base, lo que, además, va a comprender el análisis de los aspectos socioculturales. En esta etapa se acordó trabajar con el Departamento de Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Playa Ancha, quienes actuarán como tercero científico.\n\n<img class=\"wp-image-14256 alignleft\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/IMG_4678.jpg\" alt=\"\" width=\"560\" height=\"373\" /><img class=\"aligncenter wp-image-14255 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/IMG_4614.jpg\" alt=\"\" width=\"571\" height=\"381\" />', 'Primer Tribunal Ambiental actúa como “amigable componedor” en demanda ambiental entre Comunidad Indígena Colla contra empresa minera Maricunga', 'La actuación del tribunal fue encabezada por el ministro en ciencias, Marcelo Hernández Rojas, y tuvo como fin facilitar el diálogo entre la comunidad Colla y la empresa minera y avanzar en las bases de conciliación entregadas.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'primer-tribunal-ambiental-actua-como-amigable-componedor-en-demanda-ambiental-entre-comunidad-indigena-colla-contra-empresa-minera-maricunga', '', '', '2021-05-14 17:34:09', '2021-05-14 20:34:09', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14251', 0, 'post', '', 0),
(14262, 1, '2021-05-19 13:19:38', '2021-05-19 16:19:38', '<img class=\"aligncenter wp-image-14264 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/IMG_4958.jpg\" alt=\"\" width=\"1041\" height=\"694\" />\n\nUna visita inspectiva a las instalaciones de la minera Caserones y la zona de influencia del proyecto llevó a cabo el Primer Tribunal Ambiental en el marco de la reclamación interpuesta por agricultores del Valle de Copiapó en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente, SMA, por la aprobación del Programa de Cumplimiento, PdC de la empresa.\n\nLa diligencia judicial, encabezada por el ministro en ciencias, Marcelo Hernández Rojas, tuvo como objetivo central conocer el funcionamiento de la minera, su relave, el sistema de control de infiltraciones y los puntos de monitoreo de calidad del agua, con el fin de recabar antecedentes.\n\nEl ministro Hernández explicó que para el tribunal es fundamental analizar en terreno los puntos en controversia de la causa, con el fin de contar con la información necesaria que permita resolver la reclamación, la que en este caso tiene como foco central los 18 cargos levantados por la SMA contra la minera por infracciones a las normativas ambientales comprometidas en la Resolución de Calificación Ambiental, RCA, que aprobó el proyecto.\n\nEn el recorrido, que comenzó en el mirador del tranque de relave, participaron los abogados, de la Superintendencia de Medio Ambiente, Benjamín Muhr, como parte reclamada; de los agricultores Sebastián Leiva como parte reclamante, acompañado de la presidenta de la Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó (APECO), Lina Arrieta y; la abogada de la empresa Cecilia Urbina; además del equipo del Tribunal, miembros del gremio agrícola y profesionales de la empresa.\n\n<em><strong>Controversia</strong></em>\n\nLa controversia se basa en que el organismo fiscalizador, SMA, dejó fuera del programa de cumplimiento dos cargos, que para la Superintendencia, tiene hipótesis de ser causantes de daño ambiental, por lo que se aprobó sólo con las medidas referentes a 16 infracciones.\n\n<em><strong>Programas de Cumplimiento</strong></em>\n\nLos PdC son un plan de acciones y metas que presenta un infractor ante la SMA para volver nuevamente al cumplimiento de la normativa ambiental.\n\nEn el caso de minera Caserones presentó un programa que aborda los 16 cargos con 51 acciones y 211 verificadores por un monto superior a los 46 millones de dólares.\n\n<em><strong>Caserones</strong></em>\n\nEl proyecto se emplaza en la comuna de Tierra Amarilla en la provincia de Copiapó, Región de Atacama, a aproximadamente 160 kilómetros al sureste de Copiapó. La minera está a una altura media de 4.300 metros sobre el nivel del mar y es un proyecto de rajo abierto de producción de concentrado de cobre y molibdeno con una vida operativa de 28 años.\n\nMás antecedentes de la causa en el siguiente enlace: <a href=\"https://causas.1ta.cl/causes/182/expedient/4297/books/125/?attachmentId=6935\">https://causas.1ta.cl/causes/182/expedient/4297/books/125/?attachmentId=6935</a>\n\n&nbsp;', 'Primer Tribunal Ambiental realiza visita inspectiva a Minera Caserones', 'La diligencia judicial, encabezada por el ministro en ciencias, Marcelo Hernández Rojas, tuvo como objetivo central conocer el funcionamiento de la minera, su relave, el sistema de control de infiltraciones y los puntos de monitoreo de calidad del agua, con el fin de recabar antecedentes.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'primer-tribunal-ambiental-realiza-visita-inspectiva-a-minera-caserones', '', '', '2026-03-08 20:59:20', '2026-03-08 20:59:20', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14262', 0, 'post', '', 0),
(14274, 1, '2021-05-25 12:10:23', '2021-05-25 15:10:23', '<img class=\"aligncenter wp-image-14275 size-full\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/banner-cp-tranque-elmauro2.jpg\" alt=\"\" width=\"1200\" height=\"480\" />\n\nUna denuncia en contra de Minera Los Pelambres que fue archivada por la Superintendencia del Medio Ambiente motivó la reclamación interpuesta ante el Primer Tribunal Ambiental y que fue acogida a trámite, ayer, por el organismo colegiado.\n\nLa reclamación ante el tribunal interpuesta por los hermanos Jacobo, Daniel e Itzjak Ventura Svigilsky  se enmarca en lo que ellos califican como un “incumplimiento de los deberes de la SMA” por no prosperar una denuncia que habían presentado ante el organismo fiscalizador el año 2013 por posibles infracciones ambientales de Minera Los Pelambres y la posibilidad de afectación a ecosistemas de la zona.\n\nLa denuncia de los hermanos Ventura Svigilsky fue archivada por la Superintendencia de Medio Ambiente, lo que dio pie a la reclamación ante el Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta. Ahora será este órgano colegiado el que deberá determinar si la acoge o rechaza.\n\nLos denunciantes, que son dueños de un predio de 4.441 hectáreas ubicado en el camino a Caimanes y cuentan con derechos de aguas del Estero Pupío, aseguran que la empresa minera no está cumpliendo con la Resolución de Calificación Ambiental, RCA, de su Proyecto Integral de Desarrollo, ya que se comprometió a “asegurar los caudales aguas abajo asociados a los usos históricos”, lo que -según los reclamantes- no ha ocurrido porque el caudal del Estero Pupío ha disminuido hasta desaparecer desde que el proyecto empezó a operar. Aseguran que la merma se produce a partir del 2009, “exactamente después de que se completara la construcción del tranque de relaves El Mauro”.\n\nEn la reclamación, también se estipula que la SMA debe proceder al menos a revisar los antecedentes sin desestimar las denuncias con base a fiscalizaciones pasadas. “Debe aplicarse el principio de prevención ambiental, pues la intervención de la cuenca por parte de la demandada produjo alteraciones en la oscilación natural o estacional de los caudales de agua y la reducción notable de su flujo normal, que provocaron cambios en las condiciones ambientales del ecosistema, los que impactarán de manera negativa a toda la comunidad, situación que compele a la adopción de medidas adecuadas, oportunas y atingentes”, dice el escrito.\n\nLos reclamantes, además, están solicitando al Primer Tribunal Ambiental que ordene al organismo fiscalizador que sanciones a la minera por incumplir con lo establecido en la RCA sobre respetar los usos históricos de aguas del Estero Pupío, o en su defecto ordenar la fiscalización y la apertura de un procedimiento sancionatorio.\n\n<em><strong>Proyecto</strong></em>\n\nEl año 2003 Minera Los Pelambres de Antofagasta Minerals presentó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, el Proyecto Integral de Desarrollo con el fin de explotar 2.100 millones de toneladas de cobre. Dentro de las actividades contempladas estuvo la construcción y operación de un nuevo tranque de relaves denominado “El Mauro”, ubicado en la cabecera del Estero Pupío.\n\n<em><strong>Minera Los Pelambres</strong></em>\n\nDesde 1999 Minera Los Pelambres opera una mina a rajo abierto y una planta de flotación de concentrado de cobre. Ambas ubicadas en la Cordillera de los Andes en la comuna de Salamanca, a una altura entre 3.100 y 3.600 metros sobre el nivel del mar.\n\nPuedes revisar la reclamación en el siguiente enlace: <a href=\"https://causas.1ta.cl/causes/184/expedient/4281/books/127/?attachmentId=6908\">https://causas.1ta.cl/causes/184/expedient/4281/books/127/?attachmentId=6908</a>', 'Se acoge a trámite reclamación en contra de la SMA por la no fiscalización de posibles incumplimientos ambientales de Minera Los Pelambres', 'La reclamación ante el tribunal interpuesta por los hermanos Jacobo, Daniel e Itzjak Ventura Svigilsky  se enmarca en lo que ellos califican como un “incumplimiento de los deberes de la SMA” por no prosperar una denuncia que habían presentado ante el organismo fiscalizador el año 2013 por posibles infracciones ambientales de Minera Los Pelambres y la posibilidad de afectación a ecosistemas de la zona.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'se-acoge-a-tramite-reclamacion-en-contra-de-la-sma-por-la-no-fiscalizacion-de-posibles-incumplimientos-ambientales-de-minera-los-pelambres', '', '', '2021-05-25 12:10:23', '2021-05-25 15:10:23', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14274', 0, 'post', '', 0),
(14281, 1, '2021-05-26 19:22:46', '2021-05-26 22:22:46', '<img class=\"aligncenter wp-image-14282 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Captura-de-pantalla-3617.png\" alt=\"\" width=\"1128\" height=\"589\" />\n\nLuego de conocer el acuerdo de conciliación a que arribaron el Consejo de Defensa del Estado, la Comunidad Indígena de Peine, el Consejo de Pueblos Atacameños y Minera Escondida, el Primer Tribunal Ambiental determinó la revisión del documento y dejó la causa pendiente de resolver.\n\nLa decisión, dada a conocer en la audiencia desarrollada hoy se fundamenta en la importancia de revisar cada una de las 19 medidas presentadas en el acuerdo con el fin de velar por la indemnidad del daño causado, establecido en el artículo 44 de la Ley 20.600 y que obliga al tribunal velar para que las medidas propuestas se hagan cargo de manera efectiva del daño causado.\n\n<em><strong>Acuerdo\n</strong></em>El acuerdo presentado hoy fue elaborado sobre las bases de conciliación que presentó el Primer Tribunal Ambiental a las partes, esto es, Consejo de Defensa del Estado como demandante; Minera Escondida como demandada; y la comunidad indígena de Peine junto al Consejo de Pueblos Atacameños quienes se hicieron parte en la causa para apoyar la demanda.\n\nEn el documento se contemplan medidas que tienen que ver con una mesa de diálogo, la coordinación público-atacameña-privada; además, de las medidas de gobernanza del Salar de Punta Negra; gestión socioambiental; la ejecución de un plan de manejo de reparación y compensación, entre otras.\n\n<em><strong>Demanda\n</strong></em>La demanda contra la minera fue interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado debido a los efectos asociados al descenso del acuífero del Salar de Punta Negra, resultado de la extracción de agua que efectuó la minera para sus procesos productivos desde 1990 hasta el 2017.\n\nEn la demanda, que fue acogida a trámite en abril del año pasado, el Consejo de Defensa del Estado estableció que el daño ambiental causado por la minera se funda en siete aspectos: disminución severa de los niveles del acuífero del salar, lo que compromete su regeneración; el deterioro o menoscabo de sustrato salino; la pérdida total o parcial de los bofedales y su vegetación; la pérdida del ecosistema particular del salar; la modificación o pérdida  del hábitat lo que afecta la fauna; la pérdida de servicios ecosistémicos y la pérdida de biodiversidad.', 'Primer Tribunal Ambiental deja en revisión acuerdo alcanzado por las partes en el marco de la demanda de reparación por daño ambiental en contra de Minera Escondida', 'La decisión, dada a conocer en la audiencia desarrollada hoy se fundamenta en la importancia de revisar cada una de las 19 medidas presentadas en el acuerdo con el fin de velar por la indemnidad del daño causado, establecido en el artículo 44 de la Ley 20.600 y que obliga al tribunal velar para que las medidas propuestas se hagan cargo de manera efectiva del daño causado.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'primer-tribunal-ambiental-deja-en-revision-acuerdo-alcanzado-por-las-partes-en-el-marco-de-la-demanda-de-reparacion-por-dano-ambiental-en-contra-de-minera-escondida', '', '', '2021-05-26 19:22:46', '2021-05-26 22:22:46', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14281', 0, 'post', '', 0);
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(14301, 1, '2021-06-02 12:26:05', '2021-06-02 15:26:05', '<img class=\"aligncenter wp-image-14065 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/IMG_4153.jpg\" alt=\"\" width=\"1080\" height=\"720\" />\n<ul>\n 	<li><em><strong>Un inédito acuerdo tripartito entre el Estado, comunidades indígenas atacameñas y empresa minera Escondida se concretó en el marco de la conciliación por la demanda de reparación por daño ambiental que había sido interpuesta en contra de la compañía minera.</strong></em></li>\n</ul>\n&nbsp;\n\nCon 19 medidas de gestión, compensación y reparación, el Primer Tribunal Ambiental, aprobó, ayer, el Acuerdo de Conciliación entre el Consejo de Defensa del Estado, la Comunidad Indígena Atacameña de Peine, el Consejo de Pueblos Atacameños y Minera Escondida en el marco de la demanda de reparación por daño ambiental en el Salar de Punta Negra interpuesta en contra de la empresa privada.\n\nEl acuerdo se selló luego de un acucioso e inclusivo trabajo llevado a cabo por las partes y apoyado por el Primer Tribunal Ambiental, el que incluyó, la entrega de bases de conciliación y la actuación como amigable componedor por parte del órgano colegiado.\n\nEntre los aspectos que más destacan está la “Mesa de Gobernanza Socioambiental de la Subcuenca del Salar de Punta Negra y sectores aledaños” y la elaboración y validación de un Plan de Manejo que deberá llevar adelante la minera para contribuir a la recuperación natural del acuífero del Salar de Punta Negra.\n\nEste último punto se basa en el artículo 42 de la Ley 19.300 por lo que deberá ser autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente, MMA, y podrá ser fiscalizado por la Superintendencia de Medio Ambiente, SMA. Contempla medidas que permitirán restaurar, compensar, y mantener los múltiples servicios ecosistémicos y la protección de microorganismos del salar, incluyendo los extremófilos, es decir, aquellos capaces de vivir en condiciones extremas.\n\nEn tanto, la Mesa de Gobernanza Socioambiental tiene como fin facilitar el diseño, la co-construcción, ejecución y seguimiento de las medidas de manera participativa, coordinada y en igualdad de condiciones para la Subcuenca del Salar de Punta Negra y estará conformada por dos representantes de la Comunidad Atacameña de Peine; del Estado designados por el CDE en el ejercicio de sus competencias de coordinación; de Minera Escondida; y un representante del Consejo de Pueblos Atacameños.\n\nLos ministros Mauricio Oviedo (presidente), Marcelo Hernández y Óscar Clavería realizaron la revisión del acuerdo con el fin de procurar que éste cumpliese con el principio de indemnidad que le encarga la Ley 20.600 de tribunales ambientales y que tiene que ver con que se implementen medidas de reparación ambiental del daño causado.\n\n<em><strong>Mesa de Gobernanza Socioambiental\n</strong></em>Uno de los aspectos de mayor relevancia tiene relación con la participación de las partes en la Mesa de Gobernanza Socioambiental, la cual debe cumplir con los principios de participación, transparencia, rendición de cuentas y justicia social, así como llevar adelante las tareas de revisión y aprobación de todas las medidas en torno a la ejecución de acciones de transición como diagnósticos, investigaciones y estudios; y la revisión, aprobación y seguimiento del Plan de Manejo que será elaborado por una entidad independiente previo a someterla a la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente.\n\nEntre las medidas de transición, previas al plan de manejo, que deberán ser aprobadas por la mesa están las de difusión y puesta en valor, además, de los diagnósticos y estudios de forénsica ambiental, catastro territorial, levantamiento de línea base físico-biótica, modelo hidrogeológico y ecosistémico, ecología de especies clave, de hábitat, etnográfico y de paisaje y potencial turístico. También, las medidas de compensación como la conservación del humedal altoandino y las medidas de reparación como la continuidad de funcionalidad de los Sistemas Vega-Canal-Laguna del salar y la búsqueda de fuentes alternativas para el suministro de aguas para el Sistema de Irrigación Superficial y Subsuperficial, con la consiguiente liberación de aguas del acuífero del salar de Punta Negra; así como la transferencia de los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneos y superficiales de la subsubcuenca Salar de Punta Negra al Ministerio del Medio Ambiente para fines de Conservación.\n\n<em><strong>Plan de Manejo\n</strong></em>Respecto al plan de manejo, tendrá una vigencia indefinida con una revisión periódica cada cinco años y comprende todas las medidas que se ejecutarán desde la fase uno, incluida la instalación y funcionamiento de la mesa de gobernanza, y las que deben aprobarse posteriormente como el retiro de infraestructura industrial, la conservación de humedales altoandinos, las rutas de trashumancia, la protección de microorganismos, incluyendo extremófilos y la contribución a una aceleración en la recuperación natural del acuífero del Salar de Punta Negra, además de la transferencia de derechos de agua para fines de conservación.\n\nEl plan de manejo comprenderá un mecanismo de seguimiento ambiental, que tendrá por finalidad asegurar que las variables ambientales relevantes que fueron objeto de este instrumento para la restauración del medio ambiente evolucionen según lo proyectado.\n\nEl monto total de las 19 medidas de gestión, compensación y reparación es de 81 millones 192 mil 184 dólares, pudiendo superar los 93 millones de dólares de ser necesario, es decir alrededor de los 67 mil millones de pesos.\n\n<em><strong>Demanda</strong></em>\nEn la demanda, que fue acogida a trámite en abril del año pasado, el Consejo de Defensa del Estado estableció que el daño ambiental causado por la minera se funda en siete aspectos: disminución severa de los niveles del acuífero del salar, lo que compromete su regeneración; el deterioro o menoscabo de sustrato salino; la pérdida total o parcial de los bofedales y su vegetación; la pérdida del ecosistema particular del salar; la modificación o pérdida del hábitat lo que afecta la fauna; la pérdida de servicios ecosistémicos y la pérdida de biodiversidad.\n\n<em><strong>Salar</strong></em>\nEl Salar de Punta Negra se ubica a 170 km. al sureste de Antofagasta y tiene una superficie de 250 km2. Se trata de una cuenca altoandina del tipo endorreica que se caracteriza por tener grandes variaciones morfológicas, climatológicas y geológicas, que albergan una delicada y única riqueza de biodiversidad, como también ha sido espacio de trashumancia de comunidades indígenas atacameñas.\n\nEstá compuesto por vegas, canales y lagunas (VCL), donde se han registrado 47 especies de aves, 51 especies de plantas, 13 especies de mamíferos y 7 especies de reptiles, mientras que en los VCL se albergan micro crustáceos, nemátodos, insectos y algas. La fauna incluye, entre otros, distintas especies de flamencos, patos, aguiluchos, halcones, tórtolas, lechuzas, perdicitas, zorros, vicuñas, roedores de distintas especies, lagartijas e insectos.\n\nTodos los antecedentes de la causa en el siguiente enlace: <a href=\"https://causas.1ta.cl/causes/130/expedient/4333/books/71/?attachmentId=7014\">https://causas.1ta.cl/causes/130/expedient/4333/books/71/?attachmentId=7014</a>', 'Acuerdo de Conciliación entre Consejo de Defensa del Estado, comunidades indígenas atacameñas y Minera Escondida con foco en la gobernanza socioambiental', 'Con 19 medidas de gestión, compensación y reparación, el Primer Tribunal Ambiental, aprobó, ayer, el Acuerdo de Conciliación entre el Consejo de Defensa del Estado, la Comunidad Indígena Atacameña de Peine, el Consejo de Pueblos Atacameños y Minera Escondida en el marco de la demanda de reparación por daño ambiental en el Salar de Punta Negra interpuesta en contra de la empresa privada.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'acuerdo-de-conciliacion-entre-consejo-de-defensa-del-estado-comunidades-indigenas-atacamenas-y-minera-escondida-con-foco-en-la-gobernanza-socioambiental', '', '', '2021-06-02 12:26:05', '2021-06-02 15:26:05', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14301', 0, 'post', '', 0),
(14323, 1, '2021-06-07 10:50:18', '2021-06-07 13:50:18', '<img class=\"aligncenter wp-image-14327 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Captura-de-pantalla-4074.png\" alt=\"\" width=\"1234\" height=\"694\" />\n\nCon la charla magistral de la doctora en Antropología Milka Castro Lucic comenzó el curso de especialización en Derechos Indígenas, que será impartido por la Universidad de Chile, para ministros y profesionales jurídicos y en ciencias del Primer Tribunal Ambiental.\n\nLa doctora Castro fue la encargada de iniciar el curso con la charla denominada “Cosmovisión y valoración del territorio de los pueblos indígenas frente a los proyectos de inversión” y dictar el primer módulo del curso, en el que se refirió a la caracterización socioeconómica, geográfica y demográfica de los pueblos indígenas, su relación con el Estado, el proceso de re-indigenización, la globalización, la interculturalidad crítica y derechos indígenas.\n\nEl ministro presidente del Primer Tribunal Ambiental, Mauricio Oviedo, explicó que el curso permitirá la profundización en los conocimientos del equipo en torno al reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas. “Nos permitirá examinar con precisión y en su dimensión integral los conflictos asociados a la explotación de recursos naturales en territorios indígenas, así como también los impactos ambientales y los procesos de consulta indígena asociados a los proyectos de inversión. Asimismo, nos permitirá conocer y analizar experiencias comparadas y los desafíos que plantea la nueva Constitución sobre la materia”, afirmó.\n\nPor su parte la doctora Castro valoró el interés del equipo del tribunal y dijo que “es un honor entregar los conocimientos que permitan un trabajo interdisciplinario para la transferencia de conocimiento y el diálogo con los profesionales del tribunal”.\n\nEn su totalidad, el curso será impartido por el Programa de Antropología Jurídica del Departamento de Ciencias del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y contará con destacados docentes nacionales e internacionales tales como María Angélica Figueroa, Francisco Zúñiga, Liliana Galdames, Ximena Insunza, Pilar Moraga, Cristóbal Carmona. Además, de las Doctoras en Derecho Morita Carrasco y Silvina Ramírez, profesoras de la Universidad de Buenos Aires.\n\nSerán nueve sesiones que se llevarán a cabo durante dos meses y permitirán la entrega de conocimientos y herramientas metodológicas que permitirán generar espacios de comunicación y debate entre los académicos y el equipo.', 'Ministros y equipo del Primer Tribunal Ambiental inician curso de especialización en Derechos Indígenas', 'La doctora Castro fue la encargada de iniciar el curso con la charla denominada “Cosmovisión y valoración del territorio de los pueblos indígenas frente a los proyectos de inversión” y dictar el primer módulo del curso, en el que se refirió a la caracterización socioeconómica, geográfica y demográfica de los pueblos indígenas, su relación con el Estado, el proceso de re-indigenización, la globalización, la interculturalidad crítica y derechos indígenas.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'ministros-y-equipo-del-primer-tribunal-ambiental-inician-curso-de-especializacion-en-derechos-indigenas', '', '', '2021-06-07 10:50:18', '2021-06-07 13:50:18', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14323', 0, 'post', '', 0),
(14336, 1, '2021-06-10 11:05:01', '2021-06-10 14:05:01', '<img class=\"aligncenter wp-image-14338 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Ministro-Marcelo-Hern%C3%A1ndez.jpg\" alt=\"\" width=\"1151\" height=\"767\" />\n\nCon una ceremonia en la que se reconoció la labor y características humanas del ministro titular en ciencias del Primer Tribunal Ambiental, Marcelo Hernández Rojas culminó, el pasado lunes, su período de trabajo en el organismo colegiado.\n\nEn la ocasión, el ministro presidente Mauricio Oviedo Gutiérrez, dio inicio a la despedida con una valoración a la labor profesional y el aporte de las ciencias a la judicatura ambiental. Oviedo recordó cómo de la mano de Marcelo Hernández, el tribunal fue construyendo la justicia ambiental en la macrozona norte con un marcado sello de cercanía y de terreno, dado por el ministro.\n\nAsimismo, el propio ministro saliente quiso hacer un breve resumen de lo que fue su gestión de cuatro años en el Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta para lo cual destacó algunos hitos de su paso por el tribunal como la decisión familiar de un nuevo desafío, el nombramiento como ministro, la instalación de tribunal, la conformación del equipo humano, la búsqueda del inmueble que luego alojaría al Tribunal y la visibilización de los aportes de la ciencia en la resolución de controversias socioambientales.\n\nDentro de los aspectos propios de su cargo explicó que su visión e impronta fueron poner foco en la tarea, objetivos, roles y funciones que impone el rol de Ministro en Ciencias, para lo cual desarrolló un trabajo autoexigente y de excelencia gracias a lo cual integró 42 causas, participó en 75 audiencias de alegatos, conciliación y otras, y redactó 16 sentencias, además, de la participar en la preparación de 6 bases de conciliación, 19 inspecciones en terreno y en más de 50 charlas, seminarios y talleres.\n\nTambién, el ministro saliente resaltó su permanente capacitación y aprendizaje que le permitieron aportar a la justicia ambiental y finalizó agradeciendo a Dios, la Patria, su familia y al tremendo equipo conformado en el Primer Tribunal Ambiental.\n\nAl término de la ceremonia los ministros Oviedo y Queirolo entregaron un presente al ministro saliente en reconocimiento al trabajo efectuado durante cuatro años como ministro titular en ciencias.\n\nDesde ahora el Primer Tribunal Ambiental quedará conformado por el ministro presidente, Mauricio Oviedo, y el ministro suplente en ciencias, Fabrizio Queirolo, quienes finalizan su período el año 2023. Se encuentran vacantes los cargos de ministro titular abogado y ministro titular en ciencias y el cargo de ministro suplente abogado.\n\n&nbsp;', 'Ministro Titular en Ciencias del Primer Tribunal Ambiental culmina su período', 'Con una ceremonia en la que se reconoció la labor y características humanas del ministro titular en ciencias del Primer Tribunal Ambiental, Marcelo Hernández Rojas culminó, el pasado lunes, su período de trabajo en el organismo colegiado.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'ministro-titular-en-ciencias-del-primer-tribunal-ambiental-culmina-su-periodo', '', '', '2021-06-10 11:05:01', '2021-06-10 14:05:01', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14336', 0, 'post', '', 0),
(14360, 1, '2021-06-15 14:45:28', '2021-06-15 17:45:28', '<img class=\"aligncenter wp-image-14362\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Captura-de-pantalla-4230.png\" alt=\"\" width=\"744\" height=\"568\" />\n<ul>\n 	<li><em><strong>El proyecto pretende recuperar los minerales de las arenas de la Playa Grande de la ciudad y devolverlas al lugar y fue ingresado a través de un Estudio de Impacto Ambiental, EIA, al Servicio de Evaluación Ambiental, SEA.</strong></em></li>\n</ul>\nUna nueva reclamación en la que se solicita el rechazo de la aprobación ambiental favorable del proyecto minero “Playa Verde” de la comuna Chañaral, fue admitida a trámite por el Primer Tribunal Ambiental.\n\nLa causa, interpuesta en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, por un vecino de la ciudad, se basa en la no respuesta de observaciones ciudadanas efectuadas por el reclamante durante el proceso de participación ciudadana y por la eventual falta de antecedentes técnicos suficientes y adecuados para evaluar el eventual riesgo para la salud de la población, al mar y al sitio prioritario “Quebrada de Peralillo” que podría provocar el proyecto minero.\n\nLo anterior, se fundamenta porque, a juicio del reclamante, el SEA no dio respuesta a todas las observaciones efectuadas y tampoco consideró algunos impactos ambientales y afectaciones a la salud de la población que fueron advertidas por organismos con competencia ambiental, OAECA, que participaron en el proceso de evaluación del proyecto.\n\nEntre los aspectos incorporados en la causa está que, durante la evaluación ambiental del proyecto, no se pudieron descartar que este tuviera afectaciones sobre la salud de la población y sobre el recurso hídrico, en especial, en lo que tiene relación con el proceso metalúrgico y el depósito de relave. Tampoco se consideraron los impactos ambientales potencialmente significativos en el medio marino, ya que no se incluyó dentro del área de influencia del proyecto, aspectos relevados por la Gobernación Marítima y CONAF durante la evaluación.\n\nOtro antecedente incorporado por el reclamante tiene relación con la no inclusión del Sitio Prioritario Quebrada de Peralillo al área de influencia del proyecto, ya que eventualmente podrá ser impactado por las emisiones de material particulado tanto en fase de construcción como de operación. Así como también, los impactos que se podrían provocar al Parque Nacional Pan de Azúcar.\n\nEn la reclamación se fundamenta que “se debe dejar sin efecto la RCA y rechazar el proyecto porque, éste no se hace cargo de establecer fundadamente y con un nivel de certeza científica adecuada, si genera o no los efectos, características y circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley 19.300”. Es importante mencionar que este artículo es el que establece las causales que hacen que un proyecto sea objeto de un Estudio de Impacto Ambiental, EIA.\n\nTambién, se cuestiona la determinación del organismo evaluador de solicitar nuevos antecedentes a la empresa, ya que aseguran  se trata de información relevante y esencial que no puede ser subsanada a través de una adenda (documento que debe ser entregado por la empresa con las respuestas a las consultas de los organismos con competencia ambiental como el SAG, CONAF, entre otros), porque “la ley establece que la adenda no es una instancia para aportar información nueva, sino para aclarar, rectificar o ampliar la información existente proporcionada por el titular de un proyecto”.\n\nAhora el Primer Tribunal Ambiental debe fijar la audiencia de alegatos de la causa. En dicha instancia los ministros escucharán los fundamentos de las partes.\n\n<em><strong>Proyecto\n</strong></em>El proyecto minero “Playa Verde” tiene como objetivo extraer por dragado (remoción, succión) antiguos relaves depositados en la Playa Grande de Chañaral, procesarlos en una planta metalúrgica para extraer cobre y obtenerlo de forma de cátodos y concentrados, para luego retornar a la misma playa las arenas procesadas en la planta metalúrgica.\n\nLa empresa pretende lograr productos con valor en el mercado y a su vez lograr residuos finales aptos para reconstituir la playa a su perfil o relieve pre aluvión con lo que se otorgará una mejor condición ambiental a una zona históricamente afectada por los depósitos durante más de 40 años de relaves provenientes de la actividad minera.\n\nSe pretende remover y procesar 35 millones de toneladas de 0,24 por ciento del cobre total a un nivel de procesamiento de 5 millones de toneladas anuales y obtener una cantidad estimada de 8.540 toneladas anuales de cobre fino.\n\nEl proyecto se emplazará en la comuna de Chañaral en la Región de Atacama, aproximadamente a 3,4 kilómetros del centro urbano de la misma ciudad. La planta metalúrgica se proyecta inmediatamente vecina al este de la Playa Grande a 2,5 kilómetros al norte de Chañaral, aproximadamente en el kilómetro 2,5 de la Ruta C-120 que conecta a Chañaral con el Parque Nacional Pan de Azúcar. Su ubicación se encuentra, además, a una distancia aproximada de 923 metros del sitio prioritario Quebrada de Peralillo y a una distancia de 10 kilómetros del parque nacional.\n\nEn el siguiente enlace puedes ver los detalles de la reclamación <a href=\"https://causas.1ta.cl/causes/185/expedient/4377/books/128/?attachmentId=7058\">https://causas.1ta.cl/causes/185/expedient/4377/books/128/?attachmentId=7058</a>', 'Se admite a trámite reclamación por aprobación ambiental favorable de proyecto minero “Playa Verde” de Chañaral', 'La causa, interpuesta en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, por un vecino de la ciudad, se basa en la no respuesta de observaciones ciudadanas efectuadas por el reclamante durante el proceso de participación ciudadana y por la eventual falta de antecedentes técnicos suficientes y adecuados para evaluar el eventual riesgo para la salud de la población, al mar y al sitio prioritario “Quebrada de Peralillo” que podría provocar el proyecto minero.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'se-admite-a-tramite-reclamacion-por-aprobacion-ambiental-favorable-de-proyecto-minero-playa-verde-de-chanaral', '', '', '2021-06-15 14:45:28', '2021-06-15 17:45:28', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14360', 0, 'post', '', 0),
(14388, 1, '2021-06-23 13:11:01', '2021-06-23 16:11:01', '<img class=\"aligncenter wp-image-14391 size-full\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Carmen-de-Andacollo-1024x640-1.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"640\" />\n\nEl Primer Tribunal Ambiental, admitió a trámite, ayer, una reclamación ingresada por la Municipalidad de Andacollo en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente, SMA, por la resolución del organismo fiscalizador que archivó la denuncia por supuestos incumplimientos ambientales de la Minera Carmen de Andacollo de Teck y su proyecto Hipógeno.\n\nEn la reclamación se detalla que el pasado 20 de abril la SMA ordenó archivar una denuncia interpuesta en noviembre de 2017 por el municipio y otra efectuada por Silvia Núñez Araya en enero de 2020, ambas en contra de la minera por el no cumplimiento de exigencias establecidas en su Resolución de Calificación Ambiental, RCA, del proyecto de ampliación, en especial aquellos relacionados con la calidad del aire y reasentamientos humanos.\n\n“La SMA no dio cumplimiento al principio de celeridad que rige a todos los órganos de la administración del estado, pronunciándose sobre los hechos denunciados con fecha 8 de noviembre de 2017, recién el 20 de abril de 2021, además de tomar casi 4 años en resolver, omite arbitrariamente pronunciarse sobre la totalidad de los hechos denunciados”, se estipula en el documento.\n\nOtro de los aspectos relevados en la reclamación es que la compañía minera ha incorporado en su proceso productivo nuevas faenas que requerirían de un Estudio de Impacto Ambiental, EIA, “con ocasión de los efectos, características y circunstancias que genera este proyecto, no solamente para nuestra flora y fauna, sino que también porque se trataría de un proyecto que afectaría a nuestra población y sus características socioculturales fundamentales”, acotan.\n\nA lo anterior se suma la calificación de Zona Saturada para Material Particulado Respirable, MP10, que tiene la localidad de Andacollo lo que para el municipio dice relación con que se trata de una comuna “altamente sensible y susceptible a los cambios en el ambiente provocados por proyectos mineros”, más aún porque la mina se encuentra a un poco más de un kilómetro del sector céntrico de la comuna.\n\n<em><strong>Denuncia</strong></em>\nUno de los aspectos que se denunció ante la SMA fue el incumplimiento por parte de la empresa del reasentamiento de dos familias de Andacollo que vivían en la quebrada del Churque y la no consideración -por parte de la minera- de las familias que residen en el sector subida Mina Hermosa “las cuales producto de la expansión del proyecto tendrían que hacer abandono de sus pertenencias. Hecho del cual la Superintendencia de Medio Ambiente, no se pronunció”.\n\nAdemás, para el municipio, la resolución reclamada “tampoco se refiere a la denuncia por calidad del aire y a la obligación de la empresa a mantener las emisiones de material particulado respirable MP10, el programa de humedad de áreas de labores, red de monitoreo de la calidad del aire, implementación de medidas técnicas para que las labores mineras relacionadas con gases, vapores, humos polvos, emanaciones o contaminantes causen peligro, daño o molestias al vecindario”.\n\n<em><strong>Proyecto Hipógeno</strong></em>\nEl Proyecto Hipógeno de Minera Carmen de Andacollo de Teck fue aprobado el 2007 por el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA. Su objetivo central fue extender la vida útil de la minera a través de la producción de concentrado de cobre.\nContempla la explotación del cuerpo de mineralización primaria o hipógena a rajo abierto, con chancado, molienda, flotación y espesamiento para producir concentrado de cobre.\nEl proyecto minero de la compañía canadiense Teck denominado “Carmen de Andacollo” está ubicado en la comuna de Andacollo en la Región de Coquimbo.\n\nPuedes leer la reclamación en el siguiente enlace: <a href=\"https://causas.1ta.cl/causes/186/expedient/4399/books/129/?attachmentId=7103\">https://causas.1ta.cl/causes/186/expedient/4399/books/129/?attachmentId=7103</a>\n\n&nbsp;', 'Municipalidad de Andacollo ingresa al Primer Tribunal Ambiental reclamación contra la SMA por supuestos incumplimientos de minera Teck', 'En la reclamación se detalla que el pasado 20 de abril la SMA ordenó archivar una denuncia interpuesta en noviembre de 2017 por el municipio y otra efectuada por Silvia Núñez Araya en enero de 2020, ambas en contra de la minera por el no cumplimiento de exigencias establecidas en su Resolución de Calificación Ambiental, RCA, del proyecto de ampliación, en especial aquellos relacionados con la calidad del aire y reasentamientos humanos.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'municipalidad-de-andacollo-ingresa-al-primer-tribunal-ambiental-reclamacion-contra-la-sma-por-supuestos-incumplimientos-de-minera-teck', '', '', '2021-06-23 13:11:01', '2021-06-23 16:11:01', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14388', 0, 'post', '', 0),
(14397, 1, '2021-07-02 10:07:16', '2021-07-02 13:07:16', '<img class=\"aligncenter wp-image-14400 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/CRISTIAN_LO%CC%81PEZ-1-683x1024-1.jpg\" alt=\"\" width=\"447\" height=\"670\" />\n\nEn los próximos días el asesor científico del Primer Tribunal Ambiental, Dr. Cristián López Montecinos, asumirá como ministro suplente en ciencias del Segundo Tribunal Ambiental con sede en Santiago.\n\nEl profesional, que se desempeñó durante tres años en el Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta, cuenta con un importante currículo y conformó el equipo de asesores en ciencias encargado de entregar el soporte científico-técnico para apoyar la toma de decisiones y la dictación de sentencias de los ministros.\n\nEl ahora ministro Cristián López Montecinos es doctor en Geografía, Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Universidad de Barcelona y de profesión Ingeniero Forestal. En su paso por el órgano jurisdiccional de la macrozona norte participó activamente en la construcción de bases de conciliación de causas que involucran a proyectos de envergadura como Pascua Lama, Minera Escondida y Cia. Minera Candelaria.\n\nSu experticia en análisis geoespacial, teledetección ambiental y uso de sistemas de información geográfica lo llevaron a implementar el Sistema de Inteligencia Geoespacial para la Justicia Ambiental, SIGJA, cuyo objetivo ha sido apoyar la generación de fallos con la entrega de argumentos sólidos sobre la base de un análisis de la Big Data Territorial que, además, permite aportar a la reducción de las asimetrías de acceso y facilitar la comprensión y uso de la justicia ambiental por parte de todos los actores.\n\nAdemás, en su labor de asesor científico le tocó participar activamente en el despliegue territorial del equipo en diversas diligencias judiciales, con el fin de ampliar y fundamentar el conocimiento en el análisis de las distintas controversias que han sido sometidas al tribunal.\n\nLa noticia del nombramiento de López se había conocido hace unos meses, y se estaba a la espera de la firma del decreto oficial el que se dio a conocer hoy. En abril, el doctor en Geografía había sido ratificado por el Senado por 37 votos a favor.\n\nEl equipo del Primer Tribunal Ambiental le desea el mayor de los éxitos al nuevo ministro en ciencias del Segundo Tribunal Ambiental.\n\n&nbsp;', 'Asesor en ciencias del Primer Tribunal Ambiental asume como ministro en Segundo Tribunal Ambiental', 'El profesional, que se desempeñó durante tres años en el Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta, cuenta con un importante currículo y conformó el equipo de asesores en ciencias encargado de entregar el soporte científico-técnico para apoyar la toma de decisiones y la dictación de sentencias de los ministros.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'asesor-en-ciencias-del-primer-tribunal-ambiental-asume-como-ministro-en-segundo-tribunal-ambiental', '', '', '2021-07-02 10:07:16', '2021-07-02 13:07:16', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14397', 0, 'post', '', 0),
(14409, 1, '2021-07-07 15:46:01', '2021-07-07 18:46:01', '<img class=\"aligncenter wp-image-14411 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Captura-de-pantalla-4361.jpg\" alt=\"\" width=\"1108\" height=\"831\" />\n\nLuego de un proceso de selección de casi una centena de postulantes, ayer se incorporaron al Primer Tribunal Ambiental los nuevos pasantes de las áreas jurídica y Unidad de Estudios.\n\nSe trata de los alumnos de quinto año de la carrera de derecho de las universidades Católica de Temuco y Alberto Hurtado, Isidora Neculpán Castañeda y Felipe González Núñez, respectivamente.\n\nLos pasantes fueron recibidos en una reunión vía zoom por el ministro en ciencias, Fabrizio Queirolo, quien en su calidad de presidente (s) del Primer Tribunal Ambiental, dio la bienvenida a los jóvenes. Lo mismo hicieron sus compañeros de trabajo, quienes uno a uno dieron la bienvenida y manifestaron los mejores deseos en su paso por el órgano colegiado.\n\nEl ministro Fabrizio Queirolo agradeció el interés de los jóvenes por postular a la pasantía y seguir un proceso de selección que involucró varias etapas. Además, los instó a aprovechar al máximo el aprendizaje que pueden tener en el tribunal y a mostrar todas sus capacidades y habilidades.\n\n<em><strong>Pasantes\n</strong></em>En la ocasión, los jóvenes agradecieron el recibimiento y la posibilidad de llevar a cabo la pasantía en el tribunal por el interés que ambos tienen en el ámbito del derecho medioambiental.\n\nEn su postulación, Isidora Neculpán explicó que su objetivo al ingresar a la carrera de derecho fue incidir en la protección del medioambiente. “Tengo claro que la precarización de los distintos tipos de vida tiene su origen en la crisis ambiental y climática, por ello no podemos desentendernos de tomar acciones concretas en contra del avance de esta”, expresó.\n\nAdemás, dijo que como estudiante de Temuco, la oportunidad le permitirá conocer conflictos ambientales que son diferentes a los que suceden en el territorio de su zona y podrá ampliar sus conocimientos, así como también entender las distintas áreas que convergen en un caso, las cuales son distintas en cada territorio.\n\n“Para mí, desarrollarme en esta área, es un compromiso y una responsabilidad que asumo como una lucha colectiva en la defensa del territorio indígena y como la base fundamental de la dignidad de toda forma de vida”, aseguró Isidora.\n\nAsimismo, para Felipe González su principal motivación es poder adquirir mejores herramientas jurídicas y del funcionamiento del tribunal ambiental.\n\nDijo que preocuparse por el medioambiente es tarea de todos. Me gustaría poder contribuir desde mi disciplina a la protección de la biodiversidad, los suelos, montañas, ríos, humedales o cualquier forma en que se materialice la naturaleza, entendiendo la importancia que esta posee para el funcionamiento de la sociedad.\n\n“Tengo todas mis ganas y fuerzas para hacer de Chile un país menos desigual a través del acceso a la justicia ambiental”, dijo Felipe.\n\n&nbsp;', 'Alumnos de quinto año de la carrera de derecho de las universidades Católica de Temuco y Alberto Hurtado se incorporan como pasantes al Primer Tribunal Ambiental', 'Se trata de los alumnos de quinto año de la carrera de derecho de las universidades Católica de Temuco y Alberto Hurtado, Isidora Neculpán Castañeda y Felipe González Núñez, respectivamente.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'alumnos-de-quinto-ano-de-la-carrera-de-derecho-de-las-universidades-catolica-de-temuco-y-alberto-hurtado-se-incorporan-como-pasantes-al-primer-tribunal-ambiental', '', '', '2021-07-07 15:46:01', '2021-07-07 18:46:01', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14409', 0, 'post', '', 0),
(14415, 1, '2021-07-13 12:47:38', '2021-07-13 15:47:38', '<img class=\"aligncenter wp-image-14416 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Visita_inspectiva_R39_11-2.jpg\" alt=\"\" width=\"1147\" height=\"645\" />\n<ul>\n 	<li><em>Empresa deberá someter nuevamente a evaluación ambiental el proyecto.</em></li>\n</ul>\n“Este Tribunal ha llegado a la convicción que la evaluación del Proyecto Adecuaciones en depósitos de lastre, caminos internos y campamento ha adolecido de errores sustanciales (…) y por lo tanto la reclamación interpuesta por la Asociación Indígena Agrícola San Isidro de Quipisca (AIASIQ) será acogida en los términos que se indicará en lo dispositivo del presente fallo”, establece la sentencia dada a conocer, hoy, por el Primer Tribunal Ambiental y que dice relación con el proyecto minero Cerro Colorado de BHP Billiton.\n\nCon esta determinación los ministros Mauricio Oviedo (presidente), Juan Opazo y el ahora exministro Marcelo Hernández (culminó su cargo el 8 de junio) pusieron término a la reclamación de la asociación agrícola de Quipisca contra el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, y dejaron sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental, RCA, del proyecto.\n\nAhora, la empresa deberá ingresar nuevamente a evaluación ambiental las obras con las que pretenden generar adecuaciones en el depósito de roca estéril de la minera, ya que el órgano jurisdiccional estableció que se trata de un proyecto que considera riesgo para la salud de la población por las emisiones que va a generar.\n\nEl fallo se sustenta fundamentalmente en que existen serias deficiencias en la evaluación ambiental -realizada por organismo estatal-  entre ellas que no se logró descartar la afectación a la salud de la población por la emisión de material particulado en el ambiente, ya sea, MP10, MP2,5 y especialmente Material Particulado Sedimentable, MPS, que genera el acopio de rocas producto de la continuidad operacional de la faena. “Este tribunal estima que existen serias deficiencias en la evaluación ambiental respecto de la componente MPS, y que a mayor abundamiento no se ha abordado adecuadamente tanto en el proceso de evaluación, como en su posterior aplicación”, establece la sentencia, y se acota que “existe una incerteza en el riesgo de afectación a la salud por MPS, el cual no fue correctamente evaluado”.\n\nEn total fueron seis los hechos controvertidos de la causa analizados por los ministros y entre los que se acogieron, también está la ausencia de línea base por falta de informe antropológico; el hecho de que no se efectuaron reuniones con los miembros de la asociación de Quipisca; y la no realización de Consulta Indígena conforme al Convenio 169.\n\nRespecto a las reuniones con los miembros de la asociación que interpuso el reclamo, el tribunal estableció que el SEA tenía la obligación de efectuar reunión con todas las comunidades indígenas cercanas al proyecto, lo que incluye a la asociación. Esto hubiese permitido recoger sus opiniones y advertir las consecuencias o riesgos que el proyecto podía generar a esas personas y con ello haber suspendido el proceso de Declaración de Impacto Ambiental, DIA, y haber determinado una Evaluación de Impacto Ambiental, EIA.\n\n“La normativa ambiental no puede alentar una concepción restrictiva de protección a uno de sus elementos más sensibles como es el medio humano, máxime cuando de su interpretación no es posible advertir tal dirección”, dice el fallo.\n\nAsimismo, en lo referente a la Consulta Indígena, la sentencia establece que al organismo evaluador le compete un rol en relación a la preservación y resguardo de los pueblos originarios,  y se señala: “Es posible advertir que existe evidencia irrefutable de susceptibilidad de afectación directa al grupo humano AIASIQ (Asociación Indígena Agrícola San Isidro de Quipisca), razón por la cual se hace forzoso concluir que existe la necesidad de implementar el procedimiento de consulta indígena bajo los estándares previstos en el Convenio 169 de la OIT y, por tanto, estos sentenciadores acogerán la presente alegación”.\n\nRespecto a este punto, el tribunal manifestó que “se produce una estrecha interacción entre los efectos adversos de las distintas obras y actividades del proyecto con tierras y actividades de la AIASIQ como la afectación directa por MPS en los campos y cultivos de los comuneros de esta, lo que claramente afecta sus sistemas de vida y costumbres”.\n\nTambién los ministros acotaron que respecto a la afectación que podría generar el proyecto sobre las costumbres de los pueblos indígenas, “a lo menos el proyecto y su DIA, como su RCA generan afectación directa”.\n\nOtro de los fundamentos dados a conocer por los sentenciadores fue que “lo relevante de la evaluación ambiental es que más allá de la necesaria revisión de las obras, partes y actividades que se realizan por el titular del proyecto al interior de la faena o área industrial, es de suma importancia y criticidad diagnosticar y evaluar adecuadamente según estándares preventivos si las obras, partes y actividades generan efectos, características y circunstancias que puedan generar tanto impactos significativos en los sistemas de vida y costumbres de la asociación y a los grupos humanos en el área de influencia y con ello determinar las medidas de mitigación, reparación o compensación o en su defecto los compromisos voluntarios según la legislación vigente”.\n\n<em><strong>Votos preventivos\n</strong></em>La sentencia tuvo los votos preventivos de los ministros Oviedo y Opazo. Este último juez solo tuvo una discrepancia respecto a que no puede justificarse el rechazo al proyecto, desde un punto de vista medioambiental, por la eventual contaminación en el campamento, ya que ello debe ser fiscalizado conforme a la legislación laboral.\n\nEn tanto, el ministro Oviedo concurrió al fallo y acogió la reclamación únicamente por considerar que no existe certidumbre razonable para descartar fehacientemente la no afectación a la salud de la población producto de las emisiones de MP10, MP2,5 Y MPS.\n\n<em><strong>Proyecto</strong></em>\nEl proyecto reclamado contempla el depósito de los estériles (minerales de baja ley) en 87,3 hectáreas adicionales, lo que representa una capacidad extra de 86 millones de toneladas; además el tratamiento de la superficie de rodado de los caminos internos de la faena y la extensión de zonas intramuros del campamento de la minera.\n\nLa Compañía Minera Cerro Colorado produce cátodos de cobre de alta pureza y se emplaza a 4,5 kilómetros del sector de Sabaya en la quebrada de Quipisca, lugar de hábitat de los comuneros de la asociación indígena y la minera está ubicada en la comuna de Pozo Almonte a 95 kilómetros al este de Iquique, en la Región de Tarapacá.\n\nPuedes ver la sentencia en el siguiente enlace <a href=\"https://causas.1ta.cl/causes/175/expedient/4428/books/118/?attachmentId=7127\">https://causas.1ta.cl/causes/175/expedient/4428/books/118/?attachmentId=7127</a>\n\n&nbsp;', 'Primer Tribunal Ambiental deja sin efecto Resolución de Calificación Ambiental del proyecto de adecuaciones de Minera Cerro Colorado', 'Con esta determinación los ministros Mauricio Oviedo (presidente), Juan Opazo y el ahora exministro Marcelo Hernández (culminó su cargo el 8 de junio) pusieron término a la reclamación de la asociación agrícola de Quipisca contra el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, y dejaron sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental, RCA, del proyecto.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'primer-tribunal-ambiental-deja-sin-efecto-resolucion-de-calificacion-ambiental-del-proyecto-de-adecuaciones-de-minera-cerro-colorado', '', '', '2026-03-08 21:00:07', '2026-03-08 21:00:07', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14415', 0, 'post', '', 0),
(14420, 1, '2021-07-20 09:54:33', '2021-07-20 12:54:33', '<img class=\"aligncenter wp-image-14421\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Ministro_presidente_mauricio_oviedo_bliblioteca.jpg\" alt=\"\" width=\"804\" height=\"536\" />\n\nCon un balance positivo y con el término de la etapa de implementación del Primer Tribunal Ambiental culminó la presidencia del ministro abogado Mauricio Oviedo Gutiérrez.\n\nEl ministro, que estuvo -de acuerdo a lo que establece la Ley- durante dos años a la cabeza del órgano jurisdiccional culminó sus funciones en el cargo el pasado 17 de junio, sin embargo, continúa como presidente subrogante debido a que aún se encuentra vacante la segunda plaza de ministro titular letrado del Primer Tribunal Ambiental.\n\nDurante su gestión, el ministro Oviedo impulsó diversas acciones para lo que se denominó “etapa de consolidación” del tribunal, cuyo énfasis estuvo puesto en distintas acciones internas y en el fortalecimiento del acceso que debe tener la ciudadanía a los tribunales ambientales.\n\nAl inicio de su gestión, el ministro Oviedo se propuso avanzar en la dictación de sentencias bien razonadas técnica y jurídicamente, y que a la vez fueran fácilmente comprensibles para la ciudadanía en general, además, de dar un paso más en la interacción con los distintos actores presentes en el territorio. Por eso, uno de los hitos más destacados fue impulsar la firma del convenio para dotar a los tres tribunales ambientales del país con el mismo sistema unificado de causas, lo que permitirá contar un sistema único que regirá con iguales parámetros para los tres órganos colegiados.\n\nAdemás, el ministro aseguró que el tribunal tenía el desafío permanente de dar a conocer y explicar las facultades y deberes que les mandata la Ley 20.600, lo cual dice relación básicamente al control judicial de los actos administrativos de la autoridad ambiental y al conocimiento de las demandas por daño ambiental.\n\nEn lo que respecta a la gestión interna impulsó la creación de la Unidad de Estudios, la implementación de un programa anual de capacitación al equipo en materias técnico-jurídicas, y la ampliación y remodelación de la sede del tribunal con una inversión que superó los 139 millones de pesos, en obras que implicaron la construcción de nuevas dependencias para el equipo de asesores.\n\nPara el ahora presidente subrogante continúan los desafíos. El primero de ellos tiene que ver con visibilizar la importancia de efectuar cambios en el sistema de nombramiento de los jueces ambientales, y en el marco de competencias de la Ley 20.600 en orden a avanzar hacia un modelo de jurisdicción plena. Por su parte, en el ámbito extra jurisdiccional, la idea es continuar con el trabajo de difusión del rol de los tribunales ambientales, que no solo contempla una agenda de charlas y capacitaciones, sino que también el relacionamiento con los distintos medios de comunicación nacionales y regionales para informar con un lenguaje claro acerca del quehacer de la justicia ambiental y las posibilidades de acceso informado de todos los actores presentes en la macrozona norte, ya sea que se trate de titulares de proyectos, grupos intermedios y ciudadanía en general .\n\n<em><strong>Nombramientos pendientes\n</strong></em>Actualmente, de los tres ministros titulares que deben integrar el Primer Tribunal Ambiental, solo se encuentra en ejercicio el ministro Oviedo. Los otros dos cargos se encuentran vacantes por haber concluido los respectivos períodos de nombramiento.\n\nNo obstante, se espera que en los próximos meses finalice el proceso para el nombramiento del segundo ministro o ministra titular abogado del tribunal, ya que en estos momentos se encuentra en el Congreso para su ratificación el nombre propuesto por el Ejecutivo para ocupar dicha plaza. Se trata de la abogada y docente de la Universidad de Chile, Sandra Álvarez Torres, quien -de ser nombrada- se transformaría en la primera ministra presidenta de un tribunal ambiental.\n\n&nbsp;', 'Culmina presidencia de Ministro Titular Abogado Mauricio Oviedo', 'El ministro, que estuvo -de acuerdo a lo que establece la Ley- durante dos años a la cabeza del órgano jurisdiccional culminó sus funciones en el cargo el pasado 17 de junio, sin embargo, continúa como presidente subrogante debido a que aún se encuentra vacante la segunda plaza de ministro titular letrado del Primer Tribunal Ambiental.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'culmina-presidencia-de-ministro-titular-abogado-mauricio-oviedo', '', '', '2021-07-20 09:54:33', '2021-07-20 12:54:33', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14420', 0, 'post', '', 0);
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(14438, 1, '2021-07-28 09:45:43', '2021-07-28 12:45:43', '<img class=\"aligncenter wp-image-14440 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Article-media-cile-cerro-pabellon.jpg\" alt=\"\" width=\"1060\" height=\"512\" />\n\nDos reclamaciones en contra de la ampliación de la Central Geotérmica Cerro Pabellón, ubicada en la comuna de Ollagüe, Región de Antofagasta, fueron admitidas a trámite, ayer, por el Primer Tribunal Ambiental.\n\nAmbas causas en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, por la calificación favorable del proyecto que aumenta la capacidad de generación eléctrica de la central, tienen relación con la no consideración de observaciones efectuadas por la Comunidad Indígena de Taira y la Comunidad Indígena Pueblo de San Pedro, en el proceso de participación ciudadana, PAC, llevado a cabo por el organismo evaluador.\n\nLos reclamantes indican que se trata de un proyecto de continuidad operacional de la Central Geotérmica Cerro Pabellón y de la línea de transmisión Cerro Pabellón y esperan que se invalide la Resolución de Calificación Ambiental, RCA, que aprobó la ampliación de la central y que vuelva a ser sometido a evaluación ambiental, con el fin que se efectúe una correcta evaluación de los impactos no considerados, previo procedimiento de consulta indígena.\n\nLas comunidades apelan a dos acuerdos previos sostenidos con la empresa, que de acuerdo a lo que expresan, quedaron contenidos en la Resolución de Calificación Ambiental, RCA, del proyecto inicial de la central.\n\nEl primero de ellos con la Corporación de Pueblos Originarios de Alto Loa suscrito el 2015 en el que la empresa se comprometía a hacer entrega del campamento a las comunidades de Cupo y Pueblo de San Pedro, por lo que asegura el escrito “este debe entregarse a las comunidades referidas, sin que pueda ser utilizado para el actual proyecto de ampliación”.\n\nEl otro acuerdo que habría suscrito la empresa fue con ambas comunidades reclamantes. En él se establece que, en caso de un aumento de producción energética por sobre los 48 Mega Watts MW,  se deberá desarrollar un Estudio de Impacto Ambiental, EIA, y propiciar el desarrollo de procesos de consulta indígena.\n\nLos reclamantes aseguran que el SEA ha tenido una mirada parcial que obvia los incumplimientos de los acuerdos previos y voluntarios suscritos por la central geotérmica.\n\nMientras la Comunidad Indígena de Taira reclama que las observaciones planteadas respecto a los impactos medioambientales del proyecto, no fueron debidamente consideradas por el SEA en el proceso de participación ciudadana; la Comunidad Indígena Pueblo de San Pedro asegura que no fueron estimados como comunidad en el levantamiento de la línea base del proyecto, aun cuando se encuentran en la zona de influencia, por lo que no se trabajó sobre un informe antropológico correctamente fundado.\n\nTambién, aseguran que no se descartaron los impactos que el proyecto tendría en la comunidad, específicamente en lo que corresponde a la dimensión antropológica, paisaje, patrimonio cultural y sitios arqueológicos.\n\nOtro punto reclamado es la no realización de consulta indígena. Respecto a esto, la Comunidad Pueblo de San Pedro establece en el escrito que “la autoridad ambiental otorga una RCA privando a la comunidad Indígena de Pueblo de San Pedro de explicar, en el contexto de la consulta indígena, cómo es que resulta afectada por el proyecto de ampliación”.\n\n<em><strong>Proyecto\n</strong></em>Según los antecedentes proporcionados por la empresa a través de su página web, el proyecto Central Geotérmica Cerro Pabellón es una iniciativa construida por Geotérmica del Norte, GDN, joint venture entre Enel Green Power Chile y ENAP. Se ubica en la comuna de Ollagüe, Región de Antofagasta y es la única central geotérmica operativa en Sudamérica y la más alta de su tipo en el mundo ya que se localiza a 4.500 metros sobre el nivel del mar.\n\nEsta planta requirió una inversión total de 320 millones de dólares en la construcción de su primera etapa y es capaz de producir alrededor de 340 gigavatios-hora (GWh) al año. La energía generada por la central se inyecta al Sistema Eléctrico Nacional.\n\nLa “Ampliación proyecto Central Geotérmica Cerro Pabellón” consiste en la ampliación de la potencia generadora de energía eléctrica a través de la puesta en marcha de una nueva planta de generación, compuesta por dos unidades denominadas 3 y 4 de tecnología binaria, que aportaría una potencia neta de generación de 50 Mega Watts, con lo que se duplicará la capacidad de generación del proyecto inicial, de acuerdo a lo establecido en el Estudio de Evaluación Ambiental, EIA, del proyecto.\n\nEn los siguientes link puede ver las reclamaciones:\n\n<a href=\"https://causas.1ta.cl/causes/187/expedient/4435/books/130/?attachmentId=7139\">https://causas.1ta.cl/causes/187/expedient/4435/books/130/?attachmentId=7139</a>\n\n<a href=\"https://causas.1ta.cl/causes/189/expedient/4437/books/132/?attachmentId=7146\">https://causas.1ta.cl/causes/189/expedient/4437/books/132/?attachmentId=7146</a>', 'Comunidades indígenas ingresan reclamaciones contra la evaluación ambiental favorable de la ampliación del proyecto geotérmico Cerro Pabellón', '', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'comunidades-indigenas-ingresan-reclamaciones-contra-la-evaluacion-ambiental-favorable-de-la-ampliacion-del-proyecto-geotermico-cerro-pabellon', '', '', '2021-07-28 09:45:43', '2021-07-28 12:45:43', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14438', 0, 'post', '', 0),
(14449, 1, '2021-08-04 10:25:03', '2021-08-04 13:25:03', '<img class=\"aligncenter wp-image-14452\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/IMG_1201.jpg\" alt=\"\" width=\"1040\" height=\"780\" />\n\nDurante su visita a la ciudad de Antofagasta, el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, CDE, Juan Antonio Peribonio, se reunió con el ministro presidente (s) del Primer Tribunal Ambiental, Mauricio Oviedo.\n\nEn cita, se trataron diversos temas relacionados con la labor que cumplen ambos organismos en pos de la protección medioambiental y en particular algunas apreciaciones de la labor desarrollada por el organismo público y la aplicación de las herramientas legales.\n\nEl ministro presidente (s) Mauricio Oviedo valoró la visita del presidente del CDE y dijo que “se trató de una instancia de conversación que permitió a ambas instituciones relevar la importancia de las acciones del Consejo, a través de la Unidad de Medio Ambiente, en las demandas por daño ambiental”.\n\nAsimismo, el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Antonio Peribonio, valoró la visita y se refirió al fortalecimiento entre ambas instituciones. \"Fortalecer nuestra relación institucional con el Primer Tribunal Ambiental es muy importante para el CDE, considerando las atribuciones que cada uno posee y las funciones que a cada cual le corresponde desempeñar, especialmente, con respecto a nuestro mandato legal en la interposición de las acciones que permiten obtener la reparación del medioambiente dañado\", expresó.\n\nRespecto a la reunión protocolar, el presidente Peribonio dijo que \"se presentó el trabajo que el Consejo desarrolla para asegurar altos estándares de reparación y/o compensación y la importancia que, para ello, tiene la función que viene desempeñando el Primer Tribunal Ambiental. También, manifesté a su ministro presidente nuestro parecer sobre la consistente conducción que su gestión le ha dado al Tribunal, dotándolo de una alta capacidad técnica y legal, lo que ha permitido robustecer el estándar de las reparaciones alcanzadas en casos de relevancia ambiental\".\n\nEn el saludo protocolar, la autoridad del CDE, estuvo acompañado por el abogado procurador fiscal, Carlos Bonilla, y el abogado jefe de la Unidad de Medio Ambiente, Rodrigo Rivera. En tanto, el ministro Oviedo recibió a las autoridades del consejo junto al secretario abogado (i) del tribunal, Pablo Miranda.\n\nDurante la visita, también, el presidente del CDE junto a los abogados Carlos Bonilla y Rodrigo Rivera pudo conocer las nuevas instalaciones del Primer Tribunal Ambiental.\n\n&nbsp;', 'Presidente del Consejo de Defensa del Estado se reúne con ministro presidente (s) del Primer Tribunal Ambiental', '', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'presidente-del-consejo-de-defensa-del-estado-se-reune-con-ministro-presidente-s-del-primer-tribunal-ambiental', '', '', '2021-08-04 10:25:03', '2021-08-04 13:25:03', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14449', 0, 'post', '', 0),
(14493, 1, '2021-08-14 01:09:30', '2021-08-14 04:09:30', '<img class=\"aligncenter wp-image-14494 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Captura-de-pantalla-5297.png\" alt=\"\" width=\"683\" height=\"384\" />\n<ul>\n 	<li><em><strong>En las próximas semanas se debiera oficializar el nombramiento de Álvarez con la firma, por parte del Presidente de la República, del decreto que tramita su designación y el posterior juramento de la abogada ante la Excelentísima Corte Suprema.</strong></em></li>\n</ul>\nLa abogada Sandra Álvarez Torres fue ratificada por la sala del Senado como ministra titular del Primer Tribunal Ambiental, correspondiéndole de esa manera presidir la judicatura especializada por el período 2021-2023, por lo que se constituirá de paso, en la primera mujer en presidir uno de los 3 tribunales ambientales del país.\n\nÁlvarez Torres es abogada de la Universidad Católica, candidata a doctora en Derecho de la misma Casa de Estudios, Magíster en Ciencias Jurídicas y Magíster en Nuevas Tecnologías. Cuenta con una amplia experiencia en el servicio público y en la academia. En el ámbito profesional se ha desempeñado en la Contraloría General de la República, Dirección de Aguas y Subsecretaria de Telecomunicaciones y el Ministerio de Defensa.\n\nAsimismo, es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile donde imparte la cátedra de Derecho Administrativo del Departamento de Derecho Público y profesora invitada en el Diploma de Compras Públicas y Diploma de Libre Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica.\n\nEn las próximas semanas se debe oficializar el nombramiento de Sandra Álvarez con la firma del Presidente de la República del decreto que tramita su designación y el posterior juramento de rigor ante la Excelentísima Corte Suprema.\n\nCon la incorporación de la ministra Álvarez el Primer Tribunal Ambiental quedará conformado por el ministro titular abogado y presidente subrogante Mauricio Oviedo Gutiérrez, la reciente ratificada ministra titular abogada Sandra Álvarez Torrez, y el ministro suplente licenciado en ciencias Fabrizio Queirollo Pellerano.', 'Senado aprueba nombramiento de Sandra Álvarez como nueva ministra titular abogada del Primer Tribunal Ambiental', '', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'senado-aprueba-nombramiento-de-sandra-alvarez-como-nueva-ministra-titular-abogada-del-primer-tribunal-ambiental', '', '', '2021-08-14 01:09:30', '2021-08-14 04:09:30', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14493', 0, 'post', '', 0),
(14507, 1, '2021-08-20 07:19:41', '2021-08-20 10:19:41', '<img class=\"aligncenter wp-image-14508 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/IMG_9445.jpg\" alt=\"\" width=\"749\" height=\"562\" />\n<ul>\n 	<li><strong>Desde el 01 de octubre la minera deberá parar la extracción de agua.</strong></li>\n</ul>\nUna medida cautelar que prohibe a Compañía Minera Cerro Colorado continuar extrayendo agua del acuífero de Lagunillas dictó el Primer Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta.\n\nLa determinación, adoptada por los ministros Mauricio Oviedo (presidente), Juan Opazo y Oscar Clavería se tomó luego de acoger a trámite una demanda de reparación de daño ambiental en contra de la minera de propiedad de BHP Billiton.\n\nLa medida cautelar, tal como lo establece la Ley, regirá desde el 01 de octubre y tiene como fin impedir los efectos negativos de los actos o conductas sometidas a su conocimiento y se fundamenta en el fallo que ya fue dictado por el Segundo Tribunal Ambiental el 2019 a través del cual se anuló parcialmente la Resolución de Calificación Ambiental, RCA, del proyecto “Continuidad Operacional Cerro Colorado”, lo que posteriormente fue ratificado por la Corte Suprema.\n\n“Se acoge la solicitud de medida cautelar consistente en la paralización de la extracción de agua subterránea desde el acuífero Lagunillas, desde los Pozos P1, P2, P3 y P4, destinada a la operación de la faena minera Cerro Colorado, por el término de 90 días, con excepción de la extracción de 10 litros por segundo autorizada para la ejecución del Sistema de Riego Artificial (SRA)”, dictaminaron los ministros.\n\nA juicio del Primer Tribunal Ambiental los antecedentes entregados en la demanda, entre los que están informes de la Dirección General de Aguas, DGA, constituyen una “presunción grave” de los hechos denunciados, por lo que “existe la necesidad de impedir que los efectos adversos de la extracción de aguas subterráneas que mantiene la empresa minera sobre el acuífero Lagunillas se sigan manifestando y agudizando”. Agregan que la única acción que “por ahora” permite lograr la protección de la laguna y bofedal es la paralización de la extracción de agua “hasta que la autoridad evaluadora emita un pronunciamiento técnico favorable que entregue seguridad de no afectación de los bienes protegidos”.\n\n<em><strong>Acción judicial\n</strong></em>La acción judicial fue interpuesta por Luis Jara Alarcón, propietario de la Estancia de Cancosa y se basa en el daño ambiental que la empresa habría provocado por la extracción de agua del acuífero de Lagunillas, lo que ha provocado un deterioro al sistema Lagunar y al bofedal del mismo nombre del acuífero.\n\nEl demandante solicita al tribunal la detención definitiva de toda la extracción de agua desde el acuífero para la operación de la faena, así como el desmantelamiento de obras asociadas; la elaboración, evaluación e implementación de un proyecto de suministro hídrico artificial al acuífero; y la reposición, reparación y restauración integral de todos los recursos biológicos y demás condiciones abióticas preexistentes en el ecosistema dañado.\n\n<em><strong>Daño ambiental\n</strong></em>Luis Jara asegura que el daño ambiental es una consecuencia del actuar “ilegal y culpable” de la compañía por la ausencia de una autorización ambiental para extraer aguas del acuífero. “La RCA (Resolución de Calificación Ambiental) 69/2015 fue anulada en consideración a que las medidas ambientales propuestas por el titular no eran apropiadas para hacerse cargo de los impactos ambientales sobre el recurso hídrico del proyecto”, dice el escrito.\n\nSumado a lo anterior, el demandante aduce que se realizan extracciones de agua sin contar con los derechos de aprovechamiento. “Así, sumado a la falta de permiso ambiental, CMCC (Compañía Minera Cerró Colorado) carecío también del permiso sectorial consistente en el derecho de aprovechamiento de aguas legalmente otorgado por la DGA que la habilite para las extracciones referidas, lo que constituye otro presupuesto para presumir su responsabilidad ambiental por infracción a los artículos 6 y siguientes del Título I del Código de Aguas”.\n\n<em><strong>Incumplimientos\n</strong></em>Otros de los incumplimientos de los que se acusa a la minera tienen relación a las medidas de riego artificial necesarias para la mantención del humedal.\n\nSeguido de un retardo negligente en el proceso de evaluación ambiental de las nuevas medidas que debe proponer la empresa para hacerse cargo de los efectos ambientales del nuevo proyecto en el acuífero Lagunillas. Se acusa a la minera de daño continuo, permanente, irreversible y significativo.\n\n<em><strong>Demandante\n</strong></em>Luis Eliecer Jara Alarcón, es copropietario del predio denominado Estancia Cancosa, dentro de cuyos límites se encuentra el denominado Salar Lagunillas, compuesto, por el acuífero Pampa Lagunillas, el Bofedal o Humedal Lagunillas y la Laguna Huantija.\n\n<em><strong>Minera\n</strong></em>La Compañía Minera Cerro Colorado, pertenece al grupo BHP Billiton y  se ubica en Pozo Almonte a 118 kilómetros de Iquique. Es la primera mina del mundo que trata  su mineral mediante un proceso de biolixiviación (extracción a través de microorganismos).\n\n&nbsp;\n\n&nbsp;', 'Primer Tribunal Ambiental ordena a Minera Cerro Colorado de BHP detener extracción de agua de acuífero de Lagunillas', 'La determinación, adoptada por los ministros Mauricio Oviedo (presidente), Juan Opazo y Oscar Clavería se tomó luego de acoger a trámite una demanda de reparación de daño ambiental en contra de la minera de propiedad de BHP Billiton', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'primer-tribunal-ambiental-ordena-a-minera-cerro-colorado-de-bhp-detener-extraccion-de-agua-de-acuifero-de-lagunillas', '', '', '2021-08-20 07:19:41', '2021-08-20 10:19:41', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14507', 0, 'post', '', 0),
(14517, 1, '2021-08-27 00:30:19', '2021-08-27 03:30:19', '<img class=\"aligncenter wp-image-14522\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Audiencia_3.png\" alt=\"\" width=\"1156\" height=\"650\" />\n<ul>\n 	<li><em>La reclamación fue ingresada por la Municipalidad de Andacollo contra la Superintendencia de Medio Ambiente y tiene relación con el proyecto Hipógeno de la minera Teck.</em></li>\n</ul>\nEn acuerdo quedó, ayer, la reclamación en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente, SMA, que fue interpuesta por la Municipalidad de Andacollo, por el archivo, que este organismo fiscalizador efectuó de una denuncia por eventuales incumplimientos ambientales del proyecto Hipógeno de Minera Teck Carmen de Andacollo.\n\nLa determinación de la sala integrada por los ministros Mauricio Oviedo (presidente), Eric Sepúlveda y Cristián López, se tomó luego de la audiencia de alegatos en la que las partes fundamentaron sus posiciones respecto a si correspondía o no el archivo de dicha denuncia.\n\nLa controversia se origina porque a juicio de la Municipalidad de Andacollo el organismo fiscalizador no debió archivar la denuncia interpuesta en noviembre de 2017 por el municipio y por Silvia Núñez Araya, la que se refería a incumplimientos a la Resolución de Calificación Ambiental, RCA, del proyecto por la no reubicación de dos familias que vivían en la quebrada del Churque, la no consideración de las familias del sector subida Mina Hermosa, además de infracciones respecto a la calidad del aire.\n\nEn la audiencia, el abogado del municipio, Carlos Muñiz Castillo, explicó que la Superintendencia de Medio Ambiente no se ha pronunciado respecto al traslado de las familias y tampoco sobre la afectación al medio humano. Aseguró que “los antecedentes que se tuvieron en consideración cuando se aprobó la RCA son antecedentes sobrepasados y no se tomó en consideración a la familia del sector denominado mina Hermosa, los que se han visto afectados. Tampoco la resolución dice nada con respecto a la calidad del aire”.\n\nAsimismo, Muñiz hizo hincapié en que el proyecto Hipógeno data del 2007, fecha en que los parámetros con los cuales se analizó el proyecto son distintos. “Nos encontramos ante la presencia de una localidad altamente sensible”, dijo, y contextualizó que “Andacollo desde el 2009 ha sido calificada como zona saturada lo que demuestra el alto impacto que significa para sus habitantes el desarrollo de nuevos proyectos”.\n\nContrario a lo anterior, la abogada de la SMA, Pamela Torres, explicó que el organismo investigó todas las materias expuestas por la parte reclamante y dijo que “el único incumplimiento es a la obligación de reasentamiento”, sin embargo, argumentó que no se efectuó por un acuerdo entre las familias y la empresa. “A pesar de que este fue el único hecho concreto denunciado conforme a los requisitos del artículo 47 de la LOSMA (Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente), la Superintendencia igual fiscalizó e investigó una posible elusión y fiscalizó y continúa realizando fiscalizaciones respecto a eventuales infracciones del proyecto con relación a emisiones atmosféricas”, afirmó la abogada.\n\nPor último, Torres enfatizó en que “el recurso carece de objeto porque tenemos un acto que está fundado en sí mismo y la SMA se dedicó a investigar, realizó inspecciones ambientales, entrevistas a las propias personas afectadas y tenemos una investigación que arrojó resultados”.\n\nLuego de llegar al acuerdo, la sala del tribunal, acordó que será el ministro Mauricio Oviedo quien redactará el fallo.\n\n<em><strong>Proyecto Hipógeno\n</strong></em>El proyecto Hipógeno de Minera Carmen de Andacollo de Teck fue aprobado el 2007 por el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA. Su objetivo central fue extender la vida útil de la minera a través de la producción de concentrado de cobre.\n\nEstá ubicado en la comuna de Andacollo, Región de Coquimbo y contempla la explotación del cuerpo de mineralización primaria o hipógena a rajo abierto con chancado, molienda, flotación y espesamiento para producir concentrado de cobre.\n\n&nbsp;', 'Primer Tribunal Ambiental deja en acuerdo causa en contra de Minera Teck Carmen de Andacollo', 'La controversia se origina porque a juicio de la Municipalidad de Andacollo el organismo fiscalizador no debió archivar la denuncia interpuesta en noviembre de 2017 por el municipio y por Silvia Núñez Araya, la que se refería a incumplimientos a la Resolución de Calificación Ambiental, RCA, del proyecto por la no reubicación de dos familias que vivían en la quebrada del Churque, la no consideración de las familias del sector subida Mina Hermosa, además de infracciones respecto a la calidad del aire.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'primer-tribunal-ambiental-deja-en-acuerdo-causa-en-contra-de-minera-teck-carmen-de-andacollo', '', '', '2021-08-27 00:30:19', '2021-08-27 03:30:19', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14517', 0, 'post', '', 0),
(14541, 1, '2021-08-31 17:34:05', '2021-08-31 20:34:05', '<img class=\"aligncenter wp-image-14543 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/IMG_4916.jpg\" alt=\"\" width=\"1135\" height=\"757\" />\n<ul>\n 	<li><em>El órgano jurisdiccional descartó las controversias respecto a la aprobación del Programa de Cumplimiento, PdC, cuando hay daño ambiental.</em></li>\n</ul>\nEl Primer Tribunal Ambiental rechazó, hoy, la reclamación de agricultores del Valle de Copiapó contra la Superintendencia del Medio Ambiente, SMA, por la aprobación  del Programa de Cumplimiento, PdC, presentado por Minera Caserones de Lumina Copper.\n\nEn la sentencia que no acoge los fundamentos entregados por los agricultores respecto a la aprobación del programa de cumplimiento, se deja claro que las infracciones graves cometidas por la empresa minera son susceptibles de ser subsanadas a través de un Plan de Reparación Ambiental o mediante el ejercicio de la acción judicial por daño ambiental.\n\nEl ministro redactor y presidente (s) del Primer Tribunal Ambiental, Mauricio Oviedo, indicó que la aprobación que la SMA efectuó del PdC no trae aparejado un detrimento para los agricultores. “No se constata un perjuicio real sobre los reclamantes, de aquellos que puedan quebrantar sus derechos dentro del proceso, ya que podrá instar por la imposición de la sanción respectiva e incluso, una vez terminado el mismo, y ante la ausencia de un Plan de Reparación por el daño ambiental efectivamente causado, se deberá incoar el correspondiente proceso por daño ambiental en sede jurisdiccional”, explicó.\n\nRecordemos que la reclamación fue presentada por los agricultores luego que el organismo fiscalizador dejó fuera del programa de cumplimiento dos cargos graves causantes de daño ambiental y lo aprobó solo con las medidas referentes a las otras 16 infracciones, lo que a juicio de los reclamantes no era legítimo porque se atenta contra la “integridad” del PdC.\n\n“Esta magistratura coincide con el análisis de la Superintendencia al estimar que es posible separar infracciones con daño ambiental de aquellas que no lo generan, y someterlas a distintas vías de revisión y corrección”, acotó el ministro redactor.\n\nAdemás, respecto al citado instrumento, en el fallo se estipula que el objetivo principal de los programas es el incentivar al cumplimiento normativo ambiental “para obtener de forma eficaz el retorno al cumplimiento de la regulación ambiental desatendida por el infractor y, cuando corresponda, hacerse cargo de los efectos nocivos que dicho quebrantamiento generó en el medioambiente”.\n\nLos ministros efectuaron un análisis detallado de las medidas propuestas por la empresa en el PdC y determinaron que la decisión de la SMA al aprobar el programa “está revestida de razonabilidad y motivación suficiente, logrando descartar los efectos nocivos de la infracción en base a una adecuada ponderación de los antecedentes técnicos acompañados. En concordancia con lo anterior, tampoco es posible atribuir impactos significativos derivados de la infracción”, se acota en la sentencia.\n\n<em><strong>Ingreso al SEIA\n</strong></em>Los ministros también analizaron los reproches respecto a tres acciones incluidas en el instrumento aprobado, entre ellas el ingreso al SEIA del Proyecto “Adecuación Operacional Faena Minera Caserones” y concluyeron que “tiene por objeto, entre otros, la evaluación del sistema de control de infiltraciones mediante la incorporación de pozos adicionales de bombeo de recuperación de aguas lo que, en conjunto con el sistema de drenaje, zanja cortafuga y pozos de remediación, permitirían captar las infiltraciones y devolverlas al área de proceso”.\n\nEn relación al descarte de los efectos nocivos de las infracciones, uno de los puntos que se establecen es que no hay afectación en la disponibilidad del recurso hídrico, de acuerdo a todos los antecedentes entregados y a los pronunciamientos de la Dirección General de Aguas, DGA.\n\nOtra medida analizada tiene relación con el compromiso de la empresa de ejecutar acciones de difusión sobre el pueblo Colla entre sus trabajadores directos y contratistas y se mandata que la ejecución de dichas iniciativas se lleve a cabo a la brevedad.\n\n<em><strong>Prevención</strong></em>\nEl fallo contempla la prevención del hoy exministro Marcelo Hernández quien plantea la necesidad de que la Superintendencia agilice los tiempos de revisión y análisis de los cargos considerados graves y que fueron desagregados del PdC, que dicen relación con la alteración de la calidad de las aguas del acuífero en las quebradas La Brea y Caserones por la infiltración de las aguas de contacto generadas por la operación de la minera. Además, de la construcción de las zanjas cortafugas sin cumplir con las condiciones establecidas en la evaluación ambiental del proyecto.\n\n<em><strong>Caserones</strong></em>\nEl proyecto, ubicado a 160 kilómetros al sureste de Copiapó, se emplaza en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama, a una altura media de 4.300 metros sobre el nivel del mar.\n\nEs una mina a rajo abierto de producción de concentrado de cobre y molibdeno con una vida operativa de 28 años.\n\nLe invitamos a leer el fallo en el siguiente enlace <a href=\"https://causas.1ta.cl/causes/182/expedient/4592/books/125/?attachmentId=7388\">https://causas.1ta.cl/causes/182/expedient/4592/books/125/?attachmentId=7388</a>\n\n&nbsp;', 'Primer Tribunal Ambiental respalda a la SMA y rechaza reclamación presentada por la aprobación del programa de cumplimiento de Minera Caserones', 'En la sentencia que no acoge los fundamentos entregados por los agricultores respecto a la aprobación del programa de cumplimiento, se deja claro que las infracciones graves cometidas por la empresa minera son susceptibles de reparación a través de un Plan de Reparación Ambiental o mediante el ejercicio de la acción judicial por daño ambiental.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'primer-tribunal-ambiental-respalda-a-la-sma-y-rechaza-reclamacion-presentada-por-aprobacion-de-programa-de-cumplimiento-de-minera-caserones', '', '', '2021-08-31 17:34:05', '2021-08-31 20:34:05', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14541', 0, 'post', '', 0),
(14582, 1, '2021-09-01 13:36:06', '2021-09-01 16:36:06', '<img class=\"aligncenter wp-image-14583 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Charla-Dra.-Pilar-Barr%C3%ADa-2.png\" alt=\"\" width=\"1079\" height=\"472\" />\n<ul>\n 	<li><em><strong>Doctora en Ciencias Pilar Barría explicó la importancia de trabajar los modelos hidrológicos en conjunto con las personas que viven en el territorio para una mejor gestión de los recursos hídricos.</strong></em></li>\n</ul>\nUna completa y exhaustiva exposición sobre los desafíos de la modelación hidrológica para la gestión de recursos hídricos en Chile presentó la doctora en ciencias Pilar Barría a ministros y equipo jurídico y en ciencias del Primer Tribunal Ambiental.\n\nLa doctora Barría explicó los desafíos que tiene la modelación matemática y la importancia de considerar el territorio en la gestión del agua. “No basta con tener una representación de cómo se comporta la cuenca, porque es una visión muy incompleta de todas las particularidades y dificultades que tiene un territorio, en el cual habitan personas, hay ecosistemas complejos y relaciones que se conforman”, dijo.\n\n“Las cuencas son un sistema que se propaga y uno de los desafíos de la hidrología es ver a las cuencas como un sistema. Tenemos que pensar lo que ocurre aguas abajo”, afirmó.\n\nTambién, la investigadora aclaró que “los modelos no son recetas, ni son perfectos, pero hay que hacer que los modelos sean útiles y para eso se debe identificar los procesos relevantes, es decir, saber qué está generando el problema; buscar información que permita que el modelo aprenda de esos datos y realizar pruebas de sensibilidad o poner a prueba el modelo”.\n\nEl equipo del tribunal, además, pudo conocer detalles de cómo se trabaja el modelo a través de la simulación del comportamiento de una cuenca, el modelo hídrico y explicó que “dependiendo de la cuenca y sus características se acentúa o disminuye la participación de diversos componentes en el balance hídrico total”.\n\nOtro de los puntos resaltados por la doctora fue la relevancia de abordar desde los territorios la gestión de los recursos hídricos y expuso el trabajo que se efectuó para analizar el comportamiento de la cuenca, la generación de diversos escenarios para efectuar las simulaciones y cómo el trabajo con la comunidad fue fundamental.\n\nSe trató de la primera charla magistral en la que se abordaron materias científicas, lo que fue ampliamente valorado por la investigadora al relevar que “la gestión de los recursos hídricos es un problema que debe ser abordado desde la interdisciplina”.\n\nAl respecto el ministro presidente (s) del tribunal resaltó la importancia que tiene para el equipo de asesores contar con mayores herramientas, en especial en lo que respecta a temas de agua considerando que “un número importante de causas que nos toca analizar tienen relación con el componente hídrico”.\n\nDurante su exposición, la investigadora explicó algunos de los trabajos que está realizando y cómo resulta fundamental el balance y gestión de recursos hídricos.\n\n&nbsp;', '“La gestión de los recursos hídricos es un problema que debe ser abordado desde la interdisciplina”', 'Una completa y exhaustiva exposición sobre los desafíos de la modelación hidrológica para la gestión de recursos hídricos en Chile presentó la doctora en ciencias Pilar Barría a ministros y equipo jurídico y en ciencias del Primer Tribunal Ambiental.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'la-gestion-de-los-recursos-hidricos-es-un-problema-que-debe-ser-abordado-desde-la-interdisciplina', '', '', '2021-09-01 13:36:06', '2021-09-01 16:36:06', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14582', 0, 'post', '', 0),
(14605, 1, '2021-09-06 15:40:04', '2021-09-06 18:40:04', '<img class=\"aligncenter wp-image-14607 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Proyecto_Cumbres-Alto-de-Lomas-Huasi_fuente-Fb-Cumbres-de-Alto-Lomas-Huasi.jpg\" alt=\"\" width=\"1136\" height=\"481\" />\n\nUna nueva reclamación, esta vez relacionada con la construcción de un proyecto inmobiliario en Calama, se admitió a trámite en el Primer Tribunal Ambiental.\n\nLa causa, ingresada por Esteban Araya Toroco tiene relación con el proyecto inmobiliario “Cumbres de Altos Lomas Huasi” de inversiones Cumbres de Altos Calama SpA, el que se ubica en el sector Topater en Calama, Región de Antofagasta.\n\nEl reclamante solicita al tribunal que la Superintendencia de Medio Ambiente, SMA, decrete el ingreso del proyecto a evaluación ambiental a través de un Estudio de Impacto Ambiental, EIA, debido a que está asentado en un cementerio indígena prehispánico.\n\nEn el escrito presentado ante el tribunal, Araya Toroco asegura que desde hace varios años se ha estado desarrollando un proyecto inmobiliario que ha logrado avanzar sin someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA. “No es una subdivisión predial, sino un proyecto inmobiliario y el lugar donde se emplaza corresponde a un área protegida”, dice la reclamación y se establece que la empresa, realiza una rebaja de la superficie del proyecto solo para eludir el ingreso al SEIA, situación que fue reclamada ante la SMA, sin embargo, el organismo aseguró que no había incumplimientos, por lo que archivó la denuncia.\n\nOtro de los fundamentos dados por el reclamante tiene relación con la disposición legal de que deban someterse al SEIA todos los proyectos industriales o inmobiliarios que se ejecuten en zonas declaradas latentes o saturadas, como es el caso de la ciudad de Calama.\n\nAdemás, para Araya Toroco, la empresa ha tenido la intención de eludir y fraccionar el proyecto, a través de la reducción de la superficie y lotes con el fin de evadir el ingreso al SEIA y con la aseveración de que no tienen intención de construir. Sin embargo, esto para el reclamante constituye una “falacia del desarrollador”. “Es necesario subrayar que el loteo “sin construcción” es una falacia del desarrollador. En efecto no se ha autorizado un loteo de papel, pues en la práctica hay obras que se han ejecutado en el terreno, hay avenidas que se han abierto y espacios con restos humanos y arqueológicos que han sido alterados. De hecho, el propio informe de fiscalización de la SMA da cuenta de ello”, dice el escrito presentado.\n\n<em><strong>Terrenos\n</strong></em>El reclamante asegura que la urbanización se emplaza en terrenos de protección patrimonial histórica, ya que allí existe un cementerio indígena prehispánico de Topater. “La existencia de una zona extensa con material arqueológico y restos humanos, que constituye un extenso lugar de enterramiento, merece por último un trato acorde con la dignidad de la persona y los derechos de las comunidades indígenas para quienes este lugar tiene un valor cultural y religioso protegido por las leyes, la Constitución y los tratados internacionales”.\n\nAhora el tribunal deberá referirse a si corresponde o no que el proyecto ingrese a evaluación ambiental.\n\n<em>(Fuentes fotografía: facebook Cumbres de Altos de Loma Huasi)</em>\n\nPuedes leer la reclamación en el siguiente enlace <a href=\"https://causas.1ta.cl/causes/195/expedient/4583/books/139/?attachmentId=7349\">https://causas.1ta.cl/causes/195/expedient/4583/books/139/?attachmentId=7349</a>', 'Primer Tribunal Ambiental admite a trámite reclamación por falta de evaluación ambiental de proyecto inmobiliario en sector Topater de Calama', 'La causa, ingresada por Esteban Araya Toroco tiene relación con el proyecto inmobiliario “Cumbres de Altos Lomas Huasi” de inversiones Cumbres de Altos Calama SpA, el que se ubica en el sector Topater en Calama, Región de Antofagasta.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'primer-tribunal-ambiental-admite-a-tramite-reclamacion-por-falta-de-evaluacion-ambiental-de-proyecto-inmobiliario', '', '', '2021-09-06 15:40:04', '2021-09-06 18:40:04', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14605', 0, 'post', '', 0),
(14613, 1, '2021-09-07 09:49:46', '2021-09-07 12:49:46', '<img class=\"aligncenter wp-image-14277 size-full\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/UWJEHDEUAVF7HPVAGJ4XU3QKJQ.jpg\" alt=\"\" width=\"900\" height=\"600\" />\n<ul>\n 	<li><strong><em>Comité de Defensa de Caimanes se desiste de recurso de casación en el fondo presentado ante la Corte Suprema.</em></strong></li>\n</ul>\nLuego de un acuerdo al que llegaron los habitantes del Valle del Pupío (Comuna de Los Vilos) y Minera Los Pelambres, el Comité de Defensa de Caimanes se desistió del recurso de casación en el fondo que había interpuesto en contra de la sentencia del Primer Tribunal Ambiental que rechazó la reclamación contra el proyecto INCO de la minera.\n\nEl desistimiento se produjo luego del Acuerdo Marco de Entendimiento y Cooperación Recíproca suscrito entre la minera de Antofagasta Minerals y de familias del Valle del Pupío (lugar donde se encuentra el poblado de Caimanes), que fue impulsado por la Corte Suprema y a través del cual los habitantes del sector adhirieron a lo que fue el Acuerdo de Caimanes.\n\n<em><strong>Sentencia\n</strong></em>En la sentencia del Primer Tribunal Ambiental se rechazó la reclamación de los vecinos de Caimanes por la calificación favorable del Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del proyecto Infraestructura Complementaria, INCO, de Minera Los Pelambres.\n\nEn la causa contra el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, se reclamaba el proceso de participación ciudadana, PAC, llevado adelante por el organismo evaluador, porque aducían que no se había efectuado en Caimanes ninguna actividad en el marco de la PAC.\n\nSin embargo, el tribunal determinó que el SEA y la empresa dieron íntegro cumplimiento a la obligación de fomentar y facilitar la participación ciudadana en la evaluación del proyecto, así como, también, de establecer los mecanismos que aseguraran la participación informada de la comunidad.\n\n&nbsp;\n\n&nbsp;', 'Se mantiene sentencia del Primer Tribunal Ambiental que rechazó la reclamación contra proyecto INCO de Minera Los Pelambres', 'Luego de un acuerdo al que llegaron los habitantes del Valle del Pupío (Comuna de Los Vilos) y Minera Los Pelambres, el Comité de Defensa de Caimanes se desistió del recurso de casación en el fondo que había interpuesto en contra la sentencia del Primer Tribunal Ambiental que rechazó la reclamación contra el proyecto INCO de la minera.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'se-mantiene-sentencia-del-primer-tribunal-ambiental-que-rechazo-la-reclamacion-contra-proyecto-inco-de-minera-los-pelambres', '', '', '2021-09-07 09:49:46', '2021-09-07 12:49:46', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14613', 0, 'post', '', 0),
(14633, 1, '2021-09-10 08:46:18', '2021-09-10 11:46:18', '<img class=\"aligncenter wp-image-14634 size-full\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/5b-890x395_0.jpg\" alt=\"\" width=\"890\" height=\"395\" />\n\nUna nueva demanda por daño ambiental fue admitida a trámite hoy por el Primer Tribunal Ambiental. Se trata de una causa interpuesta por Carlos Herrera Toledo, vecino de la comuna de Paihuano sector de Alcohuaz en la Región de Coquimbo, en contra de un particular a quien se le acusa de daño ambiental por diversas faenas que se llevan a cabo en un predio del sector.\n\nEn su escrito el demandante explica que el empresario Max Didier Valdés, propietario de los terrenos en los que se efectúan las obras, ha llevado a cabo el retiro de grandes cantidades de piedras para realización de caminos internos dentro de su propiedad, además de la tala, corte y destronque de material xerofítico (especies autóctonas).\n\n“El actuar deliberado del demandado ha derivado en la destrucción, alteración, menoscabo y transformación irreparable a la geografía, ecosistema y biodiversidad del lugar”, estipula el escrito.\n\nTambién, la demanda releva que en el lugar se puede encontrar flora que está en categoría de conservación como quiscos, copaos y el denominado asiento de suegra. Además, de bosque nativo de preservación protegidos por la Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, como espino, huañil y suculentas; además de arbustos como leñosos altos y bajos; y otras especies autóctonas, “siendo esta la vegetación que estaría sufriendo el daño”, dice el demandante.\n\nAdemás, se explica que se está en presencia de suelos “sumamente frágiles” y que la intervención sin tratamiento alguno “se traduce en un alto riesgo de deslizamientos y procesos aluvionales ante la posibilidad de lluvias o nevazones.\n\nSe acusa también, del uso de maquinaria pesada para el retiro de grandes cantidades de roca de gran tamaño lo que -para el demandante- destruye, altera, menoscaba y transforma en forma importante y significativa la geografía, el ecosistema y la biodiversidad del lugar, lo que significará daño ambiental “a raíz de la pérdida de cobertura vegetal del lugar, lo que provoca un aceleramiento en la erosión de dichos suelos, además de la pérdida de la biodiversidad de la zona.\n\nPara Carlos Herrera Toledo, ha habido un incumplimiento de la normativa vigente y la falta de evaluación ambiental de las obras. “El presente proyecto no cuenta con ningún tipo de permiso o plan de mitigación.\n\n<em><strong>Alcohuaz\n</strong></em>Ubicada en la comuna de Paihuano, Alcohuaz es una localidad que se ubica en el Valle de Elqui a 1.740 metros sobre el nivel del mar y a 120 kilómetros de La Serena.\n\nTodos los detalles de la demanda acá  <a href=\"https://causas.1ta.cl/causes/197/expedient/4619/books/141/?attachmentId=7446\">https://causas.1ta.cl/causes/197/expedient/4619/books/141/?attachmentId=7446</a>\n\n<em>Crédito fotografía: El Observatodo</em>', 'Ingresa demanda por eventual daño ambiental producto de faenas en terrenos de sector de Alcohuaz en la Región de Coquimbo', '', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'ingresa-demanda-por-eventual-dano-ambiental-producto-de-faenas-en-terrenos-en-sector-de-alcohuaz-en-la-region-de-coquimbo', '', '', '2021-09-10 08:46:18', '2021-09-10 11:46:18', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14633', 0, 'post', '', 0);
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(14660, 1, '2021-09-15 13:43:08', '2021-09-15 16:43:08', 'En estudio quedó la solicitud de minera Cerro Colorado de alzamiento de la medida cautelar dictada por el Primer Tribunal Ambiental que le prohíbe la extracción de agua del acuífero de Lagunillas.\n\nLa decisión, adoptada por los ministros Mauricio Oviedo, Cristián López y Juan Opazo, se tomó luego de la audiencia efectuada, ayer, por la petición de la empresa de dejar sin efecto la determinación adoptada el pasado 19 de agosto por el tribunal.\n\nRecordemos que dicha medida se decretó en el contexto de la demanda interpuesta por Luis Jara Alarcón copropietario de la Estancia de Cancosa y la solicitud realizada por el eventual daño ambiental que la minera, propiedad de BHP, ha provocado en el sector.\n\nEn la audiencia, tanto el abogado de la empresa como el del demandante expusieron sus argumentos ante la sala del organismo colegiado. Comenzó sus alegatos el abogado demandante Ladislao Quevedo, quien solicitó mantener la medida tal como fue decretada “por los antecedentes graves y serios que acreditan la casi destrucción total del acuífero Lagunillas que alimenta al bofedal Lagunillas y a la laguna Huantija, la que se sostiene hoy día con la propia agua que se saca del bofedal” dijo.\n\nEl abogado Quevedo aseguró que “cada vez que se continúa extrayendo agua la recuperación del acuífero se proyecta para después del año 2.100, lo que es contrario a los principios del derecho ambiental, la Constitución y la Ley”.\n\nOtro punto planteado por abogado demandante tuvo relación con los antecedentes presentados por la empresa en la nueva evaluación de impacto ambiental que está llevando a cabo el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, y que tienen relación con la falta de control de los acuíferos del humedal Lagunillas y la laguna Huantija. “En los informes aparece que la última medición fue el año 2018”, dijo Quevedo, además, de enfatizar que “a la minera no le interesa evaluar lo que allí está ocurriendo”.\n\n“Se han omitido los monitoreos exigidos por la autoridad” por lo que los estudios presentados no tendrían una base -dijo- y explicó que se trata de “un acuífero que alimenta un bofedal alto andino, bienes muy escasos de alto endemismo de flora y fauna y todos nos vemos afectados por su daño”.\n\nTambién, el abogado cuestionó que la minera esté extrayendo agua en el sector de la mina, porque aseguró que se trata de una “extracción indebida” que no ha sido evaluada ambientalmente.\n\nEn tanto, el litigante de la empresa, José Luis Fuenzalida, refutó los antecedentes entregados por Quevedo y aseguró que “no se está en presencia de la irreparabilidad del acuífero” y cuestionó los intereses del demandante y su legitimación activa para demandar ya que “no tiene derechos de agua en Lagunillas”, argumentó Fuenzalida.\n\nTambién, el abogado detalló que “la operación del campo de pozos no ha superado, ni proyecta superar los descensos máximos previstos” y que la obligación de la empresa es volver a la recuperación del acuífero a los niveles de la condición base, “lo que se proyecta antes del 2050”, aseguró.\n\nAdemás, el abogado de la empresa acusó al demandante de “hostigamiento judicial e instrumentalización de los tribunales de justicia” y aseguró que “no tiene presencia material en el entorno”, por lo que no tiene legitimación activa y aseguró que los títulos inscritos están judicializados y transferidos. Además, de asegurar que la posesión ancestral está en manos de la comunidad Aymara de Cancosa.\n\nFuenzalida asegura que el demandante no tiene interés ambiental y dio a conocer diversas acciones judiciales interpuestas por Luis Jara. “En los últimos años ha deducido más de 20 acciones, ente judiciales y administrativas, con el único propósito que la operación de Cerro Colorado se haga derechamente imposible, excesivamente gravosa con miras a mejorar su posición de negociación, con pretensiones indemnizatorias del orden de más de 32 millones de dólares”, recalcó Fuenzalida.\n\nAhora el tribunal estudiará los antecedentes entregados por ambas partes antes de tomar la decisión de levantar la medida cautelar o bien modificarla por otra que atienda a la protección del acuífero y su bofedal.\n\n<em><strong>Medida Cautelar\n</strong></em>La medida cautelar, tal como se encuentra decretada hasta ahora, rige desde el 01 de octubre y tiene como fin impedir los efectos negativos de los actos o conductas sometidas a su conocimiento y se fundamenta en el fallo que ya fue dictado por el Segundo Tribunal Ambiental el 2019 a través del cual se anuló parcialmente la Resolución de Calificación Ambiental, RCA, del proyecto “Continuidad Operacional Cerro Colorado”, lo que posteriormente fue ratificado por la Corte Suprema.\n\n“Se acoge la solicitud de medida cautelar consistente en la paralización de la extracción de agua subterránea desde el acuífero Lagunillas, desde los Pozos P1, P2, P3 y P4, destinada a la operación de la faena minera Cerro Colorado, por el término de 90 días, con excepción de la extracción de 10 litros por segundo autorizada para la ejecución del Sistema de Riego Artificial (SRA)”, dictaminaron los ministros en su oportunidad.\n\n<em><strong>Acción judicial\n</strong></em>La acción judicial fue interpuesta por Luis Jara Alarcón, copropietario de la Estancia de Cancosa y se basa en el daño ambiental que la empresa habría provocado por la extracción de agua del acuífero de Lagunillas, lo que ha provocado un deterioro al sistema Lagunar y al bofedal del mismo nombre del acuífero.\n\nEl demandante solicita al tribunal la detención definitiva de toda la extracción de agua desde el acuífero para la operación de la faena, así como el desmantelamiento de obras asociadas; la elaboración, evaluación e implementación de un proyecto de suministro hídrico artificial al acuífero; y la reposición, reparación y restauración integral de todos los recursos biológicos y demás condiciones abióticas preexistentes en el ecosistema dañado.\n\n<em><strong>Daño ambiental\n</strong></em>Luis Jara asegura que el daño ambiental es una consecuencia del actuar “ilegal y culpable” de la compañía por la ausencia de una autorización ambiental para extraer aguas del acuífero. “La RCA (Resolución de Calificación Ambiental) 69/2015 fue anulada en consideración a que las medidas ambientales propuestas por el titular no eran apropiadas para hacerse cargo de los impactos ambientales sobre el recurso hídrico del proyecto”, dice el escrito.\n\nSumado a lo anterior, el demandante aduce que se realizan extracciones de agua sin contar con los derechos de aprovechamiento. “Así, sumado a la falta de permiso ambiental, CMCC (Compañía Minera Cerró Colorado) careció también del permiso sectorial consistente en el derecho de aprovechamiento de aguas legalmente otorgado por la DGA que la habilite para las extracciones referidas, lo que constituye otro presupuesto para presumir su responsabilidad ambiental por infracción a los artículos 6 y siguientes del Título I del Código de Aguas”.\n\n<em><strong>Incumplimientos\n</strong></em>Otros de los incumplimientos de los que se acusa a la minera tienen relación a las medidas de riego artificial necesarias para la mantención del humedal.\n\nSeguido de un retardo negligente en el proceso de evaluación ambiental de las nuevas medidas que debe proponer la empresa para hacerse cargo de los efectos ambientales del nuevo proyecto en el acuífero Lagunillas. Se acusa a la minera de daño continuo, permanente, irreversible y significativo.\n\n<em><strong>Demandante</strong></em>\nLuis Eliecer Jara Alarcón, es copropietario del predio denominado Estancia Cancosa, dentro de cuyos límites se encuentra el denominado Salar Lagunillas, compuesto, por el acuífero Pampa Lagunillas, el Bofedal o Humedal Lagunillas y la Laguna Huantija.\n\n<em><strong>Minera</strong></em>\nLa Compañía Minera Cerro Colorado, pertenece al grupo BHP Billiton y  se ubica en Pozo Almonte a 118 kilómetros de Iquique. Es la primera mina del mundo que trata su mineral mediante un proceso de biolixiviación (extracción a través de microorganismos).\n\n&nbsp;\n\n&nbsp;', 'Primer Tribunal Ambiental deja en estudio solicitud de levantamiento de medida cautelar que afecta a minera Cerro Colorado', 'Recordemos que dicha medida se decretó en el contexto de la demanda interpuesta por Luis Jara Alarcón copropietario de la Estancia de Cancosa y la solicitud realizada por el eventual daño ambiental que la minera, propiedad de BHP, ha provocado en el sector.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'primer-tribunal-ambiental-deja-en-estudio-solicitud-de-levantamiento-de-medida-cautelar-que-afecta-a-minera-cerro-colorado', '', '', '2021-09-15 13:43:08', '2021-09-15 16:43:08', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14660', 0, 'post', '', 0),
(14677, 1, '2021-09-20 09:34:47', '2021-09-20 12:34:47', '<img class=\"aligncenter wp-image-14679 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/crdone-01-sliuder_fuente_isaInterchile.jpg\" alt=\"\" width=\"978\" height=\"433\" />\n<ul>\n 	<li><em>Las sanciones fueron dictadas por la Superintendencia de Medio Ambiente, SMA, por ruidos causados por el denominado “efecto corona” del proyecto de transmisión eléctrica Cardones-Polpaico de Interchile en el Altovalsol de la Región de Coquimbo. Empresa las considera desproporcionadas.</em></li>\n</ul>\n&nbsp;\n\nUna multa de más de 1.500 millones de pesos, cursada por la Superintendencia del Medio Ambiente, SMA, pretende dejar sin efecto la empresa Interchile a través de una reclamación ingresada al Primer Tribunal Ambiental y que fue admitida a trámite hoy por el organismo colegiado.\n\nA dicha reclamación, se suma además, la ingresada por la misma empresa para suspender el cumplimiento las cuatro medidas urgentes y transitorias, MUT, dictadas también por el organismo fiscalizador.\n\nSe trata de dos medidas adoptadas por la SMA debido a infracciones ambientales del proyecto de transmisión eléctrica Cardones-Polpaico, específicamente por ruidos causados por el denominado “efecto corona” en los sectores Altovalsol y El Romero en la Región de Coquimbo.\n\nTanto la multa como las MUT tienen relación con el procedimiento sancionatorio llevado adelante por el organismo fiscalizador y que consideró dos cargos como graves: el primero por incumplimiento de las obligaciones de monitoreo de ruidos de la Resolución de Calificación Ambiental, RCA, del proyecto y el segundo, la infracción de la Norma de Emisión de Ruidos.\n\nA través de las reclamaciones ingresadas al Primer Tribunal Ambiental, ambos cargos son refutados por la empresa, por lo que efectuó una objeción en cuanto a la determinación del hecho constitutivo de infracción y una objeción respecto a la determinación de la gravedad.\n\nEn relación al primer cargo, la empresa acota que se trata de una infracción que debió haber sido considerada como leve porque “no se infringió una obligación destinada a minimizar los efectos negativos, sino que simplemente un deber de información sobre el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable (en este caso la Norma de Emisión de Ruidos).\n\nRespecto al segundo, Interchile argumenta que la SMA “debió haber hecho una consideración contextualizada” por la existencia de variables nuevas, distintas a las que había al momento en que el proyecto ingresó al SEIA y que dicen relación con viviendas cercanas a la línea de transmisión y asegura que no existe riesgo significativo de afectación a la salud de la población porque el organismo fiscalizador no acreditó el peligro.\n\nPara la empresa la SMA se “extralimita en sus competencias” porque establece criterios propios de la evaluación ambiental lo que le corresponde al Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, y aluden a las herramientas que tiene el organismo evaluador para que los proyectos adapten su cumplimiento normativo, entre ellos, el artículo 25 quinquies de la Ley 19.300, que dice que la RCA de un proyecto puede ser revisada excepcionalmente a petición del titular o afectado cuando hay variaciones sustanciales en relación a lo proyectado.\n\nSe explica que el trazado de la línea de transmisión se efectuó por sectores rurales donde no existía población, ni receptores sensibles, sin embargo, han proliferado parcelas de agrado, crecimiento que -de acuerdo a la empresa- no responde a instrumentos de planificación territorial, “no pudiendo Interchile anteponerse ni hacerse cargo de esta situación”.\n\nAhora, los fundamentos entregados por la empresa y la contestación que efectúe el organismo fiscalizador serán analizados por el Primer Tribunal Ambiental, organismo que en las próximas semanas debiera fijar la audiencia de alegatos para escuchar los fundamentos de las partes.\n\n<em><strong>Medidas Urgentes y Transitorias\n</strong></em>Adicionalmente, la superintendencia dictaminó cuatro Medidas Urgentes y Transitorias, MUT, que debe cumplir la empresa, las que se fundamentan en antecedentes que acreditan que existe un daño grave e inminente al medio ambiente, específicamente a la salud de la población.\n\nSin embargo, a juicio de Interchile, las medidas imponen exigencias sin fundamento adecuado, desproporcionadas y en plazos imposibles de cumplir. Se alude a que no ha sido fundamentado el peligro o riesgo de un daño inminente para el medioambiente y aseguran que el ruido se asocia al “efecto corona”, que es un fenómeno eléctrico que se produce en las líneas de transmisión y genera luz, ruido y vibración, entre otros.\n\nSe aduce que dicho efecto se genera cuando hay bajas temperaturas y alta humedad, por “lo que es un evento que se produce solo en algunas ocasiones durante el año y no corresponde a una emisión sonora permanente y continua”.\n\nTambién, la empresa asegura que las MUT decretadas se refieren a la totalidad del proyecto y no exclusivamente en la zona que hubo exceso de ruido o denuncias, por lo que para la empresa “existe una disociación entre la inminencia del daño afirmado por la SMA y las medidas que finalmente decreta”, porque la autoridad fiscalizadora funda el supuesto peligro para el medioambiente en denuncias y mediciones de ruido realizadas en el sector de Altovalsol y decreta medidas que afectan y deben cumplirse en los 753 kilómetros que abarca la totalidad del proyecto.\n\nOtro fundamento de Interchile tiene relación con el tiempo que ha transcurrido entre el inicio del procedimiento sancionatorio llevado adelante por la superintendencia y la dictación de las MUT, lo que descartaría el supuesto riesgo o peligro inminente y “desacredita la urgencia y necesidad” de ellas.\n\nRespecto a lo anterior, en la reclamación se establece: “Si el supuesto peligro al medio ambiente hubiere sido tan “inminente”, ya se habría consumado hace mucho tiempo el daño afirmado por la autoridad, lo que no ha ocurrido, ni ha sido constatado. Únicamente están presentadas las denuncias de los vecinos, sin existir evidencia de eventual daño a la salud”.\n\nFinalmente, la empresa asegura que hay inconsistencias técnicas y falta de justificación del organismo fiscalizador al delimitar el perímetro de afectación establecido en 400 metros del proyecto.\n\n<strong><em>Medidas\n</em></strong>La primera medida consiste en un levantamiento actualizado de los receptores susceptibles de ser afectados por las emisiones de ruidos. Se debe considerar a todos quienes se ubiquen a una distancia inferior o igual a 400 metros desde la línea de transmisión y/o subestaciones eléctricas del proyecto y tiene un plazo de 15 días corridos.\n\nLa segunda, comprende monitoreos de ruido en la totalidad de los receptores identificados. Plazo de 2 meses. Mientras que la tercera, tiene relación con la realización de un estudio técnico para el diseño de una solución de largo plazo para el ruido audible asociado al efecto corona, en un plazo de 3 meses.\n\nPor último, la cuarta medida tiene relación con llevar a cabo un estudio técnico para el diseño de medidas de mitigación que se deben implementar en el corto plazo. Debe ser entregado en 2 meses.\n\n<strong><em>Fiscalización\n</em></strong>En el 2018 la SMA levantó cargos a la empresa por superación de niveles máximos permisibles de ruido y los incumplimientos de los compromisos de monitoreos de dichos ruidos\n\nAmbos cargos son considerados graves por la SMA ya que afectan la salud de la población y porque incumplen las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos previstos en la Resolución de Calificación Ambiental, RCA, del proyecto.\n\n<strong><em>MUT\n</em></strong>Las medidas urgentes y transitorias consisten en el ejercicio de una facultad que tiene la SMA para el resguardo del medioambiente cuando la ejecución u operación de un proyecto o actividad genere un daño grave e inminente a consecuencia del incumplimiento grave de las normas, medidas y condiciones previstas en la RCA de los proyectos.\n\n<strong><em>Proyecto\n</em></strong>El proyecto consiste en una línea de transmisión de alto voltaje que recorre las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana con una extensión aproximada de 753 kilómetros y tres subestaciones en Cardones, Maitencillo y Pan de Azúcar.\n\nPuedes ver la reclamación por multa (Causa R-50-2021) en el siguiente enlace:<a href=\"https://causas.1ta.cl/causes/200/expedient/4632/books/144/?attachmentId=7474\">https://causas.1ta.cl/causes/200/expedient/4632/books/144/?attachmentId=7474</a>\n\nPuedes ver la reclamación por MUT (causa R-49-2021) en el siguiente enlace: <a href=\"https://causas.1ta.cl/causes/199/expedient/4631/books/143/?attachmentId=7465\">https://causas.1ta.cl/causes/199/expedient/4631/books/143/?attachmentId=7465</a>\n\n&nbsp;\n<h6><em>Fuente fotografía: Diario El Día (portada) y sitio web Isa Interchile (interior)</em></h6>', 'Interchile  reclama ante Primer Tribunal Ambiental por multa de más de 1.500 millones de pesos y medidas adoptadas por la SMA', 'Una multa de más de 1.500 millones de pesos, cursada por la Superintendencia del Medio Ambiente, SMA, pretende dejar sin efecto la empresa Interchile a través de una reclamación ingresada al Primer Tribunal Ambiental y que fue admitida a trámite hoy por el organismo colegiado.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'interchile-reclama-ante-primer-tribunal-ambiental-por-multa-de-mas-de-1-500-millones-de-pesos-y-medidas-adoptadas-por-la-sma', '', '', '2021-09-20 09:34:47', '2021-09-20 12:34:47', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14677', 0, 'post', '', 0),
(14683, 1, '2021-09-21 17:22:10', '2021-09-21 20:22:10', '<img class=\"alignnone size-full wp-image-14684\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/audiencia-revisi%C3%B3n-cautelar-2.jpg\" alt=\"\" width=\"1168\" height=\"437\" />\n<ul>\n 	<li><strong><em>Primer Tribunal Ambiental modifica medida cautelar y autoriza a la minera la extracción de 54 litros por segundo de agua para su producción por un plazo final de 90 días corridos.</em></strong></li>\n</ul>\nEl alzamiento y posterior modificación de la medida cautelar que prohibía a minera Cerro Colorado la extracción de aguas del acuífero Lagunillas, fue decretada, hoy, por los ministros del Primer Tribunal Ambiental, luego de la oposición presentada por la empresa y analizada por la sala del órgano colegiado.\n\nLa nueva disposición del tribunal, por una parte ordena al Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, que a la brevedad y dentro del plazo máximo previsto en la Ley N°19.300 culmine la evaluación ambiental del “Proyecto Continuidad Operacional de Cerro Colorado”, y; por otra, autoriza a la empresa extraer del acuífero lagunillas solo un caudal de 54 litros por segundo para fines productivos durante 90 días corridos. Una vez finalizado ese plazo si no se obtiene la calificación ambiental favorable del proyecto la minera no podrá seguir extrayendo agua.\n\nLa determinación del tribunal considera la situación crítica en que se encuentra el acuífero y también, la proporcionalidad que debe tener la medida “evitando sin dudas causar un daño mayor del que se trata de evitar por el ejercicio de la acción jurisdiccional”, dice el documento.\n\nPor lo anterior, se deja establecido que la minera solo tendrá los 90 días para obtener la correspondiente resolución de calificación ambiental con las medidas asociadas a la recuperación del acuífero Lagunillas, en los términos ordenados por la sentencia del Segundo Tribunal Ambiental.\n\nTambién, se estipula que en caso de no obtenerla dentro del plazo indicado “automáticamente y sin necesidad de posterior declaración, Compañía Minera Cerro Colorado Limitada o quien la reemplace, deberá suspender la extracción total de aguas subterráneas”. Esta última decisión contó con la prevención del ministro Juan Opazo, quien fue de opinión de evaluar la situación del acuífero una vez transcurrido el plazo otorgado a la empresa.\n\nA juicio del órgano colegiado, dicha evaluación “se ha extendido más allá del tiempo que razonablemente demanda la protección ambiental de un acuífero altoandino que por su especial fragilidad y singularidad el ordenamiento jurídico se ha encargado de proteger”, por lo que instruye al SEA para que “dé inmediato cumplimiento a lo ordenado por el Segundo Tribunal Ambiental y proceda a la evaluación complementaria del aludido proyecto, dentro del plazo legal dispuesto para estos efectos en la Ley N° 19.300 y bajo el apercibimiento legal del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. Al efecto, ofíciese al Servicio de Evaluación Ambiental”.\n\nAdemás, se oficia a la Dirección General de Aguas para que fiscalice y reporte mensualmente al tribunal sobre el “efectivo” cumplimiento de la medida cautelar y adopte las acciones necesarias para asegurar la reducción del caudal de extracción de aguas desde el acuífero.\n\nRecordemos que la modificación de la medida cautelar se decreta en el contexto de la demanda por daño ambiental interpuesta por Luis Jara Alarcón, copropietario de la Estancia de Cancosa, en contra de Compañía Minera Cerro Colorado y la solicitud realizada por esta empresa de revisión de la prohibición de extracción de agua del acuífero de Lagunillas.\n\n<em><strong>Acción judicial\n</strong></em>La acción judicial fue interpuesta por Luis Jara Alarcón, copropietario de la Estancia de Cancosa y se basa en el daño ambiental que la empresa habría provocado por la extracción de agua del acuífero de Lagunillas, lo que ha provocado un deterioro al sistema Lagunar y al bofedal del mismo nombre del acuífero.\n\nEl demandante solicita al tribunal la detención definitiva de toda la extracción de agua desde el acuífero para la operación de la faena, así como el desmantelamiento de obras asociadas; la elaboración, evaluación e implementación de un proyecto de suministro hídrico artificial al acuífero; y la reposición, reparación y restauración integral de todos los recursos biológicos y demás condiciones abióticas preexistentes en el ecosistema dañado.\n\n<em><strong>Daño ambiental</strong></em>\nLuis Jara asegura que el daño ambiental es una consecuencia del actuar “ilegal y culpable” de la compañía por la ausencia de una autorización ambiental para extraer aguas del acuífero. “La RCA (Resolución de Calificación Ambiental) 69/2015 fue anulada en consideración a que las medidas ambientales propuestas por el titular no eran apropiadas para hacerse cargo de los impactos ambientales sobre el recurso hídrico del proyecto”, dice el escrito.\n\nSumado a lo anterior, el demandante aduce que se realizan extracciones de agua sin contar con los derechos de aprovechamiento. “Así, sumado a la falta de permiso ambiental, CMCC (Compañía Minera Cerró Colorado) careció también del permiso sectorial consistente en el derecho de aprovechamiento de aguas legalmente otorgado por la DGA que la habilite para las extracciones referidas, lo que constituye otro presupuesto para presumir su responsabilidad ambiental por infracción a los artículos 6 y siguientes del Título I del Código de Aguas”.\n\n<em><strong>Incumplimientos</strong></em>\nOtros de los incumplimientos de los que se acusa a la minera tienen relación a las medidas de riego artificial necesarias para la mantención del humedal.\n\nSeguido de un retardo negligente en el proceso de evaluación ambiental de las nuevas medidas que debe proponer la empresa para hacerse cargo de los efectos ambientales del nuevo proyecto en el acuífero Lagunillas. 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(14690, 1, '2021-09-24 09:17:03', '2021-09-24 12:17:03', '<img class=\"aligncenter wp-image-14692 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/AudienciaAlegatos.png\" alt=\"\" width=\"1112\" height=\"626\" />\n\nEn estudio quedó la reclamación de comunidades indígenas por la calificación ambiental favorable de la ampliación del proyecto geotérmico Cerro Pabellón, ubicado en Ollagüe, Región de Antofagasta.\n\nLa determinación, fue tomada por los ministros Mauricio Oviedo (presidente), Cristián López y Dinko Franulic luego de escuchar los alegatos de los pueblos reclamantes, el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, como organismo reclamado y la empresa, quien se presentó como tercero coadyuvante del organismo evaluador.\n\nLa reclamación fue interpuesta por dos comunidades indígenas del sector (Comunidad de Taira y Comunidad del Pueblo de San Pedro) en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, y entre sus principales controversias está la falta de consideración, por parte del organismo evaluador, de observaciones ciudadanas realizadas al proyecto; la falta de consulta indígena, y el hecho de que el SEA no consideró tres acuerdos previos entre las comunidades y la empresa.\n\nEn la audiencia de alegatos, los ministros escucharon en primer lugar al abogado reclamante, Manuel Núñez Poblete, quien partió caracterizando a los pueblos que representa y dijo que “se trata de una comunidad quechua y una atacameña que habitan en las cercanías del proyecto y detalló que “es población vulnerable, muchos de ellos mujeres, agricultores, gente analfabeta y gente mayor que ha tenido que convivir durante los últimos años con un proyecto que ha tenido tres resoluciones de calificación ambiental y que en ninguna ha reconocido efectos sobre las comunidades”.\n\nAl mismo tiempo, Núñez acotó que “no se niegan al proyecto, sino lo que quieren es que hagan las cosas bien, en especial respecto al cuidado del patrimonio”, esto porque -según lo explicó el propio abogado- la zona de emplazamiento del proyecto es en Pampa de Apachetas y además, lo atraviesa el  Camino del Inca, que es Patrimonio de la Humanidad.\n\nAdemás, de eso, el abogado reclamante hizo hincapié en que la evaluación del SEA no ha satisfecho los estándares básicos de las observaciones ciudadanas.\n\nOtro de los puntos a los que aluden los reclamantes dice relación con la afectación del patrimonio arqueológico y la falta de consulta indígena, que permitiese a las comunidades resolver sus dudas y colaborar en el mantenimiento del patrimonio arqueológico que para ellos tiene una evaluación distinta que para el resto de la comunidad.\n\nNúñez fue enfático al asegurar que uno de los fines de la evaluación ambiental es velar porque se respeten los derechos.\n\nEn tanto, el abogado del Servicio de Evaluación Ambiental, Raúl Herrera Araya, hizo hincapié en que se evaluó una modificación de proyecto y no el proyecto original. Además, aseguró que en la zona de influencia no hay hallazgos arqueológicos y tampoco los hallazgos imprevistos relativos al proyecto original.\n\nTambién, explicó que el SEA determinó no abrir el proceso de consulta indígena porque el solo hecho de que la comunidad de San Pedro se emplace en el área de influencia, “…no hace procedente el proceso de consulta indígena porque no implica la susceptibilidad de afectación directa que el ordenamiento jurídico exige”.\n\nOtro punto que fue refutado por Herrera tuvo relación con las observaciones de participación ciudadana y la imposibilidad de hacer presente su cosmovisión, lo que a juicio del abogado no corresponde.\n\nPor último, fue enfático en decir que la apertura de un proceso de consulta indígena es privativa del Servicio de Evaluación Ambiental y no una materia que pueda quedar estipulada en convenios entre privados.\n\nPor parte de la empresa, el abogado José Luis Fuenzalida, centró su alegato en la justificación de la no apertura de consulta indígena por parte del SEA y respecto a que los convenios en cuanto a su cumplimiento, negociación y solución de controversia son ajenos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA.\n\nFuenzalida puso en contexto el proyecto y dijo que “se enmarca en una concesión de exploración geotérmica apacheta de 8.100 hectáreas que fue otorgada por el Estado al amparo de la Ley de concesiones Geotérmicas” y explicó que se trata de una iniciativa de utilidad pública que potencia del desarrollo de una matriz energética no convencional, por lo que la iniciativa favorece el cumplimiento de un plan estatal inspirado en el cambio climático.\n\nEl abogado planteó que son 11 las consideraciones que permiten concluir que es correcta la decisión del SEA de no abrir un proceso de consulta indígena, entre ellas, que se trata de una ampliación de proyecto, que contempla solo 6 hectáreas lo que representa un poco más del 3% del total de las hectáreas del proyecto; que no interfiere en los grupos humanos, ni se identifican hallazgos arqueológicos; que se evaluó el impacto paisajístico y que respecto al campo electromagnético no se generan cambios y que solo hay una variación menor en los campos magnéticos por lo que se evaluó con una norma internacional.\n\n“El procedimiento de consulta indígena no era pertinente porque no había afectación a los sistemas de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, no había una susceptibilidad de afectación directa”, enfatizó el abogado de la empresa.\n\n<em><strong>Convenios\n</strong></em>En tanto, respecto a la controversia por tres convenios celebrados por la empresa con las comunidades de Taira, del Pueblo de San Pedro y el Consejo de Pueblos de Alto El Loa, el abogado reclamante explicó que el servicio evaluador nunca pidió los convenios, ni ellos constan en la evaluación del proyecto y dijo que “aunque los acuerdos no son vinculantes, el SEA tiene la obligación de elevar el estándar si esos convenios son exhibidos”.\n\nDistinta fue la opinión del abogado del servicio evaluador, quien aseguró que el servicio las tuvo presente y están incorporadas en el proceso de calificación, pero “lo que establecen no dicen relación con medidas de mitigación o compensación del proyecto y no dicen relación con el EIA del proyecto de ampliación de la central geotérmica”.\n\nPor su parte, el abogado de la empresa explicó que el SEA hizo fe de ellos y aseguró que el común denominador es que son acuerdos privados y no menciona a ninguna institucionalidad ambiental.\n\n<em><strong>Proyecto</strong></em>\nEl proyecto Central Geotérmica Cerro Pabellón es una iniciativa construida por Geotérmica del Norte, GDN, joint venture entre Enel Green Power Chile y ENAP. Se ubica en la comuna de Ollagüe, Región de Antofagasta y es la única central geotérmica operativa en Sudamérica y la más alta de su tipo en el mundo ya que se localiza a 4.500 metros sobre el nivel del mar.\n\nEsta planta requirió una inversión total de 320 millones de dólares en la construcción de su primera etapa y es capaz de producir alrededor de 340 gigavatios-hora (GWh) al año. La energía generada por la central se inyecta al Sistema Eléctrico Nacional.\n\nLa “Ampliación proyecto Central Geotérmica Cerro Pabellón” consiste en la ampliación de la potencia generadora de energía eléctrica a través de la puesta en marcha de una nueva planta de generación, compuesta por dos unidades denominadas 3 y 4 de tecnología binaria, que aportaría una potencia neta de generación de 50 Mega Watts, con lo que se duplicará la capacidad de generación del proyecto inicial, de acuerdo a lo establecido en el Estudio de Evaluación Ambiental, EIA, del proyecto.\n\n&nbsp;\n\n&nbsp;', 'Queda en estudio la reclamación de comunidades indígenas por ampliación de proyecto geotérmico Cerro Pabellón', 'La reclamación fue interpuesta por dos comunidades indígenas del sector (Comunidad de Taira y Comunidad del Pueblo de San Pedro) en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, y entre sus principales controversias está la falta de consideración, por parte del organismo evaluador, de observaciones ciudadanas realizadas al proyecto; la falta de consulta indígena, y el hecho de que el SEA no consideró tres acuerdos previos entre las comunidades y la empresa.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'queda-en-estudio-la-reclamacion-de-comunidades-indigenas-por-ampliacion-de-proyecto-geotermico-cerro-pabellon', '', '', '2021-09-24 09:17:03', '2021-09-24 12:17:03', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14690', 0, 'post', '', 0),
(14701, 1, '2021-09-27 16:12:56', '2021-09-27 19:12:56', '<ul>\n 	<li><em>Actividad organizada por el Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y el Consejo de Defensa del Estado.</em></li>\n</ul>\nEste miércoles 29 de septiembre comienza el Ciclo de Seminarios “Resolución colaborativa de conflictos en la reparación por daño ambiental, organizado por el Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile y el Consejo de Defensa del Estado, CDE.\n\nEste ciclo de seminarios cuenta con el patrocinio de los tres tribunales ambientales del país y durante al primera sesión, entre las autoridades a cargo de la bienvenida está el ministro presidente (s) del Primer Tribunal Ambiental, Mauricio Oviedo Gutiérrez y las más altas autoridades de los organismos organizadores, Pablo Ruiz-Tagle, decano de la Facultad de Derecho y Juan Peribonio Poduje, presidente del CDE.\n\nPosteriormente se dará el paso al panel de exposiciones que será moderado por la directora del Centro de Derecho Ambiental, Valentina Durán.\n\nLa primera exposición estará a cargo del encargado de la Unidad de Ciencias del Primer Tribunal Ambiental, Ricardo Ortiz Arellano, quien expondrá sobre el rol que ha tenido la ciencia en la elaboración de una propuesta metodológica que permita entregar herramientas de apoyo para la toma de decisiones de los ministros y cómo desde la ciencia se han abordado las demandas por daño ambiental considerando la indemnidad de la reparación del daño al medioambiente como eje central.\n\nLuego, será el turno de la abogada Nancy Yáñez Fuenzalida, quien además de ser la directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, es especialista en derecho, pueblos indígenas y conflictos socioambientales.\n\nLa tercera exposición será la del abogado coordinador de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Rivera Cuevas y finaliza la primera sesión, el abogado socio de VGC Abogados, José Luis Fuenzalida.\n\nLa actividad se realizará vía zoom a partir de las 15:30 horas y para mayor información puede enviar un mail a <a href=\"mailto:cda@derecho.uchile.cl\">cda@derecho.uchile.cl</a>\n\nLas inscripciones se realizan en <a href=\"https://tinyurl.com/4u7t8wba\">https://tinyurl.com/4u7t8wba</a>\n\n&nbsp;', 'En Seminario de resolución colaborativa de conflictos el Primer Tribunal Ambiental expondrá sobre el rol de la ciencia en las demandas por daño ambiental', 'Este ciclo de seminarios cuenta con el patrocinio de los tres tribunales ambientales del país y durante al primera sesión, entre las autoridades a cargo de la bienvenida está el ministro presidente (s) del Primer Tribunal Ambiental, Mauricio Oviedo Gutiérrez y las más altas autoridades de los organismos organizadores, Pablo Ruiz-Tagle, decano de la Facultad de Derecho y Juan Peribonio Poduje, presidente del CDE.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'en-seminario-de-resolucion-colaborativa-de-conflictos-el-primer-tribunal-ambiental-expondra-sobre-el-rol-de-la-ciencia-en-las-demandas-por-dano-ambiental', '', '', '2021-09-27 16:12:56', '2021-09-27 19:12:56', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14701', 0, 'post', '', 0),
(14706, 1, '2021-09-29 15:06:29', '2021-09-29 18:06:29', '<ul>\n 	<li><strong><em>Comienza ahora la redacción de la sentencia.</em></strong></li>\n</ul>\nLuego de la revisión de diversos antecedentes quedó en acuerdo, el pasado viernes. la reclamación que busca revertir la aprobación favorable del proyecto minero Playa Verde, a emplazarse en la comuna de Chañaral, Región de Atacama.\n\nLa causa en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, fue analizada por los ministros Mauricio Oviedo, Fabrizio Queirolo y Juan Opazo y tiene relación con las observaciones ciudadanas efectuadas por Manuel Cortés, vecino de la comuna de Chañaral, las que asegura no fueron consideradas por el organismo público en la evaluación ambiental. Situación que en la audiencia de alegatos fue refutado por el organismo evaluador.\n\nEl otro punto en controversia dice relación con la alegación del reclamante respecto a la falta de antecedentes sobre afectaciones que podrían generar las faenas al medio marino, así como su cercanía con el Parque Nacional Pan de Azúcar y el sitio prioritario Cerro Peralillo. Sin embargo, para el SEA no se verificaron los requisitos para poner término anticipado al proyecto por falta de información relevante o esencial, por lo que no cabe rechazar el proyecto.\n\nToda la información entregada por las partes ya fue analizada por los ministros y se espera que en el corto plazo se dicte la sentencia, que en esta oportunidad será redactada por el ministro Juan Opazo Lagos.\n\n<em><strong>Proyecto\n</strong></em>El proyecto “Playa Verde” es un proyecto minero que pretende extraer cobre de las arenas de la playa grande de Chañaral.  Para esto se instalará una planta metalúrgica a través de la cual se efectuará la recuperación de cobre fino.\n\nSe emplazará aproximadamente a 3 kilómetros del centro de la ciudad. La planta metalúrgica se proyecta al Este de playa grande, a 2,5 kilómetros al norte de Chañaral, cercana a la ruta que conecta Chañaral con el Parque Nacional Pan de Azúcar, a 923 metros del Sitio Prioritario Quebrada de Peralillo y a 10 kilómetros del parque.\n\nTodos los antecedentes de la causa los puedes ver en el siguiente enlace: <a href=\"https://causas.1ta.cl/causes/185/expedient/4723/books/128/?attachmentId=7694\">https://causas.1ta.cl/causes/185/expedient/4723/books/128/?attachmentId=7694</a>', 'Queda en acuerdo reclamación por proyecto “Playa Verde” de Chañaral', 'La causa en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, fue analizada por los ministros Mauricio Oviedo, Fabrizio Queirolo y Juan Opazo y tiene relación con las observaciones ciudadanas efectuadas por Manuel Cortés, vecino de la comuna de Chañaral, las que asegura no fueron consideradas por el organismo público en la evaluación ambiental. Situación que en la audiencia de alegatos fue refutado por el organismo evaluador.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'queda-en-acuerdo-reclamacion-por-proyecto-playa-verde-de-chanaral', '', '', '2021-09-29 15:06:29', '2021-09-29 18:06:29', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14706', 0, 'post', '', 0),
(14710, 1, '2021-10-01 14:43:56', '2021-10-01 17:43:56', '<img class=\"aligncenter wp-image-14712 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Captura-de-pantalla-6678.png\" alt=\"\" width=\"1140\" height=\"613\" />\n\nEn seminario de resolución colaborativa de conflictos en la reparación por daño ambiental. Actividad organizada por el Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y el Consejo de Defensa del Estado.\n\nUna importante presentación respecto a la aproximación metodológica como herramienta de apoyo para la toma de decisiones y el resguardo de la indemnidad del daño ambiental realizó el líder del equipo de ciencias del Primer Tribunal Ambiental, Ricardo Ortiz, en el ciclo de seminarios sobre resolución colaborativa de conflictos en la reparación por daño ambiental.\n\nEn la ocasión, Ortiz explicó el trabajo que efectúa el equipo de ciencias para presentar a los ministros un completo análisis que permita resguardar la indemnidad de la reparación del daño ambiental.\n\n“Realizamos una aproximación metodológica desde lo científico-técnico para el análisis y en ese contexto estructuramos bases de conciliación que consideran ocho puntos centrales”, explicó Ortiz.\n\nEl profesional, además, enfatizó en que es una herramienta en “constante construcción” que considera como un punto fundamental los servicios ecosistémicos y el análisis multicriterios, que están en directa relación con el tipo de causas.\n\nTambién, explicó que otra de las características centrales es el vínculo con el territorio como eje fundamental para construir desde lo científico técnico las bases de conciliación. “Debemos saber dónde estamos, cuáles son los actores, conocer las cuencas y todos los detalles que se conocen solo en el territorio”, aseguró Ortiz.\n\nEn su presentación, el líder del equipo además dio a conocer que en las causas complejas las bases de conciliación presentan medidas de gestión socioambiental, de compensación del daño ambiental y de reparación de este daño.\n\nTodas las medidas son evaluadas  en base a diversos criterios: relevancia, completitud, integridad e idoneidad, ejecutabilidad y seguimiento, reportabilidad y transparencia y suficiencia. “Nos apoyamos en la selección de los criterios y se prioriza o define cuáles son los criterios que se ajustan mejor a cada causa”, acotó Ortiz.\n\nFinalmente, el profesional dio a conocer el análisis que se efectuó en las causas que llegaron a conciliación como la demanda por daño ambiental en contra de Minera Escondida y Codelco Salvador.\n\n<em><strong>Ciclo de seminarios\n</strong></em>El Ciclo de Seminarios “Resolución colaborativa de conflictos en la reparación por daño ambiental”, es organizado por el Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile y el Consejo de Defensa del Estado, CDE. Además, cuenta con el apoyo de los tres tribunales ambientales del país.\n\nLa directora del Centro de Derecho Ambiental, Valentina Durán, explicó que el seminario tiene como objetivo analizar las oportunidades que presenta la resolución colaborativa de conflictos en el espacio de la reparación por daño ambiental, los aspectos positivos, negativos, qué se puede mejorar, entre otras interrogantes.\n\nAdemás, puso en contexto que “en el procedimiento regulado en la ley se establece la posibilidad de que el tribunal proponga bases de conciliación y el límite para llegar a acuerdo es la indemnidad del daño ambiental, el autor debe implementar medidas de reparación del daño”.\n\nEn lo que fue la primera sesión del ciclo de seminarios también expusieron la directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y especialista en derecho, pueblos indígenas y conflictos socioambientales, Nancy Yáñez Fuenzalida; el abogado coordinador de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Rivera Cuevas y el abogado socio de VGC Abogados, José Luis Fuenzalida.\n\n&nbsp;\n\n&nbsp;', 'Primer Tribunal Ambiental expone sobre el rol de las ciencias en las controversias por daño ambiental', 'Una importante presentación respecto a la aproximación metodológica como herramienta de apoyo para la toma de decisiones y el resguardo de la indemnidad del daño ambiental realizó el líder del equipo de ciencias del Primer Tribunal Ambiental, Ricardo Ortiz, en el ciclo de seminarios sobre resolución colaborativa de conflictos en la reparación por daño ambiental.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'primer-tribunal-ambiental-expone-sobre-el-rol-de-las-ciencias-en-las-controversias-por-dano-ambiental', '', '', '2021-10-01 14:43:56', '2021-10-01 17:43:56', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14710', 0, 'post', '', 0);
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(14727, 1, '2021-10-06 18:31:51', '2021-10-06 21:31:51', '<img class=\"aligncenter wp-image-14728 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/proyecto_Imagen_Teck.png\" alt=\"\" width=\"790\" height=\"465\" />\n<ul>\n 	<li><em>SMA archiva denuncias y comunidades reclaman ante el Primer Tribunal Ambiental.</em></li>\n 	<li><em>Los reclamantes, aseguran que existe un fraccionamiento del proyecto para no ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA.</em></li>\n</ul>\nEl archivo de dos denuncias que dan cuenta de diversos hechos que evidenciarían que el proyecto minero NuevaUnión comenzó a realizar actividades sin ingresar a evaluación ambiental dieron pie a dos reclamaciones que fueron admitidas a trámite, hoy, por el Primer Tribunal Ambiental.\n\nSe trata de causas en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente, SMA, organismo que archivó las denuncias efectuadas por la Comunidad Diaguita Huasco Altinos y por diversos habitantes de la cuenca del Río Huasco.\n\nLos reclamantes aseguran que la empresa estaría efectuando sondajes sin contar con la evaluación de impacto ambiental del proyecto y que se estarían afectando sectores no evaluados ambientalmente.\n\nLos fundamentos entregados dicen relación, por una parte, con los sondajes que realizaría la minera y el eventual fraccionamiento del proyecto para eludir el ingreso vía Estudio de Impacto Ambiental, EIA; y por otra, con el inicio de diversas obras, además del vertimiento de aguas desde el túnel de exploración, que evidenciarían que el proyecto minero comenzó a ejecutar actividades.\n\nTanto los comuneros Huasco Altinos como los vecinos de la cuenca del Huasco afirman que para contabilizar la totalidad de los sondajes realizados se excluyeron los que fueron efectuados en plataformas antiguas relacionadas al proyecto minero El Morro. También, se denuncia que “podrían provocar o estarían provocando una grave afectación a la calidad de las aguas, a los ecosistemas frágiles como las vegas altoandinas, a la fauna protegida, sitios arqueológicos y a la vida de crianceros, entre otros”.\n\nLo anterior porque se advierte de la realización de, al menos, 193 sondajes que, de acuerdo a lo estipulado en ambas reclamaciones, no cuentan con evaluación ambiental a pesar de que la ley establece que dicho tipo de proyectos deben ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, con el fin de evaluar y evitar impactos ambientales.\n\n“Pese a la solidez y gravedad de la información, la SMA decidió desestimar toda fiscalización en terreno, de esta forma no tomó ni siquiera análisis de aguas, no corroboró en terreno el número de sondajes y sus impactos”, asegura la reclamación de los vecinos.\n\nEn ese mismo sentido, la comunidad diaguita establece en su escrito que “la SMA no ha considerado en este procedimiento el hecho de que las denuncias solo son una manera de conocer sobre posibles infracciones, recayendo en ella el deber de fiscalizar y constatar que los titulares cumplan con los compromisos contemplados en las resoluciones de calificación ambiental”.\n\n<em><strong>Denuncias\n</strong></em>La denuncia presentada ante el organismo fiscalizador por los habitantes del Río Huasco en mayo de 2019 “acusa la realización de sondajes sin pasar por un proceso de evaluación correspondiente, lo cual lleva al indeseable escenario que no es posible tomar las medidas necesarias para la preservación del ecosistema en general, y del recurso hídrico, flora y fauna en particular”.\n\nEn tanto, la comunidad indígena Huasco Altinos presentó dos denuncias ante la SMA: La primera en febrero de 2017 y la segunda en enero de 2018; y además de entregar el mismo argumento respecto a los sondajes, explica que el 2017 la comunidad tomó conocimiento de diversos trabajos que se estaban realizando en el área del antiguo proyecto El Morro -hoy proyecto Nueva Unión-, sin haber ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA.\n\nEn ese mismo ámbito, la comunidad diaguita asegura que hay un fraccionamiento del proyecto con el fin de evitar la evaluación ambiental.\n\n<em><strong>Proyecto</strong></em>\nNuevaUnión es un proyecto minero de cobre y molibdeno de la empresa Teck y Newmont Goldcorp, cuyos yacimientos se ubican en la Provincia de Huaco, Región de Atacama.\n\nEsta minera explotará los yacimientos El Relincho y la Fortuna que se ubican en las comunas de Vallenar y Alto del Carmen, respectivamente; y su vida útil se estima en 38 años con posibilidades de expansión.\n\nAdemás, tendrá una producción anual de 224.000 toneladas de cobre, 269.000 onzas de oro y 1.700 toneladas de molibdeno durante los primeros cinco años de actividad de la mina.\n\n&nbsp;', 'Comunidades de la cuenca del río Huasco aseguran que proyecto Minero NuevaUnión comenzó a realizar actividades sin ingresar a evaluación ambiental', 'Se trata de causas en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente, SMA, organismo que archivó las denuncias efectuadas por la Comunidad Diaguita Huasco Altinos y por diversos habitantes de la cuenca del Río Huasco.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'comunidades-de-la-cuenca-del-rio-huasco-aseguran-que-proyecto-minero-nuevaunion-comenzo-a-realizar-actividades-sin-ingresar-a-evaluacion-ambiental', '', '', '2021-10-06 18:31:51', '2021-10-06 21:31:51', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14727', 0, 'post', '', 0),
(14737, 1, '2021-10-08 09:58:21', '2021-10-08 12:58:21', '<img class=\"aligncenter wp-image-14742 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/IMG_5168.jpg\" alt=\"\" width=\"1035\" height=\"690\" />\n<ul>\n 	<li>Primer Tribunal Ambiental determinó serias falencias en el monitoreo de la calidad del aire.</li>\n 	<li>La reclamación fue interpuesta por la determinación de la Superintendencia de Medio Ambiente de aprobar el Programa de Cumplimiento, PdC, de la empresa y suspender el procedimiento sancionatorio que se llevaba a cabo.</li>\n</ul>\nEn una sentencia unánime, el Primer Tribunal Ambiental acogió, hoy, la reclamación de la Junta de Vecinos Kamac Mayu de Calama por incumplimientos ambientales de la empresa Recimat.\n\nLa determinación del tribunal dejó sin efecto la resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente, SMA, que aprobó el Programa de Cumplimiento, PdC, de la empresa, en particular respecto al monitoreo de material particulado.\n\nLos ministros Mauricio Oviedo (presidente); Marcelo Hernández (hoy exministro en ciencias) y Erick Sepúlveda explicaron en la sentencia que “se evidencia la falta de sustento científico para descartar los efectos negativos de la infracción en la calidad del aire y los riesgos a la salud de la población de Calama, al menos en los sectores de la Junta de Vecinos Kamac Mayu, Teletón y comunidad indígena Yalquincha, siendo insuficiente el descarte que hace Recimat y la SMA”.\n\nTambién, se da a conocer que en la visita inspectiva realizada por el tribunal a la empresa, “se apreció que en el horno rotatorio (donde se funden los materiales con plomo) se generan gases fugitivos que no son capturados por el sistema de extracción y filtrado, ni contenidos en la campana externa del horno”.\n\nEn la misma línea, los magistrados aseguran que la falta de encapsulamiento del galpón no permite capturar el 100% de los gases fugitivos”. A lo que se suma que los informes, mediciones y análisis que realiza la empresa, han sido efectuados por una entidad no acreditada, “lo que genera una situación de incertidumbre y riesgo no tolerable para resguardar la calidad del aire y la salud de la población en el área de influencia de Recimat”.\n\nA lo anterior se suma la omisión y falta de la debida incorporación, análisis y ponderación del hecho que la comuna de Calama se encuentra declarada como Zona Saturada por MP-10.\n\nTodos estos aspectos llamaron la atención del tribunal, por lo que en el fallo se plantea la interrogante respecto a las razones por las cuales el organismo fiscalizador no ha requerido a la empresa medidas más eficientes. “Llama la atención a estos sentenciadores, por qué la SMA no ha exigido a Recimat abordar diligentemente las medidas técnicas, constructivas y operativas que permitan dar absoluto confinamiento a los gases fugitivos emanados del horno rotativo y su campana, a fin de evitar que dichos elementos contaminantes se dispersen al medio ambiente afectando la calidad del aire y poniendo en riesgo la salud de la población de Calama”, dice el documento.\n\nEl tribunal, además, reprocha que la SMA no haya advertido durante un período tan prolongado (desde 2016) la inobservancia de los compromisos ambientales de la empresa respecto al monitoreo de la calidad del aire y la falta de coordinación con las Seremi de Salud y Medio Ambiente para los efectos que la empresa establezca y opere la estación de monitoreo y calidad conforme a los estándares que exige la ley.\n\nLos otros dos hechos controvertidos en la reclamación tenían relación con el monitoreo del suelo y el supuesto incumplimiento al Convenio 169 de la OIT por falta de consulta indígena. Ambos fueron descartados por el tribunal.\n\nEn lo que respecta al muestreo de suelos en sectores aledaños, los ministros explicaron que las medidas comprometidas por la empresa cumplen las exigencias normativas, por lo cual desestima la alegación en este punto.\n\nAdemás, estimaron que tampoco es procedente la consulta indígena porque “para que proceda la consulta indígena debe tratarse de un acto que sea susceptible de generar una afectación directa, causando un impacto significativo y específico sobre los pueblos indígenas en su calidad de tales. Debe identificarse cuál es el impacto específico que la decisión generará, para luego revisar su significancia. No basta con hacer referencia de manera genérica o vaga a la cercanía de un proyecto con el territorio de una comunidad, sino que debe precisarse la manera concreta en que dicho acto afectará”.\n\n<em><strong>Reclamación\n</strong></em>La reclamación fue interpuesta por la determinación de la Superintendencia de Medio Ambiente de aprobar el Programa de Cumplimiento, PdC, de la empresa y suspender el procedimiento sancionatorio que se llevaba a cabo contra Recimat.\n\nEn total fueron tres los puntos reclamados por los vecinos, dos de ellos respecto a infracciones detectadas por el organismo fiscalizador y que, a juicio, de la junta vecinal, no estaban resueltos en el programa de cumplimiento.\n\nEl tribunal estableció tres controversias que dicen relación con dos cargos levantados por la SMA en el proceso sancionatorio y el supuesto incumplimiento al Convenio N°169 de la OIT por falta de consulta indígena.\n\n“Para este tribunal es fundamental la mirada sistémica e integradora de la aplicación del Derecho Ambiental y en particular del rol preventivo del Estado para garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, aclara la sentencia.\n\n<em><strong>Empresa\n</strong></em>Recimat es una empresa recicladora de plomo que en su página web asegura ser líderes en reciclajes de baterías y que utiliza la mejor tecnología. “Nuestros sistemas de control de emisiones y automatización de procesos, nos sitúan como la planta más moderna de Sudamérica”.\n\nPuedes ver la sentencia en el siguiente enlace <a href=\"https://causas.1ta.cl/causes/183/expedient/4764/books/126/?attachmentId=7777\">https://causas.1ta.cl/causes/183/expedient/4764/books/126/?attachmentId=7777</a>', 'Se acoge reclamación de vecinos de Calama contra Recimat por incumplimientos ambientales', '', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'recimat-debera-presentar-nuevas-acciones-de-cumplimento-ambiental', '', '', '2026-03-08 20:59:46', '2026-03-08 20:59:46', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14737', 0, 'post', '', 0),
(14748, 1, '2021-10-12 12:49:45', '2021-10-12 15:49:45', 'Una reclamación por la no consideración de diversas observaciones ciudadanas realizadas durante el proceso de evaluación ambiental de la Central Eléctrica Canelillo, fue admitida a trámite por el Primer Tribunal Ambiental.\n\nLa causa, en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, fue interpuesta por la Corporación de Desarrollo Social y Cultural Amolanas, CODESCA, y Nivaldo Vega Lemus de la comuna de Canela y se fundamenta en una serie de inquietudes planteadas en el proceso de participación ciudadana.\n\nPara las personas reclamantes no fueron consideradas acotaciones que tenían relación con deficiencias en la descripción del área de influencia del proyecto; impactos que -a juicio de los reclamantes- no fueron evaluados; además, de infracciones a las normas de participación ciudadana y la no consideración de la variable cambio climático.\n\nEn lo que respecta al área de influencia, aseguran que una correcta evaluación “no sólo debería reconocer la existencia de asentamientos humanos que se dedican al ganado en la zona de pastoreo, sino que debería poner especial énfasis en la trashumancia inherente a esta actividad”. Esto porque el proyecto se ubica en un sector donde sus habitantes en su mayoría son crianceros.\n\n“La resolución reclamada reconoce que la actividad ganadera es una de las más importantes del sector, así como también reconoce que es una tradición cultural que se ha practicado en la zona durante muchas generaciones. Sin embargo, omite mencionar la cualidad nomádica que tiene el ganado de esta zona, cualidad que obedece a las condiciones geográficas del sector y que no pueden ser subsanadas simplemente pastando en otra parte”, dice el escrito.\n\nAsimismo, se indica que no se hizo un análisis exhaustivo y completo de los efectos en el suelo, de la incorporación de nuevas emisiones de gases y material particulado contaminante en el ambiente y que no hay suficientes análisis que permitan descartar que los efluentes del proyecto podrán ser dispuestos sin que se genere infiltración a las aguas subterráneas.\n\nRespecto a lo anterior, enfatizan en que no se consideró el cambio climático como variable de evaluación y dicen que “es evidente que el proyecto aumentará las emisiones de gases de efecto invernadero, tomando en cuenta la actividad que será desarrollada, lo que tiene como consecuencia el deber de analizar si es que debieran ser aplicadas medidas de mitigación con el fin de controlar dichas emisiones de manera más intensa”.\n\nOtra preocupación manifestada por las personas que reclaman tiene relación con la flora y fauna, ya que aseguran “hay una falta de especificación por parte del titular acerca de qué medidas va a tomar para evitar el daño a las especies vegetales y animales del sector”.\n\n“La RCA no analiza los efectos en toda el área de influencia del proyecto, faltando información para evaluar correctamente los impactos en la flora y fauna del lugar, tanto terrestre como marina”, cuestión que no solo habría sido solo relevada por los observantes, sino también por Conaf, como organismo con competencia ambiental.\n\nSumado a todo lo anterior, aseguran también que habría una afectación a la calidad y estilo de vida de los habitantes del sector y se aducen, además, infracciones a la participación ciudadana ya que aseguran que las observaciones fueron respondidas, pero no consideradas. “La empresa proponente (y, posteriormente, el SEA al aprobar el proyecto) desestima las consideraciones hechas por nuestros representados en base a estudios que no toman en cuenta las particularidades que tiene la ganadería por pastoreo, que es la actividad económica más importante y tradicional de la zona”.\n\nProyecto\nEl proyecto “Central Eléctrica Canelillo” que se ubica en la Comuna de Canela, Región de Coquimbo tiene por objetivo construir y operar una central de generación de energía eléctrica de respaldo en base a generadores diésel, con una capacidad instalada de 120 MW conectada al Sistema Eléctrico Nacional, SEN.\n\nEl proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, a través de una Declaración de Impacto Ambiental, DIA.', 'Vecinos de la comuna de Canela reclaman ante el Primer Tribunal Ambiental por la aprobación ambiental de la Central Eléctrica Canelillo', 'La causa, en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, fue interpuesta por la Corporación de Desarrollo Social y Cultural Amolanas, CODESCA, y Nivaldo Vega Lemus de la comuna de Canela y se fundamenta en una serie de inquietudes planteadas en el proceso de participación ciudadana.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'vecinos-de-la-comuna-de-canela-reclaman-ante-el-primer-tribunal-ambiental-por-la-aprobacion-ambiental-de-la-central-electrica-canelillo', '', '', '2021-10-12 12:49:45', '2021-10-12 15:49:45', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14748', 0, 'post', '', 0),
(14760, 1, '2021-10-14 16:40:06', '2021-10-14 19:40:06', '<img class=\"alignnone size-full wp-image-14761\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/CharlaMagistral_prof.HugoLlanos.png\" alt=\"\" width=\"1905\" height=\"832\" />\n<ul>\n 	<li><strong><em>“El medioambiente debe ser tomado como algo indispensable para la felicidad de todos”, dijo el académico.</em></strong></li>\n</ul>\nUna charla magistral con un completo análisis sobre la protección del medioambiente y los derechos humanos dictó el destacado abogado y académico Hugo Llanos Mansilla, a ministros y equipo de asesores del Primer Tribunal Ambiental.\n\nEn la ocasión, el profesor Llanos efectuó un recorrido histórico por diversos tratados internacionales y jurisprudencia internacional sobre derechos humanos en los que están presentes los deberes de protección medioambiental, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos; la Conferencia de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París, entre otros.\n\nLlanos Mansilla resaltó la importancia y alcance de los tratados internacionales al decir que “un Estado no puede frustrar lo que él mismo (Estado) se comprometió con su firma”, con lo que hizo hincapié que no necesariamente deben estar ratificados para hacerlos valer.\n\nEn este sentido, el profesor, aprovechó la ocasión para aconsejar respecto a la justicia como la institución más noble que tiene el ser humano y su aplicación con el fin de “resolver los problemas y no obstaculizar la aplicación del derecho fundamentando que la ley no lo permite”, dijo.\n\nResaltó, además, la importancia de hablar con un lenguaje que permita que todas las personas entiendan el fallo y dijo que “las sentencias son redactadas para los especialistas y no para el pueblo”.\n\nTambién, Llanos reconoció que los derechos humanos imponen a los Estados determinadas obligaciones sustantivas y de procedimiento en relación con el disfrute a un medioambiente sin riesgo, limpio, saludable y sostenible.\n\nRespecto a lo anterior, el profesor Llanos dio a conocer un listado de amenazas ambientales que ponen en riesgo el goce efectivo de los derechos, entre ellas el calentamiento global y dijo que “hay señales perturbadoras sobre cumplimiento o no de los compromisos para la reducción de calentamiento global como lo que ha pasado en China con la reapertura de las centrales de carbón y la imposibilidad de Chile de cumplir su compromiso antes del 2030”.\n\nAdemás, explicó que la protección del medioambiente debe entenderse como uno de los pilares más importantes, junto con el desarrollo económico y sostenible.\n\nOtro de los puntos expuestos por el destacado abogado fue el interés de la ciudadanía en los temas que dicen relación con los temas medioambientales y al derecho a la información, a la participación y acceso a la justicia.\n\n<em><strong>Carrera\n</strong></em>El abogado y académico de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central, destaca por su extensa trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos, el medioambiente y la aplicación del derecho internacional.\n\nSu paso por importantes universidades internacionales y nacionales, le han hecho merecedor de un reconocimiento por su estilo de docencia en la que a través de casos prácticos ha enseñado a sus alumnos.\n\nHugo Llanos Mansilla es abogado de la Universidad de Chile y LLM en Derecho Internacional de Harvard y hoy es docente de la Universidad Central, quien hace unos meses lo postuló al Premio Nacional de Humanidades 2021.\n\n&nbsp;\n\n&nbsp;\n\n&nbsp;\n\n&nbsp;\n\n&nbsp;\n\n&nbsp;', 'Destacado profesor Hugo Llanos analizó la protección del medioambiente y su relación con los derechos humanos', 'En la ocasión, el profesor Llanos efectuó un recorrido histórico por diversos tratados internacionales y jurisprudencia internacional sobre derechos humanos en los que están presentes los deberes de protección medioambiental, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos; la Conferencia de las Naciones Unidas, el Acuerdo de Paris, entre otros.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'destacado-profesor-hugo-llanos-analizo-la-proteccion-del-medioambiente-y-su-relacion-con-los-derechos-humanos', '', '', '2021-10-14 16:40:06', '2021-10-14 19:40:06', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14760', 0, 'post', '', 0),
(14771, 1, '2021-10-19 15:50:17', '2021-10-19 18:50:17', '<img class=\"aligncenter wp-image-14776 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/IMG_8703_chica.jpg\" alt=\"\" width=\"1214\" height=\"682\" />\n\nEsta tarde se admitió a trámite una nueva reclamación de la ONG Atacama Limpia que tiene como fin que se dicte la medida provisional de clausura temporal del Puerto de Caldera y Serviport por 30 días.\n\nDicha medida, que fue rechazada por la Superintendencia de Medio Ambiente, SMA, había sido solicitada por la ONG en el marco de un procedimiento sancionador llevado a cabo por el organismo fiscalizador contra Puerto de Caldera S.A. y Serviport.\n\nEn el marco de su reclamación, Atacama Limpia asegura que los vecinos del puerto han denunciado que las faenas de acopio, transporte y embarque de minerales se han llevado a cabo con gran negligencia, principalmente respecto al control de la emisión de material particulado a la atmósfera y del derrame de mineral al mar en el proceso de embarque.\n\n“A pesar de haberse iniciado el proceso sancionatorio las faenas de acopio, transporte y embarque se han seguido ejecutando al margen de cualquier evaluación de sus impactos ambientales”, asegura el escrito.\n\nTambién en el documento, el organismo no gubernamental explica que el rechazo de la medida provisional genera indefensión “debido a las irregularidades y la completa ilegalidad actual de las labores que ejecutan los titulares (Serviport y Puerto Caldera S.A.) y las consecuencias relacionadas con la inminencia de un daño ambiental producto de la falta de regulación de las actividades de acopio y embarque masivo de minerales”, dicen.\n\n“[…] no existe la más mínima certeza científica respecto de la afectación que se pueda generar al medioambiente y a la salud de las personas por lo que la precaución es un elemento que debe primar para el otorgamiento de estas medidas”, agregan.\n\nPara Atacama Limpia la negativa de la SMA autoriza implícitamente el funcionamiento de faenas no sometidas al SEIA y descartan la inminencia de un daño ambiental y de la afectación a la salud de las personas sin una fiscalización asociada.\n\nAdemás, aseguraron que persiste la inminencia de un daño al medioambiente y a la salud de las personas por las “deplorables” condiciones en las cuales operan tanto el acopio de mineral como el muelle y las faenas de embarque.\n\nEn el escrito se detalla que el procedimiento sancionatorio llevado adelante por el organismo fiscalizador determinó dos infracciones tanto por el fraccionamiento del proyecto y por el incumplimiento de la medida provisional previa dictada por las emisiones de material particulado proveniente del proyecto Cancha Acopio de Minerales, por el acopio de hierro y el transporte de mineral desde la cancha hasta el Puerto Muelle Punta Caleta\n\n<em><strong>Fraccionamiento\n</strong></em>Respecto al fraccionamiento, las personas reclamantes aseguran que se ha pretendido evaluar ambientalmente por separado el proyecto de acopio, transporte y embarque con el fin evitar el ingreso del proyecto a través de un Estudio de Impacto Ambiental, EIA.\n\nPara la ONG Atacama Limpia se trata del funcionamiento al margen del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de un puerto de embarque de hierro y otros minerales, que sigue operando sin ninguna autorización de la autoridad ambiental y bajo la pasiva supervigilancia de la SMA, el cual funcionó hasta antes de la formulación de los cargos y de la apertura del procedimiento sancionatorio, bajo la aparente legalidad otorgada por una serie de pertinencias de ingreso y que tuvieron como finalidad principal eludir el sistema fraccionando un proyecto.\n\nMás aún indican que el titular del proyecto ha ingresado diversas consultas de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, con el fin de que este organismo se pronuncie respecto a la vía de ingreso del proyecto, es decir a través de una Declaración de Impacto Ambiental, DIA, o a través de un Estudio de Impacto Ambiental, EIA. Sin embargo, “las pertinencias no corresponden a autorizaciones de funcionamiento y corresponden a declaraciones de juicio del SEA en base exclusivamente a los antecedentes que tuvo a la vista”, detallan.\n\n<em><strong>Medidas provisionales\n</strong></em>Las medidas provisionales se pueden decretar de oficio o a petición de algún afectado. Entre sus características están que debe haber un daño inminente al medioambiente o a la salud de las personas, lo que se denomina “periculum in mora” o peligro en la demora, cuyo fin es evitar un daño mayor producto de la tardanza en la actuación del órgano público.\n\nOtra característica es que serán de naturaleza provisoria, es decir, transitorias, sin perjuicio de que pueden ser renovadas y deben estar vinculadas a un procedimiento administrativo.\n\nPuedes leer la reclamación en el siguiente enlace <a href=\"https://causas.1ta.cl/causes/205/expedient/4782/books/151/?attachmentId=7824\">https://causas.1ta.cl/causes/205/expedient/4782/books/151/?attachmentId=7824</a>\n\n&nbsp;', 'Por el inminente riesgo al medioambiente y a la salud de las personas ONG Atacama Limpia solicita clausura temporal del Puerto de Caldera', 'En el marco de su reclamación, Atacama Limpia asegura que los vecinos del puerto han denunciado que las faenas de acopio, transporte y embarque de minerales se han llevado a cabo con gran negligencia, principalmente respecto al control de la emisión de material particulado a la atmósfera y del derrame de mineral al mar en el proceso de embarque', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'por-el-inminente-riesgo-al-medioambiente-y-a-la-salud-de-las-personas-ong-atacama-limpia-solicita-clausura-temporal-del-puerto-de-caldera', '', '', '2021-10-19 15:50:17', '2021-10-19 18:50:17', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14771', 0, 'post', '', 0),
(14794, 1, '2021-10-25 13:13:06', '2021-10-25 16:13:06', '<img class=\"alignnone size-full wp-image-14797\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Captura-de-pantalla-6838.png\" alt=\"\" width=\"1918\" height=\"975\" />\n\nUna completa capacitación sobre el rol y funcionamiento de los tribunales ambientales realizó el Primer Tribunal Ambiental a estudiantes de las clínicas jurídicas de las escuelas de Derecho de la Universidad Santo Tomás sedes Iquique, Antofagasta y La Serena.\nLa actividad permitió que más de 50 estudiantes de ad portas de su egreso pudieran conocer detalles de cada una de las competencias de estos órganos jurisdiccionales en materia ambiental y con ello entregar una mirada práctica de la labor que cumplen los tres tribunales ambientales en el país.\nEl ministro presidente (s) Mauricio Oviedo Gutiérrez resaltó la importancia que tiene para el tribunal poder incorporar en la experiencia formativa de los futuros profesionales aspectos de la justicia ambiental que pudiese despertar su interés. “Hemos querido sembrar la primera semilla de inquietud en los practicantes para que conozcan lo que es el derecho ambiental y a través de eso acercar la justicia ambiental que a veces es muy esquiva para la sociedad”, enfatizó.\nEl ministro presidente, explicó que la justicia ambiental es una justicia hiper especializada que no siempre se enseña en todas las escuelas de Derecho, por lo que relevó la realización de la actividad que se enmarca en un Convenio de Colaboración entre la Universidad Santo Tomás y el Primer Tribunal Ambiental.\nEn ese sentido, el director de la escuela de Derecho de la universidad, Jorge León, valoró la instancia que permitió que los alumnos que ya se encuentran atendiendo a la población a través de las clínicas pudiesen interiorizarse de los alcances de la justicia ambiental, en especial porque la comunidad realiza consultas de temas medioambientales, en particular de los que tienen relación con ruido y olores. “Los alumnos quedaron uy agradecidos de la disposición de los profesionales del tribunal, ya que pudieron tener una conversación que les resolvió sus dudas”.\nPara Jorge León, la actividad es un avance en el acceso a la justicia ambiental, ya que se trata de estudiantes que ya están atendiendo público y juicios. “Que conozcan una jurisdicción bien específica, bien propia, que tiene una manera de hacer, y tener la oportunidad de que profesionales del tribunal expliquen las particularidades de la justicia ambiental, nos permite mejorar la atención que se realizan en las clínicas jurídicas”, aseguró el director de la escuela.\nEn tanto, para el encargado de la Unidad de Estudios, Kim Echeverría, la iniciativa permitió a los estudiantes conocer y vincularse con las materias ambientales desde una mirada completa del funcionamiento de la institucionalidad y, especialmente de los tribunales ambientales. “Esperamos con ello contribuir a su proceso educativo y, especialmente, favorecer el acceso a la justicia ambiental desde el rol de orientación y guía que cumplen en las clínicas jurídicas”, dijo.\nLa capacitación, que estuvo a cargo de la Unidad de Estudios del tribunal, se estructuró en dos exposiciones. En la primera de ellas, la abogada Natalia Zavala entregó una mirada respecto el ordenamiento jurídico chileno y la protección ambiental; así como también explicó detalles de la configuración de la institucionalidad ambiental. La segunda exposición, a cargo del encargado de la unidad, Kim Echeverría, se enfocó en los tribunales ambientales, en específico sus competencias y su relación con otros órganos con competencia ambiental; así como los distintos procedimientos que se tramitan en estos órganos jurisdiccionales.', 'Primer Tribunal Ambiental realiza exitosa capacitación a clínicas jurídicas de Universidad Santo Tomás en la macro zona norte', 'La actividad permitió que más de 50 estudiantes de ad portas de su egreso pudieran conocer detalles de cada una de las competencias de estos órganos jurisdiccionales en materia ambiental y con ello entregar una mirada práctica de la labor que cumplen los tres tribunales ambientales en el país.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'primer-tribunal-ambiental-realiza-exitosa-capacitacion-a-clinicas-juridicas-de-universidad-santo-tomas-en-la-macro-zona-norte', '', '', '2021-10-25 13:13:06', '2021-10-25 16:13:06', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14794', 0, 'post', '', 0),
(14801, 1, '2021-10-27 14:19:52', '2021-10-27 17:19:52', '<img class=\"aligncenter wp-image-14389 size-full\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/andacollofoto-768x431-1.jpg\" alt=\"\" width=\"768\" height=\"431\" />\n\nEn un fallo que se dio a conocer hoy, el Primer Tribunal Ambiental rechazó la reclamación interpuesta por la Municipalidad de Andacollo en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente, SMA, por el archivo de una denuncia contra la empresa Teck Carmen de Andacollo, por su proyecto Hipógeno.\n\nSe descartaron, así, los eventuales incumplimientos ambientales denunciados por el municipio, que decían relación con infracciones a la calidad del aire producto de tronaduras, la reubicación de familias que habitaban en quebrada del Churque y la afectación a familias que habitan en el sector Subida Mina Hermosa.  Además, de aspectos jurídicos como la eventual elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA.\nLos ministros Mauricio Oviedo (presidente), Cristián López y Eric Sepúlveda, luego de un exhaustivo análisis de las controversias, llegaron a la conclusión que el archivo de la denuncia por parte de la SMA se ajustó a la ley, ya que las eventuales infracciones carecían de mérito para dar inicio a un procedimiento sancionatorio.\n\nRespecto a los hechos denunciados por las supuestas infracciones los ministros hicieron hincapié en que la SMA no es el organismo competente para revisar la legalidad de una RCA.\n\nEn lo que corresponde a la calidad del aire, el Primer Tribunal Ambiental explicó que la superintendencia remitió resultados de 23 actividades de fiscalización ambiental efectuadas entre 2016 y 2018, lo que llevó a concluir que la minera ejecuta su programa de tronaduras conforme al procedimiento establecido y que no se registran superaciones a la norma de calidad de aire para material particulado respirable MP10. “No se han registrado eventos de contaminación en el amplio período que debió abarcar la SMA ante la falta de claridad de la denuncia”, sentencia el fallo.\n\nPor otra parte, lo que dice relación con el reasentamiento de dos familias, el tribunal verificó que aunque efectivamente no se cumplió a cabalidad en los términos dispuestos en la RCA, esto no fue por responsabilidad de la empresa, sino por la propia voluntad de las personas que debían ser reubicadas. “Si bien dicho cambio en la ejecución de la medida, a juicio de esta judicatura, no se reduce a un hallazgo menor o meramente formal, lo cierto es que cumple con el objetivo normativo y también específico de reubicar a dos familias en aquellos sectores donde la calidad de vida podía mejorar”, explicó el ministro redactor Mauricio Oviedo.\n\nEn esa misma línea, dijo que se estima necesario que Compañía Minera Teck Carmen de Andacollo se haga cargo en el más breve plazo posible de todas las gestiones necesarias para obtener el título de dominio del inmueble emplazado en terreno fiscal, en el sector Yaguín, teniendo en consideración lo resuelto por la Seremi de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo”.\n\nRespecto a la posibilidad que tienen los titulares de proyectos de cumplir una RCA en una forma distinta a lo aprobado ambientalmente, el Primer Tribunal Ambiental relevó que las sanciones administrativas tienen como función final la protección ambiental y dijo que “en este caso en particular, la infracción constatada por la Superintendencia no provocó una afectación al componente medio humano, sino que, por el contrario, provocó un beneficio en el bienestar de dos personas y sus respectivas familias. En consecuencia, la sanción se vuelve innecesaria toda vez que el bien jurídico tutelado no se ha visto afectado”\n\n“(…) el actuar y la decisión de la SMA en orden a no iniciar un procedimiento sancionatorio en contra de Compañía Minera Teck (Carmen) de Andacollo es razonable, proporcional y, por lo tanto, legal”, aseguró el ministro Oviedo y acotó que en lo referido a la eventual elusión que habría efectuado la empresa al incorporar nuevas faenas, “no existen nuevas obras en su ejecución que pudieran dar lugar a una hipótesis de elusión”.\n\n<em><strong>Denuncias ante la SMA</strong></em>\nLa denuncia puede dar origen a un procedimiento sancionatorio si a juicio de la Superintendencia está revestida de seriedad y tiene mérito suficiente, de lo contrario, se dispondrá previamente la ejecución de actividades de fiscalización.\n\nNo obstante, cuando el organismo fiscalizador decide archivar una denuncia, su decisión debe ser fundada, es decir, debe expresar los motivos de hecho y de derecho en virtud de los cuales la Administración consideró que no existía mérito para iniciar un procedimiento sancionatorio.\n\n<em><strong>Proyecto Hipógeno</strong></em>\nEl proyecto Hipógeno de Cía. Minera Teck Carmen de Andacollo consiste en la actualización, adecuación y/o modificación del proyecto minero Andacollo-Cobre con el fin de extender la vida útil del proyecto a través de la explotación y el procesamiento de mineral hipógeno o primario del yacimiento. Se desarrolla en torno al actual yacimiento y suma nuevas áreas con diversas obras.\n\nLa minera se ubica en la comuna de Andacollo en la Región de Coquimbo, aproximadamente a 37 kilómetros de La Serena.\n\nPuedes ver el fallo en el siguiente enlace: <a href=\"https://causas.1ta.cl/causes/186/expedient/4895/books/129/?attachmentId=8008\">https://causas.1ta.cl/causes/186/expedient/4895/books/129/?attachmentId=8008</a>\n\n&nbsp;', 'Se descartan incumplimientos ambientales de Minera Teck Carmen de Andacollo', 'En un fallo que se dio a conocer hoy, el Primer Tribunal Ambiental rechazó la reclamación interpuesta por la Municipalidad de Andacollo en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente, SMA, por el archivo de una denuncia contra la empresa Teck Carmen de Andacollo, por su proyecto Hipógeno', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'se-descartan-incumplimientos-ambientales-de-minera-teck-carmen-de-andacollo', '', '', '2021-10-27 14:19:52', '2021-10-27 17:19:52', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14801', 0, 'post', '', 0),
(14826, 1, '2021-11-03 13:04:14', '2021-11-03 16:04:14', '<img class=\"aligncenter wp-image-14828 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Captura-de-pantalla-7178.png\" alt=\"\" width=\"1071\" height=\"580\" />\n<ul>\n 	<li><strong><em>Los ministros Mauricio Oviedo, Cristián López y Eric Sepúlveda, escucharon los alegatos de la reclamación de la empresa Interchile por una multa de más de 1.500 millones de pesos y 4 medidas urgentes y transitorias, MUT, aplicadas por la SMA en el marco de un proceso sancionatorio por incumplimientos ambientales.</em></strong></li>\n</ul>\n&nbsp;\n\nLas distintas controversias referidas a la sanción y a las Medidas Urgentes y Transitorias, MUT, aplicadas por la Superintendencia de Medio Ambiente, SMA, fueron las alegadas, ayer, ante el Primer Tribunal Ambiental por la empresa Interchile y el organismo fiscalizador.\n\nLa causa, que quedó en estudio, tuvo como punto central la discusión respecto a la multa por más de 1.500 millones de pesos y las 4 MUT que fueron decretadas por la SMA en el marco del proceso sancionatorio por incumplimientos ambientales del proyecto Cardones-Polpaico.\n\nEn la audiencia, se relevó que los incumplimientos dicen relación con monitoreos de ruido que la empresa se había comprometido voluntariamente a realizar tanto en la etapa de construcción, como en la de funcionamiento del proyecto, los que no fueron efectuados en su totalidad, además de la superación de la norma de emisión de ruido por el efecto corona (ruido similar a un zumbido)  en ciertos puntos de la línea de transmisión.\n\nQuedó de manifiesto, también, las 53 denuncias de vecinos de sector Altovalsol y El Romero precisamente por los ruidos que emite la línea de transmisión y los eventuales riesgos a la salud de la población que ello conlleva.\n\nSin embargo, la empresa alegó, a través de su abogado Matías Montoya que “no ha habido un efecto corona continuo” y que el ruido constatado por el organismo fiscalizador “es en una baja cantidad, intensidad y no es permanente, lo que quiere decir que la calificación del cargo como grave es infundada”.\n\nNo obstante, lo alegado por Interchile, la Superintendencia de Medio Ambiente, a través del litigante Benjamín Muhr, explicó que se han presentado diversas denuncias, antes y después del procedimiento sancionatorio y todas describen el efecto a la salud que genera el ruido, afectando el sueño, provocando cefaleas, generando estrés y otros efectos, lo que motivó que la SMA fuera a terreno y constatara la superación a la norma de ruido de 5 y 7 decibeles”, aseguró el abogado.\n\nRespecto a lo anterior se pudo establecer que Interchile había comprometido 1.176 monitoreos en la etapa de construcción y 318 en la de funcionamiento. Sin embargo, en ambas etapas no se cumplió el compromiso y de las 130 mediciones efectuadas por la SMA en la etapa de operación, 24 de ellas presentaron una superación a la norma de ruido establecida en el Decreto Supremo 38, lo que equivale a un 17% de la muestra.\n\nMuhr fue enfático al manifestar que “la empresa no tiene voluntad de adoptar medidas ya que tampoco lo hizo en el programa de cumplimiento” y enfatizó que se está hablando de más de mil monitoreos que no se efectuaron adecuadamente.\n\nEn tanto, el abogado de la empresa también alegó aspectos formales como, por ejemplo, el decaimiento del procedimiento, debido a que el procedimiento sancionatorio estuvo suspendido por cerca de 2 años, y la figura de prescripción por la fecha en que se efectuaron los monitoreos, la que supera los tres años.\n\nNo obstante, el abogado de la SMA, explicó que la situación no ha variado porque la empresa no ha adoptado ninguna medida adicional y las condiciones que generan o propenden al efecto corona siguen igual. “Hay un incumplimiento claro a la RCA (Resolución de Calificación Ambiental) porque hay 188 mediciones de ruido comprometidas por la empresa que no fueron efectuadas, a lo que se suma todas las mediciones que la empresa tuvo que efectuar en la etapa de construcción y no realizó”, dijo Muhr.\n\nRespecto a las MUT, la empresa indica que son medidas excesivas, sin embargo, la SMA indica que lo que es significativo es el riesgo para la salud de las personas por la cantidad de superación de ruido y asegura que la empresa debe proponer medidas para hacerse cargo de los efectos de los proyectos y es distinto a la evaluación ambiental del proyecto.\n\n“La medida es desproporcionada porque la Superintendencia fijó plazos incumplibles y en una extensión que no se justifica, ya que el problema es focalizado y hay una MUT de 700 kilómetros con plazos desproporcionados”, afirmó el abogado de la empresa y aseguró que están llanos a buscar soluciones técnicas y la forma de implementación vía modificación de proyecto o revisando si hay impactos no previstos, pero lo que cuestionan es la sanción aplicada por la SMA.\n\n<em><strong>Proyecto\n</strong></em>El proyecto consiste en una línea de transmisión de alto voltaje que recorre las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana con una extensión aproximada de 753 kilómetros y tres subestaciones en Cardones, Maitencillo y Pan de Azúcar.\n\nPuedes revisar la audiencia en el siguiente enlace: <a href=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/r-49-2021_acum_r-50-2021_live/\">https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/r-49-2021_acum_r-50-2021_live/</a>', 'Primer Tribunal Ambiental deja en estudio reclamación de Interchile por multas y medidas urgentes y transitorias aplicadas por la SMA', 'La causa, que quedó en estudio, tuvo como punto central la discusión respecto a la multa por más de 1.500 millones de pesos y las 4 MUT que fueron decretadas por la SMA en el marco del proceso sancionatorio por incumplimientos ambientales del proyecto Cardones-Polpaico.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'primer-tribunal-ambiental-deja-en-estudio-reclamacion-de-interchile-por-multas-y-medidas-urgentes-y-transitorias-aplicadas-por-la-sma', '', '', '2021-11-03 13:04:14', '2021-11-03 16:04:14', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14826', 0, 'post', '', 0);
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(14837, 1, '2021-11-11 09:18:06', '2021-11-11 12:18:06', '<img class=\"aligncenter wp-image-14840 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Audiencia-alegatos-3-1.png\" alt=\"\" width=\"1005\" height=\"415\" />\n<ul>\n 	<li><em>Se rechazó reclamación de los hermanos Ventura Svigilsky asociada a la construcción del Tranque El Mauro y el aseguramiento de los caudales del estero Pupío.</em></li>\n</ul>\nEsta tarde, el Primer Tribunal Ambiental dio a conocer el rechazo de la reclamación que había sido interpuesta contra la Superintendencia de Medio Ambiente, SMA, por no llevar a cabo un procedimiento sancionador en contra de Minera Los Pelambres.\n\nEsto luego de la denuncia efectuada por los hermanos Ventura Svigilsky, quienes aseguraban que existía un incumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental, RCA, que aprobó el Proyecto Integral de Desarrollo, en el que se estableció asegurar los caudales aguas abajo del tranque El Mauro.\n\nLa determinación, adoptada por los ministros Mauricio Oviedo (presidente), Cristián López y Eric Sepúlveda, respecto a que la denuncia no tenía el mérito suficiente para dar inicio a un procedimiento sancionatorio, se basó en que la SMA cumplió con fiscalizar a la empresa los años 2013, 2014 y 2015 y en dichas fiscalizaciones no se constató la existencia de incumplimientos ambientales relativos a obras de su proyecto Tranque El Mauro y restitución de aguas al estero Pupío.\n\nEn el análisis efectuado por el Primer Tribunal Ambiental, se establecieron dos controversias relativas con el cumplimiento del deber de fiscalizar de la Superintendencia, así como la seriedad y mérito de la denuncia, además de la motivación del archivo de la misma, las que fueron analizadas en la sentencia.\n\nPara los ministros, el organismo fiscalizador ponderó adecuadamente la seriedad y mérito de la denuncia, ya que se llevaron a cabo sucesivas actividades de fiscalización, “que arrojaron la inexistencia de incumplimientos por parte de MLP (Minera Los Pelambres) que hicieren meritoria la apertura de un procedimiento sancionatorio”, se acota en el fallo.\n\nAdemás, se estableció que “de la revisión de los tres expedientes de fiscalización señalados precedentemente es posible concluir que la SMA cumplió a cabalidad con el deber que le impone su ley orgánica en orden a fiscalizar aquellas denuncias sometidas a su conocimiento, desplegando para ello sendos procedimientos durante 3 años consecutivos, ninguno de los cuales arrojó hallazgos que le permitieran sostener la apertura de un procedimiento sancionatorio”.\n\n<em><strong>Archivo\n</strong></em>En cuanto a la motivación del archivo de la denuncia efectuada por los hermanos Ventura, el tribunal explicó que se verificó el cumplimiento de la minera respecto a las exigencias ambientales comprometidas en la RCA, en específico las que dicen relación con la obligación de no afectar los derechos de los usuarios del estero Pupío.\n\nEs así como se analizó lo comprometido por la empresa y el alcance de la fiscalización que debía efectuar la Superintendencia del Medio Ambiente. Esto, porque la aprobación del proyecto quedó condicionada a la aprobación por parte de la Dirección General de Aguas, DGA.\n\nEn lo relacionado a lo dispuesto por la DGA, el tribunal explicó que se fijaron reglas de operación para el resguardo de los derechos de los usuarios del tramo superior del estero Pupío y que para el sector correspondiente a los reclamantes “la DGA estimó que el proyecto no tendría impactos significativos que alteraren sus condiciones en la medida que las obras se construyeran de acuerdo con el proyecto aprobado y que la operación del sistema se realizara de acuerdo a las condiciones indicadas en las NMOM  (Normas Mínimas de Operación de la Obra)”.\n\n“La obligación de la SMA consistía en verificar que la construcción y operación de las obras del relave se ajustasen a lo dispuesto por la autoridad sectorial, es decir, la Dirección General de Aguas, DGA, y no le corresponde extender su fiscalización a otros elementos de la cuenca”, explicó el ministro redactor Mauricio Oviedo\n\nEn este sentido, Oviedo, también dijo que “la obligación de restitución de aguas al estero Pupío es una obligación que se renueva todos los años en virtud de la estimación del año hidrológico que efectúa la propia DGA, por lo que el solo hecho de que el caudal disminuya en el punto de restitución no debe considerarse como una infracción a esta obligación, en la medida que ello siempre deberá ser analizado en función de la probabilidad de excedencia determinada por la DGA para el año respectivo”.\n\nAsimismo, el tribunal efectuó una revisión y análisis del proceso de fiscalización llevado adelante por la Dirección General de Aguas los años 2014 y 2015 y no se constataron incumplimientos a las normas mínimas de operación de la obra ya que se reprodujeron los flujos naturales comprometidos por el proyecto.\n\n<em><strong>Denuncia</strong></em>\nEl año 2013 los reclamantes presentaron una denuncia ante el organismo fiscalizador por la imposibilidad de ejercer sus derechos de aprovechamiento de aguas del estero Pupío debido a la disminución y desaparición desde que el proyecto comenzó a operar a partir del 2009.\n\nEl compromiso establecido por Minera Los Pelambres tiene relación con no afectar los derechos de agua de los usuarios del estero Pupío reproduciendo sus flujos naturales comprometidos aguas abajo del proyecto. Para esto, la minera construyó un tranque de aguas en la cola del depósito de relaves, el que acumula excedentes de aguas superficiales no utilizadas y permite a redistribución del uso histórico de aguas superficiales del fundo El Mauro.\n\n<em><strong>Evaluación ambiental</strong></em>\nEs importante tener presente que todo proyecto que pueda causar alguna afectación o impacto ambiental debe someterse a evaluación ambiental, ya sea a través una declaración o evaluación de impacto ambiental según lo establecer la ley 19.300 que regula las materias medioambientales en el país.\n\nUna vez ingresado el proyecto a evaluación ambiental, dependiendo del tipo de proyecto y de los impactos que pueda generar al medioambiente debe comprometer acciones para mitigarlos y así  obtener el permiso para operar, llamado Resolución de Calificación Ambiental, RCA.\n\nLa RCA de todo proyecto debe ser fiscalizado por la Superintendencia de Medio Ambiente, SMA, en caso de incumplimientos detectados ya sea a través de denuncias, el organismo fiscalizador u otro órgano con competencia ambiental.\n\nEn el siguiente enlace puedes ver la sentencia<a href=\"https://causas.1ta.cl/causes/184/expedient/4963/books/127/?attachmentId=8102\">https://causas.1ta.cl/causes/184/expedient/4963/books/127/?attachmentId=8102</a>', 'Primer Tribunal Ambiental respalda decisión de la Superintendencia de Medio Ambiente y ratifica archivo de denuncia contra Minera Los Pelambres', 'La determinación, adoptada por los ministros Mauricio Oviedo (presidente), Cristián López y Eric Sepúlveda, respecto a que la denuncia no tenía el mérito suficiente para dar inicio a un procedimiento sancionatorio, se basó en que la SMA cumplió con fiscalizar a la empresa los años 2013, 2014 y 2015 y en dichas fiscalizaciones no se constató la existencia de incumplimientos ambientales relativos a obras de su proyecto Tranque El Mauro y restitución de aguas al estero Pupío.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'primer-tribunal-ambiental-respalda-decision-de-la-superintendencia-de-medio-ambiente-y-ratifica-archivo-de-denuncia-contra-minera-los-pelambres', '', '', '2021-11-11 09:18:06', '2021-11-11 12:18:06', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14837', 0, 'post', '', 0),
(14844, 1, '2021-11-11 17:10:28', '2021-11-11 20:10:28', '<img class=\"size-full wp-image-14845 aligncenter\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Maricunga_%C3%A1reas_afectadas.png\" alt=\"\" width=\"880\" height=\"589\" />\n\nCon diversas consideraciones el Primer Tribunal Ambiental aprobó, hoy, el Acuerdo de Conciliación entre la Comunidad Indígena Colla del Río Jorquera y Minera Maricunga en el marco de la demanda por daño ambiental interpuesta por los comuneros indígenas contra la compañía por un derrame de petróleo ocurrido en el sector Rancho del Gallo el año 2017.\n\nEl acuerdo fue presentado por las partes involucradas en la demanda y revisado por el órgano jurisdiccional, estableciéndose cuatro consideraciones que tienen como fin resguardar el cumplimiento de las medidas comprometidas.\n\nUno de los objetivos centrales de los alcances planteados por los ministros tiene relación con dar cumplimiento al artículo 44 de la Ley 20.600 que exige que estos órganos jurisdiccionales resguarden la indemnidad del daño ambiental, es decir, revisar que las medidas que se lleven a cabo se hagan cargo del daño causado.\n\nEntre dichas acotaciones están la entrega al tribunal de una carta Gantt que consolide las medidas y los plazos de ejecución con el fin de procurar el debido cumplimiento y seguimiento del acuerdo. También, se solicita que en la medida relativa a actividades de compensación socioambiental al haberse visto afectado el sistema de vida y costumbres de comuneros- se considere en el diseño y ejecución del Plan de Manejo Agropecuario, la contratación de un médico veterinario o veterinaria, u otro profesional idóneo para determinar la compensación necesaria que permita llevar a cabo el compromiso de restituir los animales que pudieron haber muerto a consecuencia del derrame y los eventuales daños que se podrían haber generado en la masa ganadera sobreviviente.\n\nTambién, se acota que la elección o designación de las entidades técnicas o empresas consultoras externas que deberán estar a cargo de las labores de limpieza y la realización de muestreos y análisis de aguas y suelo (medidas 2 y 3) deberá recaer en entes de acreditada experiencia y con un reconocido prestigio nacional o internacional en materias de su especialidad.\n\nAsimismo, las partes deberán fijar los criterios técnicos adecuados y autosuficientes de los informes y de los respectivos anexos que se evacuen en el proceso de ejecución del acuerdo que garanticen el correcto entendimiento y fiscalización por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente, SMA y del Primer Tribunal Ambiental.\n\n<em><strong>Avenimiento\n</strong></em>El avenimiento presentado por la comunidad y la minera contempla seis medidas de gestión socioambiental, compensación y reparación ambiental, que están en directa relación con las bases de conciliación entregadas por el tribunal.\n\nEs así como la primera de ellas dice relación con la conformación de una mesa de diálogo, la que ya está funcionando con reuniones mensuales y que tiene como característica principal la participación de la Casa de la Paz como órgano facilitador, además de la participación de dos representantes de la comunidad Río Jorquera y de la empresa.\n\nLa segunda medida consiste en el término de las labores de limpieza y restauración del lugar donde se produjo el derrame de hidrocarburo, ya que, si bien la zona fue sometida a labores de contención en un primer momento, quedaron residuos de aquellos trabajos.\n\nEn tanto, la tercera medida contempla la realización de nuevos muestreos y análisis de aguas superficiales y subterráneas y de suelo, además, la realización de un estudio de flora y fauna potencialmente afectada. Mientras la cuarta medida consiste en la facilitación y avance de tareas de monitoreo y restauración ambiental de mediano plazo.\n\nLa quinta medida tiene relación con los comuneros directamente afectados con actividades de compensación socioambiental a través de la preparación y ejecución de un Plan de Manejo Agropecuario que debe ser apoyado por el SAG y que permitirá resarcir el daño causado a los comuneros por muerte o afectación de su ganado. La sexta medida dice relación con la fiscalización y reporte del cumplimento del acuerdo.\n\n<em><strong>Minera\n</strong></em>Sociedad Contractual Minera Compañía Maricunga, CMM, es una empresa minera propietaria del Proyecto Minero Refugio que realiza operaciones extractivas y de procesamiento de minerales auríferos que se ubica en la comuna de Tierra Amarilla, Provincia de Copiapó a una altura de 4.200 metros y 4.500 metros sobre el nivel del mar.', 'Con diversas consideraciones se aprueba avenimiento en demanda por daño ambiental en contra de Minera Maricunga', '', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'con-diversas-consideraciones-primer-tribunal-ambiental-aprueba-avenimiento-en-demanda-por-dano-ambiental-en-contra-de-minera-maricunga', '', '', '2021-11-11 17:10:28', '2021-11-11 20:10:28', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14844', 0, 'post', '', 0),
(14878, 1, '2021-11-17 15:05:45', '2021-11-17 18:05:45', '<img class=\"aligncenter wp-image-14607\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Proyecto_Cumbres-Alto-de-Lomas-Huasi_fuente-Fb-Cumbres-de-Alto-Lomas-Huasi.jpg\" alt=\"\" width=\"997\" height=\"422\" />\n<ul>\n 	<li><b><i>El organismo fiscalizador reanudó el procedimiento de ingreso al SEIA.</i></b></li>\n 	<li><strong><em>En una primera instancia se archivó la denuncia, por lo que se efectuó una reclamación ante el tribunal.</em></strong></li>\n</ul>\nLuego del desarchivo que hiciera la Superintendencia de Medio Ambiente, SMA, de la denuncia que dice relación con el proyecto inmobiliario “Cumbres de Alto Lomas Huasi” de Calama, se presentó el desistimiento de la causa ante el Primer Tribunal Ambiental.\nEl desarchivo, efectuado por el organismo fiscalizador se debió a los argumentos presentados por el reclamante ante el tribunal que dicen relación con lo que podría ser un fraccionamiento de proyecto al disminuir la cantidad de lotes, además de su localización en terrenos de protección patrimonial histórica, entre otros fundamentos que se suman a que la SMA nunca recibió respuesta de la Municipalidad de Calama.\nEs así como el organismo fiscalizador ha determinado que “requiere de mayores antecedentes en relación a aspectos no suficientemente clarificados en relación al proyecto” y se hizo hincapié en que la decisión de archivar la denuncia fue tomada sin perjuicio que, en razón de nuevos antecedentes, se pudiese volver a analizar.\n\n<em><strong>Reclamación</strong></em>\nLa reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental fue ingresada por Esteba Araya Toroco para solicitar al tribunal que la SMA decretara el ingreso del proyecto a evaluación ambiental a través de un Estudio de Impacto Ambiental, EIA, debido a su asentamiento en un cementerio indígena prehispánico.\nTambién, Araya Toroco hizo alusión a que no se trataba de una subdivisión predial sino un proyecto inmobiliario que estaba eludiendo su ingreso a evaluación ambiental a través de un fraccionamiento, ya que se redujo la superficie.\n\n<em><strong>Denuncia</strong></em>\nEn enero de 2020 Esteban Araya Toroco presentó una denuncia ante la SMA en contra del proyecto inmobiliario, el que ya contaba con la aprobación de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Calama.\nLa denuncia se basó en una hipótesis de elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, a través de un fraccionamiento del proyecto y la ejecución de labores de urbanización y loteo en el sector del Cementerio Topáter.\nEn dicha ocasión el organismo inició una investigación y efectuó visitas inspectivas al lugar, además de solicitar información a la inmobiliaria, a la Municipalidad y al Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, que en una primera instancia lo llevó a archivar la denuncia.', 'SMA desarchiva denuncia en contra del proyecto “Cumbres de Alto Lomas Huasi” y reclamante se desiste ante Primer Tribunal Ambiental', 'El desarchivo, efectuado por el organismo fiscalizador se debió a los argumentos presentados por el reclamante ante el tribunal que dicen relación con lo que podría ser un fraccionamiento de proyecto al disminuir la cantidad de lotes, además de su localización en terrenos de protección patrimonial histórica, entre otros fundamentos que se suman a que la SMA nunca recibió respuesta de la Municipalidad de Calama.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'sma-desarchiva-denuncia-en-contra-del-proyecto-cumbres-de-alto-lomas-huasi-y-reclamante-se-desiste-ante-primer-tribunal-ambiental', '', '', '2026-03-08 21:00:07', '2026-03-08 21:00:07', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14878', 0, 'post', '', 0),
(14883, 1, '2021-11-19 11:26:10', '2021-11-19 14:26:10', '<ul>\n 	<li><em>Planteó la posibilidad de avanzar en un nuevo sistema de justicia ambiental con enfoque ecosistémico.</em></li>\n 	<li><em>“El plano de lo contencioso administrativo es un espacio en que las consideraciones de los ecosistemas o componentes del medioambiente tienen que ser contemplados”, dijo el ministro Mauricio Oviedo.</em></li>\n</ul>\nCon una reflexión respecto a la necesidad de ampliar las competencias de los tribunales ambientales del país y de incorporar un enfoque ecosistémico en el control judicial de los recursos naturales, el ministro presidente (s) del Primer Tribunal Ambiental, Mauricio Oviedo, inauguró las XVII Jornadas de Derecho Administrativo.\n\nSu ponencia “Contencioso administrativo de los recursos naturales.  Hacia una tutela judicial con enfoque ecosistémico”, relevó la necesidad de ampliar las competencias de los tribunales ambientales del país y la necesidad de incorporar un enfoque ecosistémico en el control judicial de los recursos naturales.\n\n“La incorporación de las nociones de justicia ambiental y el enfoque ecosistémico son directrices que requieren ser incorporadas con miras a transitar a su integración en la tutela judicial efectiva de los recursos naturales”, aseguró.\n\nEn el análisis sobre la evolución normativa en materia ambiental dijo que, aunque se ha avanzado en la regulación del medioambiente mediante diversos cuerpos normativos, dicho avance no es visible aún en la regulación sectorial, salvo excepciones. “La legislación ambiental vigente ha sido dictada en forma sectorial y compartimentalizada, sin una visión global e integradora. Por lo mismo no se ha hecho cargo de las relaciones de interacción e interdependencia que se dan entre los diferentes componentes del ambiente”, enfatizó.\n\nTambién, el ministro planteó la interrogante respecto por qué no avanzar hacia una visión integradora de los componentes del medioambiental, tal como su carácter amplio lo exige y dijo que “el trabajo de reflexión y análisis al que está llamado el proceso constituyente, puede ser la instancia que permita avanzar hacia una mirada integradora y ecosistémica de la naturaleza de manera definitiva”.\n\nAdemás, el ministro reflexionó sobre el enfoque sistémico como cambio de paradigma y planteó otra interrogante: ¿Se ajusta el modelo regulatorio de los recursos naturales a los desafíos de una justicia ambiental efectiva?. Para responder está interrogante analizó algunos ejemplos sobre como se encuentra regulado el contencioso administrativo de algunos recursos naturales, de manera de poder realizar el cruce con el modelo contenido en la Ley N°20.600.\n\n“Todas estas materias de claro contenido ambiental debiesen ser resueltas a la luz de un enfoque ecosistémico y con aplicación de principios jurídico ambientales, en un procedimiento contencioso administrativo ambiental y ante un tribunal especializado”, dijo.\n\nRespecto al escenario actual de los tribunales ambientales, analizó cómo la competencia especialísima de los Tribunales Ambientales ha encontrado espacios para conocer materias que escapan de la impugnación de los instrumentos de gestión ambiental tradicionales.\n\nPor último, el ministro reflexionó sobre un nuevo sistema de justicia ambiental con enfoque ecosistémico y recalcó que “se hace necesario avanzar en regulaciones integradoras y comprensivas de todos los fenómenos y componentes del medioambiente involucrados”. Recalcó que el plano de lo contencioso administrativo es un espacio en que las consideraciones de los ecosistemas o componentes del medioambiente tienen que ser considerados.\n\nLas XVII Jornadas de Derecho Administrativo: derecho administrativo y constitución son organizadas por la Asociación de Derecho Administrativo de Chile y la Facultad de Ciencias Sociales, Empresariales y Jurídicas de la Universidad de La Serena.\n\n&nbsp;', 'Ministro presidente del Primer Tribunal Ambiental dicta Conferencia Inaugural en Jornadas de Derecho Administrativo', '“La incorporación de las nociones de justicia ambiental y el enfoque ecosistémico son directrices que requieren ser incorporadas con miras a transitar a su integración en la tutela judicial efectiva de los recursos naturales”, aseguró.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'ministro-presidente-del-primer-tribunal-ambiental-dicta-conferencia-inaugural-en-jornadas-de-derecho-administrativo', '', '', '2021-11-19 11:26:10', '2021-11-19 14:26:10', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14883', 0, 'post', '', 0),
(14898, 1, '2021-11-25 10:03:24', '2021-11-25 13:03:24', '<img class=\"aligncenter wp-image-14606 size-full\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Terrenos-proyecto_fuente_El_Referente.png\" alt=\"\" width=\"659\" height=\"363\" />\n\nUna nueva reclamación fue admitida a trámite ayer por el Primer Tribunal Ambiental. Se trata de una causa de la empresa inmobiliaria Inversiones Cumbres Alto Calama SpA. contra la Superintendencia del Medio Ambiente, SMA, relacionada con el proyecto Cumbres de Alto Lomas Huasi que comenzó a ejecutarse en el sector Topáter de Calama.\n\nEl reclamo de la empresa surge luego que la SMA determinara por una parte desarchivar una denuncia que había sido interpuesta por un vecino de la ciudad y, por otra, la obligación de ingreso del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA.\n\nLa empresa asegura que el proyecto es un loteo proyectado sin construcción simultánea de viviendas y en su reclamación argumenta la ilegalidad de la determinación de la SMA porque este mismo organismo ya había definido que el proyecto no debía ingresar a evaluación ambiental, situación -que a juicio de los reclamantes- no se podría modificar a no ser que haya cambios sustantivos en las variables evaluadas por el organismo en su oportunidad.\n\nAdemás, la inmobiliaria hace alusión a aspectos legales y acota que “la resolución de la SMA, que ordene el ingreso de un proyecto al SEIA, en todo caso, debe contar con un informe previo de la SEA, en este caso de la SEA de la Región de Antofagasta, lo que no ha ocurrido en la especie”.\n\nEstos son los antecedentes que deberán ser evaluados por el Primer Tribunal Ambiental para luego determinar si acoge o rechaza la reclamación presentada.\n\n<em><strong>Desarchivo de la denuncia\n</strong></em>El desarchivo de una denuncia ciudadana y de la determinación de la Superintendencia de Medio Ambiente, SMA, del ingreso del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, se dio en el marco de una reclamación que había sido presentada ante el Primer Tribunal Ambiental por un vecino de Calama.\n\nLos fundamentos expuestos, entre ellos que el proyecto se desarrolla en una zona ambientalmente saturada lo que lo obliga a someterse al SEIA, fue lo que finalmente consideró el organismo fiscalizador.\n\n<em><strong>Proyecto\n</strong></em>El proyecto consiste en obra de loteo con fines de urbanización, comprendiendo obras de instalación de alcantarillado, agua potable, electricidad y pavimentación, emplazado en el sector aledaño al Cementerio Topáter.', 'Empresa inmobiliaria interpone reclamación contra el SMA para evitar ingreso al SEIA de proyecto Cumbres de Alto Lomas Huasi', 'El reclamo de la empresa surge luego que la SMA determinara por una parte desarchivar una denuncia que había sido interpuesta por un vecino de la ciudad y, por otra, la obligación de ingreso del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'empresa-inmobiliaria-interpone-reclamacion-contra-el-sma-para-evitar-ingreso-al-seia-de-proyecto-cumbres-de-alto-lomas-huasi', '', '', '2021-11-25 10:03:24', '2021-11-25 13:03:24', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14898', 0, 'post', '', 0),
(14901, 1, '2021-12-01 09:06:24', '2021-12-01 12:06:24', '<img class=\"aligncenter wp-image-14902 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Captura-de-pantalla-7560.png\" alt=\"\" width=\"1202\" height=\"656\" />\n\nCon una exposición del doctor en Biología, académico de la Universidad de Antofagasta, Carlos Guerra culminó el Ciclo de Charlas Magistrales 2021 del Primer Tribunal Ambiental.\n\nPor primera vez desde que comenzó esta instancia se incorpora un tema ciento por ciento relacionado con las ciencias y no con el ámbito jurídico, lo que fue explicado por el ministro presidente (s) del tribunal, Mauricio Oviedo. “La mirada y análisis que le da la ciencia a la labor jurisdiccional del Primer Tribunal Ambiental es fundamental, de ahí que resulte prioritario que el equipo de asesores pueda incorporar una mirada integral y sistémica entre derecho y ciencia que permita abordar las causas de manera óptima”, afirmó el ministro.\n\nDurante la charla, el destacado académico abordó el tema del rol del ser humano como parte de la diversidad del planeta y dijo que el primer problema es la percepción que se tiene de que se trata de un ser aparte. “Hay una desvinculación del hombre y la naturaleza”, dijo.\n\nPara el académico, “la idea de dueño del planeta no concuerda con las reglas de la naturaleza. Solo recientemente la especie Homo Sapiens parece intentar entender que las mismas reglas pueden amenazar su propia sobrevivencia”, aseguró y planteó que “es tiempo de aceptar y/o profundizar el cambio de paradigma”.\n\nEn ese mismo sentido manifestó que “mientras las diversas formas de vida se enfrentar y adaptan o se extinguen ante las condiciones de la naturaleza, solo una de ellas lo hace ante los efectos de su propia acción”.\n\nPara explicar su posición comenzó hablando del planeta, la materia que da origen a la vida y la evolución de las especies. Luego ahondó en los biomas y ecosistemas para explicar que se trata de organismos que están en permanentemente sometidos a la incertidumbre de ser parte del sistema. “Hay éxitos y fracasos. Sobrevivencia y extinción”, argumentó.\n\nTambién, explicó que “ya sea en la tierra o en mar, los ecosistemas consisten en un espacio con sus características físicas, químicas y con ellas una comunidad biológica funcionando como un todo”.\n\nOtro ámbito abordado por el doctor en biología fue la sustentabilidad, respecto a lo cual, criticó los ajustes y forma de abordar su definición de acuerdo a los propios intereses, lo que para Guerra ha generado “un confuso panorama de ideas, políticas, métodos y modelos”.\n\nRespecto a esto último, explicó que después de mucho estudiar e intercambiar ideas en la Universidad de Antofagasta llegaron a una definición propia que tiene como punto central el mejoramiento permanente y equitativo de la calidad de vida del ser humano mediante el uso racional de los recursos naturales, incorporando otros elementos que fue explicando uno a uno.', 'Culmina Ciclo de Charlas Magistrales 2021 con exposición de doctor en Biología Carlos Guerra', 'Por primera vez desde que comenzó esta instancia se incorpora un tema ciento por ciento relacionado con las ciencias y no con el ámbito jurídico, lo que fue explicado por el ministro presidente (s) del tribunal, Mauricio Oviedo. “La mirada y análisis que le da la ciencia a la labor jurisdiccional del Primer Tribunal Ambiental es fundamental, de ahí que resulte prioritario que el equipo de asesores pueda incorporar una mirada integral y sistémica entre derecho y ciencia que permita abordar las causas de manera óptima”, afirmó el ministro.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'culmina-ciclo-de-charlas-magistrales-2021-con-exposicion-de-doctor-en-biologia-carlos-guerra', '', '', '2021-12-01 09:06:24', '2021-12-01 12:06:24', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14901', 0, 'post', '', 0),
(14918, 1, '2021-12-10 09:09:18', '2021-12-10 12:09:18', '<img class=\"aligncenter wp-image-14920 size-full\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/NOTA-Pubs_Antof_OK.jpg\" alt=\"\" width=\"760\" height=\"360\" />\n<ul>\n 	<li><em><strong>El plazo de la suspensión de funcionamiento será de 30 días corridos desde la notificación al infractor.</strong></em></li>\n</ul>\nLa autorización para que la Superintendencia de Medio Ambiente, SMA, pueda proceder al cierre, por 30 días, del Pub Maldita Barra fue dictada, hoy, por el Primer Tribunal Ambiental.\n\nEsto, luego que ingresara al tribunal una solicitud de autorización de medida provisional procedimental de la Superintendencia de Medio Ambiente por los reiterados incumplimientos del recinto de propiedad de Jay Inversiones SpA a la norma de ruido.\n\nLa autorización de la medida, se basa en la consideración que realizó el organismo jurisdiccional de las anteriores denuncias que se han efectuado en contra del establecimiento por la superación de la norma de ruido, lo que, a juicio del órgano colegiado, pone en riesgo la salud de las personas. Esto porque en octubre de este año la fiscalización realizada por la SMA arrojó una excedencia de 14 decibeles.\n\nEl tribunal, luego de la revisión de los antecedentes, concluyó que “si bien se han dictado medidas provisionales que han sido implementadas por el titular en su oportunidad y no obstante haber existido un programa de cumplimiento que consideró acciones y medidas para abordar los incumplimientos reiterados del titular, estas no han sido suficientes, tornándose ineficaz para el fin que se han dictado, por lo que hace necesario que en razón de evitar el riesgo a la salud al que se está exponiendo a diario la comunidad aledaña en cuanto a las excedencias del ruido a la que se está viendo sometida, es que este magistrado concederá la autorización requerida”, establece la resolución.\n\nLo anterior, porque desde el 2017, vecinos han presentado denuncias ante la Superintendencia de Medio Ambiente y este organismo ha realizado diversos procedimientos sancionatorios y la dictación de multas por la superación de la norma de ruido. Sin embargo, el establecimiento nocturno no ha cumplido la totalidad de las medidas que había comprometido voluntariamente, por lo cual la SMA reanudó el procedimiento sancionatorio.\n\nNo es la primera vez que el tribunal adopta esta medida y el pub ha reiterado las faltas, por lo que el Primer Tribunal Ambiental justificó la proporcionalidad de la medida “en el resguardo del fin que se pretende proteger, esto es, evitar un daño a la salud de la población”.\n\nEl plazo de la suspensión de funcionamiento será de 30 días corridos desde la notificación al infractor.\n<h6></h6>\n<h6><em>Créditos fotografías: Timeline y Superintendencia de Medio Ambiente</em></h6>', 'Primer Tribunal Ambiental autoriza cierre de Pub Maldita Barra por la superación de límites de norma de ruido', 'La autorización de la medida, se basa en la consideración que realizó el organismo jurisdiccional de las anteriores denuncias que se han efectuado en contra del establecimiento por la superación de la norma de ruido, lo que, a juicio del órgano colegiado, pone en riesgo la salud de las personas. Esto porque en octubre de este año la fiscalización realizada por la SMA arrojó una excedencia de 14 decibeles.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'primer-tribunal-ambiental-autoriza-cierre-de-pub-maldita-barra-por-la-superacion-de-limites-de-norma-de-ruido', '', '', '2021-12-10 09:09:18', '2021-12-10 12:09:18', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14918', 0, 'post', '', 0),
(14933, 1, '2021-12-14 14:32:31', '2021-12-14 17:32:31', '<img class=\"aligncenter wp-image-14076 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Ri%CC%81o-Jorquera-territorio.jpeg\" alt=\"\" width=\"1163\" height=\"872\" />\n\nLa Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó el de fondo, presentado por el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, en contra de la sentencia del Primer Tribunal Ambiental que acogió la reclamación interpuesta por la comunidad indígena Colla Río Jorquera en contra de la calificación ambiental favorable del proyecto “Prospección Minera Norte Abierto Sector Caspiche”.\n\nEn la sentencia, dada a conocer ayer, el máximo Tribunal ratifica lo dispuesto por el tribunal ambiental y dice que “se produce una situación inminente de susceptibilidad de afectación que requiere la realización de un procedimiento de consulta indígena, afectación que también requiere de un Estudio de Impacto Ambiental”.\n\nLos recursos, tanto en la forma como en el fondo, habían sido presentados por el Servicio de Evaluación Ambiental, ya que, para el organismo evaluador, el Primer Tribunal Ambiental había excedido aspectos formales como la llamada “regla de la sana crítica” que dice relación con la valoración que debe hacer un juez, la que no puede ser libre o a voluntad. Sin embargo, la Corte Suprema estipuló que “como ha señalado de manera reiterada esta Corte, la valoración de la prueba rendida es de resorte exclusivo del juez de la instancia e improcedente como argumento para una causal de casación en la forma como la que se invocó”.\n\nEn cuanto al recurso de casación en el fondo, el máximo tribunal avala la postura del fallo de primera instancia por cuanto dice que “la alusión que realiza el Tribunal a la necesidad de una ‘evaluación temprana’ de una eventual afectación a pueblos indígenas no pretende incorporar un trámite previo no previsto por el legislador de Consulta Indígena pues se desarrolla tal idea en el marco de la reflexión acerca del rol determinante que le corresponde al Servicio al momento de establecer el mecanismo a utilizar en el proceso de evaluación ambiental de  un proyecto ante la presencia de una Comunidad Indígena , como en el presente caso\".\n\nEl Primer Tribunal Ambiental en su sentencia estipuló que en un proceso de evaluación ambiental la consulta indígena constituye una obligación para la autoridad evaluadora cuando, producto de dicha revisión, se deba decretar alguna medida que pueda afectar directamente a pueblos indígenas.\n\nTambién, el fallo de primera instancia relevó la importancia de la trashumancia en la cultura Colla, al asegurar que la alteración al estilo de vida trashumante inherente a la cultura de la comunidad no fue correctamente evaluado por el SEA en el proceso de evaluación ambiental, ya que “el tráfico permanente de vehículos por cuatro años en el territorio configura una alteración de carácter significativo a su  sistema de vida y costumbres, correspondiendo que el proyecto se evalúe mediante un Estudio de Impacto Ambiental”, lo que para la Corte Suprema se configura.\n\n<em><strong>Causa\n</strong></em>La comunidad indígena Colla Río Jorquera y sus Afluentes presentó la reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental, luego de agotar la instancia administrativa, con el fin de revertir la calificación ambiental favorable del proyecto porque no fueron considerados los impactos significativos que provocaría a la comunidad, y con ello, la no realización de la consulta indígena, así como tampoco el ingreso del proyecto a través de una Evaluación de Impacto Ambiental, EIA.\n\n<em><strong>Proyecto\n</strong></em>El proyecto “Prospección Minera Norte Abierto Sector Caspiche” de la Compañía Minera Casale SpA ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental, SEA, mediante una Declaración de Impacto Ambiental, DIA y fue calificado ambientalmente favorable.\n\nEl objetivo del proyecto es realizar campañas de prospección minera en el sector de Caspiche mediante sondajes de tipo aire reverso y/o diamantina, con 332 plataformas y un campamento para 200 personas.\n\n&nbsp;', 'Corte Suprema ratifica sentencia de Primer Tribunal Ambiental y confirma fallo que determina realización de consulta indígena y nueva evaluación de proyecto de Minera Norte Abierto', ' En la sentencia, dada a conocer ayer, el máximo Tribunal ratifica lo dispuesto por el tribunal ambiental y dice que “se produce una situación inminente de susceptibilidad de afectación que requiere la realización de un procedimiento de consulta indígena, afectación que también requiere de un Estudio de Impacto Ambiental”.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'corte-suprema-ratifica-sentencia-de-primer-tribunal-ambiental-y-confirma-fallo-que-determina-realizacion-de-consulta-indigena-y-nueva-evaluacion-de-proyecto-de-minera-norte-abierto', '', '', '2021-12-14 14:32:31', '2021-12-14 17:32:31', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14933', 0, 'post', '', 0),
(14937, 1, '2021-12-21 09:39:43', '2021-12-21 12:39:43', '<img class=\"aligncenter wp-image-14938 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/PHOTO-2021-12-17-15-56-28.jpg\" alt=\"\" width=\"1118\" height=\"746\" />\n\nCon el juramento ante la Corte Suprema la abogada Sandra Álvarez Torres se convierte en nueva ministra del Primer Tribunal Ambiental y se transforma en la primera mujer en llegar al órgano colegiado cuya jurisdicción abarca desde la Región de Arica-Parinacota hasta Coquimbo.\n\nSandra Álvarez juró el viernes pasado ante el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva Gundelach, como ministra titular abogada y en las próximas semanas asumirá como la primera ministra presidenta de un tribunal ambiental en Chile.\n\nLa actual ministra Sandra Álvarez es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y candidata a doctora en Derecho en la misma Casa de Estudio. Cuenta con un magíster en Ciencias Jurídicas, otro en Nuevas Tecnologías y otro en Inteligencia Estratégica. Además, posee una amplia trayectoria en el servicio público y en la academia. En el ámbito profesional se ha desempeñado en la Contraloría General de la República, Dirección General de Aguas; Subsecretaría de Telecomunicaciones y en el Ministerio de Defensa Nacional.\n\nAdemás, es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile donde imparte en el pregrado la cátedra de Derecho Administrativo y Derecho de Telecomunicaciones, ambos del Departamento de Derecho Público y de regulación administrativa en el Magíster en Derecho de la misma Facultad. También es profesora invitada en el Diploma de Compras Públicas de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica y en el Diplomado Internacional en Gestión Integrada de Áreas Costeras del Instituto de Geografía de la misma Casa de Estudios.\n\nEn su primera declaración en el cargo, dijo sentirse satisfecha dado que “todo profesional lo que busca es ir asumiendo nuevos desafíos profesionales. Luego, este es un importante escalón en lo que un abogado podría querer desarrollar”.\n\nEn agosto pasado, la ahora ministra había sido ratificada por la Sala del Senado como ministra titular abogada del Primer Tribunal Ambiental y se estaba a la espera de la firma del decreto de designación y el posterior juramento.\n\n&nbsp;', 'Sandra Álvarez Torres jura como nueva ministra titular abogada del Primer Tribunal Ambiental', 'Sandra Álvarez juró el viernes pasado ante el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva Gundelach, como ministra titular abogada y en las próximas semanas asumirá como la primera ministra presidenta de un tribunal Ambiental en Chile.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'sandra-alvarez-torres-jura-como-nueva-ministra-titular-abogada-del-primer-tribunal-ambiental', '', '', '2021-12-21 09:39:43', '2021-12-21 12:39:43', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14937', 0, 'post', '', 0),
(14958, 1, '2021-12-23 09:42:53', '2021-12-23 12:42:53', '<img class=\"aligncenter wp-image-14959\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Captura-de-Pantalla-2021-12-23-a-las-09.12.04.png\" alt=\"\" width=\"795\" height=\"397\" />\n\nLa Comunidad Indígena de Wara interpuso una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental por la Resolución de Calificación Ambiental, RCA, favorable de los proyectos fotovoltaicos Diego de Almagro Sur 1 y 2 de la empresa Colbún.\n\nEn la causa, que fue admitida a trámite ayer, la comunidad  solicita que se anule la RCA del proyecto, y que sea nuevamente evaluado, porque a  su juicio no se les consideró en la zona de influencia, por lo que el proyecto se evaluó a través de una Declaración de Impacto Ambiental, DIA y no se efectuó un proceso de consulta indígena. Esto, porque -de acuerdo a lo establecido por el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, no se constató la existencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas aledaños al emplazamiento del proyecto o localizados en el área que se desarrollará el proyecto.\n\nSin embargo, la comunidad asegura que los proyectos fotovoltaicos  deben ingresar nuevamente a evaluación ambiental, esta vez a través de un Estudio de Impacto Ambiental, EIA, y se debe llevar adelante un proceso de consulta indígena que considere sus observaciones.\n\nEl principal fundamento de la reclamación se basa en la existencia, presencia y uso ancestral del territorio por parte de la Comunidad Indígena de Wara, así como el reconocimiento con el que cuentan todos sus miembros acreditado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI.\n\nLa Comunidad Indígena de Wara asegura en su escrito que “la construcción de las plantas fotovoltaicas provocan la dificultad o impedimento para el ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o intereses comunitarios, que afectan los sentimientos de arraigo o la cohesión social de la comunidad y personas indígenas; más aun que el titular destruye el Camino del Inca que pasaba por el interior del proyecto”.\n\nEl fundamento entregado en la reclamación tiene relación con que la empresa solo consideró como área de influencia la localidad de Inca de Oro que está a 19 kilómetros de los parques fotovoltaicos y no consideró a Diego de Almagro que está a 20 kilómetros, Además, se explica que no se reconocieron los lugares ceremoniales que se encuentran en el territorio.\n\nOtro de los aspectos cuestionados por los reclamantes tiene relación con que el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, no los reconoció como un “legitimado activo” para reclamar, concepto jurídico que significa que debe existir una relación entre quien reclama y una situación que lo afecta.\n\nEs así como el SEA asegura que no cuentan con “legitimación activa” por “no tener presencia en el territorio” y porque aún no termina su proceso de constitución legal. Sin embargo, en su reclamación, la comunidad indica que “se desconoce su presencia centenaria en el territorio como comunidad Colla” y afirman que, de acuerdo a la jurisprudencia internacional, “el uso de la ocupación ancestral del territorio no depende del reconocimiento oficial del Estado”.\n\n<em><strong>Comunidad\n</strong></em>La comunidad Indígena de Wara es una comunidad Colla que se reconoce como transhumantes mineros, distinto al resto de las comunidades de esta etnia que se dedican a la ganadería.\n\nExplican que recorren los cerros en busca de minerales, específicamente en búsqueda de cuarzos que está al aire libre diseminado por el desierto y que también lo hacen para recolectar hierbas medicinales que son la base de su medicina tradicional indígena.\n\n<em><strong>Diego de Almagro Sur 1 y 2\n</strong></em>Los proyectos fotovltaicos se ubican en la comuna de Diego de Almagro Región de Atacama y contemplan en su conjunto una potencia aproximada de 200 MW. Estarán ubicados en un terreno total de 330 hectáreas y comenzó su fase de construcción a fines del 2020.\n\n&nbsp;\n\n<em>Crédito fotografía: referencial Colbún</em>\n\n&nbsp;\n\n.\n\n&nbsp;', 'Comunidad Indígena Wara interpone reclamación y solicita consulta indígena en evaluación de proyectos fotovoltaicos cercanos a Diego de Almagro', 'La Comunidad Indígena de Wara interpuso una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental por la Resolución de Calificación Ambiental, RCA, favorable de los proyectos fotovoltaicos Diego de Almagro Sur 1 y 2 de la empresa Colbún.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'comunidad-indigena-wara-interpone-reclamacion-y-solicita-consulta-indigena-en-evaluacion-de-proyectos-fotovoltaicos-cercanos-a-diego-de-almagro', '', '', '2021-12-23 09:42:53', '2021-12-23 12:42:53', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14958', 0, 'post', '', 0),
(14966, 1, '2021-12-28 11:54:26', '2021-12-28 14:54:26', 'Este jueves 30 finaliza el plazo para postular a la pasantía y ser parte de la Unidad de Estudios del Primer Tribunal Ambiental.\n\nLos estudiantes de cuarto o quinto año o egresados de la carrera de Derecho pueden postular a esta pasantía, que se llevará a cabo entre el 1 de marzo hasta el 31 de mayo de 2022. Durante este tiempo los pasantes podrán ser parte del área a cargo de la investigación en materias de derecho ambiental y análisis jurisprudencial.\n\nLa pasantía se efectuará de manera remota y podrá ser a tiempo completo o parcial. Los interesados deben postular a través del link <a href=\"https://forms.gle/VTfgocbkfx9CDjpo9\">https://forms.gle/VTfgocbkfx9CDjpo9</a>,y cargar los documentos requeridos en un archivo PDF.\n\nEntre los documentos que se deberán presentar está el currículo vitae actualizado, una carta de interés en la que se indique la motivación para participar en el proceso, además de otros antecedentes.\n\nUnidad de Estudios\nEsta unidad es un área de soporte encargada de desarrollar investigación jurídica en materias vinculadas a la justicia ambiental y su regulación, en el marco de las competencias de los tribunales ambientales.\n\nTambién, gestiona el conocimiento, a través del desarrollo de procesos de levantamiento, análisis, almacenamiento y difusión de información con el objetivo de contribuir en la toma de decisiones, entre otras funciones.', 'Últimos días para postular a pasantía de Unidad de Estudios', 'Los estudiantes de cuarto o quinto año o egresados de la carrera de Derecho pueden postular a esta pasantía, que se llevará a cabo entre el 1 de marzo hasta el 31 de mayo de 2022', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'ultimos-dias-para-postular-a-pasantia-de-unidad-de-estudios', '', '', '2021-12-28 11:54:26', '2021-12-28 14:54:26', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14966', 0, 'post', '', 0);
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(14971, 1, '2021-12-30 12:37:41', '2021-12-30 15:37:41', 'El Primer Tribunal Ambiental confirmó el avance en el Acuerdo de Conciliación de la demanda por daño ambiental en contra de Minera Escondida que contempló 19 medidas, entre ellas, una Mesa de Gobernanza Socioambiental que facilitará la ejecución y seguimiento de los acuerdos para la restauración, reparación y compensación socioambiental del Salar de Puntas Negras.\n\nLa minera fue la encargada de dar a conocer al órgano jurisdiccional la conformación de la mesa, que fue constituida el pasado 10 de diciembre y cuya primera reunión está programada para el próximo 10 de enero de 2022.\n\nEn su conformación participa un representante del Consejo de Pueblos Atacameños y dos de la Comunidad Atacameña de Peine, del Consejo de Defensa del Estado y la minera. Entre el objetivo central de esta gobernanza está “permitir y facilitar el diseño, co-construcción de detalle y ejecución de las 19 medidas establecidas en el marco de la conciliación, de manera participativa y coordinada y en igualdad de condiciones entre las partes”, de acuerdo a lo establecido en su reglamento.\n\nAdemás, podrá deliberar y decidir respecto a los términos de referencia y entidades ejecutoras de las determinaciones acordadas, y efectuar una supervigilancia en la implementación de ellas. También, deberá velar por el monitoreo y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de Reparación y Compensación luego de la elaboración y autorización del Ministerio de Medio Ambiente.\n\nOtro aspecto que destaca dice relación con que las acciones de reparación y restauración, no solo deben contemplar un fundamento racional y científico, sino también se deben ajustar a diversos principios como de participación, colaboración, buena fe, transparencia, justicia socioambiental y el respecto e incorporación de los conocimientos y prácticas tradicionales de los miembros de la Comunidad Atacameña de Peine, del pueblo atacameño.\n\nTambién, se informó que la primera medida, que decía relación la Mesa de Diálogo, finalizó sus funciones y tuvo una duración de seis meses de acuerdo a lo estipulado. Fue esta mesa la encargada del desarrollo de los Estatutos y Procedimientos de Gobernanza.\n\n<em><strong>Acuerdo de Conciliación\n</strong></em>El 25 de mayo, el Primer Tribunal Ambiental aprobó el Acuerdo de Conciliación entre el Consejo de Defensa del Estado, la Comunidad Indígena Atacameña de Peine y la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños y Minera Escondida.\n\n<em><strong>Demanda\n</strong></em>La demanda por daño ambiental en contra de la minera fue interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado y acogida a trámite en abril del 2020. En ella el ente estatal estableció que el daño ambiental causado por la minera se fundaba en siete aspectos, entre ellos, la disminución severa de los niveles del acuífero del salar y la pérdida de bofedales y su vegetación.\n\n&nbsp;', 'Tribunal verifica avances de Acuerdo de Conciliación entre Minera Escondida, Consejo de Defensa del Estado y pueblos atacameños', 'El Primer Tribunal Ambiental confirmó el avance en el Acuerdo de Conciliación de la demanda por daño ambiental en contra de Minera Escondida que contempló 19 medidas, entre ellas, una Mesa de Gobernanza Socioambiental que facilitará la ejecución y seguimiento de los acuerdos para la restauración, reparación y compensación socioambiental del Salar de Puntas Negras.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'tribunal-verifica-avances-de-acuerdo-de-conciliacion-entre-minera-escondida-consejo-de-defensa-del-estado-y-pueblos-atacamenos', '', '', '2021-12-30 12:37:41', '2021-12-30 15:37:41', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14971', 0, 'post', '', 0),
(14973, 1, '2021-12-31 12:39:37', '2021-12-31 15:39:37', '<img class=\"aligncenter wp-image-14974 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Playa-Grande-Cha%C3%B1aral-1024x683-1.jpg\" alt=\"\" width=\"738\" height=\"492\" />\n\nPor dos votos a favor y uno en contra, el Primer Tribunal Ambiental rechazó la reclamación que buscaba invalidar en su totalidad la evaluación ambiental del proyecto Playa Verde de Chañaral.\n\nEl fallo, dado a conocer hoy, tuvo los votos a favor de los ministros Juan Opazo y Fabrizio Queirolo, mientras que el ministro Mauricio Oviedo estuvo por acoger la reclamación en atención a que el proyecto carece de información de base que hace imposible su evaluación ambiental.\n\nEn esta causa se determinaron tres controversias respecto al proceso de evaluación ambiental del proyecto. La primera de ellas en relación con las observaciones ciudadanas y su no consideración por parte del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA. La segunda respecto del alcance de las facultades del Comité de Ministros y; la tercera, que dice relación con información requerida por este comité y que no se encuentra en el proceso de evaluación.\n\nLuego del análisis efectuado por el tribunal, en el fallo se explica que “no se puede sostener que no se consideraron las observaciones ciudadanas” porque cuando esto es reclamado ante el Comité de Ministros, este ordena al SEA retrotraer la evaluación y complementar con información faltante, lo que permite incluso incorporar nuevas exigencias a la empresa.\n\nRespecto a la segunda controversia, en primer término se precisa el alcance de las facultades que la ley le otorga al Comité de Ministros y se aclara que – a juicio de los magistrados- se ha estimado que “puede abarcar desde rechazar el proyecto, hasta establecer condiciones o exigencias para su realización, teniendo la posibilidad también de subsanar evaluaciones defectuosas que no hayan considerado todos los eventuales impactos presentes, pudiendo incluso retrotraer la evaluación para que esta sea complementada o subsanada en la misma sede administrativa, tornando el proceso de evaluación ambiental de esta manera más eficiente”.\n\nAdemás, se establece que otra de las características del comité es su carácter discrecional en sus decisiones, el que está limitado a evaluar los impactos que han sido identificados en el proceso de evaluación ambiental y no aquellos que no fueron detallados.\n\nLa sentencia, hace hincapié en que la autoridad administrativa no rechazó el proyecto por información insuficiente por lo cual no se puede revisar el mérito de esa decisión y enfatiza en que el sistema de evaluación acepta la revisión de parámetros en distintos momentos y que el proceso no es necesariamente lineal, “lo que permite concluir que retrotraer el proceso a una etapa anterior se encuentra completamente ajustado a derecho”.\n\n“La amplitud de las competencias del Comité es una materia reiteradamente establecida por la Excelentísima Corte Suprema, ya que en conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Ley N°19.300 ha sostenido que su competencia es amplia, incluyendo tanto la revisión formal como de mérito, pudiendo incluso modificar las RCA, e imponer condiciones, exigencias y medidas”.\n\nFinalmente, la tercera controversia también es rechazada por los magistrados, fundamentando su postura en que “no resulta lógico considerar un modelo de evaluación (ambiental) rígido que no permita deambular en los diferentes requerimientos que cada proyecto exija, aún más si se considera que conforme avanza la ciencia, tecnologías y conocimientos técnicos, sumado a la demora institucionalizada en las evaluaciones ambientales, van a aparecer nuevas soluciones o problemas asociados”.\n\nSe expresa, además, que la institucionalidad ambiental está llamada a entregar certeza a los distintos actores que participan, como el titular de un proyecto, comunidad y Estado. “Para estos sentenciadores el espíritu de la norma precisamente dice relación con que cada proyecto debe superar aquel estándar mínimo exigible, pero luego, debe procederse a un diseño mancomunado del estándar concreto al proyecto en estudio. Aquí se requiere la participación de todos los actores involucrados en el proyecto como de aquellos respecto de los cuales este generará efectos, pasando por la opinión de los organismos especializados en materia ambiental que conforman esta institucionalidad y bajo el rol coordinador del Servicio de Evaluación Ambiental”.\n\nUno de los aspectos cuestionados por el reclamante había sido el posible impacto a la salud de la población, lo que fue descartado en el fallo ya que se estipula que “el titular deberá realizar todas aquellas adecuaciones o complementaciones necesarias para que el proyecto sea viable ambientalmente” y que en este caso el Comité de Ministros resolvió que la empresa incorporara antecedentes técnicos “suficientes y adecuados” para evaluar el eventual riesgo para la salud de la población derivado del manejo de residuos propuestos por el proyecto”.\n\nTambién, el tribunal ante las dudas sobre la afectación a aguas marinas y subterráneas, luego de hacer un análisis de los antecedentes entregados por la empresa y los organismos técnicos, explica que “la mayoría de las materias abordadas se encuentran contenidas en los diferentes apartados del expediente de evaluación ambiental y que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, permite enmendar y complementar la información faltante o nueva”.\n\n<em><strong>Voto disidente\n</strong></em>El voto disidente del ministro Mauricio Oviedo dice relación con lo que este magistrado considera como un “vicio de nulidad” respecto a la resolución impugnada por el reclamante ya que explica que el Comité de Ministros se atribuye potestades que no detenta al ordenar retrotraer el proceso de evaluación ambiental con el objeto que se complemente información, lo que no se ajusta a las atribuciones que tiene ya que el procedimiento “únicamente permite aclarar, rectificar o ampliar información acompañada oportunamente, más no agregar tardíamente información mínima o de base de aquella que permite a la Administración hacer una correcta evaluación de impactos y sus consecuentes medidas”.\n\nEl ministro Oviedo asegura que no se pueden disponer trámites o diligencias no contempladas en evaluaciones sucesivas o extemporáneas de proyectos o actividades que han ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, con información de base deficiente o derechamente inexistente.\n\nLe invitamos a revisar el fallo en el siguiente enlace <a href=\"https://causas.1ta.cl/causes/185/expedient/5190/books/128/?attachmentId=8417\">https://causas.1ta.cl/causes/185/expedient/5190/books/128/?attachmentId=8417</a>\n<h6><em>Crédito fotografía: Terram</em></h6>\n&nbsp;', 'Primer Tribunal Ambiental rechaza reclamación presentada en contra proyecto minero Playa Verde de Chañaral', 'El fallo, dado a conocer hoy, tuvo los votos a favor de los ministros Juan Opazo y Fabrizio Queirolo, mientras que el ministro Mauricio Oviedo estuvo por acoger la reclamación en atención a que el proyecto carece de información de base que hace imposible su evaluación ambiental.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'primer-tribunal-ambiental-rechaza-reclamacion-presentada-en-contra-proyecto-minero-playa-verde-de-chanaral', '', '', '2021-12-31 12:39:37', '2021-12-31 15:39:37', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14973', 0, 'post', '', 0),
(14982, 1, '2021-12-31 16:57:40', '2021-12-31 19:57:40', '<ul>\n 	<li><em>La situación de incertidumbre respecto al acuífero Lagunillas, la cual se mantiene, obligó al tribunal a realizar un análisis riguroso de los antecedentes a la luz del principio precautorio, invocado al momento de decretar la primera medida cautelar.</em></li>\n 	<li><em>El tribunal informa que remitirá los antecedentes a la Superintendencia de Medio Ambiente, SMA, y al Consejo de Defensa del Estado, CDE, para que determinen las acciones administrativas y judiciales que correspondan.</em></li>\n</ul>\n&nbsp;\n\nHaciendo ejercicio de sus potestades tutelares y del principio precautorio, el Primer Tribunal Ambiental determinó, hoy, rechazar la solicitud de Minera Cerro Colorado, no levantar la medida cautelar y decretar el cese total de extracción de agua del acuífero Lagunillas por 90 días corridos o hasta que se acredite que no existe riesgo de afectación e incertidumbre.\n\nLa determinación se enmarca en la demanda por daño ambiental en contra de la minera y se basa en que -para el tribunal- la sola probabilidad de amenaza de un posible daño o su perpetuación, hace necesaria la cautela jurisdiccional. Sumado a que, en el análisis efectuado por el órgano colegiado, se reconoce que no ha variado la situación crítica y de fragilidad del acuífero altoandino y que existen elementos relevantes de riesgo e incertidumbre que se mantienen en la actualidad.\n\nMás aún, los magistrados Mauricio Oviedo, Sandra Álvarez y Cristián López, han hecho hincapié en que pese a conocerse los efectos negativos de la extracción de aguas subterráneas del acuífero, no existen medidas o acciones inmediatas que corrijan tal afectación, sino solo hasta el cierre de las operaciones el 2023.\n\nOtra de las razones expuestas por el tribunal dice relación a que los antecedentes presentados por la empresa no acreditan un estado ambiental distinto del Sistema Lagunillas que haga posible modificar las condiciones bajo las cuales se decretó la medida cautelar y que justifique una intervención menos intensa. “No se logra dilucidar razonablemente con los antecedentes técnicos evacuados, el cese inmediato de la afectación, cuya magnitud deberá ser analizada para efectos de determinar la concurrencia de daño ambiental”, aseguran los ministros.\n\nRespecto a la obtención de la resolución ambiental del “Proyecto Continuidad Operacional Cerro Colorado”, se explica que la aprobación ambiental requería de dos condiciones para permitir la modificación o el alzamiento de la medida: poner término a un procedimiento administrativo y cumplir con lo ordenado por el Segundo Tribunal Ambiental y que el tribunal obtuviera los antecedentes técnicos y científicos necesarios para descartar el riesgo o incertidumbre al que está sujeto todo el Sistema Lagunillas.\n\nSin embargo, luego del análisis, se determinó que se reconocen elementos relevantes de riesgo e incertidumbre que se mantienen en la actualidad asociados a los niveles y sus efectos ecosistémicos en el entorno. Asegura el tribunal que “los antecedentes invocados por la demandada no acreditan un estado ambiental distinto del Sistema Lagunillas que haga necesario modificar las condiciones bajo las cuales se decretó la medida cautelar y que justifique una intervención menos intensa”.\n\nEs así como, para los ministros, más allá  del proceso administrativo de evaluación ambiental y de las medidas que en ese contexto se aprobaron, “no es posible observar condiciones de operación del proyecto bajo las cuales se pueda advertir, con una asentada certeza científica, que la afectación al sistema Lagunillas va a detenerse”.\n\nAdemás, el tribunal informa que remitirá los informes a la Superintendencia de Medio Ambiente, SMA y al Consejo de Defensa del Estado, CDE, para que determinen las acciones administrativas y judiciales que correspondan, ya que al tribunal le llama la atención que los órganos de la administración del Estado con competencias de fiscalización y sanción no hayan desplegado sus amplias atribuciones para la protección del medioambiente, permitiendo la afectación a un ecosistema frágil, pese a la abundante información técnica recopilada a lo largo de los años.\n\nTambién, se oficiará a la Dirección General de Aguas, DGA, para la fiscalización y reporte mensual al tribunal sobre el cumplimiento de la medida cautelar decretada, así como adoptar las acciones pertinentes para asegurar la paralización total de la extracción.\n\n<em><strong>Medida  </strong></em>\nLa medida cautelar tiene como fin impedir los efectos negativos de los actos o conductas sometidas a su conocimiento y se fundamenta en la acción judicial que fue interpuesta por Luis Jara Alarcón, copropietario de la Estancia de Cancosa por un eventual daño ambiental que la empresa habría provocado por la extracción de agua del acuífero de Lagunillas, lo que ha provocado un deterioro al sistema Lagunar y al bofedal del mismo nombre del acuífero.\n\n<em><strong>Daño</strong></em>\nLa demanda por daño ambiental fue presentada Luis Jara Alarcón, quien asegura que el daño ambiental es una consecuencia del actuar “ilegal y culpable” de la compañía por la ausencia de una autorización ambiental para extraer aguas del acuífero. “La RCA (Resolución de Calificación Ambiental) 69/2015 fue anulada en consideración a que las medidas ambientales propuestas por el titular no eran apropiadas para hacerse cargo de los impactos ambientales sobre el recurso hídrico del proyecto”, dice el escrito.\n\nSumado a lo anterior, el demandante aduce que se realizan extracciones de agua sin contar con los derechos de aprovechamiento. “Así, sumado a la falta de permiso ambiental, CMCC (Compañía Minera Cerró Colorado) careció también del permiso sectorial consistente en el derecho de aprovechamiento de aguas legalmente otorgado por la DGA que la habilite para las extracciones referidas, lo que constituye otro presupuesto para presumir su responsabilidad ambiental por infracción a los artículos 6 y siguientes del Título I del Código de Aguas”.\n\n<em><strong>Incumplimientos</strong></em>\nOtros de los incumplimientos de los que se acusa a la minera tienen relación a las medidas de riego artificial necesarias para la mantención del humedal.\n\nSeguido de un retardo negligente en el proceso de evaluación ambiental de las nuevas medidas que debe proponer la empresa para hacerse cargo de los efectos ambientales del nuevo proyecto en el acuífero Lagunillas. Se acusa a la minera de daño continuo, permanente, irreversible y significativo.\n\n<em><strong>Demandante</strong></em>\nLuis Eliecer Jara Alarcón, es copropietario del predio denominado Estancia Cancosa, dentro de cuyos límites se encuentra el denominado Salar Lagunillas, compuesto, por el acuífero Pampa Lagunillas, el Bofedal o Humedal Lagunillas y la Laguna Huantija.\n\n<em><strong>Minera</strong></em>\nLa Compañía Minera Cerro Colorado, pertenece al grupo BHP Billiton y se ubica en Pozo Almonte a 118 kilómetros de Iquique. Es la primera mina del mundo que trata su mineral mediante un proceso de biolixiviación (extracción a través de microorganismos).', 'Primer Tribunal Ambiental decreta medida cautelar que impide a Minera Cerro Colorado la extracción de agua del acuífero Lagunillas', 'La situación de incertidumbre respecto al acuífero Lagunillas, la cual se mantiene, obligó al tribunal a realizar un análisis riguroso de los antecedentes a la luz del principio precautorio, invocado al momento de decretar la primera medida cautelar.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'primer-tribunal-ambiental-mantiene-medida-cautelar-que-impide-a-minera-cerro-colorado-la-extraccion-de-agua-del-acuifero-lagunillas', '', '', '2021-12-31 16:57:40', '2021-12-31 19:57:40', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=14982', 0, 'post', '', 0),
(15003, 1, '2022-01-08 12:20:32', '2022-01-08 15:20:32', '<ul>\n 	<li><em>El posicionamiento del tribunal y una visibilidad con enfoque técnico será el sello que la ministra Sandra Álvarez quiere dar al organismo colegiado que hoy dirige.</em></li>\n</ul>\nUn hito relevante en la justicia ambiental se llevó a cabo, este jueves, con la asunción en el cargo de ministra presidenta del Primer Tribunal Ambiental de la abogada Sandra Álvarez Torres, ya que por primera vez una mujer ocupa el cargo para dirigir uno de los tres tribunales ambientales del país.\n\nEl traspaso de mando se efectuó en una ceremonia interna en la que la abogada Sandra Álvarez recibió simbólicamente el mando del ministro Mauricio Oviedo, quien encabezó la gestión por el período 2019-2021.\n\nLa ministra, que encabezará el órgano jurisdiccional por el período 2022-2024, valoró el trabajo que realiza el tribunal y resaltó el aporte de la justicia ambiental en el país y en particular la macrozona norte.\n\nEn el traspaso de mando, la ministra presidenta hizo hincapié en el aporte de la justicia ambiental en el país y en particular en la macrozona norte y resaltó la importancia de “seguir potenciando al tribunal, en particular técnicamente, de manera que sea una referencia en sus temas para toda la macrozona y por supuesto, a través de la generación de instancias que permitan que la comunidad siga conociendo su rol y funciones”.\n\nPor su parte, el ministro Mauricio Oviedo, quien deja la presidencia, pero continúa como ministro en el organismo, destacó la trayectoria profesional de la ministra Álvarez y agradeció el compromiso, trabajo y espíritu de superación de cada uno de los integrantes del tribunal.\n\nPara Oviedo, el desempeño mostrado por el equipo ha permitido mostrar resultados muy positivos para el órgano colegiado. “Hemos contribuido a correr la cerca de la justicia ambiental”, aseguró.\n\nHoy el Primer Tribunal Ambiental queda compuesto por la ministra Sandra Álvarez Torres como ministra presidenta y por el ministro Mauricio Oviedo. Continúan vacantes tres cargos, a saber; ministros titular y suplente en ciencias, y suplente abogado. Todos ellos actualmente se encuentran en proceso de selección a través de los respectivos concursos públicos.\n\n<em><strong>Primer Tribunal Ambiental\n</strong></em>El Primer Tribunal Ambiental es un órgano colegiado mixto que se conforma por ministros abogados y ministros en ciencias que entró en funciones en junio de 2017. A la fecha le ha tocado resolver 88 controversias medioambientales.\n\nEntre sus funciones principales está revisar reclamaciones vinculadas a decisiones ambientales del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y resolver demandas por daño ambiental.\n\n&nbsp;', 'Asume presidenta del Primer Tribunal Ambiental', 'La ministra, que encabezará el órgano jurisdiccional por el período 2022-2024, valoró el trabajo que realiza el tribunal y resaltó el aporte de la justicia ambiental en el país y en particular la macrozona norte.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'asume-presidenta-del-primer-tribunal-ambiental', '', '', '2022-01-08 12:20:32', '2022-01-08 15:20:32', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=15003', 0, 'post', '', 0),
(15045, 1, '2022-01-19 08:56:47', '2022-01-19 11:56:47', 'Luego de escuchar los alegatos en la causa que dice relación con el archivo que realizó en su momento la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), de denuncias efectuadas en contra de la empresa Nueva Unión, el Primer Tribunal Ambiental determinó realizar una visita inspectiva a la zona de influencia del proyecto y así recabar antecedentes en terreno que le permitan resolver la controversia.\n\nLa decisión fue adoptada, ayer, luego de la audiencia por la reclamación que pretende dejar sin efecto la resolución de la SMA que archivó tres denuncias realizadas por la Comunidad Diaguita Huasco Altinos y por diversos habitantes de la cuenca del Río Huasco, quienes están en desacuerdo con la decisión tomada por el organismo fiscalizador.\n\nSerán los antecedentes recabados en la visita a la zona y los alegatos los que permitirán que, la sala del tribunal integrada por la ministra presidenta Sandra Álvarez y los ministros Eric Sepúlveda y Cristián López, pueda decidir si acoge o no las reclamaciones realizadas.\n\nEn la audiencia, el abogado de la comunidad Huasco Altinos, Ignacio Montecinos Fernández, aseguró que “hubo una fiscalización insuficiente por parte de la SMA” y relevó que la denuncia debe ser un “impulso” para que se lleve a cabo la fiscalización ambiental, “ya que el organismo es quien debe realizar exhaustivamente sus funciones, por cuanto la denuncia de sus representados se efectuó en base a antecedentes que ellos pudieron observar en su momento”, precisó.\n\nRespecto de las denuncias, Montecinos Fernández insistió en que el organismo fiscalizador no efectuó una fiscalización en terreno de todos los puntos cuestionados y ejemplificó este cuestionamiento con la denuncia por el vertimiento de agua desde un túnel de exploración hasta unas vegas del sector. “Advertimos una falta de fiscalización porque la SMA no se constituyó en el lugar, ni hizo un análisis mineralógico o físico químico”, dijo Montecinos.\n\nPara el abogado reclamante, los términos de una denuncia no delimitan las competencias de la SMA y es este organismo el que debe desplegar sus potestades en forma plena y no restringida a la denuncia, en especial porque el bien jurídico protegido es el medioambiente. “Si el organismo toma la decisión de fiscalizar en terreno debe hacer el esfuerzo por llegar a todos los lugares donde se están denunciando los hechos”, concluyó.\n\nOtro punto enfatizado por el abogado de la comunidad Diaguita dice relación con la diferencia establecida por la empresa respecto a lo que son sondajes mineralógicos y geotécnicos, ya que asegura que en la guía preparada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) no hay una diferenciación de tratamiento respecto a ellos.\n\nEste último argumento también fue fundamentado por la litigante de los habitantes de la cuenca del Río Huasco, la abogada Alejandra Donoso, quien aseguró que la SMA de manera arbitraria resolvió en base a una distinción propuesta por la empresa, la que -de acuerdo a lo argumentado por la ésta- no se encuentra en el ordenamiento jurídico: “La distinción dice relación con lo que le sirve a quien realiza el sondaje, pero no dice relación con los impactos que genera esta actividad, y esa no es la lógica del principio preventivo”, expresó Donoso.\n\nLa abogada también, dijo que hubo un cambio de criterio del organismo fiscalizador y recalca la distinción “arbitraria” de los sondajes realizada por la SMA: “La distinción sirve para contabilizar menor cantidad de sondajes para no llegar al umbral establecido por nuestro ordenamiento jurídico”, cuestionó.\n\nAdemás, Donoso acotó que se trata de un mega proyecto minero que abarca toda la cuenca del Río Huasco y se refirió a lo que para ellos es un fraccionamiento del proyecto, y el impacto sinérgico por la suma de actividades en un mismo territorio. Esto porque esta iniciativa contempla la explotación de los yacimientos Relincho y La Fortuna, ubicados en la provincia del Huasco en la Región de Atacama.\n\n“Entendemos que Nueva Unión (empresa) pueda querer disminuir el costo de su proyecto, pero lo que debería importarle a la SMA es generar las condiciones para que vivamos en un medioambiente libre de contaminación, por lo que debe realizar la investigación como corresponde”, sostuvo Donoso.\n\n<em><strong>Superintendencia de Medio Ambiente\n</strong></em>En tanto, el abogado de la Superintendencia, Benjamín Muhr, contrario a los argumentos reclamados, dijo que una vez que se recibieron las denuncias, la SMA efectuó diferentes y abundantes actividades de fiscalización entre las que estuvieron inspecciones en terreno, requerimientos sectoriales y a la empresa, además de la revisión de las consultas de pertinencias y en base a todos los antecedentes se emitieron tres informes que analizan cada punto establecido en las denuncias.\n\nPara Muhr un aspecto fundamental fue establecer la supuesta elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, lo que fue descartado ya que explicó se trata de tres yacimientos diferentes y de dos tipos de sondaje, lo que le permitió al organismo concluir que el umbral de ingreso al SEIA no fue superado en su conjunto, lo que deriva en el archivo de la denuncia. “Lo que se cuestiona de esta decisión es que la SMA haya considerado las plataformas nuevas y no las antiguas, y que haya hecho diferencia en el tipo de sondajes”, aseguró el litigante.\n\nDurante la audiencia, también se escucharon los alegatos de la empresa, que actuó como tercero coadyuvante del organismo fiscalizador. Es así como el litigante Sr. José Luis Fuenzalida aseguró que  “NuevaUnión ha optado siempre por tener una comunicación permanente con la comunidad agrícola diaguita Los Huasco Altinos desde el 2017 en adelante, por lo que no se le puede imputar un ánimo doloso, elusivo, de fraccionamiento o de ocultamiento de información”.\n\nFuenzalida enfatizó en que la empresa está recabando todos los antecedentes antes de ingresar al SEIA y que actualmente no existen obras, por lo que no habría un carácter de “directamente afectados” de los reclamantes.\n\nTambién, el abogado remarcó que hubo un descarte ex ante y ex pos de impactos significativos del proyecto y dijo que tampoco concurre el fraccionamiento porque el proyecto NuevaUnión pretende aprovechar las sinergias y evitar la duplicidad de depósitos de relaves, recintos portuarios, plantas desaladoras, entre otros y el uso común de infraestructura tanto para los proyectos Relincho y La Fortuna, los cuales se encuentran a más de 40 kilómetros de distancia. “El objetivo es evitar duplicar instalaciones que son sensibles, por eso se hace un solo proyecto”, aclaró el abogado.\n\nAdemás, explicó la actividad minera ejecutada y los objetivos de los sondajes geotécnicos, que representan 16 plataformas destinadas a levantar información destinada a obras civiles y no dicen relación con el plan minero de explotación.\n\n<em><strong>Proyecto</strong></em>\nNuevaUnión es un proyecto minero de cobre y molibdeno de la empresa Teck y Newmont Goldcorp, cuyos yacimientos se ubican en la Provincia de Huasco, Región de Atacama.\n\nEsta minera explotará los yacimientos El Relincho y la Fortuna que se ubican en las comunas de Vallenar y Alto del Carmen, respectivamente; y su vida útil se estima en 38 años con posibilidades de expansión.\n\nAdemás, tendrá una producción anual de 224.000 toneladas de cobre, 269.000 onzas de oro y 1.700 toneladas de molibdeno durante los primeros cinco años de actividad de la mina.\n\n&nbsp;\n\n&nbsp;\n\n&nbsp;\n\n&nbsp;', 'Primer Tribunal Ambiental realizará visita inspectiva en el marco de la reclamación por el proyecto NuevaUnión', 'La decisión fue adoptada, ayer, luego de la audiencia por la reclamación que pretende dejar sin efecto la resolución de la SMA que archivó tres denuncias realizadas por la Comunidad Diaguita Huasco Altinos y por diversos habitantes de la cuenca del Río Huasco, quienes están en desacuerdo con la decisión tomada por el organismo fiscalizador.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'primer-tribunal-ambiental-realizara-visita-inspectiva-en-el-marco-de-la-reclamacion-por-el-proyecto-nuevaunion', '', '', '2026-03-08 20:59:19', '2026-03-08 20:59:19', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=15045', 0, 'post', '', 0),
(15057, 1, '2022-01-21 08:33:36', '2022-01-21 11:33:36', 'En el marco de la solicitud de alzamiento de la medida cautelar determinada por el Primer Tribunal Ambiental que prohíbe a la minera la extracción de agua del acuífero Lagunillas por el nivel de incertidumbre existente respecto a la condición del lugar, el órgano jurisdiccional decretó la visita inspectiva al sistema lacustre de Lagunillas.\n\nLa medida fue anunciada, hoy, por el tribunal luego de la audiencia de revisión que se efectuó ayer, en la que los abogados de la empresa y del demandante entregaron nuevos antecedentes a los ministros.\n\nLa diligencia judicial se efectuará el próximo lunes 31 de enero y estará a cargo de la ministra presidenta del Primer Tribunal Ambiental, Sandra Álvarez Torres, quien junto al ministro en ciencias, Cristián López Montecinos y asesores jurídicos y en ciencias del organismo, serán los encargados de recabar los antecedentes necesarios para decidir si se acoge la solicitud de alzamiento de la medida cautelar, se mantiene o se modifica.\n\nAdemás, se solicitó la presencia de funcionarios de la Dirección General de Aguas, DGA, y del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG.\n\n<em><strong>Causa</strong></em>\nEsta visita inspectiva se enmarca dentro de la demanda por daño ambiental efectuada ante el tribunal por Luis Jara Alarcón, en contra de la Compañía Minera Cerro Colorado por el eventual daño ambiental al acuífero Lagunillas por la extracción de agua realizada por la minera con fines productivos.', 'Primer Tribunal Ambiental decreta visita inspectiva a Cerro Colorado', 'La diligencia judicial se efectuará el próximo lunes 31 de enero y estará a cargo de la ministra presidenta del Primer Tribunal Ambiental, Sandra Álvarez Torres, quien junto al ministro en ciencias, Cristián López Montecinos y asesores jurídicos y en ciencias del organismo, serán los encargados de recabar los antecedentes necesarios para decidir si se acoge la solicitud de alzamiento de la medida cautelar, se mantiene o se modifica.', 'publish', 'closed', 'closed', '', '15057-2', '', '', '2026-03-08 20:59:19', '2026-03-08 20:59:19', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=15057', 0, 'post', '', 0),
(15073, 1, '2022-01-26 21:20:03', '2022-01-27 00:20:03', '<ul>\n 	<li><em><strong>Se reclama que la Superintendencia del Medio Ambiente no concedió la medida provisional para clausura temporal del Puerto de Caldera.</strong></em></li>\n</ul>\nEl Primer Tribunal Ambiental determinó dejar en estudio la reclamación efectuada por la ONG Atacama Limpia en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) debido a la decisión del organismo fiscalizador de no conceder la medida provisional de clausura temporal del Puerto de Caldera y Serviport.\n\nLa disposición fue adoptada, ayer, luego de la audiencia en la que el tribunal escuchó los alegatos de los abogados de la ONG Atacama Limpia como reclamante; la SMA como reclamado y de las empresas Puerto Caldera y Serviport, quienes actuaron como terceros coadyuvantes del organismo fiscalizador.\n\nEn la audiencia, la ministra presidenta, Sandra Álvarez Torres y los ministros Eric Sepúlveda Casanova y Carlos Valdovinos Jeldez no sólo conocieron los fundamentos de todas las partes, sino también, resolvieron dudas respecto al proyecto y a las medidas implementadas por las empresas en pos de solucionar una serie de incumplimientos.\n\nEntre las controversias que se han establecido en esta reclamación está si efectivamente resulta procedente reclamar ante el tribunal por la no aceptación de la medida provisional; y sobre la inminencia de un daño al medioambiente y la salud de las personas. En este último punto se discutieron los requisitos que deben concurrir para la dictación de este tipo de medidas, los que dicen relación con la denominada “apariencia del buen derecho”, “peligro en la demora” y la proporcionalidad de la medida.\n\nRespecto a los puntos controvertidos, el abogado de la ONG Atacama Limpia, Mario Maturana Claro, aseguró que existe un inminente daño al medioambiente y a la salud de las personas, porque se trata de una “operación deficiente” en las actividades que llevan a cabo las empresas, particularmente lo que corresponde a emisiones atmosféricas y que “la circunstancia de no conceder una medida provisional está afectando los derechos garantizados por la Constitución”.\n\nMaturana hizo hincapié en que el puerto no tiene evaluación ambiental, por lo que considera existe una “ilegalidad absoluta”, ya que “tanto Serviport como Puerto de Caldera han actuado a través de consultas de pertinencia, sin contar con ninguna autorización ambiental”, por lo que solicitan que se otorgue la medida provisional y que pueda, además, ser renovada de ser necesario, ya que se trata de medidas necesarias para precaver el daño al medioambiente. “Esta actuación sin ninguna autorización produce los otros presupuestos necesarios para otorgar la medida provisional”, aseguró el abogado y además, recalcó que “el daño inminente a la salud de las personas se sostiene en el principio precautorio”.\n\nOtro punto al que se refirió el litigante tuvo relación con el Plan de Cumplimiento, PdC, presentado por la empresa ante la SMA, el que según la ONG, “no contempla todo el ámbito del proyecto y ninguna de ellas ha sido fiscalizada por la Superintendencia”.\n\nEn tanto, la abogada de la SMA, Katharina Buschmann, refutó las alegaciones de la ONG  y dijo que no se está ante un acto reclamable, ya que se trata de un “acto de mero trámite”, es decir, un acto intermedio que no concluye un procedimiento.\n\nBuschmann explicó que el organismo fiscalizador no concedió la medida porque no existe un riesgo o peligro, y porque continúa el procedimiento sancionatorio contra la empresa.\n\nAdemás, aseguró que es una medida desproporcionada y que para poder dictar una medida provisional deben cumplirse con todos los requisitos que establece la norma.\n\n“La situación debe analizarse en la actualidad con los antecedentes que existen al dictarse la resolución, ya que el riesgo debe ser un peligro inminente y la SMA ha señalado que se están realizando las acciones necesarias para contener el peligro”, aseguró la abogada.\n\nPor su parte, el abogado de Puerto Caldera S.A., Edesio Carrasco, aseguró que no hay una incertidumbre científica y que una medida como la solicitada no guarda proporcionalidad con la situación de hecho que hoy se presenta por lo que no se cumplen los requisitos legales.\n\nCarrasco dijo que no hay prueba que justifique que se tenga que adoptar una medida como la clausura total y mencionó las medidas que ha tomado la empresa en el marco de su PdC y aseguró que se han descartado efectos en calidad de aire, suelo y medio marino.\n\nLos mismos fundamentos que los presentados por Puerto Caldera fueron expuestos por Carlos Sepúlveda, abogado de Serviport, quien también, hizo hincapié en cada una de las medidas adoptadas por la empresa y aseguró que la cancha de acopio actuó de acuerdo a lo indicado por el SEA respecto a que no requería evaluación ambiental.\n\n“Existen al menos 10 medidas tendientes a evitar cualquier efecto que se pudiese generar por el acopio”, aseguró, y en base a esto -dijo- que se requieren antecedentes científicos suficientes para decretar una cautela por lo que es necesario que se acredite fundadamente.\n\n<em><strong>Plan de Cumplimiento\n</strong></em>En mayo de 2021 la SMA formuló cargos a Serviport y a Puerto Caldera S.A., posteriormente en junio, las empresas presentaron un Plan de Cumplimiento, PdC. Sin embargo, en julio, la ONG Atacama Limpia solicitó al organismo fiscalizador la dictación de medidas provisionales y la caducidad de la concesión marítima de Puerto Caldera.\n\n<em><strong>Proyecto\n</strong></em>El proyecto tiene por objetivo recepcionar, almacenar y embarcar concentrado de cobre en un galpón de acopio cercano al muelle Punta Caleta de propiedad de Puerto Caldera S.A., como una alternativa de negocios a la actividad de exportación de fruta que actualmente se desarrolla en el muelle durante la temporada estival.\n\nConsidera la habilitación de un galpón de almacenamiento y sus respectivas unidades de apoyo. Se prevé un embarque máximo de 600.000 toneladas anuales de concentrado de cobre y no se modifican las actividades actuales de Puerto Caldera S.A. de embarque de frutas.\n\nDentro de las operaciones consideradas están: recepción de camiones con concentrado de cobre desde potenciales clientes, almacenamiento, acopio y el embarque del concentrado de cobre mediante el uso de contenedores open-top y spreader volteables en un máximo de siete días al mes.', 'Primer Tribunal Ambiental recabará más antecedentes antes de resolver la reclamación de la ONG Atacama Limpia', 'Se reclama que la Superintendencia del Medio Ambiente no concedió la medida provisional para clausura temporal del Puerto de Caldera.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'primer-tribunal-ambiental-recabara-mas-antecedentes-antes-de-resolver-la-reclamacion-de-la-ong-atacama-limpia', '', '', '2022-01-26 21:20:03', '2022-01-27 00:20:03', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=15073', 0, 'post', '', 0),
(15089, 1, '2022-02-05 16:39:52', '2022-02-05 19:39:52', 'Con el objetivo de revertir la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que calificó ambientalmente desfavorable el proyecto “Planta de producción de Sales de Potasio SLM NX Uno de Peine”, la empresa titular de la iniciativa ingresó una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental, caratulada como causa Rol R-58-2022.\nLa causa fue ingresada por la Sociedad Legal NX Uno de Peine S.A., debido al rechazo del Comité de Ministros, al recurso presentado en esa instancia, el que pretendía dejar sin efecto la resolución del SEA que no aprobó el proyecto.\nEntre los fundamentos presentados por la empresa ante el Tribunal Ambiental están loS que consideran una “calificación adversa injusta y motivada fundamentalmente por errores técnicos y desviaciones procesales”, ya que “éste se encuentra conforme con la normativa ambiental aplicable y satisface las exigencias vinculadas con los permisos ambientales sectoriales atingentes”, se argumenta en el escrito.\nTambién, se establece en el mismo documento que la evaluación ambiental y el rechazo del proyecto por parte del Comité de Ministros, no consideraron “los profusos argumentos técnicos y jurídicos” expuestos por la empresa y -de acuerdo a lo que se estipula- se ha hecho caso omiso de la gran cantidad de información que permite a la autoridad constatar empíricamente la evolución de las variables ambientales y que el modelo ha sido complementado y perfeccionado tomando en consideración las directrices de la guía dictada por la autoridad y por la información disponible de terreno.\nSin embargo, para el Comité de Ministros, la situación es distinta ya que entre otros fundamentos para el rechazo al recurso presentado ante ellos, está que “se corrobora lo manifestado en la evaluación ambiental del Proyecto (…) en cuanto a que no se ha realizado una correcta modelación, lo que no permite una adecuada predicción y evaluación de impactos respecto del componente hídrico”.\nEs así, como ahora será el Primer Tribunal Ambiental el que deba decidir si acoge o no la reclamación de la empresa.\n\n<em><strong>Evaluación ambiental</strong></em>\nEl proyecto ingresó a evaluación ambiental en una primera instancia el 2009 a través de un Estudio de Impacto Ambiental, EIA, por emplazarse dentro del Área de Desarrollo Indígena, ADI, “Atacama La Grande” y se rechaza ambientalmente. En esta oportunidad se solicitan nuevos antecedentes a la empresa. En octubre de 2017 el proyecto es, nuevamente, calificado ambientalmente desfavorable.\n\n<em><strong>Proyecto</strong></em>\nEl Proyecto se localiza en el sector poniente del Salar de Atacama a una distancia de aproximadamente 63 kilómetros de Peine, en la comuna de San Pedro de Atacama en la Región de Antofagasta.\nComprende un polígono que abarca una superficie de 94,45 km cuadrados, donde se ubicarán 30 pozos de explotación para realizar las extracciones de salmueras.\nEsta iniciativa consiste en el desarrollo de actividades de recuperación de sales de potasio presentes en las salmueras prospectadas al Oeste del Salar de Atacama, con el fin de alcanzar una producción de 200.000 toneladas por año de cloruro de potasio.\nLas labores principales corresponden al bombeo de salmueras, cristalización y cosecha de las sales en piscinas de evaporación solar y la flotación del cloruro de potasio para alcanzar una pureza mayor al 90 por ciento.\n\nTodos los antecedentes de esta causa en el siguiente enlace\n\n&nbsp;', 'Primer Tribunal Ambiental admitió a trámite reclamación que pretende revertir calificación ambiental desfavorable de proyecto de explotación de salmueras', 'La causa fue ingresada por la Sociedad Legal NX Uno de Peine S.A., debido al rechazo del Comité de Ministros, al recurso presentado en esa instancia, el que pretendía dejar sin efecto la resolución del SEA que no aprobó el proyecto', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'primer-tribunal-ambiental-admitio-a-tramite-reclamacion-que-pretende-revertir-calificacion-ambiental-desfavorable-de-proyecto-de-explotacion-de-salmueras', '', '', '2022-02-05 16:39:52', '2022-02-05 19:39:52', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=15089', 0, 'post', '', 0),
(15098, 1, '2022-02-15 00:08:00', '2022-02-15 03:08:00', '<ul>\n 	<li><em><strong>La redacción de la sentencia estará a cargo de la ministra presidenta del Primer Tribunal Ambiental, Sandra Álvarez Torres.</strong></em></li>\n</ul>\nEn acuerdo quedó la reclamación realizada por la empresa Altos de Calama SpA en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por la decisión del organismo fiscalizador de desarchivar una denuncia y ordenar que el proyecto Altos de Lomas Huasi ingrese al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).\n\nEn la audiencia, la ministra presidenta, Sandra Álvarez Torres y los ministros Juan Fernando Opazo y Carlos Valdovinos Jeldez, escucharon los alegatos respecto a aspectos formales y de fondo relativos al accionar del organismo fiscalizador al desarchivar la denuncia y ordenar el ingreso al SEIA; y del proyecto, en especial lo que dice relación con el área involucrada y su ubicación aledaña a un cementerio indígena.\n\nEl abogado reclamante, Pablo Tejada, quien representa a la empresa, aseguró que la resolución de la SMA que determinó el desarchivo de la denuncia y la determinación de ingreso al SEIA adolece de vicios, debido a que no fue anulada la resolución anterior que determinó lo contrario, por lo que -a su juicio- habría dos resoluciones válidas.\n\nAdemás, el abogado recalcó que no se trata solo de un proyecto inmobiliario, sino de un loteo y enfatizó que se está efectuando una interpretación errónea de Reglamento del SEIA y de la Ley 19.300, específicamente del literal bajo el cual se justificaría el ingreso del proyecto al sistema. Esto porque, asegura el abogado que, aunque la superficie de los terrenos es de 12 hectáreas, la superficie a donde se efectuarán obras es solo de 6,6 hectáreas, por lo que no correspondería su ingreso a evaluación ambiental.\n\nContrario a esto, la SMA asegura que el proyecto debe ingresar al SEIA porque abarca una superficie de 12,2 hectáreas totales, independiente del sector donde se ejecuten obras y reconoció que el archivo de la denuncia fue erróneo.\n\nTambién, el abogado del organismo fiscalizador, Benjamín Muhr, mencionó que hay aspectos formales que se deben tomar en cuenta ya que la reclamación efectuada por la empresa inmobiliaria lo que cuestiona es si la SMA puede o no desarchivar una denuncia y no su ingreso a evaluación ambiental. No obstante, a pesar de lo anterior, el abogado Muhr entregó antecedentes que justifican la determinación de ingreso al SEIA.\n\nFinalmente, en la audiencia se escucharon los alegatos de Manuel Núñez, abogado de Esteban Araya Toroco, quien actuó como tercero coadyuvante de la SMA.\n\nNúñez explicó que se trata de un proyecto que está en territorios indígenas, que además, su objetivo final es la construcción de viviendas como ha quedado demostrado en múltiples promociones  efectuadas por la propia empresa y enfatizó que, por sus características, corresponde su ingreso a evaluación ambiental y por ende un proceso de participación ciudadana en caso que corresponda su ingreso a través de una Declaración de Impacto Ambiental o de consulta indígena si es que debe ingresar mediante un Estudio de Impacto Ambiental.\n\nRecordemos que Esteban Araya Toroco fue quien denunció que el proyecto debía ingresar al SEIA y anteriormente presentó una reclamación ante el mismo tribunal en la que se entregaron antecedentes que llevaron a la SMA a desarchivar la denuncia.\n\n<em><strong>Denuncia</strong></em>\nEn enero de 2020 Esteban Araya Toroco presentó una denuncia ante la SMA en contra del proyecto inmobiliario, el que ya contaba con la aprobación de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Calama.\nLa denuncia se basó en una hipótesis de elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, a través de un fraccionamiento del proyecto y la ejecución de labores de urbanización y loteo en el sector del Cementerio Topáter.\nEn dicha ocasión el organismo inició una investigación y efectuó visitas inspectivas al lugar, además de solicitar información a la inmobiliaria, a la Municipalidad y al Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, que en una primera instancia lo llevó a archivar la denuncia.\n\n<em><strong>Proyecto</strong></em>\nEl proyecto consiste en obra de loteo con fines de urbanización, comprendiendo obras de instalación de alcantarillado, agua potable, electricidad y pavimentación, emplazado en el sector aledaño al Cementerio Topáter.\n\n&nbsp;', 'Reclamación contra proyecto de loteo en Calama queda en acuerdo', 'La redacción de la sentencia estará a cargo de la ministra presidenta del Primer Tribunal Ambiental, Sandra Álvarez Torres.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'reclamacion-contra-proyecto-de-loteo-en-calama-queda-en-acuerdo', '', '', '2026-03-08 21:00:07', '2026-03-08 21:00:07', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=15098', 0, 'post', '', 0);
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(15101, 1, '2022-02-15 13:31:12', '2022-02-15 16:31:12', '<ul>\n 	<li><em><strong>*La medida está asociada a la causa caratulada como D-10-2021 \"Luis Eliecer Jara Alarcón con Compañía Minera Cerro Colorado Limitada\".</strong></em></li>\n</ul>\nUna nueva medida cautelar que permite a Minera Cerro Colorado extracciones mínimas de agua desde el acuífero Lagunillas hasta el 2023 dictó, en horas de la tarde de ayer, el Primer Tribunal Ambiental. Esto luego de rechazar la solicitud interpuesta por la minera de alzar totalmente la medida de prohibición total de extracción de agua para fines productivos y decretar restricciones condicionadas a evitar descensos en los umbrales de agua comprometidos por la empresa.\n\nLa nueva medida comprende un régimen cautelar escalonado de restricción en la extracción de agua, la que se establece en cuatro períodos desde la fecha de la resolución hasta la perpetuidad. Esta nueva cautelar fue adoptada luego de la visita inspectiva realizada por el tribunal el 31 de enero del presente año al acuífero y al sector de pozos desde donde la minera extrae agua, lo que permitió a los ministros evaluar y constatar en terreno el estado del Sistema Lagunillas.\n\nLos  ministros a cargo de la diligencia, Sandra Álvarez (presidenta) y Cristián López (en ciencias) explicaron cada uno de los fundamentos que justifican la necesidad de dictar una nueva medida cautelar menos onerosa que la anterior pero que sin embargo mantiene como uno de los aspectos centrales dice relación con el denominado “peligro en la demora” que en este caso se fundamenta por la Resolución de Calificación Ambiental, RCA, del proyecto que se obtuvo recientemente, por lo que podría aún ser sometida a reclamación administrativa o jurisdiccional, lo que implicaría que las medidas que dicen relación con la recuperación del acuífero  podrían ser dejadas sin efecto.\n\nOtro aspecto que respalda la medida es que el peligro de afectación va a persistir porque la recarga calculada del acuífero es de 79 litros por segundo, lo que es menor a la autorización de mayor caudal de extracción de 108 litros por segundo autorizada en su momento a la demandada y porque al Tribunal le llama la atención que el cálculo de recarga del acuífero haya aumentado con el tiempo considerando los efectos del cambio climático local y la disminución de precipitaciones que se verifica desde 1994.\n\n<em><strong>Régimen cautelar</strong></em>\nRespecto al régimen cautelar se establecen cuatro períodos:  en el primero por 90 días, se restringe el caudal a 54 litros por segundo para operación y 25 litros por segundo para el Sistema de Riego Artificial (SRA). Luego, para el segundo período, es decir, desde el día 91 hasta el 180, solo se podrán extraer 69 litros por segundo para la operación y los mismos 25 para el SRA. No obstante, también, queda establecido que en caso de algún descenso entre el umbral intermedio y el límite se deberá retroceder a un caudal de operación de 54 litros por segundo y si se produjera un descenso mayor al umbral límite, la minera no podrá realizar extracción de agua.\n\nPosteriormente, para el tercer período, desde el día 181 hasta el 31 de diciembre de 2023, se permite la extracción establecida en la RCA N° 13, que aprobó las medidas de mitigación para la recuperación del acuífero Lagunillas del proyecto Cerro Colorado, y también se determinan restricciones en caso de descenso, hasta llegar a cero litro por segundo en caso de un descenso mayor al umbral.\n\nPor último, para el cuarto período, desde el 31 de diciembre de 2023 a perpetuidad, se prohíbe la extracción de agua para operación y solo se permite la extracción de 25 litros por segundo para el SRA. Además, se debe consolidar el traspaso del 100 por ciento de los derechos de aprovechamiento de agua de propiedad de la demandada en el sector Lagunillas a la Dirección General de Aguas (DGA).\n\nTambién, el tribunal determinó que en un plazo de 90 días la DGA deberá definir la delimitación y declarar zona de prohibición de aguas subterráneas al acuífero, “toda vez que se observa que la disponibilidad del recurso hídrico se encuentra totalmente comprometida tanto en carácter de definitivo como provisional, por lo que no es posible constituir nuevos derechos de aprovechamiento de agua”.\n\nEn el mismo plazo de 90 días la demandada deberá implementar y dar cuenta de ello de un sistema de monitoreo en línea de la extracción de aguas subterráneas, en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Exenta N° 67/2011.\n\nSerá también la DGA la que deba fiscalizar y reportar mensualmente al tribunal y a la Superintendencia del Medio Ambiente, respecto al cumplimiento de la medida decretada.\n\n<em><strong>Diligencia judicial\n</strong></em>En la diligencia judicial se verificó que efectivamente el acuífero Lagunillas y su bofedal fueron objeto de afectación que, entre otros efectos, produjo la desaparición de vertientes y llevó a la vulnerabilidad del sistema acuífero, por lo que se determinó que hay dos razones por la que seguirá persistiendo el peligro de afectación.\n\nSin embargo, en el marco de la proporcionalidad de la medida, también se comprobó en terreno que el nivel freático medido en el pozo LA-05 era de 10,4 metros de profundidad “lo que permitió descartar, al menos en ese punto, lo afirmado por la demandante en estrados en orden a que los descensos de los niveles se encontraban a 120 metros de profundidad”, establece la resolución.\n\nSumado a lo anterior, los ministros constataron que también existe una cobertura vegetal del 97 por ciento respecto a lo comprometido por la minera, circunstancias que para el tribunal permiten disminuir la intensidad de la tutela cautelar, pero no su alzamiento total, ya que como se explica en el escrito “a juicio, de esta judicatura, persiste la necesidad de la tutela cautelar sobre el sistema ambiental Lagunillas, en relación con la actividad de extracción de aguas superficiales que la Compañía Minero Cerro Colorado despliega en el acuífero”.\n<p style=\"text-align: left;\">Puedes ver la resolución en el siguiente enlace <a href=\"https://causas.1ta.cl/causes/193/expedient/5453/books/137/?attachmentId=8935\">https://causas.1ta.cl/causes/193/expedient/5453/books/137/?attachmentId=8935</a></p>', 'Primer Tribunal Ambiental dicta nueva medida cautelar en demanda por daño ambiental en contra de minera Cerro Colorado', 'Una nueva medida cautelar que permite a Minera Cerro Colorado extracciones mínimas de agua desde el acuífero Lagunillas hasta el 2023 dictó, en horas de la tarde de ayer, el Primer Tribunal Ambiental.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'primer-tribunal-ambiental-dicta-nueva-medida-cautelar-en-demanda-por-dano-ambiental-en-contra-de-minera-cerro-colorado', '', '', '2026-03-08 20:59:46', '2026-03-08 20:59:46', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=15101', 0, 'post', '', 0),
(15129, 1, '2022-02-26 11:13:32', '2022-02-26 14:13:32', '<ul>\n 	<li><em><strong>La causa caratulada como R-57-2021 fue admitida a trámite el 22 de diciembre pasado.</strong></em></li>\n</ul>\nEn estudio quedó la reclamación de la Comunidad Indígena de Wara en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por la aprobación ambiental de los proyectos fotovoltaicos Diego Almagro Sur 1 y 2 de la empresa Colbún.\n\nLa determinación fue tomada por la ministra presidenta Sandra Álvarez y los ministros Mauricio Oviedo y Carlos Valdovinos, luego de escuchar los alegatos presentados por los abogados de la comunidad, el SEA y la empresa.\n\nPara Juan Lautaro Loncón, abogado de la comunidad indígena, la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) otorgada por el SEA al proyecto “trasgrede las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de evaluación ambiental y los derechos de los pueblos indígenas reconocidos y garantizados en el Convenio 169 de la OIT”.\n\nLo anterior porque a juicio de Loncón, la comunidad es parte del pueblo Coya y tiene presencia en la zona de influencia del proyecto, lo que no fue reconocido por el SEA. En ese sentido el litigante aseguró que “es un error cuando la autoridad administrativa argumenta que cuando una comunidad indígena no tiene personalidad jurídica entonces no existe para la vida del derecho”.\n\nEl abogado también, recalcó que no debe ser la comunidad quien acredite el dominio de sus territorios ancestrales y aseguró que “la resolución de calificación ambiental genera una infracción porque la autoridad administrativa estimó que al no existir los supuestos del artículo 11 de la Ley 19.300 se determinó que no existe una afectación de tal magnitud que pudiera generar consulta indígena sin advertir que el Convenio 169 es un tratado de derechos humanos cuyo estándar favorece a los pueblos indígenas”.\n\nEn sentido contrario, Raúl Herrera, abogado del SEA, detalló aspectos de forma y fondo que dicen relación por una parte con el plazo para interponer una reclamación y por otra, el hecho de que el proyecto no genera impactos significativos sobre los sistemas de vida y costumbres de los pueblos indígenas por lo que no procede efectuar un proceso de consulta indígena.\n\nRespecto a esto último, el litigante explicó que la comunidad Coya más cercana se emplaza a 45 kilómetros de los proyectos y que solo se verificaron actividades mineras en al área de la planta de Enami en Copiapó.\n\nAsimismo, Matías Montoya, abogado de la empresa, afirmó que hubo una correcta evaluación ambiental y que no procede la consulta indígena ya que no se identificaron impactos ambientales significativos y que la comunidad confunde lo que son los potenciales impactos ambientales y los impactos ambientales no previstos.\n\nEn lo relativo al plazo para interponer las reclamaciones para invalidar los actos administrativos (como el caso de una Resolución de Calificación Ambiental) el abogado del SEA argumentó que lo que procede es el plazo de 30 días, que es el que está estipulado para los procesos de participación ciudadana. Este tema ha sido ampliamente discutido en la jurisprudencia, al existir dos interpretaciones respecto a la aplicación del artículo 17 número 8 de la Ley 20.600. Por un lado, la que establece un plazo de 30 días para interponer los recursos de reclamación y por otro, la que se indica que se trata de dos años, tomando en cuenta las reglas generales de la invalidación de los actos administrativos.\n\n<em><strong>Proyecto</strong></em>\nLos Proyectos Solares Fotovoltaicos Diego de Almagro Sur I y II se ubican a 27 kilómetros al Sur de Diego de Almagro en la Región de Atacama. Se emplazan en un terreno de 330 hectáreas y su objetivo es la generación de energía eléctrica para ser inyectada al Sistema Interconectado Central (SIC) a partir del uso de energía solar.\n\n*Causa Rol R-57-2021 <a href=\"https://causas.1ta.cl/causes/253/expedient/5503/books/200/?attachmentId=9116\">https://causas.1ta.cl/causes/253/expedient/5503/books/200/?attachmentId=9116</a>\n\n&nbsp;', 'Primer Tribunal Ambiental deja en estudio la reclamación de comunidad indígena de Wara por aprobación ambiental de proyectos fotovoltaicos de Región de Atacama', 'La determinación fue tomada por la ministra presidenta Sandra Álvarez y los ministros Mauricio Oviedo y Carlos Valdovinos, luego de escuchar los alegatos presentados por los abogados de la comunidad, el SEA y la empresa.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'primer-tribunal-ambiental-deja-en-estudio-la-reclamacion-de-comunidad-indigena-de-wara-por-aprobacion-ambiental-de-proyectos-fotovoltaicos-de-region-de-atacama', '', '', '2022-02-26 11:13:32', '2022-02-26 14:13:32', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=15129', 0, 'post', '', 0),
(15133, 1, '2022-02-28 10:35:16', '2022-02-28 13:35:16', '<img class=\"size-full wp-image-15134 aligncenter\" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/modernizacion-puerto-coquimbo-21012018.jpg\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"450\" />\n\nUn total de 139 pescadores artesanales de Coquimbo interpusieron una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental por el proyecto de modernización del puerto de dicha comuna.\n\nLa reclamación tiene como fundamento central que en la evaluación del proyecto, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) no consideró a los pescadores como afectados por los futuros impactos ambientales que produciría la modernización del puerto.\n\nLos pescadores solicitan que se anule la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que da el vamos a la iniciativa de modernización, que llevará adelante Puerto de Coquimbo S.A., porque no se efectuó un levantamiento de línea de base de medio humano y marino, ni se fundamentó la exclusión de los pescadores en el proceso de evaluación ambiental.\n\nLos reclamantes indican que se verán directamente afectados por la ejecución del proyecto, “en virtud de la alteración significativa en las labores de pesca, desplazamiento y recolección de productos del mar, debido a la ausencia y deficiencia en la identificación de los impactos ambientales significativos respecto de su quehacer y por consiguiente la no presentación y validación de las medidas de mitigación”.\n\nEntre los impactos que los pescadores identifican están las interferencias en la navegación de las embarcaciones de pesca artesanal; el aumento del tráfico naviero y la imposibilidad de definir si alterará las zonas de caladeros, áreas de manejo y la explotación de recursos bentónicos; impactos en la fase de construcción y la contaminación de la bahía por las descargas de aguas de sentinas y lastres.\n\nTodos los antecedentes de la causa en el siguiente enlace: <a href=\"https://causas.1ta.cl/causes/258/expedient/5473/books/205/?attachmentId=8954\">https://causas.1ta.cl/causes/258/expedient/5473/books/205/?attachmentId=8954</a>\n\n&nbsp;', 'Pescadores artesanales de Coquimbo interponen reclamación ante Primer Tribunal Ambiental por proyecto de modernización del puerto', 'La reclamación tiene como fundamento central que en la evaluación del proyecto, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) no consideró a los pescadores como afectados por los futuros impactos ambientales que produciría la modernización del puerto.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'pescadores-artesanales-de-coquimbo-interponen-reclamacion-ante-primer-tribunal-ambiental-por-proyecto-de-modernizacion-del-puerto', '', '', '2022-02-28 10:35:16', '2022-02-28 13:35:16', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=15133', 0, 'post', '', 0),
(15171, 1, '2022-03-11 09:12:34', '2022-03-11 12:12:34', '<img class=\"aligncenter wp-image-15130 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/AudienciaR-57-2021_2.png\" alt=\"\" width=\"1090\" height=\"658\" />\n\nLuego del análisis de diversos antecedentes, el Primer Tribunal Ambiental dejó en acuerdo la reclamación de la comunidad indígena Wara (R-57-2021) por la calificación favorable del proyecto fotovoltaico de la empresa Colbún que se desarrollará en la Región de Atacama. Ahora será el ministro Mauricio Oviedo quien redactará la sentencia que se dará a conocer en las próximas semanas.\nRecordemos que la controversia de esta causa radica en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) otorgada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a los proyectos fotovoltaicos Diego de Almagro Sur 1 y 2, lo que fue cuestionado por la comunidad indígena, ya que no fueron reconocidos como tales y no se efectuó consulta indígena en el proceso de evaluación ambiental.\nEn la audiencia de alegatos, que se efectuó a fines de febrero, el abogado de la comunidad Wara, Juan Lautaro Loncón, aseguró que la resolución del SEA genera una infracción porque la autoridad administrativa no identificó impactos ambientales significativos.\nMientras, el Servicio de Evaluación Ambiental y la empresa reafirmaron que el proyecto no genera impactos significativos sobre los sistemas de vida y costumbres de pueblos indígenas porque la comunidad Colla más cercana se ubica a 45 kilómetros.\nOtro aspecto respecto al cual se pronunciará el tribunal en su sentencia tendrá relación con el plazo para interponer reclamaciones para invalidar los actos administrativos, en este caso de la RCA, ya sea si se trata de 30 días o de dos años.\n\n<em><strong>Comunidad</strong></em>\nLa comunidad indígena Wara es una comunidad Colla que se reconoce como trashumantes mineros, distinto al resto de las comunidades de esta etnia que se dedican a la ganadería.\n\n<em><strong>Proyectos</strong></em>\nLos proyectos fotovoltaicos se ubican en la comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama, y contemplan en su conjunto una potencia aproximada de 200 megawatts. Estarán ubicados en un terreno total de 330 hectáreas y comenzó su fase de construcción a fines del 2020.', 'Primer Tribunal Ambiental deja en acuerdo reclamación por proyecto fotovoltaico Diego de Almagro Sur 1 y 2', 'Recordemos que la controversia de esta causa radica en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) otorgada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a los proyectos fotovoltaicos Diego de Almagro Sur 1 y 2, lo que fue cuestionado por la comunidad indígena, ya que no fueron reconocidos como tales y no se efectuó consulta indígena en el proceso de evaluación ambiental.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'primer-tribunal-ambiental-deja-en-acuerdo-reclamacion-contra-proyecto-fotovoltaico-diego-de-almagro-sur-1-y-2', '', '', '2022-03-11 09:12:34', '2022-03-11 12:12:34', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=15171', 0, 'post', '', 0),
(15178, 1, '2022-03-14 10:30:00', '2022-03-14 13:30:00', 'Una nueva publicación de las sentencias puso a disposición de la comunidad, el Primer Tribunal Ambiental a través de su página web <a href=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/\">ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/</a>  en la sección de publicaciones.\n\nEsta vez se trata del Boletín de Sentencias 2021 que reúne las sentencias dictadas por el órgano jurisdiccional y que tuvieron relación con diversas reclamaciones en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).\n\nA diferencia de las otras publicaciones, esta edición incorpora herramientas que ayudarán al lector en su análisis y estudio como por ejemplo, mapas, estado de la sentencia y un cuadro descriptivo con los principales datos de los fallos, entre los que se encuentran la fecha, palabras claves y el artículo que otorga la competencia al tribunal.\n\nDel total de sentencias, dos tienen relación con proyectos de la Región de Tarapacá; una con la Región de Antofagasta; cuatro con la Región de Atacama y tres con la Región de Coquimbo.\n\nEste es el tercer Boletín de Sentencias que publica el Primer Tribunal Ambiental y responde a un trabajo de la Unidad de Estudios iniciado el 2020 con el fin de acercar el trabajo jurisdiccional no solo a quienes intervienen en este tipo de tribunales, sino también a la comunidad en general, por lo cual se redacta en términos claros y sencillos.\n\nRevisa acá el boletín <a href=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/boletin-de-sentencias-2020-2/\">https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/boletin-de-sentencias-2020-2/</a>', 'Primer Tribunal Ambiental publica nuevo Boletín de Sentencias 2021', 'Esta vez se trata del Boletín de Sentencias 2021 que reúne las sentencias dictadas por el órgano jurisdiccional y que tuvieron relación con diversas reclamaciones en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'primer-tribunal-ambiental-publica-nuevo-boletin-de-sentencias-2021', '', '', '2022-03-14 10:30:00', '2022-03-14 13:30:00', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=15178', 0, 'post', '', 0),
(15231, 1, '2022-03-23 10:25:20', '2022-03-23 13:25:20', '<img class=\"aligncenter wp-image-15232 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/fotos_fiscalizacion_SMA.jpg\" alt=\"\" width=\"427\" height=\"320\" />\n<ul>\n 	<li><em><strong>La multa, cercana a los 19 millones de pesos, fue aplicada por la Superintendencia de Medio Ambiente por la formulación de 4 cargos considerados graves relativos a incumplimientos en el manejo del relleno sanitario de la comuna.</strong></em></li>\n</ul>\nEl Primer Tribunal Ambiental admitió a trámite, ayer, una reclamación de la Municipalidad de Tocopilla (R-63-2022) en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por la multa aplicada debido a deficiencias en el manejo del relleno sanitario “Quebrada Ancha”.\nLa Municipalidad asegura que la calificación de los cargos imputados por el organismo fiscalizador no da cuenta de la serie de acciones realizadas luego de la primera fiscalización efectuada por dicho organismo el 2018, además, refuta el hecho de que la SMA no aceptase el Programa de Cumplimiento (PdC) aduciendo que su presentación se encontraba fuera de plazo.\nRespecto a los argumentos que dicen relación a la gravedad de las infracciones impuestas por la Superintendencia, el Municipio fundamenta el reclamo en su inconformidad con la sanción aplicada “debido a que no está debidamente fundamentado el porqué de la calificación de los cargos ya que, por una parte, no se habría tomado en consideración las medidas adoptadas por el municipio el año 2020; y por otra, no existen pruebas suficientes para determinar la clasificación de determinados cargos”.\nLo anterior, significa para la Municipalidad que la clasificación de las infracciones es “arbitraria e ilegal” y en este sentido asegura que “la SMA no ha ponderado los criterios de permanencia en el tiempo de la infracción y el grado de implementación de la medida en los cargos impuestos, y solo se ha basado en la primera fiscalización realizada el 2018 sin constatar que el Municipio ha tomado medidas que permiten subsanar al menos parcialmente, los cargos realizados por la autoridad”.\nAhora el Primer Tribunal Ambiental solicitará los antecedentes respectivos al organismo fiscalizador para analizar los puntos en controversia y luego convocar a la audiencia en la cual los abogados, tanto del municipio como de la Superintendencia, deberán presentar sus argumentos.\nProcedimiento sancionatorio\nLa SMA formuló 4 cargos por manejo deficiente de residuos sólidos; disposición de éstos contrario a lo dispuesto en el permiso ambiental; la no realización de monitoreos asociados al control topográfico y asentamientos y no haber dado respuesta a requerimientos de información por parte del organismo fiscalizador.\nLas infracciones fueron clasificadas como graves y se aplicó una multa de 28,2 Unidades Tributarias Anuales (UTA), es decir, cercana a los 19 millones de pesos.\n\n<em><strong>Relleno Sanitario</strong></em>\nEl relleno sanitario “Quebrada Ancha” obtuvo su permiso ambiental el 2009 y tuvo un monto de inversión de tres mil 163 mil 640 dólares.\nEl proyecto consistió en la habilitación de un relleno sanitario para la disposición de los residuos sólidos domiciliarios de las comunas de Tocopilla y María Elena y la disposición final para residuos industriales no peligrosos generados en la comuna de Tocopilla.\n\nTodos los antecedentes de la causa en el siguiente enlace <a href=\"https://causas.1ta.cl/causes/265/expedient/5638/books/212/?attachmentId=9308\">https://causas.1ta.cl/causes/265/expedient/5638/books/212/?attachmentId=9308</a>', 'Municipalidad de Tocopilla reclama ante Primer Tribunal Ambiental por multa aplicada por deficiencias en manejo de relleno sanitario', 'La Municipalidad asegura que la calificación de los cargos imputados por el organismo fiscalizador no da cuenta de la serie de acciones realizadas luego de la primera fiscalización efectuada por dicho organismo el 2018, además, refuta el hecho de que la SMA no aceptase el Programa de Cumplimiento (PdC) aduciendo que su presentación se encontraba fuera de plazo.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'municipalidad-de-tocopilla-reclama-ante-primer-tribunal-ambiental-por-multa-aplicada-por-deficiencias-en-manejo-de-relleno-sanitario', '', '', '2022-03-23 10:25:20', '2022-03-23 13:25:20', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=15231', 0, 'post', '', 0),
(15242, 1, '2022-03-24 09:18:39', '2022-03-24 12:18:39', '<img class=\"aligncenter wp-image-15244 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/PlantaTaltal_creditoENAMI.jpg\" alt=\"\" width=\"660\" height=\"423\" />\n\nUna reclamación que tiene por objeto revertir la calificación ambiental favorable que obtuvo el proyecto de depósito de ripios y cobertura del tranque de relaves de la Planta “José Antonio Moreno” de Enami Taltal, fue presentada ante el Primer Tribunal Ambiental.\n\nLa causa, caratulada R-62-2022, fue impulsada por la Agrupación “Nelson Manríquez, Todos Juntos por Taltal” contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), y fue admitida a trámite este martes, por el organismo colegiado. Se fundamenta en la obtención por parte de la empresa estatal de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto que busca implementar un depósito de ripios de lixiviación sobre la cubeta del tranque de relaves.\n\nDe acuerdo a la agrupación, el SEA no habría respetado el derecho a participación ciudadana (PAC) en la evaluación del proyecto, a pesar de que fue solicitada por tres agrupaciones de la comuna, “fundando una vez más su negativa en la contumaz interpretación restrictiva e ilegal del concepto ´cargas ambientales’ que provoca el proyecto a la comunidad”, aseguran.\n\nLo anterior porque el organismo evaluador avaló su postura en que el proyecto  no afectaría negativamente a la comunidad y tampoco produciría beneficios directos para sus habitantes. Situación que es rebatida por el reclamante, quien además, fundamenta su acción en que “no se pueden descartar los beneficios sociales ya que la planta pertenece a una empresa de propiedad estatal”.\n\nSin embargo, la resolución del SEA se fundamentó en que el objetivo del proyecto es la implementación de un depósito de ripios de lixiviación sobre la cubeta del tranque de relaves de la planta, el que a su vez será una cobertura que protegerá la cubeta del tranque de la erosión eólica e hidráulica y permitirá dar continuidad operacional a la faena minera.\n\nOtro de los fundamentos del reclamante tiene relación con la cercanía del proyecto al área urbana, a lugares turísticos y principalmente a establecimientos educacionales donde asisten niños de diversas edades, los que “permiten tener como fundada la preocupación de esta comunidad en cuanto a los efectos adversos significativos que la actividad provocará sobre la ya preocupante situación ambiental de la comuna y sus habitantes”, reclaman.\n\nAdemás, como se explicita en el escrito, fundamentan el derecho a participación en el hecho de ser habitantes de una comuna con más de 200 sitios (relaves) existentes en el radio urbano y que conviven a menos de 200 metros del depósito de relaves.\n\nTambién, indican que “el proyecto da indicios de que se estará en presencia de un fraccionamiento con miras a variar la vía de evaluación en el SEIA” por lo que esperan revertir la calificación ambiental favorable y que el Tribunal acoja la solicitud de apertura de un proceso de Participación Ciudadana.\n\n<em><strong>Evaluación Ambiental\n</strong></em>El proyecto denominado “Depósito de ripios y cobertura superficial del tranque de relaves, Planta José Antonio Moreno, ENAMI-Taltal” ingresó a evaluación ambiental a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al tratarse de una iniciativa de disposición de residuos y fue aprobado en julio de 2021.\n\n<em><strong>Proyecto</strong></em>\nEl proyecto tendrá una inversión de US$ 2,11 millones de dólares y tiene como fin depositar ripios de lixiviación sobre la cubeta del tranque de relaves de la planta para transformarlo en una cobertura del tranque ante erosión eólica e hídrica y así dar continuidad operacional a la faena.\n\nEl depósito de ripios tendrá una altura de 2,44 metros, lo que permitirá depositar un total de 287.870 metros cúbicos de ripios lavados. En la evaluación ambiental del proyecto también se establece que el proyecto en el futuro será una medida de cierre de tranque lo que permitirá asegurar su estabilidad física y química.\n\nTodos los antecedentes de la causa en el siguiente enlace <a href=\"https://causas.1ta.cl/causes/261/expedient/5648/books/208/?attachmentId=9325\">https://causas.1ta.cl/causes/261/expedient/5648/books/208/?attachmentId=9325</a>\n\n&nbsp;\n\n&nbsp;', 'Agrupación de Taltal presenta reclamación por calificación ambiental favorable de proyecto de tranque de relaves de planta Enami', 'La causa, caratulada R-62-2022, fue impulsada por la Agrupación “Nelson Manríquez, Todos Juntos por Taltal” contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), y fue admitida a trámite este martes, por el organismo colegiado. 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(15273, 1, '2022-03-30 18:35:56', '2022-03-30 21:35:56', '<img class=\"aligncenter wp-image-15275 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Tilopozo_credito_PAT_MEL.png\" alt=\"\" width=\"901\" height=\"323\" />\n\nUna nueva demanda por daño ambiental contra Minera Escondida fue acogida a trámite hoy por el Primer Tribunal Ambiental. En esta oportunidad se trata de una acción presentada por la Comunidad Indígena Atacameña de Peine por lo que aseguran es el daño provocado en el sector de Tilopozo debido al uso desmedido de agua desde el acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, ubicado en la comuna de San Pedro de Atacama.\nEn su demanda, caratulada como D-12-2022, la comunidad indígena asegura que la empresa minera es la causante del menoscabo al componente hídrico y a la vegetación de dicho acuífero y sustenta el líbelo en la sanción aplicada por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) debido a la disminución, de más de 25 centímetros del nivel freático (nivel de agua) en el sector de Tilopozo.\nEl nivel de agua, como disminución máxima aceptable, había sido presentada por la propia minera en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero y respecto al daño, para los demandantes no existen dudas, según se lee en el escrito: “El daño ambiental es consecuencia directa e inmediata de la conducta antijurídica de la minera toda vez que habiéndose activado los umbrales del PAT (Programa de Alerta Temprana) del acuífero no denunció dicha situación y no adoptó las medidas preventivas a las que estaba obligado para evitar que se produjeran las consecuencias dañosas en el medio ambiente que forma parte del territorio ancestral de nuestra comunidad”.\nAdemás, se dan a conocer en el documento los antecedentes socioculturales de la comunidad indígena y cómo las vegas de Tilopozo han sido claves para el desarrollo de actividades agropastoriles, lo que “ha comenzado a cambiar en las últimas décadas, por una parte por la disminución hídrica en la zona y al desarrollo de la actividad minera al interior del Salar de Atacama”.\nSanción\nLa sanción aplicada por la SMA tiene relación con la fiscalización efectuada luego de la denuncia presentada el 2018 por la Dirección General de Aguas (DGA) debido a hallazgos asociados al Plan de Alerta Temprana (PAT) del acuífero. Dicho PAT debía operar como medida de mitigación ante la disminución del nivel de agua por sobre lo establecido. Sin embargo, se constató que no fue activado.\nPor lo anterior, las infracciones de la minera, consideradas gravísimas por el organismo fiscalizador, se fundamentan en el análisis de los antecedentes, monitoreos e inspecciones en el sector de Tilopozo, luego de lo cual se constató que el nivel de agua en el acuífero es inferior al nivel máximo aceptable.\nLa investigación de la SMA culminó en febrero de este año y se aplicó una multa de 10 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA). Posteriormente la empresa presentó ante el organismo fiscalizador un recurso de reposición con el fin de que se anule o modifique el procedimiento y la resolución a través de la cual se sancionó a la minera.\nDaño ambiental\nPara los demandantes, la cuantificación del impacto estimada en cientos de años sobre las aguas subterráneas que sostienen un sistema tan sensible como es el Salar de Atacama, “no puede sino que considerarse como un daño ambiental de carácter significativo”.\nTambién, argumentan que “la dimensión de la afectación en cuanto a su extensión es de toda relevancia, toda vez que, alrededor de un cuarto de la vegetación ha sufrido una disminución de su vigor y/o cobertura, tendencia que es claramente reconocible para el período de 1995 a 2020 en que operaba MEL (Minera Escondida)”.\nAcuífero\nEl acuífero forma parte del territorio de la Comunidad Indígena Atacameña de Peine, que es parte del Pueblo Atacameño. “Este pueblo ha habitado y ocupado desde tiempos inmemoriales el territorio comprendido por la cuenca del Loa, pasando por la comuna de Calama, San Pedro de Atacama en la Segunda Región de Antofagasta en Chile, hasta la Puna de Atacama, en Argentina, además del denominado Cantón de Quetena en Bolivia. Diversos estudios confirman que el Pueblo Atacameño o Lickanantay ha habitado la cuenca del salar al menos desde hace 10.000 años, lo que ha sido comprobado a través de hallazgos arqueológicos”.\nTilopozo es un sector de afloramientos de agua subterránea y donde el nivel del acuífero se mantiene relativamente cercano a la superficie, por lo que es fundamental el nivel de agua para los sistemas de vegas y afloramientos de agua. Esta vegetación sustenta la fauna local y regional que utiliza esos sectores de vegetación azonal como abrevaderos, sitios de forraje, nidificación y refugio.\n\nTodos los detalles de la demanda en el siguiente enlace <a href=\"https://causas.1ta.cl/causes/259/expedient/5597/books/206/?attachmentId=9262\">https://causas.1ta.cl/causes/259/expedient/5597/books/206/?attachmentId=9262</a>\n<h6><em>Créditos fotografías: Ciren (fotografía portada)</em></h6>', 'Ingresa al Primer Tribunal Ambiental nueva demanda por daño ambiental contra Minera Escondida', 'En su demanda, la comunidad indígena asegura que la empresa minera es la causante del menoscabo al componente hídrico y a la vegetación de dicho acuífero y sustenta el líbelo en la sanción aplicada por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) debido a la disminución, de más de 25 centímetros del nivel freático (nivel de agua) en el sector de Tilopozo.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'ingresa-al-primer-tribunal-ambiental-nueva-demanda-por-dano-ambiental-contra-minera-escondida', '', '', '2022-03-30 18:35:56', '2022-03-30 21:35:56', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=15273', 0, 'post', '', 0),
(15290, 1, '2022-04-01 08:50:17', '2022-04-01 11:50:17', '<img class=\"aligncenter wp-image-15292 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Photo-8580.jpg\" alt=\"\" width=\"1119\" height=\"746\" />\n\nUna demanda de reparación por daño ambiental en contra de Minera Los Pelambres fue admitida a trámite, hoy, por el Primer Tribunal Ambiental.\n\nLa causa, que quedó caratulada como D-13-2022, fue presentada por un vecino de la localidad de Choapa Viejo, en la comuna de Illapel, Región de Coquimbo, por lo que considera “reiterados incidentes de contaminación” producto de derrame de mineral en el sector de la planta Booster o estación de molienda y bombeo del concentraducto (tubería que transporta el mineral) de Minera Los Pelambres.\n\nEn el escrito, el demandante expresa que todas las instalaciones de la empresa minera están ubicadas a no más de 300 metros de su domicilio y que desde 1999 a la fecha se han producido derrames de cobre que han afectado a la comunidad y se detallan siete incidentes desde el 2002 hasta este año.\n\nSumado a los derrames, en el escrito se estipula también que se percibe contaminación y “el nivel de saturación de partículas al respirar y en los ojos se vuelve intolerable a los 10 minutos” y dice que “a la fecha Minera Los Pelambres no se ha hecho cargo de mitigar la emisión de partículas”.\n\nSegún consta en la demanda, los hechos que constituirían daño ambiental son la afectación a la naturaleza por los derrames que se han producido y la afectación a la salud del demandante y su familia.\n\nRespecto a lo anterior, la demanda hace alusión al estudio “Metales en cursos de agua después del derrame tóxico de Mina Pelambres” realizado por la Universidad de Chile y el Centro Nacional de Medioambiente (CENMA) cuya presentación estuvo a cargo del doctor Andréi N. Tchernitchin y cuyos resultados, de acuerdo al demandante, dieron pie a que la minera iniciara el reparto semanal de bidones de agua filtrada “lo que claramente significa una especie de remediación ambiental ante la gravedad de los hechos y sus consecuencias para la vida, la salud y el ecosistema a mediano y largo plazo, tales como enfermedades crónicas y degenerativas o mortales (…)”.\n\n<em><strong>Solicitud\n</strong></em>En la demanda se solicita al tribunal que la empresa modifique el trazado del ducto y saque la planta de bombeo y refinación de la ribera del Río Choapa donde habitan las personas. Además, que se ordene la paralización inmediata de la operación del concentraducto,  que se efectúen estudios para detección de metales pesados en la sangre y otros que permitan descartar enfermedades asociadas.\n\n<em><strong>Minera Los Pelambres\n</strong></em>Minera Los Pelambres es una empresa minera de Antofagasta Minerals que se dedica a la explotación y producción de concentrado de cobre y molibdeno.\n\nEl mineral se extrae desde el yacimiento ubicado en la cordillera de Salamanca,  a 45 kilómetros de la ciudad con el mismo nombre en la Región de Coquimbo, lugar en el que también es procesado para luego enviar a través de un concentraducto que recorre 120 kilómetros hasta Los Vilos.\n\nPuedes revisar la demanda en el siguiente enlace: <a href=\"https://causas.1ta.cl/causes/267/expedient/5669/books/214/?attachmentId=9352\">https://causas.1ta.cl/causes/267/expedient/5669/books/214/?attachmentId=9352</a>\n\nCrédito fotografías: Minera Los Pelambres\n\n&nbsp;', 'Primer Tribunal Ambiental admite a trámite demanda de reparación por daño ambiental en contra de Minera Los Pelambres', 'La causa, que quedó caratulada como D-13-2022, fue presentada por un vecino de la localidad de Choapa Viejo, en la comuna de Illapel, Región de Coquimbo, por lo que considera “reiterados incidentes de contaminación” producto de derrame de mineral en el sector de la planta Booster o estación de molienda y bombeo del concentraducto (tubería que transporta el mineral) de Minera Los Pelambres.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'primer-tribunal-ambiental-admite-a-tramite-demanda-de-reparacion-por-dano-ambiental-en-contra-de-minera-los-pelambres', '', '', '2022-04-01 08:50:17', '2022-04-01 11:50:17', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=15290', 0, 'post', '', 0),
(15295, 1, '2022-04-04 10:05:58', '2022-04-04 13:05:58', '<img class=\"aligncenter wp-image-15297 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Vertederos_cre%CC%81ditos_AFP.jpeg\" alt=\"\" width=\"752\" height=\"419\" />\n<ul>\n 	<li><em><strong>La causa se encuentra caratulada como D-14-2022.</strong></em></li>\n</ul>\nUna demanda por daño ambiental en contra del Fisco de Chile y la Municipalidad de Alto Hospicio fue admitida a trámite ayer, por el Primer Tribunal Ambiental, debido a vertederos ilegales en las cercanías de la comuna Alto Hospicio de la Región de Tarapacá.\n\nLa acción fue interpuesta por una abogada de Iquique quien asegura que “han existido sistemáticas conductas  negligentes, omisivas y falta de servicio que ha generado un grave y significativo daño ambiental y riesgo a la vida y salud de los habitantes de Alto Hospicio por pasivos ambientales en la comuna”.\n\nPara la demandante, estos vertederos ilegales “han generado una afectación al ecosistema de un lugar con un altísimo valor ambiental, como lo es el desierto de atacama” ya que  “desde aproximadamente el año 2012 los habitantes de la comuna de Alto Hospicio han presenciado, y debido soportar, el establecimiento de gigantescos vertederos ilegales de neumáticos, ropa y productos textiles que son en grandes cantidades descartados en zonas desérticas ubicadas a las afueras de la comuna de Alto Hospicio”.\n\nRespecto a la responsabilidad del Estado y la Municipalidad, en el escrito se establece que los demandados “han incurrido en negligencia inexcusable y falta de servicio” al no poder establecer quiénes son los responsables de lo que califica como un “daño ambiental” dentro de terrenos fiscales.\n\nLa abogada además, hace hincapié en la afectación a la salud pública y a los habitantes de Alto Hospicio por la generación de dos pasivos ambientales en la comuna: uno que abarca 300 hectáreas y que se ubica a menos de 1 kilómetro de la población La Pampa y otro ubicado a 12 kilómetros, en el sector Esmeralda, donde existen alrededor de 10 hectáreas de desechos. “Ambos pasivos ambientales se emplezan en terreno fiscal y/o bienes nacionales de uso público; de propiedad del Estado de Chile, y cuya administración y cuidado, a mayor abudamiento, corresponde a la Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio”, afirma la demandante.\n\nLos vertederos ilegales acumulan toneladas de ropa usada y de otros desechos como neumáticos, desechos industriales y domiciliarios, lo que – a juicio de la demandante- produce efectos.\n\nEs así como se solicita al tribunal dicte una medida cautelar innovativa que permita realizar una auditoría ambiental respecto a los pasivos ambientales “con el fin de evitar la generación de un mayor daño ambiental y una mayor puesta en peligro y riesgo de la vida y salud de las personas por los constantes incendios que se registran (…)”.\n\nTambién, en la demanda se asegura que “el daño ambiental que se denuncia, no se hubiese generado, o no con la magnitud y gravedad que existe en la actualidad, si el Estado de Chile, a través de sus órganos y la Administración, y la Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio hubiesen actuado y cumplido con el deber de cuidado; protección y conservación del patrimonio ambiental de la República, así como el resguardo de los bienes ambientales nacionales y comunales de nuestro país, que sobre ellos recae, consagrados en nuestra legislación y en la Constitución Política de la República”, asegura.\n\n<em><strong>Alto Hospicio</strong></em>\nLa comuna de Alto Hospicio se encuentra emplazada a unos 20 kilómetros de Iquique y cuenta con una población aproximada de 131.512 habitantes.\n\nTodos los antecedentes de la demanda en el siguiente enlace: <a href=\"https://causas.1ta.cl/causes/268/expedient/5714/books/215/?attachmentId=9433\">https://causas.1ta.cl/causes/268/expedient/5714/books/215/?attachmentId=9433</a>\n\nCréditos fotografías: Codexverde y Agencia AFP', 'Ingresa demanda por daño ambiental en contra del Fisco y de la Municipalidad de Alto Hospicio por vertederos ilegales en el desierto', 'La acción fue interpuesta por una abogada de Iquique quien asegura que “han existido sistemáticas conductas  negligentes, omisivas y falta de servicio que ha generado un grave y significativo daño ambiental y riesgo a la vida y salud de los habitantes de Alto Hospicio por pasivos ambientales en la comuna”.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'ingresa-demanda-por-dano-ambiental-en-contra-del-fisco-y-de-la-municipalidad-de-alto-hospicio-por-vertederos-ilegales-en-el-desierto', '', '', '2022-04-04 10:05:58', '2022-04-04 13:05:58', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=15295', 0, 'post', '', 0),
(15307, 1, '2022-04-08 09:28:41', '2022-04-08 12:28:41', '<img class=\"aligncenter wp-image-15309 \" src=\"https://ukr.ivk.mybluehost.me/website_11c5fef7/wp-content/uploads/Captura-de-pantalla-9483.png\" alt=\"\" width=\"755\" height=\"645\" />\n\nUna demanda en contra de las empresas mineras Escondida, Zaldívar y Albemarle, cuyas operaciones se ubican en la Región de Antofagasta, fue admitida a trámite hoy por el Primer Tribunal Ambiental.\n\nSe trata de un libelo (D-15-2022)  interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) debido a la extracción continua de recursos hídricos desde el Acuífero de Monturaqui-Negrillar-Tilopozo , lo que ha provocado  una disminución mayor a la  que pueden soportar los sistemas vegetacionales del sector de Tilopozo.\n\nEn el escrito se estipula que el descenso de lo que se denomina nivel freático, es decir, del nivel de agua máximo en relación a la distancia entre el recurso y la superficie, es superior a los 25 centímetros, lo que de acuerdo al CDE, provocó el deterioro grave, permanente e irreparable del acuífero, de las vegas de Tilopozo, de la fauna; y de los sistemas de vida y costumbres de la Comunidad Indígena de Peine.\n\nLa conclusión del consejo tiene su respaldo en la revisión de los antecedentes del procedimiento sancionatorio que llevó a cabo la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), además de diversos informes disponibles y, la opinión de órganos sectoriales con competencia ambiental. Para el CDE la extracción de diversas cantidades de agua por parte de las mineras demandadas, habrían provocado un daño que era previsible, toda vez que estaban en conocimiento del límite máximo  de descenso que podría tener el acuífero.\n\nEn particular, en lo que dice relación con la responsabilidad de las empresas mineras, el organismo argumenta que existe infracción a las normas sobre protección, preservación o conservación ambientales. “El acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo ha sido explotado durante décadas por Compañía Minera Zaldívar en el sector Negrillar; Albermarle en el sector Tilopozo y Minera Escondida en el sector Monturaqui”, se lee en el escrito.\n\nAdemás, en el documento se detalla que Minera Escondida habría extraído 1.400 litros por segundo hasta el 2019; Zaldívar, 212,75 litros por segundo proyectados hasta el 2025 (con un caudal autorizado de 500 litros por segundo) y Albemarle, 16,9 litros por segundo hasta el 2041.\n\nOtra de las consideraciones abordadas por el CDE, son las características del Salar de Atacama como una de las cuencas endorreicas salinas más conocidas del mundo “ya que acumula grandes reservas de litio y suministra una buena parte del agua que ocupa en faenas mineras de extracción de cobre, además de contener ecosistemas muy sensibles, por lo que su vulnerabilidad ecológica ha derivado en una serie de estudios por parte del Estado de Chile e investigadores, abarcando desde la geología e hidrología, hasta su particular clima. La interacción de estos y otros factores dan origen a los complejos procesos que forman el Salar de Atacama y sus ecosistemas”.\n\nFinalmente, CDE solicita al Primer Tribunal Ambiental que, no solo se repare el daño ambiental, sino también que las mineras implementen medidas de diálogo y gestión socioambiental; de diagnóstico territorial; así como estudios técnicos, medidas de mitigación de los daños declarados en la demanda; de gestión ambiental del territorio afectado; de mitigación, recuperación y compensación de los componentes afectados; y medidas de difusión y puesta en valor; y toda otra medida que el tribunal determine, además, del pago de las costas del juicio.\n\n<em><strong>Salar de Atacama\n</strong></em>La cuenca del Salar de Atacama tiene un área de 18.100 kilómetros cuadrados aproximadamente y el salar del mismo nombre tiene una extensión de tres mil kilómetros cuadrados con un núcleo salino en la parte central y Oeste; además, de costras duras de cloruro de sodio y acuíferos que rodean los depósitos salinos, donde se emplazan los sistemas lacustres.\n\nPuedes leer la demanda en el siguiente link <a href=\"https://causas.1ta.cl/causes/269/expedient/5699/books/216/?attachmentId=9417\">https://causas.1ta.cl/causes/269/expedient/5699/books/216/?attachmentId=9417</a>', 'Consejo de Defensa del Estado demanda a tres mineras por daño ambiental en Salar de Atacama', 'Se trata de un libelo interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) debido a la extracción continua de recursos hídricos desde el Acuífero de Monturaqui-Negrillar-Tilopozo , lo que ha provocado  una disminución mayor a la  que pueden soportar los sistemas vegetacionales del sector de Tilopozo.', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'consejo-de-defensa-del-estado-demanda-a-tres-mineras-por-dano-ambiental-en-salar-de-atacama', '', '', '2022-04-08 09:28:41', '2022-04-08 12:28:41', '', 0, 'https://www.1ta.cl/?p=15307', 0, 'post', '', 0);
