La reclamación fue interpuesta por dos comunidades indígenas del sector (Comunidad de Taira y Comunidad del Pueblo de San Pedro) en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, y entre sus principales controversias está la falta de consideración, por parte del organismo evaluador, de observaciones ciudadanas realizadas al proyecto; la falta de consulta indígena, y el hecho de que el SEA no consideró tres acuerdos previos entre las comunidades y la empresa.