En la sentencia queda establecido que el tribunal verifica que se estableció durante el procedimiento sancionatorio la importancia del daño causado o peligro ocasionado, además de la superación de los niveles de presión sonora, “lo que permitió determinar que la infracción generó un riesgo a la salud de la población, puesto que el ruido es un agente que posee la capacidad intrínseca de causar un efecto adverso sobre la salud de las personas”.