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 	<li><em><strong>Demanda por daño ambiental (D-14-2022) fue interpuesta por la abogada Paulin Silva.</strong></em></li>
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Durante tres días se llevó a cabo la audiencia de prueba de la demanda por daño ambiental en contra del Fisco de Chile y la Municipalidad de Alto Hospicio por los botaderos ilegales de ropa en esa comuna.

La ministra presidenta, Sandra Álvarez Torres, y los ministros Marcelo Hernández Rojas y Alamiro Alfaro Zepeda del Primer Tribunal Ambiental escucharon las declaraciones de seis testigos del Consejo de Defensa del Estado y el mismo número de la Municipalidad de Alto Hospicio, así como las alegaciones finales de los abogados representantes de las partes.

En sus alegaciones finales, la abogada demandante, Paulin Silva, hizo alusión a la responsabilidad del Estado y a la falta de políticas públicas. Dijo que “no es normal convivir con vertederos ilegales, no es normal convivir con incendios, ni con basura en la calle” y aseguró que los hechos demandados “son la punta del iceberg”.

Además, Silva dijo que “ninguno de los testigos pudo dar fe de qué está compuesta la ropa que es arrojada en esos lugares, así como tampoco de la magnitud espacial de estos botaderos”.

La abogada insistió en las omisiones, en el actuar del Estado y cómo -según dijo- “hay un cúmulo de acciones, fiscalizaciones y recursos que se presentaron después de interpuesta la demanda por daño ambiental”.

Finalmente se refirió al rol del tribunal y afirmó que en él “están las esperanzas de años de injusticia ambiental y de cargas desiguales. Alto Hospicio recibe las externalidades negativas, lo que es injusto y no es equitativo ambientalmente”.

En tanto, el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Osvaldo Solís, centró sus alegaciones finales en asegurar que no hay un daño ambiental, “sino una situación inédita que está asociada a riesgos”.

Además, Solís cuestionó que no se hubiese incluido en la demanda a la Zona Franca Iquique (Zofri) y a los usuarios de esta, ya que es la vía por donde llega la ropa, la que finalmente termina en botaderos ilegales. Lo anterior porque para el abogado “la demanda no tiene en consideración elementos básicos, como, por ejemplo, donde está el principio del contaminador-pagador, porque esos son Zofri y los usuarios”, argumentó.

Agregó que, “en el lugar donde se ubican los vertederos ilegales corresponde a desierto absoluto donde no hay ecosistema y donde solo se visualizan especies oportunistas que son capaces de convivir con los seres humanos y que están presentes en todas las lindes de las ciudades”, manifestó.

Para el abogado del CDE los medios de prueba que tiene la demanda son mínimos e hizo alusión al trabajo que se encuentra realizando el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) a través de la Ley de Responsabilidad Extendida del Producto, conocida como Ley REP.

La última en alegar fue la abogada de la Municipalidad de Alto Hospicio, Norma Córdova, quien aseguró que “jamás ha sido el interés de la Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio negar la problemática en la comuna” y relevó lo mencionado por el abogado del CDE respecto a que se debió demandar a la Zona Franca Iquique y a los importadores si es que efectivamente la demanda pretendía poner fin a la problemática.

Entre los fundamentos entregados para que el tribunal rechazase la demanda estuvo también, que “la demandante ignora las acciones desplegadas por el Municipio para enfrentar la problemática”.

<em><strong>Alcalde</strong></em>
El segundo día de la audiencia de prueba, el primero en declarar como representante de la Municipalidad de Alto Hospicio fue el alcalde Patricio Ferreira quien se refirió a la dificultad en la implementación de políticas públicas y las labores de fiscalización que lleva a cabo el municipio. Además, dijo que una de sus prioridades es “transformar este problema en una oportunidad para generar empleo” y se refirió a las conversaciones que ha sostenido con empresarios europeos con el objeto de ver acciones de reciclaje.

<em><strong>Testigos</strong></em>
Respecto a la declaración de los testigos, estos se refirieron a alguno o varios de los siete puntos de prueba establecidos por el tribunal, entre ellos, la efectividad de haberse producido el daño, las acciones u omisiones del Fisco y de la Municipalidad que lo habrían provocado, la posible infracción a las normas ambientales y las acciones positivas que se pudieron haber realizado para evitar, prevenir, detener o reparar la acumulación de elementos extraños, basura, residuos, ropa o cualquier otro.

En el caso del Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco entregaron su testimonio diversos profesionales de organismos públicos, quienes dieron a conocer las acciones llevadas a cabo por las seremis del Medio Ambiente, Bienes Nacionales y de Transporte.

En tanto, por parte de la Municipalidad de Alto Hospicio, declararon ante los ministros diversos funcionarios de municipio y una dirigente vecinal, quienes dieron cuenta del trabajo que se ha efectuado en torno a la basura, los microbasurales y la seguridad ciudadana, como también de un proyecto de cámaras de seguridad que permitirá una mayor fiscalización.

Causa D-14-2022

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