La reclamación que fue interpuesta en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) pretendía que se recalificaran dos de los seis cargos levantados por el organismo fiscalizador ante los incumplimientos ambientales de la minera. Sin embargo, el Primer Tribunal Ambiental determinó que la aprobación del programa de cumplimiento se ajustó a los requisitos y criterios que establece la ley.